El señor Montilla y su vecina, la señora García

Cartas al Director

Señor Montilla, tiene una conversación pendiente con la señora García. ¿No recuerda quién es?

La señora García era su vecina Juana, Juana García. Aquella vecina del 4º 1ª del bloque de viviendas del barrio de San Ildefonso de Cornellá, barriada de la periferia de Barcelona al que usted llegó desde Iznájar.

Cuando tenga a bien mantener una conversación con ella, dígale que ella ha dejado de tener libertad individual y que usted habla por ella y que, además, ahora todo lo que ella diga o haga será para romper su relación con España. Dígale que dejará de ser española.

Dígale que la catalanidad impuesta por usted y los de su calaña es democrática. Dígale que si no acepta la normalización pancatalanista vestida de nacionalsocialismo no podrá ser considerada ciudadana de una parte de España que se llama Cataluña. Dígale que algunos pretenden identificar ese trocito de España con un país independiente amparándose en mentiras, falacias, engaños y saqueos.

Dígale que esas cuatro patas sustentan una construcción nacional con grandes ansias de centrifugar y depurar a los que no están por la labor de colaborar en sus ansias imperialistas, desarrollando un Estatuto plagado de inconstitucionalidad.

Dígale a su vecina Juana que cuando vote no busque la papeleta del PSOE, porque el PSOE no se presenta en Cataluña y que Felipe González ya no es el candidato.

Turruchel Alcantud

Cornellá (Barcelona)

La independencia de Cataluña

16 Diciembre 2009 · 7 comentarios

Acaba de celebrarse un referéndum informal —por no calificarlo de ilegal— en 166 municipios acerca de la independencia de Cataluña, con una muy mediocre participación y un resultado evidentemente adulterado por la admisión al voto de los menores de edad y los inmigrantes extranjeros. Ello hace que ni siquiera la cuarta parte de la población censada en esos municipios —seleccionados por los organizadores de la consulta por ser los más nacionalistas de la región— se haya manifestado favorablemente a esa independencia. La valoración política que ello merece es que el nacionalismo ha fracasado en su intento de generar un problema institucional, pues no ha logrado el resultado abrumador que esperaba. No obstante, de ello no se infiere que las fuerzas independentistas no vayan a persistir en sus acciones propagandísticas destinadas a desestabilizar la democracia en España y, por esa vía, abrir la oportunidad de ejercer la secesión.

En estas circunstancias, tal vez merezca la pena adentrarse en la economía de la secesión catalana para efectuar una estimación de los efectos que una eventual independencia de Cataluña con respecto a España podría producir para dicha región. La economía de la secesión ya la he estudiado para el caso del País Vasco, por lo que me ceñiré ahora a las pautas metodológicas que se establecieron en ese trabajo. Y, de entre todos los temas posibles, he escogido para este texto el de los efectos de la independencia sobre el comercio exterior catalán.

Uno de los aspectos en los que los nacionalistas insisten cuando plantean sus proyectos secesionistas es el de la estabilidad institucional de las relaciones económicas, como si la cuestión de la independencia fuera sólo un asunto político carente de conexión con la economía. Ello se traduce en la idea de permanencia dentro de la Unión Europea, de manera que, en lo que atañe a las relaciones comerciales, no habría ningún cambio institucional con la secesión. Más en concreto, en el referéndum recién celebrado la pregunta planteada contiene esa premisa sin ningún eufemismo, tal como se desprende de su texto: «¿Quiere que la nación catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?».

Sin embrago, esa estabilidad institucional no es obvia debido a que:

• En primer lugar, la Unión Europea la forman Estados de manera que las regiones que forman parte de éstos se integran en el espacio europeo a través de ellos.
• Los tratados constitutivos de la Unión Europea no han previsto en ningún caso la posibilidad de la secesión de algún territorio, por lo que, de producirse ésta, la región que formara un nuevo Estado quedaría fuera de la Unión. El precedente establecido por Argelia —que formaba parte de Francia como un Departamento más cuando, en 1962, accedió a la independencia— lo señala con total nitidez; y así lo han declarado expresamente en el Parlamento Europeo tanto la Comisión como su Presidente.
• En consecuencia, la secesión de un territorio y la formación de un nuevo Estado implicaría para éste, si quisiera formar parte de la Unión Europea, la necesidad de proceder a la negociación de su adhesión. Tal negociación, en el caso más favorable —es decir, en el caso de que no hubiera ningún veto por parte de los Estados miembros de la Unión— requeriría un plazo no inferior a cinco años. Si además se planteara la entrada en la Unión Monetaria Europea —cuyos requisitos en cuanto a la estabilidad monetaria, el equilibrio de las cuentas públicas, la ausencia de devaluaciones y el mantenimiento de bajas tasas de inflación, establecidos en el Tratado de Maastricht, son muy estrictos— ese plazo podría fácilmente duplicarse.

