El empresario catalán Xurde Rocamundi vive desde hace unos días presionado pero tranquilo, a pesar de que, de repente, su negocio inmobiliario se ha puesto en evidencia ante todos sus vecinos de la localidad de Arenys de Mar, al norte de Barcelona. Los carteles aparecidos en su fachada, al estilo de los tristemente célebres dazibaos de la Revolución cultural china, exigen que cambie los rótulos de su empresa y los ponga en catalán. Primero fue la Generalitat: tras una denuncia anónima, el Gobierno catalán decidió abrirle expediente y ponerle una multa de 1.200 euros el pasado 10 de agosto porque los letreros de su empresa no estaban en catalán. Xurde recurrió y el 29 de diciembre le volvieron a comunicar que se ratificaba la sanción. Ahora, tiene un plazo de 30 días para presentar un recurso de alzada. “Es un paso previo, porque estoy dispuesto a ir hasta el máximo nivel e incluso a acudir a los tribunales europeos”, señaló Rocamundi a El Confidencial.
La pasada noche de Reyes, un cartel colgado de la fachada de su empresa le recordaba que si era un buen ciudadano tenía que hablar catalán. “¡Me lo dicen a mí, que llevo 35 años aquí, que hablo catalán con algunos clientes, pero que utilizo normalmente el castellano como mi lengua habitual!”, exclama. Rocamundi sospecha quién le presiona con dazibaos públicos: un grupúsculo local de mocosos radicales “educados bajo un adoctrinamiento que sólo les inculca lo de ‘som una nació’”.
El empresario se queja del acoso a que le someten: “Alucino cuando me llaman inadaptado. Yo no soy nacionalista. Creo en la libertad de cada cual. Que cada uno utilice la lengua que quiera. Yo no exijo que me hablen en castellano. Si me hablan en catalán, pues bien. Pero entre ellos y yo hay una diferencia sustancial: yo lucho por la libertad de ambos, por lo que creo que soy mejor que ellos”. Y la espina que tiene clavada es que todo nació de “una denuncia anónima. No puedo identificar al denunciante. Es como en la época de Hitler con los judíos. Estoy desamparado ante la Administración. A los que no somos nacionalistas nos quieren poner en evidencia y señalarnos como si fuéramos malos ciudadanos o antisociales”.
En su batalla, le ayudan dos asociaciones, que pagan su abogado: Impulso Ciudadano y Asociación por la Tolerancia. Ahora, se ha sumado Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que lidera Rosa Díez, que ha salido en tromba en su defensa. Un comunicado de este partido acusa al ”nacionalismo catalanista” de ejercer “la violencia de baja intensidad que le caracteriza”. Además, subraya que “el nacionalismo, no conforme con la represión oficial, le colocó unas pancartas ante su establecimiento en un claro intento de estigmatizarlo en su propio pueblo, por parte de los “kale borrocas” de los partidos nacionalistas y mano ejecutora de sus consignas”.
Rocamundi establece sus propios paralelismos: “En el País Vasco, existe una violencia mucho mayor. Allá existe una tormenta nacionalista. Aquí, hay una lluvia fina, que cala más y que va impregnando todo”. Y añade: “Abominan del imperialismo español, pero ellos quieres dominar no sólo Cataluña, sino que incluyen en sus planes a Valencia, Baleares, el sur de Francia y hasta a Aragón. Lo malo es que desde la Generlitat se están subvencionando estas costumbres, porque las organizaciones que las defienden reciben dinero a espuertas”. Y destaca que la sanción que se le impuso está basada “en la ley de 1998, es decir, de cuando gobernaba CiU, pero fue llegar ERC al poder y comenzar a poner multas”. El empresario advierte también que “lo hago porque estoy convencido: no cambiaré mis rótulos porque sé que tengo razón. Y han de saber que si gano en los tribunales, me cargo la ley del 98. Ése es el miedo que tienen, pero iré adelante con todas las consecuencias”.
Condena a tres radicales
El caso coincide en el tiempo con la ratificación de la condena a tres radicales que asaltaron un tenderete de UPyD en Reus (Tarragona), donde el día de Sant Jordi del año pasado, un grupo de personas insultó y amenazó a varios afiliados y simpatizantes de esta organización, asaltando el tenderete donde se encontraban, entre otros, la coordinadora del partido en aquella ciudad, Ángela Diest. Los radicales rompieron los carteles, destrozaron la parada y tiraron los libros expuestos mientras gritaban “Espanyols de merda, putos espanyols, marxeu a la puta Espanya” (“Españoles de mierda, putos españoles, iros a la puta España”), “Si no marxeu d’aquí, us trencarem la cara i us trencarem el xiringuito” (“Si no marcháis de aquí, os romperemos la cara y el chiringuito”) o “No podeu estar aquí en aquesta Diada que és de Catalunya” (“No podéis estar aquí en esta Diada que es de Cataluña”). Incluso le ofrecieron a la dirigente “darle de hostias”, según quedó probado en el juicio. Las investigaciones de los Mossos d’Esquadra permitieron detener a tres radicales: Marc Font, Jaume Font y Marc Cros vinculados a movimientos independentistas, con antecedentes en alborotos anteriores y que regentaban otro chiringuito independentista en la misma plaza.
Los acusados, según UPyD, tuvieron el respaldo de dirigentes de Reagrupament Independentista, el partido creado por el ex consejero de gobernación Joan Carretero, escindido de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Un juzgado de Reus condenó el pasado 22 de octubre a los tres jóvenes a pagar una multa de 240 euros cada uno por amenazas e injurias. Tras el fallo, interpusieron recurso, pero esta misma semana los tribunales volvieron a ratificar la primera sentencia.
El coordinador de UPyD en Cataluña, Ángel Hernández, señaló a este diario que “no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando se ejerce violencia quebrantando los principios elementales de la libertad”. Por eso, reclama que “todos los partidos” denuncien hechos similares “con claridad y contundencia”. Casos como éste, sin embargo, son aislados y se reproducen muy de vez en cuando.
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