Cataluña aún grita Libertad

Resumen de C´s, sábado 30 de enero Arenys de Mar

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El delegado de la Generalitat en Cataluña central, impulsor de las consultas independentistas

Jordi Fàbrega hace un llamamiento a la participación en los municipios donde se celebrarán los referendos

LVL
Barcelona.- Jordi Fàbrega, delegado de la Generalitat en Cataluña central y alcalde del municipio barcelonés de Sant Pere de Torelló, es uno de los principales impulsores de las consultas independentistas. El cargo de la Generalitat, portavoz de ‘Decidim.cat’, convocó ayer a los medios de comunicación para anunciar que ha pedido a los alcaldes de los 70 municipios donde se celebrarán las próximas consultas que fomenten la participación entre sus vecinos. Fàbrega se ha dirigido a los regidores de las localidades y ha declarado que les enviarán una carta para que llamen a la participación.

Según los cálculos de la organización independentista, 282.000 personas están llamadas a votar el 28 de febrero. El censo electoral, como en las ocasiones anteriores, incluirá a todos los mayores de 16 años, tengan o no ciudadanía española o residencia legal. Fàbrega destacó que entre los municipios convocantes hay tres capitales de comarca: La Bisbal d'Empordà (Gerona), El Vendrell y Montblanc (Tarragona). También subrayó que hay otros ocho municipios con más de 10.000 habitantes implicados en la consulta.

Durante su intervención Fàbrega afirmó que es la “sociedad civil” la que tiene el protagonismo de las consultas y añadió que los políticos sólo “dan apoyo”. Asimismo, el cargo del Gobierno catalán reivindicó el reconocimiento del derecho de autodeterminación y denuncio que España “no permite ejercerlo”.

Posteriormente Fàbrega añadió que las consultas acabarían implicando a más de 350 ayuntamientos. “Esto supone un toque de atención tanto al Gobierno catalán como al español”.

El 28 de febrero se celebrará la tercera ronda de consultas de las cuatro previstas, la última de las cuales tendrá lugar el próximo 25 de abril.

“Hay un antes y un después, nunca en este país se había implicado tanta gente”, afirmó Fàbrega. “Hace falta un replanteamiento político”, reclamó. El alcalde de Sant Pere de Torelló estuvo acompañado por dirigentes soberanistas como la alcaldesa de Santpedor (Barcelona), Laura Vilagrà, de ERC; el alcalde de Castellterçol (Barcelona), Manel Vila, de CiU; y el concejal de las CUP en Molins de Rei (Barcelona), Àlex Maymó.

El delegado en Cataluña central se vio envuelto en la polémica días antes de que 161 municipios participaran en la primera oleada de consultas, el pasado 13 de diciembre. Entonces, Fàbrega anunció que cedería varios locales de Sant Pere de Torelló para la celebración de las votaciones, pese a que la Justicia lo había prohibido de forma expresa dos meses antes en Arenys de Munt.

Filtraciones a 'El País' de la reforma de las pensiones y las condiciones del FROB a las cajas

ElConfidencial.com

EL ARCHIVO DESCUBRE AL JEFE DE GABINETE DE ZAPATERO.

Un simple clic de ratón es suficiente para descubrir el origen de la filtración al diario El País del Documento sobre revisión del Pacto de Toledo. El archivo que se puede descargar en primicia en la web del citado diario conserva el nombre de su autor, visibe al pinchar en las propiedades del documento: “jeserrano”. Es decir, José Enrique Serrano, director de Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, o fontanero jefe del Palacio de la Moncloa.

La cabecera del grupo Prisa se adelantó así al anuncio de las dos vicepresidentas del Gobierno de este viernes, tras el Consejo de Ministros, sobre la polémica reforma de las pensiones. Una exclusiva que ya publicó el jueves la agencia de noticias Colpisa. Sin embargo, parece que las prisas por publicar el contenido del informe han impedido a El País preocuparse por conservar el anonimato de sus fuentes.

La anécdota puede suponer un problema para Serrano, ya que es de dudosa legalidad que la oficina del Presidente del Gobierno filtre a la prensa el material de trabajo del Consejo de Ministros, cuando los miembros de éste órgano ni siquiera han tenido tiempo de analizarlo.

En la tarde de este viernes, el diario del Grupo Prisa adelantó también en exclusiva el documento elaborado por el FROB, dependiente de Economía, que determina las condiciones de las ayudas a las cajas de ahorro. Como en el documento sobre la revisión del Pacto de Toledo, en el archivo que puede descargarse desde la web de El País aparece la identidad del autor original, Manuel Ángel Gómez Gilabert, ex inspector del Banco de España y actualmente director financiero del FROB.

Nota de Redacción: la secretaria de Estado de Comunicación, Nieves Goicoechea, se ha puesto en contacto con este diario para "desmentir tajantemente que José Enrique Serrano haya sido el autor de la filtración de ese documento al diario El País. El señor Serrano es propietario de ese documento, que ha enviado a una serie de personas, alguna de las cuales puede haberlo remitido a El País. El jefe de gabinete del Presidente nunca se ha dedicado a filtrar información a los medios de comunicación".

El talón de Aquiles

¿Qué sociedad catalanista es ésta que convierte a un hombre corriente, en héroe?
Antonio Robles

Cuenta la leyenda que la diosa Tetis, madre de Aquiles, sumergió a su hijo en las aguas del río Estigia sujetándolo por el talón del pie derecho con la esperanza de hacerlo inmortal. De ahí que el talón del héroe griego que la mano de su madre impidió que le bañara el agua, fuera el único punto vulnerable de su cuerpo.

Sigamos con leyendas. La Cataluña virtual que multa a comerciantes por rotular en castellano, logró su inmunidad satanizando a todos los que se oponían a su talibanismo lingüístico. Lo hemos escrito muchas veces: no importa si es incomprensible o fue una cobardía colectiva, pero lograron neutralizar la crítica a su talibanismo lingüístico porque nadie estaba dispuesto a ser señalado como enemigo del catalán. Importaba poco si el estigma de enemigo del catalán fuera una patraña bien adobada por el catalanismo para conseguir la sumisión frente a su abuso; así se producía y así se sigue produciendo. (Este recurso al estigma es a la inmunidad nacionalista lo que el río Estigia a la inmortalidad de Aquiles). Pero el catalanismo también tiene su talón de Aquiles: la dignidad de cualquier ciudadano corriente. Como es el caso de Xurde Rocamundi, un comerciante catalán de Arenys de Mar dispuesto a no ceder ante la multa de 1.200 euros que le han impuesto por tener el rótulo de su negocio en castellano y a no dejarse chantajear moralmente tratándole de enemigo del catalán.

Ese simple gesto deja sin fuerza al despotismo catalanista y obliga a las autoridades nacionalistas a evidenciar su racismo cultural si quieren reducirle. El miedo ya no les guarda la viña. Al menos con él. Porque él no cederá. Porque racismo cultural son las amenazas por teléfono, los ataques en foros y páginas de internet, las pintadas insultantes, porque propio de talibanes lingüísticos son las pancartas delante de su negocio con este lema propio de franquistas revenidos: "Txurde, si vols ser bon ciutadà, has de parlar en català" (Xurde, si quieres ser buen ciudadano, has de hablar en catalán), como chantaje y marginación es el boicot a su negocio.

Su actitud es aparentemente insignificante. No es nadie relevante, ni tiene poder económico o social, sólo es un ciudadano corriente, un currante azotado por la crisis como cualquier otro... y sin embargo posee el valor de los héroes. Sí, no exagero, porque héroe es quien se resiste allí donde todos los demás prefieren no buscarse líos, acomodarse, procurar pasar desapercibidos, o sea, "ande yo caliente y que se ría la gente".

Reflexionen conmigo, ¿qué sociedad catalanista es ésta que convierte a un hombre corriente, en héroe? ¿Qué sociedad es ésta que por resistirse a la exclusión cultural y defender su derecho a rotular su negocio en castellano sea visto por los demás como un acto ejemplar y valiente?

Es realmente extravagante convertirse en centro de atención por el mero hecho de reivindicar un derecho constitucional común, corriente, vulgar como es rotular en castellano en España. Es tan vulgar como incomprensible. Uno espera que detengan y multen a los políticos corruptos, y persigan sus chanchullos inmobiliarios (pero en el Parlament de Cataluña hace unos días CiU y PSC han impedido una comisión de investigación), o sean implacables con delincuentes y criminales. Pero endurecer las sanciones máximas de 3.000 euros a 10.000 euros, tal y como prevé el proyecto de reforma de la Ley de Comercio, no es de recibo. ¿Pretenden más ejemplaridad endureciendo las multas? ¿Ellos, que son incapaces de endurecer las penas a violadores y asesinos porque son menores de edad? ¡Cómo si las víctimas fueran menos asesinadas por venir de un menor!