En resumen, al menos durante una década el Estado independiente de Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea. Y, en tal circunstancia, quedaría establecida una frontera económica, además de política, entre esa región y España, así como con respecto a los demás países de la Unión Europea. Y las fronteras económicas implican costes para las transacciones comerciales. Unos costes que afectan a la competitividad de las exportaciones y, por tanto, al nivel de éstas, lo que, a su vez se refleja en el Producto Interior Bruto (PIB).

Veamos esos costes no sin antes aclarar algunas de las cifras fundamentales de la economía catalana y sus relaciones comerciales exteriores:

• El PIB de Cataluña en 2008, según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), fue de 216.923 millones de €.
• Cataluña exportó al resto de España 84.682 millones de € e importó 62.908 millones de € —cifras éstas que no proporciona el IDESCAT y que he estimado a partir de la Tabla input output de Cataluña correspondiente a 2001, proyectando las cifras hasta 2008 con la restricción de que el saldo correspondiente fuera el mismo que figura en la Contabilidad Regional publicada por dicho organismo—. El saldo es, por tanto, positivo e igual a 21.774 millones de €.
• Las exportaciones catalanas al resto del mundo fueron de 65.368 millones de € —de los que 35.911 correspondieron a los países de la Unión Europea— y las importaciones de 80.438 millones de € —correspondiendo 45.168 a la UE—, con lo que el saldo de estas operaciones fue negativo por un valor de –15.070 millones de €.
• Por consiguiente, el saldo comercial externo de la economía catalana —es decir, la suma de los saldos con el resto de España y con el resto del mundo— fue positivo por un valor de 6.704 millones de €.

Pues bien, a partir de estas cifras se puede hacer un ejercicio de simulación acerca de lo que ocurriría en Cataluña si, como fruto de la independencia, aparece una frontera económica con España y la Unión Europea. Los supuestos de los que parte ese ejercicio son los siguientes:

• La frontera económica se traduce en la aplicación a las exportaciones catalanas a España y los demás países de la Unión de un arancel equivalente a la actual protección media de la economía española con respecto a las importaciones procedentes del territorio exterior a la UE. Esa protección fue, en 2008, del 1,07 %.
• Asimismo, la frontera implica la aparición de unos costes de transacción derivados de los trámites aduaneros, inspección de mercancías, tramitación de licencias, riesgo del tipo de cambio —dado que Cataluña estaría fuera del área del euro y su moneda dejaría de ser la divisa europea— y otros elementos habituales en las operaciones exteriores, equivalentes al 13 % ad valorem, cifra ésta que ha sido estimada por la OCDE para los países desarrollados.
• La elasticidad–precio —es decir, la relación entre la variación de las cantidades comerciadas y la variación en los precios de las mercancías y servicios— de las exportaciones e importaciones catalanas es la misma que el Banco de España ha estimado para las españolas. O sea, –1,3 en el caso de la exportación y –0,6 en el de la importación.
• El efecto frontera —concepto éste que alude a la intensidad de las relaciones comerciales de una región con todas las demás de España por comparación con cualquier otro país del mundo en condiciones de equivalencia de tamaño de las respectivas economías y distancia en kilómetros— se reduciría a la mitad, tal y como ocurrió en los casos de las viejas repúblicas soviéticas cuando se disolvió la URSS o en las repúblicas balcánicas cuando se deshizo Yugoslavia tras la muerte del mariscal Tito. Es decir, si actualmente Cataluña comercia con las demás regiones de España con una intensidad que es 22 veces mayor que con cualquier otro país del mundo a igualdad de tamaño y distancia, esa intensidad pasaría a ser de sólo 11 veces. Ello es equivalente a una reducción de la protección de esas relaciones internas a España con respecto a las exteriores desde el 53 % ad valorem hasta el 27 %. O lo que es lo mismo, la reducción del efecto frontera sería equivalente a la imposición de un arancel entre la Cataluña independiente y España del 26 % ad valorem.
• Finalmente, como es habitual se parte del supuesto de reciprocidad, de manera que el Gobierno de Cataluña respondería a la aparición de la frontera económica imponiendo a las importaciones procedentes de España y los países de la UE un arancel igual al vigente en estas naciones.