Ellos a lo suyo, desde que el Tripartito comenzó a imponer sanciones en 2003, ya se cuentan 337 multas. Estadística hasta 2006, porque a partir de esa fecha se han negado a dar datos. De ellas, sólo tres ciudadanos se han atrevido a denunciarlo públicamente a través de las páginas de El Mundo de Cataluña. A saber, fincas Nebot, la pequeña tienda de tejidos "Blau Mari", de Feliciana Piris, la Escuela de Cataluña de Criminología con su subdirector José Luis Giménez y ahora Xurde Rocamundi, que ha interpuesto un recurso de alzada contra la sanción de la Agencia Catalana de Consumo. La rebelión está en marcha.

Encima los racistas intelectuales de este talibanismo cultural se empeñan en negar que ellos no multan por rotular en castellano, sino por no hacerlo también en catalán. ¡Hay que tener cara dura! Nadie en Cataluña sanciona a nadie por rotular sólo en catalán, pero sí, si lo hace sólo en castellano. Porque su ley del embudo consiste en decir que los rótulos tienen que estar "al menos en catalán", es decir, que estén necesariamente en catalán. El que además esté en castellano, no es una cuestión de derecho, sino de extravagancia. Pero ¡ay! del que sólo lo ponga en castellano... entonces los chivatos anónimos y los talibanes de turno te calzan la multa de rigor y la claca nacionalista te monta un escarche montonero en tu propia casa como si fueras un violador.

¿Se imaginan qué pasaría si el Gobierno de España aplicara esos mismos criterios? No habría dinero en las arcas de la Generalitat para pagar los cientos de miles de sanciones por cada señalización de carretera que sólo está en catalán, por cada rótulo callejero de todas las calles de todos los pueblos de Cataluña que sólo están en catalán, por cada cártel, sello o información institucional de escuelas, centros médicos o edificios gubernamentales que sólo están en catalán. No así en instituciones dependientes del Estados, como Hacienda o policía que sí están en los dos idiomas oficiales.

Bajo la reivindicación, "Por una Catalunya en llibertad: No a las multas lingüísticas", la lucha personal de Xurde Rocamundi tendrá apoyo de tres partidos políticos, PPC, UpyD y C’s y cuatro asociaciones cívicas, Tolerancia, Impulso Ciudadano, Ágora Socialista y Convivencia Cívica Catalana en la concentración del próximo sábado, 30 de enero a las 12 del mediodía en la plaza de la Iglesia de Arenys de Mar como protesta contra las Oficinas de delación lingüística (nombre menos eufemístico que "Oficines de drets lingüístics") y contra la política de sanciones de la "Agència Catalana de Consum".

Una sociedad decente no debe dar la espalda a una persona maltratada. Estaré contigo el sábado.

PP y Ciutadans piden que se retire la ley del cine

Montilla promete diálogo, pero no renuncia a «normalizar»

MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA

Tras la huelga anunciada por las salas de cine para el día 1 de febrero en protesta por las cuotas de doblaje en catalán que establece la nueva ley del cine, PP y Ciutadans exigieron ayer al Govern que retire el proyecto. El sector, contrario al intervencionismo que implica esa normativa, hará coincidir la movilización con la entrega de los Premios Gaudí de cine.

La portavoz del PP en el Parlament, Dolors Montserrat, calificó esta nueva ley, aprobada por la Generalitat a finales del año pasado y que ahora ha emprendido su trámite parlamentario, de «intervencionista y sancionadora». Denunció que «la única preocupación» del Govern «es la lengua, no la recuperación del sector», donde la caída del número de espectadores desde 2004 está cifrada en un 24%. Montserrat pidió la retirada del proyecto de ley «ante la evidente falta de consenso del sector».

Por su parte, el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, criticó la «imposición de cuotas lingüísticas» y añadió que el Govern no tiene más salida que «retirar el proyecto». Según dijo, «nuestro objetivo es el mismo que el del sector: sí al catalán, sí al cine, pero no a las sanciones y a la imposición. El gobierno debe retirar el proyecto de ley porque no se pueden poner más trabas al mercado», dijo Rivera.

El líder de Ciutadans defendió al sector del cine porque «este proyecto duplica la imposición y las sanciones que ya propuso Jordi Pujol en su día, en contra de la opinión del propio socialista Narcís Serra y ahora el PSC se vende a los nacionalistas».

En respuesta a los requerimientos que Rivera hizo en la sesión de control celebrada en el Parlament, el presidente catalán, José Montilla, garantizó que será «receptivo al diálogo» con los empresarios y a «incorporar mejoras» a la futura ley del cine de Cataluña, pero subrayó claro que «no renunciará a normalizar» la presencia del catalán en las salas de proyecciones.

Presencia testimonial

Montilla aseguró que «todo el mundo tiene derecho a la huelga», pero precisó el Govern no puede permanecer como un «espectador» ante la situación actual. Tildó de «inaceptable» que sólo un 3% de las películas en cartelera sean en catalán, y justificó que el Govern tiene que hacer «alguna cosa» ante esta presencia «testimonial».

Por su parte, la Acadèmia de Cinema Català (ACC) explicó que su posición oficial frente a la polémica es la de «favorecer el diálogo entre todos los profesionales y el Govern», ya que consideran la ley y su posterior desarrollo «un modelo positivo para los profesionales, la industria y el público».

Además, considera que la institución debe desmarcarse del debate parlamentario. «Los aspectos legislativos se encuentran en el marco competencial del Govern y del Parlament, y es en ese marco donde las asociaciones profesionales, -y no la Acadèmia-, tienen que plantear sus puntos de vista», según indica en un comunicado.

Asimismo. asegura que trabaja para que en el cine predomine «la versión original, sea cual sea». La institución considera que esa opción se tiene que «normalizar».

Getxo se obstina en no izar la bandera española

El Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá el fallo del juzgado que le obliga a instalar la enseña nacional

Getxo (Vizcaya).- El alcalde de la localidad vizcaína de Getxo ha anunciado que la corporación recurrirá el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao, por el cual se obliga al consistorio a “hacer ondear, con carácter permanente, la bandera de España en el exterior del ayuntamiento y en demás edificios de servicios públicos”. La sentencia, que precisa que ha existido “pasividad administrativa” en el cumplimiento de una obligación que le incumbe “de forma permanente”, responde a un recurso de la Delegación del Gobierno en el País Vasco y se basa en una ley de 1981 y de la jurisprudencia establecida tanto por el Tribunal Supremo como por el Superior vasco.

El peneuvista Imanol Landa, alcalde de Getxo, subrayó asimismo que en el Ayuntamiento “no hay puesta ninguna bandera”. “No percibo entre nuestros vecinos que ésta sea ni mucho menos su mayor preocupación”, agregó.

Por su parte, el Partido Popular recordó que en 2007 y 2009 se aprobaron sendas mociones que exigían la colocación de la enseña, por lo cual instó a que se cumpliera el fallo. De hecho, el viernes presentará una moción con ese objetivo.

LaVozLibre

Sábado 30 de enero Concentración Areny de Mar

Por favor, no rescaten al ladrillo

Cubrir el enorme agujero que ha dejado la burbuja inmobiliaria con impuestos presentes y futuros es, a todas luces, inaceptable, inmoral, vergonzoso e ilegal. Es un robo, un atraco a mano armada que no podemos ni debemos consentir.

Manuel Llamas

España se encuentra en la encrucijada, en uno de esos momentos clave en los que las medidas a tomar determinarán en buena medida el futuro de la economía nacional durante un largo período de tiempo. Pero vayamos por partes.

En primer lugar, la banca ya se ha caído del guindo. La mayoría de entidades, otrora adalid de la "solidez" y "solvencia" del sistema financiero español, acaban de reconocer abiertamente lo que hasta hace dos días se negaban a aceptar. Esto es, que el mercado inmobiliario ha quebrado y, por lo tanto, los promotores no pueden afrontar el pago de su deuda, próxima a los 325.000 millones de euros.

La propia Asociación Hipotecaria Española advierte de que "el sistema no puede asumir la deuda inmobiliaria" y "las refinanciaciones posteriores (proceso conocido como roll-over) estarán comprometidas". ¿Qué está pasando? Bancos y cajas son concientes de que el crédito concedido a los promotores es incobrable y, como resultado, tendrán que acabar incorporando a sus balances gran parte del stock inmobiliario –pisos y, sobre todo, suelo–, cuyo precio de mercado es muy inferior al que consta en sus balances contables, lo cual se traduce en suculentas pérdidas que, por el momento, ocultan.

Si a mediados de 2009 la banca acumulaba cerca de 100.000 pisos embargados, ésta acabará absorbiendo, como mínimo, medio millón en manos de los promotores hasta 2012, por no decir casi todo –entre 1 y 1,6 millones, según los cálculos–, sin contar con una abultada cartera de suelo que, hoy por hoy, carece de salida en el mercado. En resumen, la crisis financiera nacional está a punto de comenzar.

Segundo punto. Ante tal panorama, como no podía ser menos, el sector pide ayuda al Gobierno. En concreto, emplear dinero público (el de los contribuyentes), ya sea a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Banco de España o Estado, para "financiar" al sector del ladrillo. Y es aquí donde está la clave. ¿Qué reclama la Asociación Hipotecaria? Muy simple: que los contribuyentes desembolsen los 325.000 millones de euros en créditos que los promotores adeudan a bancos y cajas y que, en su mayor parte, son incobrables. De este modo, el sector financiero no tendrá que absorber el citado stock. ¡Fantástico!

Y es que las primeras medidas destinadas al rescate público del sector inmobiliario han obtenido un rotundo fracaso. En 2008, el Gobierno anunció que el ICO avalaría la concesión de créditos por valor de 25.000 millones de euros (2,5% del PIB) destinados a la compra de VPO y préstamos a los promotores de vivienda protegida. ¿Problema? Ni los promotores pueden construir, dada la parálisis que sufre el sector, ni los ciudadanos quieren seguir endeudándose aún más para comprar unos pisos que están sobrevalorados.

Y puesto que las medidas destinadas a estimular la demanda no han dado sus frutos, ahora lo que se plantea es intervenir por el lado de la oferta. Que el Gobierno compre el stock, cosa que ya están haciendo múltiples comunidades autónomas, o que, directamente, se rescate el ladrillo mediante la concesión de ayudas, tal y como reclama ahora el ex ministro socialista Jordi Sevilla.

El problema es que cualquiera de estas medidas implicará, en todo caso, un incremento disparatado del endeudamiento público, con todo lo que ello implica: nula recuperación económica, descuadre aún mayor de las cuentas públicas, aumento de la presión fiscal y riesgo de quiebra soberana. Cubrir el enorme agujero que ha dejado la burbuja inmobiliaria con impuestos presentes y futuros es, a todas luces, inaceptable, inmoral, vergonzoso e ilegal. Es un robo, un atraco a mano armada que no podemos ni debemos consentir.

Puesto que el famoso Fondo de Rescate Bancario (FROB) sigue paralizado en Bruselas, ante el temor de que se salve indiscriminada y arbitrariamente al sector de las cajas de ahorros (en manos de los políticos), las entidades aspiran a que seamos nosotros quienes tengamos que cargar con la factura. ¡Y se quedan tan anchos, oiga!

Pues bien, ni rescate inmobiliario ni rescate bancario. Que cada palo aguante su vela. Los promotores han quebrado, ya que con rebajas del 15% o 20% optan por declararse en concurso y entregar los pisos a sus acreedores para saldar la deuda. Y puesto que el mercado sigue sobrevalorado en un 30% de media, serían bancos y cajas los encargados de liquidar el stock a pérdidas. Sin rebajas sustanciales no habrá ajuste.

¿Que eso va a comprometer la solvencia de numerosas entidades? No cabe duda. Entonces, ¿qué hacer? Analizar caso por caso y proceder a una dura y transparente reestructuración e, incluso liquidación ordenada, del sector mediante privatizaciones y apoyos públicos puntuales que, en todo caso, deberán ser devueltos con intereses una vez saneado el sistema. Lo contrario sería, simplemente, injusto, además de desastroso.

Las autonomías contaminan el debate nuclear

EL DEBATE lógico y natural que debería suscitar la elección del punto en el que se van a almacenar los residuos radiactivos del país ha acabado absolutamente desvirtuado y contaminado por la política. La polémica ha puesto al descubierto dos cosas: la hipocresía de los partidos en asuntos que afectan a sus apoyos electorales y, sobre todo, el poder omnímodo que han adquirido las comunidades autónomas, capaces de ejercer en la práctica la soberanía sobre cualquier materia, interfiriendo en asuntos que ni siquiera son de su competencia.

De entrada, tal y como la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, manifestó ayer en unas jornadas celebradas en EL MUNDO, estamos ante un asunto que debe decidirse entre el Gobierno central y los municipios interesados. Sin embargo, son dos presidentes de comunidades autónomas (Barreda y Montilla), una aspirante a serlo (Cospedal) y la coalición que intenta reconquistar la Generalitat (CiU) quienes han sacado toda la artillería, con amenazas de expediente incluidas a los alcaldes. Y eso pese a que varios de estos líderes son partidarios de la energía nuclear y todos sus partidos defienden la iniciativa de crear el almacén de residuos.

Los acontecimientos vienen a demostrar que las comunidades están imponiendo su voluntad y condicionando la vida del país también en este asunto. Igual que ha pasado con la polémica del agua, los partidos nacionales son víctimas de sus organizaciones regionales y del discurso autonómico que han asumido; es decir, acaban siendo devorados por el monstruo que ellos mismos han creado. Cuando Cospedal dice que los castellanomanchegos no pueden tolerar una sola instalación nuclear más en su territorio o Montilla asegura que la cuota de solidaridad de Cataluña en esta materia ya está cubierta, están apelando a cuestiones identitarias o a agravios comparativos que poco tienen que ver con el caso. En realidad, es como si ya no hubiera asuntos de Estado, porque todo es susceptible de someterse a la prueba del algodón autonómico.

Sucede además que ese discurso es un recurso fácil para intentar salir de situaciones incómodas. En el caso de Montilla es aquí evidente: la creación del almacén nuclear se aprobó cuando él era ministro de Industria y no ha invocado a Cataluña para oponerse a su instalación hasta que sus socios de gobierno no le han exigido un cambio de posición. Es decir, Montilla presenta como un acto de defensa de Cataluña lo que hace para protegerse a sí mismo. Y todo esto, en el asunto concreto de la energía nuclear adquiere un aire más absurdo y grotesco, por cuanto es obvio que la radiación no entiende de fronteras, y en el supuesto de un hipotético escape, la contaminación cruzaría de una comunidad a otra.

El PP, al dejarse llevar en este tema por el interés inmediato de su secretaria general, ha perdido una gran oportunidad de poner al PSOE frente a sus contradicciones. Y es que, a la hora de la verdad, dos presidentes autonómicos que forman parte de los órganos de dirección socialista están boicoteando la labor del ministro de Industria, de su propio partido. Claro, que también hay que advertir que el primero en alentar los fantasmas y la superstición en torno a la energía nuclear es el propio presidente Zapatero, que hace siete meses ignoraba el informe unánime del Consejo de Seguridad Nuclear que le pedía prorrogar una década la actividad de la central de Garoña.

En la misma contradicción que el PP, que ha llamado al orden al alcalde de Yebra (Guadalajara), ha incurrido CiU, que pese a respaldar también este tipo de energía ha amenazado al de Ascó. Así, por demagogia populista, lo que era una flagrante incoherencia del PSOE ha acabado salpicando a otros. El episodio vuelve a poner además sobre la mesa el debate de la debilidad del liderazgo de Rajoy, que ha permitido este nuevo desaguisado en el PP.

Editorial El Mundo

Política de Dios.

Francisco de Quevedo, uno de nuestros mejores escritores de todos los tiempos y uno de nuestros pensadores más ácidos sufrió las iras del poder por pensar y por escribir. Y se pudrió en la cárcel de San Marcos de León.

Y es que para el poder, para los poderosos, los que piensan son funestos, son carne de presidio.

Una de las obras de Quevedo se titula “Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás” y en ella, por vía del humanismo cristiano, Quevedo habla de la subordinación del monarca al bien nacional. Y cuando Quevedo dice monarca (o rey) se está refiriendo al gobernante (presidente del gobierno, primer ministro…).

Un párrafo del capítulo X de la “Política de Dios…” dice:

(Tomamos y respetamos el texto de la Biblioteca de Autores Españoles)

“Los reyes son vicarios de Dios en la tierra: con este nombre los llama Calimaco en el Hiimo á Jove, y Hornero lo mismo. Luego si Cristo fue pastor, ellos que son sus vica­rios deben ser pastores; y á su imitación, "buenos pastores." El mismo Homero, Odysea III, los llana "Teotephres, instituidos por Dios", ó (como Favorino lo declara) "discípu­los de dios"; porque en griego "trophae" es alimento del alma, como la leche de los ni­ños, y la comida del cuerpo. Bien lo enseña Cristo, rey de los reyes, que tiene a los re­yes por discípulos; pues para enseñarlos á ser pastores; y luego despachó una estrella por los reyes, para que le viniesen á adorar como á Dios y á oir como a maestro. Permi­tió que viniesen por camino que topasen con Heródes, rey lobo (Cristo lo llamo raposa), rey que gobernaba no con los entendimientos de sus manos, sino con los de los pies de una ramera bailadora. Mas en viendo á Cristo aprendieron de él, cono reyes discípulos de Dios, a volver por otro camino, á no entrar en el de Herodes. No conocerá el rey sus ove­jas ni ellas le conocerán, si no las ven, si no le ven, si no las da sal, si no las apa­cienta, si no las encamina con sus manos. El pastor que ni ve, ni guia, ni toca a sus ovejas, sea pastor, sea rey pastor, de él se habla con el propio lenguaje que de los ído­los (Psalm. 134, vers. 16 y 17): "Boca tienen, y no hablarán; ojos tienen, y no verán; oídos tienen, y no oirán, porque no hay espíritu en su boca." sígase, pues se sigue consecutivamente en el salmo, la maldición á los que hacen ídolos y á los que hacen estos ídolos, que siendo vivos, son mas muertos: "Sean semejantes á ellos los que los hacen y todos los que confían en ellos;" pues no es menos infernal invención hacer ídolos los hombres, que hacer á los troncos y á las piedras ídolos.”