Pues bien, con estos supuestos y haciendo las operaciones pertinentes cuyo detalle le ahorro al lector, se llega a los siguientes resultados en la simulación:

• Las exportaciones de Cataluña hacia España, como derivación de la reducción del efecto frontera, la protección arancelaria y los costes de transacción, experimentarán un aumento de precios del 40,07 %. Y, como consecuencia de tal aumento de precios su volumen acabará reduciéndose en 44.112 millones de €, trasladándose esta caída a la producción, de manera que el PIB se minorará en un 20,3 %.
• Las exportaciones catalanas hacia los demás países de la Unión Europea, en virtud del arancel y los costes de transacción, se encarecerán en un 14,07 %, con lo que también acabarán reduciéndose hasta una cifra de 6.568 millones de €. La traslación de este efecto negativo al PIB será equivalente al 3,1 % de su nivel actual.
• Por tanto, el PIB de Cataluña experimentará con la independencia una caída de 50.580 millones de € o, lo que es lo mismo, del 23,4 %. En términos por habitante, la Cataluña independiente registrará una reducción desde los 29.457 € per capita actuales a sólo 22.575 €. O sea, de ser una región más rica que la media española —que es de 24.020 € por habitante— pasará a ser una nación más pobre que esa media. O también se puede decir que los catalanes, salvo que una buena parte de ellos abandonen su nación, se empobrecerán hasta llegar a un nivel equivalente al que actualmente gozan los ciudadanos de Ceuta.
• Si aplicamos los supuestos antes señalados a las importaciones de Cataluña se llega al resultado de una reducción de las procedentes de España de 15.124 millones de €; y de las originarias de los otros países de la UE, de 3.183 millones de €. O sea, esas importaciones se verán disminuidas en una cifra equivalente al 8,8 % del PIB actual de la región.
• Y trasladadas todas esta cifras al cálculo de los saldos exteriores, se llega a este resultado: por una parte, el saldo con España pasará a ser deficitario por un valor de –7.124 millones de € —recuérdese que actualmente hay un superávit tres veces superior a esa cifra—; y, por otra, el saldo negativo con el resto del mundo aumentará su tamaño hasta alcanzar una cifra de –18.455 millones de €. En conjunto, el déficit exterior de la Cataluña independiente alcanzará los –25.669 millones de €, una cifra ésta que será equivalente al 15,4 % del PIB de la nación catalana.

En otras palabras, la Cataluña independiente será la nación más deficitaria del mundo. Claro que, para llegar a ese déficit tendrá que encontrar a algún país que se lo financie, lo que, dado lo abultado de la cifra, seguramente será imposible. Y entonces, una crisis aún más profunda que la que las cifras anteriores describen se cernirá sobre la economía catalana empobreciendo aún más a sus habitantes. Serán éstos los que, en esa situación, descubrirán que el negocio que les propusieron los nacionalistas con su referéndum no era el de la felicidad sin límite, sino el de una espiral de pobreza, y que, por tanto, no merecía la pena.

Este es el mensaje que, desde la economía de la secesión, puede transmitirse a los ciudadanos de Cataluña. Sin embargo, soy consciente de que un mensaje así nadie quiere recibirlo y que, como señaló Gabriel García Márquez en un pasaje de sus memorias alusivo al declive de Aracataca, «o nadie lo creía o nadie se atrevió a pensar en sus estragos». Fue el mismo García Márquez el que describió esos estragos señalando que la decadencia se llevó todo: «El dinero, las brisas de diciembre, el cuchillo del pan, el tiempo de las tres de la tarde, el aroma de los jazmines, el amor. Sólo quedaron los almendros polvorientos, las calles reverberantes, las casas de madera y techos de cinc oxidado con sus gentes taciturnas, devastadas por los recuerdos».

Mikel Buesa

Vivís de mi dinero

Oscar Molina.Clases Medias.

Paso fuera de mi casa y lejos de mi familia una media mensual de 360 horas (15 días completos), contribuyo al fisco con un 40% de mi salario; entre impuestos directos, indirectos, tasas obligatorias y demás gravámenes, trabajo más de la mitad del año para el Estado. Pago un colegio a mis hijos, mientras financio un sistema de educación pública; me dejo un turrón en una póliza de sanidad privada, pero abono religiosamente mi correspondiente diezmo para que muchos puedan tener cuidados médicos. De lo segundo no me quejo (a pesar de que nadie me lo reconozca) y de lo primero no me quejaría si no fuese porque la educación pública consiste en meter a los niños en fábricas de ignorantes donde sólo se hace hincapié en su adoctrinamiento en un conjunto de paridas sin sentido.

Muchos están peor que yo. Se levantan a las 6 de la mañana, vuelven a casa cuando sus hijos se van a la cama, conviven con la cotidiana amenaza de perder su trabajo y hacen encaje de bolillos para que el fruto de su sacrificio vital les permita llegar a fin de mes.

Y otros, de número creciente, están aún peor. Han perdido su trabajo y conservan escasas esperanzas de conseguir otro.

Todos, de alguna manera, ponemos un montón de dinero para que vosotros, que sois muchos, os alimentéis de nuestra pasta.

Porque vosotros, incompetentes ejecutivos de la nada, mediocres gobernantes de nuestro Estado central, vivís de nuestro dinero. Sois parte un elefantiásico entramado de Ministros, Secretarios de Estado, Directores Generales, y parásitos varios que contáis con un ejército de asesores, viajáis en coche oficial y reserváis Clase Preferente en vuestros viajes privados, con mi dinero. A cambio, resultáis totalmente incapaces de resolver nuestros problemas, no garantizáis nuestra seguridad ni dentro ni fuera de España, no nos protegéis del desempleo, ni prestáis servicio alguno. Sólo se os ocurren normas para coartar nuestra libertad, para vigilarnos, atemorizarnos y decidir qué es bueno para nosotros. Tomáis posesión de nuestra vida pública, privada y de nuestro dinero para complicarnos la vida, y parís normativas orientadas a seguir siendo necesarios, a no permitirnos deshaceros de vosotros.

Por si fuese poco, inventáis problemas inexistentes, enfrentáis a la sociedad reabriendo debates cerrados, legisláis para cuatro, y tenéis la jeta de pagar un sueldo a majaderas de manual sin el menor sentido el ridículo que nos hablan de “acontecimientos planetarios”. Todo con mi dinero.

Vosotros, prebostes de alguno de los diecisiete gloriosos mini-estados autonómicos, también vivís de mi pasta. Unos subidos a cuentos imposibles como la fábula de Aitor, otros mitificando a unos segadores de hace cuatrocientos años. Los demás, a rueda de éstos, os habéis montado un chiringuito de consejerías, direcciones, subdirecciones, patronatos, embajadas y demás máquinas de gastar. Con mi dinero, claro está. Usáis la pasta que yo gano trabajando para fomentar la insolidaridad y sembrar el odio a España; reclamáis la parte que vuestros inverosímiles derechos históricos os adjudican para poder aumentar la pléyade de vuestros deudos, para comprar votos con empleos a dedo. Vivís en la reivindicación permanente que haga andar a una bicicleta que se caería si parara. Vosotros, garrapatas, no resistiríais el mínimo ejercicio de competencia para la obtención de un puesto de trabajo en el ámbito privado, vuestro único mérito es haber medrado en la estructura de un partido político. Y ahora, vivís de mi dinero.

¿Y qué decir de vosotros? Sabandijas de los sindicatos de clase. Liberados del trabajo, la responsabilidad y el cumplimiento del deber. ¿Cuántos sois? Sólo en Madrid, 3200; sólo en Madrid vuestro chollo nos sale a los contribuyentes por 77 millones de euros. ¿Para qué? Para que tengáis el uniforme, el mono o la bata sin estrenar. Para que viváis de una novela en la que sois los únicos personajes, porque no representáis a nadie, sin acudir a vuestro puesto de trabajo. No tenéis afiliados, no defendéis nada, firmáis condiciones laborales de miedo para vuestros presuntos representados, cobráis un canon por los ERE´s, o lo que es lo mismo, sangráis al currito en concepto de “asesoramiento” cuando le ponen en la calle; os dedicáis a hacer política, calláis cuando miles de currantes pierden su empleo por no molestar a otros chupones de vuestra cuerda, y ejercéis la protesta asimétrica según quien gobierne. No valéis para nada, no arregláis nada, no solucionáis nada, no defendéis a nadie, algunos habéis conseguido llevar tan lejos vuestros tejemanejes que acabáis de directivos en vuestras empresas…y vivís de mi pasta.