Pero los gobernantes, los Zapateros de turno no aprenderán. Es más, no les interesa aprender porque así masacran impunemente a sus pueblos. No se enterarán, o no querrán enterarse de que según Quevedo:

-Los gobernantes son vicarios de Dios en la tierra, no son dioses ellos mismos.

-Los gobernantes deben ser pastores, es decir, deben pastorear, cuidar a los súbditos y procurar el bien común y el progreso dentro de un clima de libertad y de justicia.

-Los gobernantes deben conocer a sus gobernados, deben estar cerca del pueblo, no en el Olimpo, no instalados en la soberbia.

-Los gobernantes no deben hacerse a sí mismos “ídolos” porque es una invención no menos infernal que hacer a los troncos y a las piedras ídolos.

De esto último quiero comentar que cuanto menos culto y menos señorío se tiene como persona más ídolo y encumbrado se siente. Hay ejemplos, claros ejemplos, entre nuestros gobernantes actuales. Y, o sobra la doctrina de Quevedo, o sobran tales gobernantes. Decidan ustedes mismos porque es el pueblo el auténtico depositario del poder.

José María Fernández.

Catedrático de Lengua Española de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona

Descontrol absoluto en las cuentas de la Agència de Cooperació de Carod Rovira

El patrimonio de los políticos

Un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión en el año 2007 de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), que depende del vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, desvela descontrol en la gestión de este organismo.

Aunque el ente fiscalizador cree que las cuentas anuales de la Agencia reflejan "razonablemente" su situación económica y financiera en 2007, destaca una retahíla de deficiencias.

El autor del informe, el síndico Jaume Amat, asegura que la comisión de dirección del organismo acostumbraba a celebrar reuniones periódicas a la hora de comer a las que solían asistir el director general de Cooperación, David Minoves; el director de la ACCD, Andreu Felip, y otros responsables.

En 23 casos de la muestra fiscalizada, personas que pidieron tiquet-restaurante también constan como asistentes a las comidas de la Comisión, por lo que la Sindicatura denuncia que se beneficiaron de una retribución en especie y otra en forma de tiquet por una misma comida.

Sin embargo, en las alegaciones al informe, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo aclara que ese dinero ya ha sido devuelto, ya que esos gastos no se podían considerar gastos derivados del funcionamiento de un consejo.

En este sentido, el ente fiscalizador asegura que de los 12.000 euros correspondientes a comidas incluidas en las partidas de gastos protocolarios y gastos de viajes, más de 2.300 euros correspondieron a comidas de la comisión de dirección en 2007.

Según la Sindicatura, ese año, la ACCD disponía de 29 tarjetas bancarias guardadas en el cajón de un responsable, pero dos de ellas estaban a nombre de personas "en excedencia".

Asimismo, el ente encargado de fiscalizar las cuentas de los organismos dependientes de la Generalitat alerta también de que aunque el saldo medio disponible no supera los 11.000 euros, la Agencia debería contar con una caja fuerte, algo que ya se ha corregido, según la entidad.

El informe precisa que Carod-Rovira, como conseller del departamento de Vicepresidencia, presidía el organismo en 2007 y que la vicepresidencia recaía en David Minoves.

La Sindicatura advirtió asimismo un pago duplicado a la Seguridad Social por un importe de 51.185,28 euros y que "en dos convocatorias de subvención no hay coherencia entre las puntuaciones de las juntas de valoración y las resoluciones de concesión".

En concreto, el Síndico autor del informe, elegido a propuesta de CiU, apunta que en algunos casos se conceden subvenciones "con una puntuación baja", de acuerdo con los criterios de las bases reguladoras, y que luego se deniegan otras que tienen una puntuación "muy superior".

Asimismo, la Sindicatura aconseja implantar un control horario para los trabajadores de la Agencia, puesto que no fichan al entrar y salir de su lugar de trabajo.

El informe también revela que ese año se anticiparon 1.500 euros al director general de Cooperación al Desarrollo y que luego ese importe no se devolvió, y que tampoco hay documentación que lo justifique.

En cambio, los responsables de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que se encarga de ejecutar la política de cooperación al desarrollo de la Generalitat, subrayan que el anticipo ha sido "debidamente retornado".

Asimismo, las cuentas de la entidad en 2007 revelan que se gastaron un total de 272.600 euros en la primera fiesta de la cooperación catalana y que se invirtieron 278.263,95 euros en asesoramiento externo.

El Mundo - Efe - Barcelona - 12.06.09

Hermes reestructura sus productos tras la compra de 'Avui'

Hermes Comunicacions, que ha adquirido recientemente el 100% de la editora del diario Avui, planea cambios inminentes con el objetivo de reducir este año las pérdidas de 5 millones de euros que registró esta empresa en 2009.

El vicepresidente de Hermes, Joan Vall, indica que el primer cambio será la supresión de los suplementos que hasta ahora suministraba Prisma Publicaciones (editora de revistas participada al 50% por Grupo Godó y Planeta).

El próximo viernes, día 29, Avui dejará de distribuir el suplemento Sortim, que sustituirá por Punt de Festa (ligeramente modificado), editado por la propia Hermes.

El domingo, 31, desaparecerá el suplemento Plaers, que también edita Prisma Publicaciones; será sustituido por la revista Presencia, que ya distribuye El Punt, Diari d’Andorra, 9 Nou y Diari de Balears. En total, se publicarán 100.00 ejemplares. Los nuevos propietarios de Avui informarán de estos cambios mañana.

A partir del 1 de febrero, desaparecerá la sección de deportes de Avui. En su lugar se encartará el suplemento El 9 Esportiu, de dieciséis páginas, que distribuye –entre otros diarios– El Punt. Los periodistas de la sección de deportes de Avui se integrarán a otras secciones del rotativo y, algunos pasarán a 9 Esportiu.

Vall indicó a EXPANSIÓN que no se llevará a cabo el expediente de regulación de empleo (ERE) de 53 personas previsto antes de que la compañía adquiriera la cabecera el pasado noviembre.

Hermes, propiedad de los hermanos Joan y Jordi Bosch Roura –empresarios de la industria cárnica–, de Joan Vall y de otros accionistas minoritarios, aprobó el pasado 8 de enero una ampliación de capital por un total de cinco millones de euros. La empresa emitirá 3.263.370 nuevas acciones, con un valor nominal de 0,601 euros y una prima de emisión será de 0,932 euros por acción.

El pasado lunes, Avui dejó de distribuirse en Baleares, Madrid y Valencia y actualmente se vende sólo en Catalunya. Con esta medida, el grupo se ahorrará 200.000 euros anuales.

Otra de las medidas de contención de gastos pasará por la integración de las sedes de Barcelona de El Punt, El 9 Nou, Presència y Avui en un solo edificio. La sede de Avui, en la calle Enric Granados, se perfila para acoger al resto de cabeceras, aunque también se estudian otras ubicaciones.

Expansión.com

¿Es viable económicamente el diario AVUI?

PRNoticias

El paro preocupa ahora más que en toda la década

El desempleo es, una vez más, el principal problema que existe en España, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): el 77,3% de las personas consultadas -1,6 puntos más que el mes anterior- sitúa el paro en primer lugar, lo que supone la cota más alta en la última década, con un incremento de 24,8 puntos en el último año y de 35,1 puntos respecto a mayo de 2007.

Los problemas de tipo económico se sitúan en segundo lugar entre las preocupaciones de los españoles, seguidos por la inmigración, el terrorismo, la vivienda y la inseguridad ciudadana.

La crisis económica, como era de esperar, vuelve a incidir en los datos de este sondeo, que el CIS realizó hace un mes. Sólo el 3,1% de los encuestados opina que la situación económica actual es buena o muy buena, frente al 70,5% que la considera mala o muy mala y al 25,6% que la ve regular.

Dentro de un año, la situación económica general de España será mejor que la actual según el 21,3%, peor en opinión del 30,1% e igual para el 38%. Estos datos reflejan un ligero optimismo en comparación con el mes anterior.

También es negativa la opinión sobre la situación política. El 9,4% de los entrevistados dice que es muy buena o buena, frente al 47,3% que la define como mala o muy mala y el 36% que la califica de regular.

Estos datos son ligeramente peores que los del sondeo de abril. Igual que ocurre con la situación económica, las personas consultadas también son más pesimistas que en el sondeo anterior respecto al futuro de la situación política: el 12,7% cree que dentro de un año será mejor que en la actualidad, y el 19,1% opina que va a empeorar, mientras el 53,7% vaticina que seguirá igual.