Y no me olvido de vosotros. Engreídos “creadores”, apoteósicos mediocres del arte presunto, vividores del mérito subvencionado y subvencionable. Vosotros también vivís de mi pasta. Os señaláis la ceja para apoyar sin disimulo a quien os ha puesto en casa, alimentáis vuestra vida regalada de mis impuestos, y además me insultáis. Si no voto al partido que os gusta, podéis llamarme “hijo de puta”; si no comulgo con el Gobierno que os pone el pesebre pedís que se me encierre en un cinturón sanitario; si voto a quien no os mola, me llamáis asesino…todo eso después de que este hijo de puta, asesino y carne de sanidad progre os haya dado de comer con su dinero, a cambio de que produzcáis bodrios infumables que tratan de ganar una guerra 70 años después o que sólo sirven para que alguno pueda liberarse de sus complejos, algunos sexuales.

Habéis conseguido que todo hijo de vecino sea considerado delincuente preventivo y tenga que pagaros cada vez que se compra un teléfono móvil, una impresora, un ordenador…Habéis forzado la máquina de quien tanto os debe como para permitiros reclamar el tributo a quien se bautiza, hace la comunión, se casa o baila en la plaza del pueblo; cualquier día nos sangraréis en nuestro entierro. Vosotros, bucaneros de la creación de medio pelo, no venderíais ni uno sólo de vuestros estofados en el mercado privado, no conseguiríais financiación ni para la décima parte de vuestras piltrafas. La inmensa mayoría de los que vivís de mi contribución y de sirlarme, no seríais capaces de engañar a un inversor para que sufragase las medianías que nos colocáis. Vivís del cuento, y encima os ponéis chulos mientras me metéis la mano en la cartera. Firmáis manifiestos para los que no tenéis la menor legitimidad ni altura moral, y os auto designáis como el “mundo de la cultura”; entregáis rosas por la Paz a los asesinos, os vestís de palestinos entre playa y casino, y no tenéis una puñetera palabra para los que cayeron muertos de un tiro en la nuca, sin poder oler esas rosas que entregabais, mientras pagaban vuestros saraos y se retrataban cada vez que compraban un CD.

Todos vivís de mi pasta y sois muchos, cada vez más. Y nosotros cada vez menos.

Coalición Pro Acceso Porque tenemos derecho a saber

Los 9 principios

Uno. El derecho a la información es un derecho de todas y todos.

El acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

Dos. El derecho de acceso se aplica a todas las entidades públicas.

El derecho se aplica a todas las entidades públicas, incluso a todos los poderes del Estado (poder judicial y el poder legislativo incluidos) así como todas aquellas entidades privadas y personas naturales que ejercen autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operan con fondos públicos.

Tres. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.

Sencillo: Los solicitantes deben tener el derecho de realizar las solicitudes de forma escrita u oral, en los idiomas oficiales de su autonomía, y el único requisito debe ser proporcionar un nombre, una dirección postal o de correo electrónico, y la descripción de la información buscada, sin que se les exija justificar el motivo de su solicitud.

Rápido: La información debe ser entregada inmediatamente o dentro un plazo de 15 días hábiles. Sólo en casos excepcionales, cuando la solicitud sea complicada y siempre con notificación al solicitante, la entidad pública podrá ampliar este plazo otros 15 días hábiles. El plazo sólo podrá ampliarse una vez.

Gratuito: El acceso a la información debe ser gratuito. Los solicitantes tendrán el derecho de consultar documentos que contengan la información buscada y/o a recibir información por correo electrónico de forma gratuita. Sólo se podrá cobrar una tasa al solicitante si se solicita copias de documentos. La tasa no podrá exceder el coste real en el que incurra la autoridad pública, que deberá ser, en todo caso, razonable y no exceder el coste real en el que incurra la autoridad pública. De la misma manera, cuando se trate de información que se entregue en otros formatos (como CDs, cintas de audio y/o video, etc.) se podrá cobrar únicamente el coste del soporte.

Cuatro. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.

Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes de información. Asimismo cada entidad pública y privada obligada por la ley de acceso a la información tendrá que designar uno o más funcionarios como Responsables de Información. El Responsable de Información recibirá y gestionará las solicitudes, ayudará a los solicitantes en sus búsquedas de información, y promoverá el conocimiento del derecho de acceso a la información dentro de su institución.

Cinco. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.

Toda información en poder de las administraciones, de todos los poderes del Estado y de todas aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas debe ser pública. La denegación de acceso a cualquier tipo de información debe ser excepcional y solamente podrá fundamentarse en aquellas razones que específicamente se incluyan en la ley de acceso a la información, como pueden ser la seguridad nacional, protección de datos personales, la protección de secretos comerciales, o la prevención o investigación de delitos. Las excepciones tienen que ser en conformidad con las previstas por la Convención sobre acceso a documentos públicos del Consejo de Europa y sujetos a una prueba del daño al interés o derecho protegido así como una prueba de interés pública en conocer la información.

Seis. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.

Las denegaciones de acceso a la información deben estar justificadas y tener un carácter limitado. La ley debe establecer el principio de acceso parcial: Cuando un documento contenga información solicitada junto con otra información que caiga bajo uno de los límites establecidos por la ley, la entidad tendrá que separar la información reservada de la que pueda entregarle al solicitante, pero no podrá negar el acceso a toda la información.

Siete. Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.

Éstas podrán ser impugnadas mediante el régimen de recursos administrativos previstos en la Ley y, en su caso, en vía contencioso-administrativa, a través del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ocho. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud.

Todos las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público un registro de todos los documentos que poseen y deben asegurar el acceso fácil y gratuito a la información sobre sus funciones, responsabilidades, gastos, y aquella información trascendente que les corresponda, sin necesidad de que esta información les sea solicitada. Dicha información debe ser actual, clara, y estar escrita en lenguaje sencillo.

Nueve. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

Al igual que en la mayoría de los países que tienen una ley específica de acceso a la información deberá crearse una agencia o comisionado específico e independiente para revisar las denegaciones o no contestaciones a las solicitudes de acceso a la información. Asimismo este órgano se encargará de promover el conocimiento de este derecho entre los ciudadanos así como de impulsar su desarrollo en nuestra sociedad.

APOYA LOS PRINCIPIOS QUE PROMUEVE LA COALICIÓN PRO ACCESO !

El contenido del Estatut, o España como colonia

La inmensa mayoría de los españoles, catalanes o no, informados o no, desconocen el contenido del Estatut. Unos están a favor porque creen que les favorece y otros en contra justo por lo contrario, pero ni los unos ni los otros conocen bien cómo ni por qué. Por ello trataré de exponer sucintamente en qué consiste el Estatut en algunos temas clave.

Dos reflexiones previas: los miembros del Constitucional, que conociendo perfectamente su inconstitucionalidad, han dejado pudrirse más de tres años este desafío total a la nación, tendrán sin duda un veredicto muy duro por parte de la Historia. Y el gran responsable, José Luís Rodríguez Zapatero, si lo peor se confirma, quedará a un nivel similar a los hijos de Witiza y al obispo Oppas, cuya traición a su Patria la aciaga mañana del viernes 31 de julio del 711, a orillas del río Guadalete, llevaría a ocho siglos de terrible y cruel opresión, donde la cultura más floreciente de occidente sería aniquilada.

Además, increíblemente, el Estatut fue sometido a “referéndum” sólo de los “beneficiarios”, el 15 % de la población; pero al 85% al que perjudica nadie le preguntó nada. Y sobre todo, y a pesar de la masiva campaña a favor, se puso de manifiesto la indudable grandeza del pueblo catalán: dos de cada tres catalanes no lo apoyarían.

Identidad

Sus redactores definen Cataluña como nación. Esta afirmación es el soporte filosófico esencial de la propuesta de Estatuto, sin ésta idea el conjunto del texto carece de sentido. Simultáneamente niegan a España esta condición, una aberración histórica, que hoy se enseña en todas las escuelas catalanas. España una de las naciones más viejas del mundo no es una nación, porque así lo han decidido cuatro nacionalistas enloquecidos apoyados por Zapatero, para quien España “es un concepto discutido y discutible”.