El Centro de Investigaciones Sociológicas ha preguntado en esta ocasión por la protección que presta el Estado a distintos colectivos. El 56,8% opina que los inmigrantes reciben mucha o bastante protección, cuando el 52,8% dice que deberían recibir más protección las personas que viven solas, seguidas por los parados, jóvenes y pensionistas, y sólo el 1,1% sitúa en la lista a los inmigrantes.

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Rechazo a los políticos

A. Y. / Madrid

Una de cada 10 personas consultadas por el CIS afirma que la clase política y los partidos son uno de los principales problemas de España. En concreto, el 10,1% los cita como uno de los tres principales problemas, lo que los sitúa en el séptimo puesto de la lista.

Al preguntarles por el Gobierno junto a los partidos y los políticos, el 3,8% los sitúa como uno de los tres principales problemas de España.

Por el contrario, otras cuestiones que ocupan a los políticos y son debatidas casi a diario en los medios de comunicación apenas preocupan a la ciudadanía. Sólo el 0,8% cita los nacionalismos como uno de los problemas de España, y un casi inexistente 0,1% incluye en la lista al Estatuto de Cataluña.

Las drogas, que hace años eran una importante preocupación para buena parte de los encuestados, ahora son citadas como uno de los tres principales problemas sólo por el 1,6%, y la corrupción y el fraude, únicamente por el 1,9% de los consultados.

elmundo.es

"Señor Gabilondo: me suspenden por utilizar el español en el colegio"

La niña valenciana a la que suspendieron por contestar en castellano entrega una carta a Gabilondo y a Rajoy con sus reivindicaciones. "Le pido que me devuelvan los sobresalietes que me han robado".

Madrid. Natalia sacaba diez en todo. Pero contestar un examen de Conocimiento del Medio en castellano fue motivo suficiente para manchar su expediente de matrícula de honor. "Insuficiente. Has hecho el examen en español. Si escribes bien las respuestas es porque has entendido bien las preguntas en valenciano". De esta forma, la profesora del colegio público Sanchis Guarner, situado en Valencia, justificaba el suspenso a esta alumna de 5º de Primaria.

Natalia ha entregado hoy a Ángel Gabilondo, en la sede del Ministerio, y a Mariano Rajoy en Génova, una carta con sus reivindicaciones. "Señor Ministro Gabilondo. Me gustaría que atendiese mi petición. Soy Natalia Santacreu y me suspenden por utilizar el español en el colegio. Mis amigos franceses no entienden que me suspendan por hablar español en España. Le pido dos cosas: que me devuelvan los sobresalientes que me han robado y que usted ponga todos los medios para que el Pacto de la Educación dé los mismos derechos a todos los niños de España."

Y es que su padre, Juan Vicente Santacreu no va a parar hasta conseguir que se evalúe a su hija según sus conocimientos y no por el idioma en que contesta los exámenes. Tras el suspenso, comunicó la situación al director del colegio, "que le acusó de querer segregar a los alumnos y de ir contra el catalán"; envió sus quejas a la Consejería de Educación que, "esquivando el problema", según Santacreux, dijo que se trataba de una competencia del colegio; finalmente, hizo llegar su reivindicación al defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, que es el único que le ha contestado admitiendo a trámite su denuncia.

Acoso escolar

Según la vérsión del padre, Natalia ha sufrido "acoso escolar" por parte de los profesores, que "encerraban a su hija en salas para someterla a un tercer grado. Intentaban convencerla de que la cultura valenciana no se merece ese desprecio", explica. Asimismo, no dejaban a la niña leer en clase por tener el libro de la asignatura Educación para la Ciudadanía en castellano. "Escogieron uno de sus crismas de Navidad como el mejor del colegio y al final no le dieron el premio por haber escrito la felicitación en castellano", explica su madre.

Natalia cursa la línea en castellano (el llamado Programa de Incorporación Progresiva) dentro del sistema educativo valenciano, que supone cursar todas las asignaturas en valenciano excepto las matemáticas y la lengua española. Hay otras opciones en las que los colegios imparten todas sus clases en valenciano. En este sentido, el presidente de la ANLL, Pablo Yáñez señaló que, según el modelo que recoge la consejería de Educación debería predominar más el castellano pero indicó que "es el juego que utilizan estas administraciones, pues ponen en manos del Consejo Escolar cómo repartir las horas entre valenciano y castellano sin establecer un criterio mínimo".

Desde la Consejería informan de que si los padres quieren que sus hijos tengan el manual en castellano y puedan responder a los exámenes en esta lengua se les da la posibilidad de que rellenen una solicitud, al inicio del curso, pidiendo el tratamiento diferenciado. Explican que en el caso concreto de esta niña sus padres no realizaron esta petición, ni tampoco han trasladado ninguna queja a la dirección territorial de la Consejería de Educación. Por tanto, "el seguimiento de la asignatura debe ser en valenciano", sostienen.

Sin embargo, el padre de esta niña suspensa declaró que no conocía esta posibilidad hasta que comenzó el curso. "Ningún padre sabe que esta ley exige a las familias esta solicitud para que sus hijos estudien en castellano. Yo me enteré una vez que había comenzado el curso, después de haber reclamado la enseñanza en español a la dirección del centro, a la administración y a la inspección educativa", explica Juan Vicente.

Intereconomía

No voy a pasar por el aro.

La Generalidad multa con 1.200 euros a un tendero por no rotular en catalán.

La Generalidad ha multado con 1.200 euros a otra comerciante de Barcelona por no rotular en catalán. Feliciana, que es como se llama, ocultó el cartel en castellano, pero no lo sustituyó por otro. Ella advierte:"no pienso pasar por el aro, no pienso ser callada ante los nuevos dictadores".

Los casos de acoso al castellano no remiten en Cataluña. Según desvela este martes El Mundo, la propietaria de una pequeña tienda que ofrece tejidos al corte, Feliciana Piris Duque, ha sido multada por la Generalidad por no rotular en catalán su comercio.

"Se nos notificó la sanción el pasado 20 de noviembre, y entiendo que lo que está ocurriendo no es justo", explicó la afectada, en declaraciones al citado periódico.

Concretamente, la mujer se enfrenta ahora a una sanción de 1.200 euros por su negativa a cambiar el cartel con el que ofrece los productos de su negocio, llamado Blau Marí (azul marino, en catalán).

Lo que la Generalidad quiere que ponga en catalán, o en catalán y castellano, es el "textil, hogar y tapicería. Sedas, lanas, sastrería y fantasía". Feliciana ocultó los rótulos cuando se inició el procedimiento sancionador, pero la multa le ha llegado de todas formas.

"Vino una inspectora, me pidió que redactara los letreros en catalán y castellano, o bien sólo en catalán, tratando de meterme miedo con amenazas de multas", lamenta. La tendera destaca también que "el 80% de mis clientes son personas que no hablan casi nunca en catalán. ¿Por qué tengo que cambiar el cartel de mi negocio o pagar a la Generalitat 1.200 euros? No voy a pasar por el aro. Es un castigo desproporcionado y puede que incluso inconstitucional".

Amenaza Feliciana con llegar incluso al Tribunal Constitucional: "ya no es sólo por el dinero, sino por no ser callada ante los nuevos dictadores catalanes".

ROSA DÍEZ URGE AL GOBIERNO A PRESENTAR EN TRES MESES UNA REFORMA ELECTORAL QUE GARANTICE LA IGUALDAD DE VOTO DE TODOS LOS CIUDADANOS

17/01/2010 SERVIMEDIA

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que urge al Gobierno a aprobar antes de tres meses un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que garantice "una mayor proporcionalidad y la igualdad del voto de todos los ciudadanos al margen de la parte de España en la que vivan o de su opción electoral".

En su iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, Rosa Díez argumenta que el sistema electoral diseñado en plena transición política cumplió con las necesidades del momento, pero tres décadas después ha mostrado "algunas disfuncionalidades que es preciso corregir para una vida democrática más representativa, justa e igualitaria".

En su opinión, resulta "injusto" que un partido obtenga un escaño en las elecciones generales mientras otro con menos votos obtiene seis. "Estas transformaciones del voto del ciudadano en escaños tan injustas y desproporcionadas dañan la credibilidad del ciudadano en su sistema electoral y por lo tanto en su sistema democrático, además de uno de los derechos más fundamentales en democracia, el derecho al sufragio igualitario", consagrado en la Constitución.

Pero, además, Rosa Díez subraya que la Loreg de 1985 consagró algunas bases contenidas en la Ley para la Reforma Política de 1974, anterior a la Constitución, y concluye que la representación mínima inicial, el tamaño de la circunscripción o el "escaso" número de diputados no se corresponden con los criterios de representación proporcional contenidos en la Carta Magna.

Es necesario reflexionar, en su opinión, sobre por qué en un Estado autonómico la circunscripción es la provincia, o por qué hay 350 diputados cuando la Constitución permite llegar a 400.