Sin embargo, Cataluña jamás ha sido una nación. No existía en la Hispania romana, ni en la España visigoda. En el 801 el imperio carolingio funda la Marca Hispánica una serie de condados donde destacaría el de Barcelona, aunque durante 200 años los reyes francos mantendrían su autoridad feudal. A partir del siglo XI la autonomía es total, pero sin llegar a constituir un reino. En 1137, y a través de un matrimonio, el Condado de Barcelona pasó a formar parte del reino de Aragón. El hijo Alfonso II recibió las dos herencias, y ambas mantendrían una gran autonomía que permitiría una política fuertemente expansionista. En 1479 Castilla contaba con 5 millones de habitantes y Aragón-Cataluña con uno, 6 millones con los que se haría un Imperio. La lengua, el catalán, tampoco es un idioma, sino un dialecto del provenzal. Esto son los hechos históricos y no los delirios y mentiras nacionalistas.

Competencias

El tema central es la diferencia abisal entre texto y realidad. El texto es inaceptable, su aplicación real una felonía. Se recoge el derecho inalienable a la autodeterminación y a las relaciones con territorios con “vínculos históricos”, su significado real: la anexión de Aragón, Valencia y Baleares, la exigencia inmediata después del Estatut. La Generalitat es Estado y en consecuencia las relaciones con España se rigen por el principio de bilateralidad, pero su aplicación real convierte a España en una colonia. Así, el Estatut establece el derecho inalienable de la Generalitat a participar en todas las instituciones del Estado, Banco de España, CNMV, Tribunal de Cuentas, RTVE, etc, mientras que España no tiene derecho alguno a participar en las instituciones catalanas.

Se tiene “derecho a la opción lingüística”. En realidad la Generalitat proscribe y persigue el español con todos los medios a su alcance; se puede rotular, enseñar o hablar en el recreo, en inglés, en francés o en italiano, pero no en español. Se instaura un sistema judicial propio con todos sus órganos y donde el Tribunal Supremo de Cataluña es la última instancia, y se ignoran en la práctica la Constitución, los tribunales de Justicia de España y el Supremo. Toman el control de la Enseñanza y las titulaciones. También de las Cajas de Ahorro, cuyos beneficios “deben atender a las necesidades económicas catalanas con prioridad absoluta”, aunque dos tercios de los mismos no se obtengan allí. Como “nación soberana”, pasan a controlar la gestión de las infraestructuras, puertos, aeropuertos, espacio aéreo y telecomunicaciones, y también se hacen cargo del control de entrada y estancia de extranjeros.

Financiación

La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos en Cataluña. Es decir, como Estado soberano que se autoproclama, la Agencia Tributaria de Cataluña se encarga de la gestión, recaudación, e inspección de los impuestos propios, o lo que es lo mismo, de los generados en Cataluña por catalanes y no catalanes, y de los generados fuera de Cataluña por empresas y productos catalanes. Esto significa que los IVAs de las ventas de productos y servicios catalanes fuera de Cataluña o el Impuesto de Sociedades de empresas catalanas por sus beneficios en el resto del país, los recauda, gestiona e inspecciona la Agencia Tributaria Catalana.

En teoría, parte de los rendimientos de estos impuestos se traspasará al Estado, pero sólo si “no altera en ningún caso la posición de Cataluña en el ordenamiento de las rentas per cápita entre CCAA” (Art. 206), es decir, que si por la incompetencia, el despilfarro probados de la Generalitat, Cataluña perdiera renta relativa -en 2008 crecieron 0,5 puntos por debajo de la media y 0,6 menos en lo que va de 2009, y es líder nacional en crecimiento del desempleo- en primer lugar no devuelven un céntimo, y después, si eso no bastara, “la Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad” para que no la pierdan. Además, cualquier medida del Estado o de la UE que perjudique a Cataluña, deberá ser compensada.

En resumen, el Estatut pone fin a la existencia de España como nación y nos convierte en una colonia donde colocar sus productos y servicios, y algo peor que una colonia: nos obliga a subvencionar el mantenimiento de su nivel de renta relativa.

Balanzas fiscales, comerciales y de ahorro-inversión

“España nos roba” afirman nacionalistas y separatistas, pero veamos quien “roba” a quién. Para ello, obviamente, hay que considerar la totalidad de flujos económicos: los fiscales, comerciales y de ahorro-inversión, son los más importantes.

Balanzas fiscales: Otra cesión disparatada de Zapatero al nacionalismo, porque las CCAA ni pagan impuestos ni reciben servicios, sólo los ciudadanos, y en todo país decente los ricos pagan más que los pobres. Botín, para resaltar el absurdo, exigiría públicamente su balaza fiscal. Según el BBVA, en el periodo 2001- 2005, cada catalán aportó 1.481 euros más de lo que recibió a la caja común, menos de la mitad que lo aportado por los madrileños, 3.247 euros. En cifras absolutas, en 2005 Cataluña habría aportado 12.269 millones más de lo que recibió, aunque de ésta cifra habría que deducir como mínimo su parte en el pago de los intereses de la deuda pública y aportación a la UE, el 18 %- su parte en el PIB- de 40.000 millones, o 7.200 millones a día de hoy.

Balanzas comerciales: Sólo en la de bienes, Cataluña obtuvo en 2005 un “superávit” con el resto de CCAA de unos 30.000 millones, más del doble del “déficit” fiscal, y añadiendo los servicios, fundamentalmente financieros y energéticos, el “superávit” es más del triple. Cataluña vende en el resto de España los dos tercios de lo que produce.

Balanzas de ahorro- inversión: Gracias a su red de Cajas, un 70 % de las inversiones en Cataluña se financian con ahorro captado en otras regiones.

El “España nos roba” no sólo es una memez, es un insulto inaceptable, pero mucho más inaceptables son todavía las campañas institucionales de la Generalitat a favor del boicot a los productos no catalanes, instando a comprar “productos de proximidad”.

Y una opinión autorizada del Sr. Bono en los pasillos del Congreso. “Esto es una locura. Ahora resulta que los socialistas se han hecho nacionalistas. Los nacionalistas, separatistas. Y los separatistas se han ido al monte. Esto tiene muy mala pinta”, y tan mala D. José y tan mala, pero su señoría votó por ello.
Roberto Centeno

Denuncia que suspenden a su hija por responder los exámenes en castellano

Natalia es una estudiante de sobresalientes. En este punto, y sólo en este punto, están de acuerdo los implicados en la última polémica por el uso de las lenguas cooficiales del Estado. Esta vez es en Valencia, donde Natalia, valenciana de 10 años, recibió el primer suspenso de su vida. Se lo puso la profesora de 'Conocimiento del Medio'. El motivo: "Has hecho el examen en castellano. Si escribes bien las respuestas es porque has entendido bien la pregunta en valenciano".

Juan Vicente Santacreu, su padre, aún no da crédito a lo sucedido: "Las respuestas eran perfectas, como siempre. Mi hija cursa quinto de Primaria y tiene un nivel de inglés semejante al de segundo de Bachillerato; escribe en el ordenador sin mirar el teclado y tiene amplios conocimientos de informática. Es una niña muy motivada y no es justo que la suspendan por contestar una prueba en castellano", sentencia.

"'Conocimiento del Medio' es la única asignatura que se imparte y se evalúa por escrito en valenciano en su curso. La niña debe responder en la lengua en la que se le explican los conocimientos, máxime cuando no tiene ningún problema para ello, pues saca notas altas en Lengua Valenciana", explica José Pascual Miramón, el director del Colegio Público Profesor Sánchez Guarner.

"Mi hija tiene el derecho constitucional a responder en castellano. Y punto. Si no es así, he pedido que me lo confirmen por escrito, algo a lo que no han accedido ni el director del colegio ni el inspector de Educación, quien me ha dicho que está hasta la narices del tema y que lo que yo busco es crear una brecha en el sistema educativo valenciano", responde el padre.

El Mundo.es

Manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Internet'

Esta viñeta, creada por Eneko para 20minutos.es y 20 minutos, tiene licencia Creative Commons. Puedes cogerla y usarla en el medio que desees en apoyo del Manifiesto, firmándola Eneko/20minutos.es. (Imagen: Eneko / 20minutos.es)

• Iniciativa de periodistas, bloggers, usuarios y creadores.
• Es una declaración que hace frente al anteproyecto que el Gobierno prepara sobre la regulación de Internet.
• ¿Tienes dudas sobre la nueva norma? David Bravo responde.
• Dile a la ministra de Cultura qué piensas de la ley.

nte la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.