Rosa Díez recuerda que el Gobierno llegó a solicitar al Consejo de Estado un informe sobre la reforma electoral, y este órgano recomendaba el aumento a 400 diputados, reducir de dos a uno la representación mínima inicial, y buscar una fórmula electoral más proporcional que la Ley d?Hont para convertir los votos en escaños.

WSJ se burla de Zapatero: "Ha llegado con una ingeniosa solución contra la crisis, hacerla ilegal"

Cotizalia.com

La prensa internacional sigue lanzando dardos envenados contra la recién estrenada presidencia española de la Unión Europea. Hasta ahora, las críticas provenían de Europa. Financial Times o The Economist en Reino Unido, o el Handelsblatt, el Financial Times Deutschland y el Frankfurter Allgemeine Zeitung en Alemania. Ahora, esas críticas han saltado el charco y no con poca ironía. The Wall Street Journal titula hoy uno de sus editoriales: “Legislando la prosperidad”.

El artículo ya arranca con duras palabras. “España ha llegado con una ingeniosa solución para el deterioro económico, hacerlo ilegal”. Esta frase se refiere a la propuesta propuestas por José Luis Rodríguez Zapatero de penalizar a los países que incumplan las previsiones de crecimiento incluidas en la Estrategia 2020 y que ya ha desatado el malestar de países como Alemania.

"Así que los europeos que estén preocupados por la recesión y el desempleo pueden relajarse -siempre que el primer ministro socialista español José Luis Rodríguez Zapatero se salga con la suya-. Pronto esos problemas van a estar prohibidos. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?". ¿Por qué no habíamos pensado en ello?”, dice con tono irónico el periódico.

Zapatero acaba de empezar su andadura europea al frente a la presidencia europea con un foco especial de atención: a situación económica del Viejo Continente. Explícitamente, el presidente español ha fijado el objetivo en la denominada ‘Estrategia 2020’, que no es la continuación a la Agenda de Lisboa, que, según Zapatero –indica el periódico- sus objetivos no eran obligatorios.

"Es absolutamente necesario para la estrategia 2020 (...) asumir una naturaleza nueva, una naturaleza vinculante", dijo Zapatero a la prensa en Madrid una semana después de que España empezara su presidencia de seis meses en la UE. Entonces también explicó que en el encuentro del próximo mes de los líderes de la UE se discutirían “medidas, incluyendo incentivos y sanciones para conseguir los objetivos de política económica”.

The Wall Street Journal critica que Zapatero no haya especificado a qué se refería exactamente cuando dijo los de “medidas correctivas", aunque ha insistido a los periodistas de que no debería interpretase como “sanciones”. "Como quiera que se las llames, el obstáculo a la competitividad europea nunca ha sido la falta de regulación –sólo piensen en los criterios de Maastrich- o la falta de ambición". Uno no puede legislar la innovación y el crecimiento, a no ser que sea en el limitado sentido de crear un entorno en el que los derechos de propiedad y el imperio de la Ley estén asegurados, y que los premios de la creatividad vayan al creador".

CONVOCATORIA DE UNA MANIFESTACION MULTITUDINARIA EN FACEBOOK

13F - MANIFESTACION MULTITUDINARIA ANTI ZP ANTE LA MONCLOA

FACEBOOK

Un empresario catalán denuncia que es perseguido por rotular en castellano

El empresario catalán Xurde Rocamundi vive desde hace unos días presionado pero tranquilo, a pesar de que, de repente, su negocio inmobiliario se ha puesto en evidencia ante todos sus vecinos de la localidad de Arenys de Mar, al norte de Barcelona. Los carteles aparecidos en su fachada, al estilo de los tristemente célebres dazibaos de la Revolución cultural china, exigen que cambie los rótulos de su empresa y los ponga en catalán. Primero fue la Generalitat: tras una denuncia anónima, el Gobierno catalán decidió abrirle expediente y ponerle una multa de 1.200 euros el pasado 10 de agosto porque los letreros de su empresa no estaban en catalán. Xurde recurrió y el 29 de diciembre le volvieron a comunicar que se ratificaba la sanción. Ahora, tiene un plazo de 30 días para presentar un recurso de alzada. “Es un paso previo, porque estoy dispuesto a ir hasta el máximo nivel e incluso a acudir a los tribunales europeos”, señaló Rocamundi a El Confidencial.

La pasada noche de Reyes, un cartel colgado de la fachada de su empresa le recordaba que si era un buen ciudadano tenía que hablar catalán. “¡Me lo dicen a mí, que llevo 35 años aquí, que hablo catalán con algunos clientes, pero que utilizo normalmente el castellano como mi lengua habitual!”, exclama. Rocamundi sospecha quién le presiona con dazibaos públicos: un grupúsculo local de mocosos radicales “educados bajo un adoctrinamiento que sólo les inculca lo de ‘som una nació’”.

El empresario se queja del acoso a que le someten: “Alucino cuando me llaman inadaptado. Yo no soy nacionalista. Creo en la libertad de cada cual. Que cada uno utilice la lengua que quiera. Yo no exijo que me hablen en castellano. Si me hablan en catalán, pues bien. Pero entre ellos y yo hay una diferencia sustancial: yo lucho por la libertad de ambos, por lo que creo que soy mejor que ellos”. Y la espina que tiene clavada es que todo nació de “una denuncia anónima. No puedo identificar al denunciante. Es como en la época de Hitler con los judíos. Estoy desamparado ante la Administración. A los que no somos nacionalistas nos quieren poner en evidencia y señalarnos como si fuéramos malos ciudadanos o antisociales”.

En su batalla, le ayudan dos asociaciones, que pagan su abogado: Impulso Ciudadano y Asociación por la Tolerancia. Ahora, se ha sumado Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que lidera Rosa Díez, que ha salido en tromba en su defensa. Un comunicado de este partido acusa al ”nacionalismo catalanista” de ejercer “la violencia de baja intensidad que le caracteriza”. Además, subraya que “el nacionalismo, no conforme con la represión oficial, le colocó unas pancartas ante su establecimiento en un claro intento de estigmatizarlo en su propio pueblo, por parte de los “kale borrocas” de los partidos nacionalistas y mano ejecutora de sus consignas”.

Rocamundi establece sus propios paralelismos: “En el País Vasco, existe una violencia mucho mayor. Allá existe una tormenta nacionalista. Aquí, hay una lluvia fina, que cala más y que va impregnando todo”. Y añade: “Abominan del imperialismo español, pero ellos quieres dominar no sólo Cataluña, sino que incluyen en sus planes a Valencia, Baleares, el sur de Francia y hasta a Aragón. Lo malo es que desde la Generlitat se están subvencionando estas costumbres, porque las organizaciones que las defienden reciben dinero a espuertas”. Y destaca que la sanción que se le impuso está basada “en la ley de 1998, es decir, de cuando gobernaba CiU, pero fue llegar ERC al poder y comenzar a poner multas”. El empresario advierte también que “lo hago porque estoy convencido: no cambiaré mis rótulos porque sé que tengo razón. Y han de saber que si gano en los tribunales, me cargo la ley del 98. Ése es el miedo que tienen, pero iré adelante con todas las consecuencias”.

Condena a tres radicales

El caso coincide en el tiempo con la ratificación de la condena a tres radicales que asaltaron un tenderete de UPyD en Reus (Tarragona), donde el día de Sant Jordi del año pasado, un grupo de personas insultó y amenazó a varios afiliados y simpatizantes de esta organización, asaltando el tenderete donde se encontraban, entre otros, la coordinadora del partido en aquella ciudad, Ángela Diest. Los radicales rompieron los carteles, destrozaron la parada y tiraron los libros expuestos mientras gritaban “Espanyols de merda, putos espanyols, marxeu a la puta Espanya” (“Españoles de mierda, putos españoles, iros a la puta España”), “Si no marxeu d’aquí, us trencarem la cara i us trencarem el xiringuito” (“Si no marcháis de aquí, os romperemos la cara y el chiringuito”) o “No podeu estar aquí en aquesta Diada que és de Catalunya” (“No podéis estar aquí en esta Diada que es de Cataluña”). Incluso le ofrecieron a la dirigente “darle de hostias”, según quedó probado en el juicio. Las investigaciones de los Mossos d’Esquadra permitieron detener a tres radicales: Marc Font, Jaume Font y Marc Cros vinculados a movimientos independentistas, con antecedentes en alborotos anteriores y que regentaban otro chiringuito independentista en la misma plaza.

Los acusados, según UPyD, tuvieron el respaldo de dirigentes de Reagrupament Independentista, el partido creado por el ex consejero de gobernación Joan Carretero, escindido de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Un juzgado de Reus condenó el pasado 22 de octubre a los tres jóvenes a pagar una multa de 240 euros cada uno por amenazas e injurias. Tras el fallo, interpusieron recurso, pero esta misma semana los tribunales volvieron a ratificar la primera sentencia.

El coordinador de UPyD en Cataluña, Ángel Hernández, señaló a este diario que “no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando se ejerce violencia quebrantando los principios elementales de la libertad”. Por eso, reclama que “todos los partidos” denuncien hechos similares “con claridad y contundencia”. Casos como éste, sin embargo, son aislados y se reproducen muy de vez en cuando.

elconfidencial.com

No al cierre de webs.

Con sangre del contribuyente

LA TRASTIENDA|ISABEL SAN SEBASTIAN

«Hay que dilucidar dónde termina el derecho y dónde empieza el abuso, el exceso, el desvarío, el atropello»

AHORA NOS vienen con que tienen derecho a expresarse en su lengua y quieren traductores de catalán, vascuence y gallego en el senado. A 2.166 euros la hora de sesión, multiplicados por las decenas de comisiones que alberga la Alta Cámara y sus interminables reuniones, calculen el montante de la factura. ¡Más madera! ¿Qué demonios les importa a ellos, que viven de chuparnos las venas? No tiran con pólvora del rey, no. Legislan con sangre del contribuyente, que es quien financia sus ocurrencias, caprichos, enchufes, enjuagues, poltronas, chanchullos, mangancias, antojos, pesebres, gatuperios, componendas, momios, prebendas, sinecuras, corruptelas, corrupciones, o como sea que se denominen propuestas del tipo de la que acaban de formular 10 senadores del PSC y 34 integrantes de distintas formaciones nacionalistas cuya voracidad no conoce límites.

«Los derechos no se pueden cuantificar y no tienen coste», sostiene Miren Leanizbarrutia, representante del PNV. ¡¿Cómo que no?! 34.000 millones de euros (una suma demasiado elevada como para convertirla a las antiguas pesetas) nos costó el año pasado cubrir el derecho a recibir un subsidio de desempleo que asiste a todo trabajador que haya cotizado. Otros derechos fundamentales, como la educación, la sanidad o la justicia generan gastos similares, que cargamos sobre nuestras espaldas los pocos españoles que aún tenemos el privilegio de trabajar y, en particular, los que lo hacemos en el sector privado, fuera de la teta del Estado. A ello hay que añadir deberes como el pago de los intereses de la deuda, que se traga toda la recaudación por IVA, o las inversiones públicas, sujetas al mercadeo propio de partidos, como el de la señora Leanizbarrutia, que tienen la costumbre de vender o alquilar su respaldo a los Presupuestos Generales a cambio de partidas destinadas a sus respectivos territorios. Los derechos se pueden cuantificar y tienen coste. ¡Por supuesto! Lo que hay que dilucidar es dónde termina el derecho y dónde empieza el abuso, el exceso, el desvarío, el atropello.

17.032 euros se gastó en diciembre pasado el honorable Josep Lluís Carod Rovira en un viaje de dos días a Nueva York para exponer allí la «estrategia catalana de cooperación multilateral al desarrollo». Un millón había llevado en marzo a Ecuador, a fin de promocionar las lenguas indígenas, y 600.000 a Francia, en el empeño de promover el catalán. ¡Será por dinero!

¿Hasta cuándo seguiremos aguantando tanta desvergüenza? ¿Cuánto tardará el primer contribuyente hastiado en proclamarse insumiso fiscal?

Joaquín Leguina, escritor

Asturias Liberal

He leído algunos de los libros de Joaquín Leguina y siempre me ha parecido y me parece un magnífico escritor porque maneja (domina) el lenguaje con precisión y elegancia y porque dice, sin tapujos, lo que es de sentido común y quiere decir. Por esto le invité a la Universidad para hablar de su obra literaria. Aceptó. Habló de sus obras de creación literaria. Fue, como persona, un señor correcto y elegante. Y quienes tenían el cuchillo afilado, porque estaban convencidos de que iba a ser sectario, se quedaron con dos palmos de narices como dice el refrán.

Ahora tengo delante un artículo suyo, “El amable estafador”, publicado en La Gaceta, 22 de octubre de 2009. Lo voy a reproducir y a comentar porque me parece interesantísimo. Mejor dicho, lo tengo que reproducir para comentarlo porque no hay otra forma de hacerlo.

El artículo tiene o puede dividirse en tres partes. La primera:

“Félix Millet, el "ciudadano que nos honra", recibió en 2008 este título en presencia de las autoridades catalanas y del Ministro de Cultura y, apenas un año después, «se ve ante la Justicia por haber levantado" del Palau de la Música entre 20 y 30 millones de euros. Pero, claro está, un señor a quien también se le otorgó la “Creu de Sant Jordi"

(Pujól) y la llave de Barcelona (Maragall) no puede ser tratado corno un vulgar ladrón de gallinas. Quizá por eso el juez instructor, Juli Solaz, no ha visto indicios de malversación y ha decidido dejarlo libre con cargos, pero sin fianza. Y yo me pregunto: ¿donde tendrá los ojos este lince?”

Es evidente que en esta parte Leguina pretende dejar muy claro al lector que Millet está considerado en Cataluña como un ciudadano ejemplar, modélico y que por ser ejemplar y modélico ha recibido las más altas distinciones que se otorgan, en Cataluña, a un ciudadano. Pero este ciudadano ejemplar ha “levantado” entre 20 y 30 millones de euros y este hecho, que a otros les hubiera supuesto la cárcel inmediata, a él, por ser ciudadano ejemplar de Cataluña, el juez lo deja en libertad.

Un poco “rarito” todo: lo de la ciudadanía ejemplar en Cataluña y lo del juez de vincular la cárcel no con el delito sino con la opinión que tienen los políticos del sujeto a quien se juzga.

Cosas que pasan en Cataluña.

La segunda parte:

“Aparte de sueldos y dietas millonarias, de bodorrios de hijas y de putas (incluyendo los preservativos), el señor Millet se lo llevaba crudo y aún le sobraba para financiar a los partidos, con especial dedicación al CDC de Artur Mas. Pero este mangante es algo más. Se ha convertido en el paradigma de la Cataluña oficial, gente capaz de rechazar cualquier crítica con el simple exorcismo de la "catalanofobia". Porque los políticos catalanes no responden ante los ciudadanos ni ante Dios ni ante la Historia. ¿Por qué? Porque ellos son Cataluña, la Cataluña eterna.

Millet es, también, él representante de toda esa legión de las familias catalanas (miembros de las "cuatrocientas familias” que, según Millet, son las que mandan en Cataluña: las del Liceo, de la Caixa, del Barca, del Círculo Ecuestre, del Club de Polo...) que fueron franquistas prácticos y pasaron sin cambiarse la ropa a servir al nacionalismo sin hacerle ascos al PSC ("esos chicos que eran progres en su juventud y que hoy nos sirven para que los votantes charnegos no se salgan del redil").”

Esta segunda parte contiene, a su vez, tres apartados. En el primero, Leguina especifica, con desparpajo e ironía, en qué se gastaba Millet lo que “afanaba” del Liceo. Y cita, entre otros, la compra de preservativos y la financiación especialmente de CDC (Convergencia): un angelito.

En el segundo, que es el núcleo y el eje argumental de todo el texto, Leguina explica que Millet es el prototipo y el modelo y el paradigma de la “Cataluña oficial”, una Cataluña que no tiene que dar cuantas ni a Dios porque ellos son soberanos, dignos por definición: “la Cataluña eterna”. Con lo cual, en Cataluña, cualquiera puede robar y cometer las mayores tropelías siempre que se disfrace con el manto de la catalanidad. Lo que se deduce de aquí es que en Cataluña puede que no haya (o sin puede) ni democracia, ni leyes por encima de los políticos nacionalistas.

Grave. Gravísimo todo.

En el tercero se explica meridianamente que Millet es Millet y es la burguesía, la aristocracia y los círculos de poder en los que todo se cuece en Cataluña.

La tercera parte:

“Millet se verá ante los jueces y saldrá de la vida social, pero aún le queda pasta para echar unos quiquis en el piso de la calle Verdaguer i Callí, donde puso, por cuenta del Palau, su nidito de amor mercenario… Y el resto, como en Hamlet, será silencio”.

Esta tercera y última parte contiene la conclusión. Conclusión casi a secas. Pura y dura. Conclusión como sentencia apodíctica, incontrovertible: Que su caso pasará al reino del silencio. Silencio de los corderos. Y la Cataluña eterna seguirá trincando.

Nosotros también concluimos: Que el escrito de Leguina es perfecto en lo que dice y en cómo lo dice. Pero Leguina y otros como él, que hacen las cosas bien, no triunfan. Aquí triunfan otros, los mediocres.

Un desastre.

José María Fernández Gutiérrez
	A su dilatada y excelente carrera investigadora y docente une su insobornable actitud en defensa del español y de la libertad en su universidad.

La moto nacionalista

Por Leah Bonnín

¿Hasta qué punto se ha impregnado el imaginario social de los catalanes del discurso oficial de este nacionalismo que ya lleva décadas en el poder, transmitiendo y retransmitiendo a su antojo mitos sociales y leyendas patrias, deudas históricas, ideología y sentimientos, memoria y falsedad? ¿Hasta qué punto saben de lo que están hablando los nacionalistas o los por el nacionalismo abducidos?

El libro de Francisco Caja La raza catalana. El núcleo doctrinal del catalanismo pone sobre la mesa datos suficientes para que nadie se llame a engaño. A la vista de los textos fundacionales del nacionalismo catalán, no cabe pensar, como anota en el prólogo Jon Juaristi, que nos encontramos, frente al vasco, con un nacionalismo libre de las "excrecencias racialistas y abierto a la integración de los foráneos: un nacionalismo, en suma, cívico y no étnico". Los textos dicen lo que dicen, sin paliativos ni paños calientes, a pesar de la ocultación de sentido o la interpretación "inversamente proporcional a su verdadera naturaleza" que han hecho y continúan haciendo los nacionalistas. Y es necesario "leer e interpretar esos textos para una mejor inteligencia del nacionalismo y, sobre todo, para que esa interpretación produzca efectos".

Y lo que dicen es como para echarse a temblar... y a correr, porque, en tanto que textos doctrinales, transmiten las imágenes y la ideología como realidad natural, sin refutación posible. Y porque si se deconstruye, como lo hace Francisco Caja, la metáfora en la que se sostienen, se revela que el origen y núcleo de la doctrina catalanista no es otro que la doctrina de la raza.

La raza catalana. El núcleo doctrinal del catalanismo, primera parte de un proyecto que acabará con el volumen dedicado al análisis de textos más contemporáneos y cuyo índice se añade al final, propone una lectura doble: del análisis y la interpretación que lleva a cabo Francisco Caja y del contenido de las citas, desde el texto fundacional del nacionalismo, Lo Catalanisme (1902), de Valentí Almirall, hasta el panfleto Catecisme del jove Patriota que Daniel Cardona publicó en el primer número de la revista L'Estat Català, dirigida por Francesc Macià.

Por más que Valentí Almirall (1841-1904) acabara asociado al lerruxismo (actitud justificada por los nacionalistas como fruto de una decadente e imprecisa "amargura") y distanciado del nacionalismo triunfante de Prat de la Riba y los suyos, sus escritos primigenios son inequívocamente racialistas. Se separa del federalismo de Pi i Margall para promover la idea de una catalanidad basada en la naturaleza que reclama la identidad entre lengua y raza como fundamento de la soberanía política. Marca una diferencia histórico-biológica entre el grupo central-meridional (castellano) y el pirenaico (aragonés). Por último, dado que "España se ha ido empequeñeciendo desde que las circunstancias hicieron que la raza menos pensadora y menos ilustrada fuera la que dominara", reclamará un catalanismo diferenciador y soberanista.

Según Francisco Caja, será Pompeu Gener (1848-1920) el introductor de las doctrinas raciales entre los federalistas y racionalistas. Tras beber de las fuentes de la Société d'Anthropologie de París y de Gobineau, utiliza la diferenciación entre raza en sentido antropológico y raza en sentido histórico y fisiológico para hablar de España como invasor presemítico y semítico que, al triunfar sobre los arios (catalanes), paralizó la "España Lemosina, Aria de origen" y la obligó a vivir de cosas pasadas.

No deja de asombrar la persistencia de una doctrina que se desplaza también al exilio con Pere Bosch-Gimpera (1891-1974), quien, en los Quaderns de l’exili,hablará de la guerra civil como una guerra entre razas, entre los iberos (catalanes) y los celtas (españoles). Y, siguiendo a su maestro berlinés Kossinna, "racialista convicto y confeso", fundará el catalanismo como resurgimiento de una historia concebida como desviación que será preciso corregir "para retornar a aquel punto en el que se supone habría llegado si... no hubiera existido historia".

Seguidor de Gustave Le Bon, el doctor Bertomeu Robert (1842-1902) asume las ventajas de la "espiritualización" del concepto de raza. Concibe la Nación como un ente orgánico; el individuo, apenas una célula social, queda bio-sociológicamente subordinado a la totalidad. Frente a la igualdad jacobina y el sufragio universal, frente a la igualdad de derechos ante la ley, la jerarquización de los órganos (naciones) y la separación.

No faltan justificaciones demográficas, debidas a la pluma de Hermenegild Puig y Sais (1860-1941), que se queja de la amenaza que supone la invasión de tanta gente forastera, que propone combatir con el aumento del número de catalanes "de pura raza". Tampoco las que utilizan la metáfora del "derecho a la vida" de las naciones para ayudar a los desarraigados a naturalizarse según la ideología catalanista propuesta por Domènec Martí i Julià (1861-1917).

La metáfora organicista estalla, señala Francisco Caja, con la novela de formación La nacionalitat catalana, en la que Enric Prat de la Riba (1870-1917) legitima la narración, histórica e ideológica, como si se tratara de un fenómeno natural, regido por una ley inmutable y eterna. Ante semejante monumento a la espiritualidad catalanista, sería de muy mal gusto recordar que su panfleto La question catalane (1898) fue publicado gracias al soporte directo de Louis Guérin, responsable de finanzas e informaciones confidenciales de la Ligue Antisémite y hermano de Jules Guérin, presidente de este movimiento.

La siguiente vuelta de tuerca de la metáfora pasa por la defensa del catalán como lengua propia, mítica y geográfica ("Hasta las piedras hablan en catalán"), que no tiene más remedio que proponer la inmersión lingüística de los no catalanohablantes. Y triunfa en el plano político con la reconciliación entre espíritu y sangre, raza y alma, tierra y lengua, redención y voluntad, federalismo y nacionalismo, que realiza Antoni Rovira y Virgili (1882-1949).

Merece la pena leer el libro, aunque sólo sea para saber de qué nos hablan cuando nos venden la moto nacionalista.


FRANCISCO CAJA: LA RAZA CATALANA. EL NÚCLEO DOCTRINAL DEL CATALANISMO. Encuentro(Madrid), 2009, 366 páginas. Prólogo de JON JUARISTI.

José Domingo presenta una batería de preguntas sobre la carta de Montilla

ADN.es

El diputado del grupo mixto José Domingo ha presentado hoy en el Parlament una batería de preguntas relativas a la carta enviada por el presidente catalán, José Montilla, a 201 entidades catalanas para recabar su apoyo ante un posible recorte del Estatut a manos del Tribunal Constitucional (TC).

Domingo empieza su relación de 13 preguntas interesándose por si efectivamente la carta ha sido enviada, a qué entidades exactamente, qué dice la misiva y cuál es la finalidad que hay detrás.

El diputado escindido de C's también pregunta al presidente de la Generalitat cuál es la respuesta política y cívica que anuncia en la carta.

Asimismo, le interroga sobre si entre las respuestas previstas por el Govern está la de acatar íntegramente la sentencia del TC, si la carta remitida a las entidades catalanas puede interpretarse como una "presión" a los miembros del Alto Tribunal y si considera que la Constitución es "ajena a los intereses de Cataluña".

IMPULSO CIUDADANO

El PSOE criticaba en 2002 lo que hoy acaba de aprobar para regular las descargas

Hace ocho años el PSOE se encontraba en la oposición y criticó la polémica LSSI aprobada por el Gobierno de Aznar. Según Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz de Ciencia y Tecnología en aquella época, la LSSI provocaba inseguridad jurídica en Internet al introducir el concepto de "autoridad competente", que es la que puede cerrar cautelarmente una página web en el caso de que "atente o pueda atentar" contra algún derecho fundamental. Según el PSOE, ese texto dejaba abierta la puerta a la censura administrativa. "No queda claro si esta autoridad es administrativa o judicial". En 2010, el mismo partido aprueba una Ley de Economía Sostenible que permite cerrar webs, con la diferencia de que no atentan contra ningún derecho fundamental, y es que la propiedad intelectual no aparece en la Constitución como tal.

n un artículo firmado por Patricia Fernández de Lis, que misteriosamente ha desaparecido de la web de El País, Rubalcaba señalaba que la ley estaba mal hecha. "El Partido Popular, ha tratado de utilizar una ley que debería regular las relaciones comerciales en el ciberespacio para tratar de "controlar el flujo de información en la Red", dijo el portavoz de Ciencia y Tecnología socialista.

Hoy la LSSI sigue en vigor y es la que permite según González-Sinde, bloquear páginas web que venden medicamentos en el extranjero para proteger la salud pública. A pesar de que el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño aseguró que la propiedad intelectual es un derecho fundamental, no aparece recogido en la carta magna. La libertad de expresión sí es un derecho fundamental y es precisamente lo que intentan coartar incorporando la disposición final en la Ley de Economía Sostenible.

Por último, en 2002, Rubalcaba, calificó la LSSI como la "ley de censura del ciberespacio", precisamente lo mismo que dicen los internautas hoy, aunque hay más agravantes ya que el ejecutivo sólo busca favorecer a los lobbys de la industria audiovisual.

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