La ciudadanía se puede definir como "El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público."

martes, 27 de octubre de 2009

Detenidos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y dos altos cargos en gobiernos de Pujol

Al menos ocho detenidos en una operación relacionada con tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
La Guardia Civil ha detenido esta mañana al alcalde de Santa Coloma de Gramenet (PSC), Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo de la localidad, Manuel Dobarco Touriño, al director gerente de la alcaldía, Pascual Vela, a dos altos cargos en gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra, que ocupó las carteras de Gobernación y Economía, y Lluís Prenafeta, mano derecha de Pujol y secretario de Presidencia, así como al ex diputado socialista en el Parlamento catalán Luis García, en una operación que lleva a cabo en la provincia de Barcelona por orden del juez Baltasar Garzón y que está relacionada con presunto blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias, según han confirmado fuentes de la investigación. El presidente de Proinosa, el constructor Josep Singla (también vicepresidente de la Cámara de Contratistas de Cataluña y del Gremio de Constructores de la provincia de Barcelona), y el presidente del grupo inmobiliario Espais, Lluis Casamitjana, también figuran entre los detenidos en la operación anticorrupción. Los detenidos declararán mañana ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional.

La investigación judicial arranca de las pesquisas llevadas a cabo por el juez Garzón en 2002 sobre BBVA Privanza, que opera en las Islas Jersey. El juez de la Audiencia Nacional llegó a la conclusión de que algunos supuestos implicados en este caso -Macià Alavedra y Lluís Prenafeta- habían transferido parte de los fondos que supuestamente tenían en las Islas Jersey para blanquearlo en una operación urbanística desarrollada por el Ayuntamiento de Santa Coloma. Se trata de unos terrenos en los que actualmente está construido el centro comercial Gramanet que fueron vendidos en subasta en la época en que la alcaldesa era la socialista Manuela de Madre.

Reventa de terrenos

Los compradores lo revendieron a unos terceros y posteriormente el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet llegó a un acuerdo con ellos ante la presión ejercida por los comerciantes de la zona. De esa manera, se redujo el suelo comercial, se construyó un hotel y una residencia de ancianos. Estos nuevos propietarios lo acabaron vendiendo otra vez.

Agentes de la Guardia Civil se han desplazado hoy a la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet en el marco de esta operación para registrar varios despachos de la sede municipal, de donde han hecho salir a los funcionarios para llevar a cabo la operación. El alcalde, Bartomeu Muñoz, ha sido trasladado esta tarde a la sede consistorial de esta localidad para presenciar parte del registro de varias dependencias municipales. Probablemente el sustituto de Muñoz sea el actual presidente de la Diputación de Barcelona y concejal de Santa Coloma por el PSC, Antoni Fogué, a la sazón marido de la dirigente socialista Manuela de Madre.

Repercusión en Badalona

Como consecuencia de la misma operación policial, el Ayuntamiento de Badalona ha recibido esta tarde un requerimiento judicial secreto en el que se le solicitaba información sobre un solar no edificado de esta población. Al parecer, el terreno podría guardar alguna relación con las sociedades investigadas por Garzón e implicadas en la trama, si bien el alcalde de Badalona, el socialista Jordi Serra, declinó dar más detalles sobre la ubicación del solar, informa Jesús García. También declinó explicar las relaciones del consistorio con las empresas Proinosa y el grupo inmobiliario Espais, aunque apuntó que el consistorio no ha sufrido ningún registro y que ha ofrecido la máxima colaboración con la justicia.

¿Quién es quién en la operación?

Bartomeu Muñoz Calvet (Santa Coloma de Gramanet, 1957) . Es alcalde de esa localidad desde junio de 2002 cuando sustituyó en el cargo a Manuela de Madre, que se retiró de la primera línea política a raíz de una enfermedad. Además de alcalde, Bartomeu es vicepresidente de la Diputación de Barcelona.

Hijo de Blas Muñoz, último alcalde franquista de de Santa Coloma (1975 y 1979) y promotor urbanístico, Bartomeu Muñoz se afilió con 18 años a la Federación Catalana del PSOE.

Pese a que es alcalde de una localidad del cinturón industrial de Barcelona, Bartomeu tiene su residencia en el Turó Parc, en una de las zonas más exclusivas de la capital catalana. Bartomeu es desde 1983 concejal de Santa Coloma y alcalde desde 2002 cuando sustituyó a De Madre.

En las elecciones de 2003, ganó las municipales por mayoría absoluta pero formó una coalición de gobierno con el PSC, ICV-EUiA y CiU. En los comicios de 2007, revalidó la mayoría absoluta aunque ya optó por gobernar en solitario.

Macià Alavedra i Moner (Barcelona, 1934). Fue uno de personaje clave en diferentes gobiernos de Jordi Pujol. Hijo del que fuera secretario de los presidentes de la Generalitat Lluís Companys y Francesc Macià, Alavedra vivió durante su infancia en el exilio. En 1974 fundó junto a Ramon Trias Fargas el partido Esquerra Democràtica de Cataunya que luego acabaría fusionándose con Convergència.

Durante su larga trayectoria política, Alavedra ocupó diferentes carteras en los sucesivos gobiernos de Pujol como las de Gobernación, Industria y Energía y Economía y Finanzas. Fue diputado desde 1979 hasta 1995 tanto en el Congreso como en el Parlament de Catalunya. En 1997, renunció a su escaño de diputado y a la consejería -le sustituyó Artur Mas, actual presidente de Convergencia.

Fue nombrado presidente del consejo de administración de la sociedad Autopistas de Catalunya. Alavedra declaró como testigo en el sumario por corrupción instruido contra el juez Pasqual Estevill, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU.

Lluís Prenafeta (Ivars d'Urgell, Lleida, 1939) . Es empresario: empezó su actividad profesional en el sector de la piel con la empresa familiar Tipel.

Prenafeta fue el brazo derecho del presidente de la Generalitat Jordi Pujol, durante nueve años. Se afilió a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en 1976 y ahí empezó su carrera política. El 8 de mayo de 1980 fue nombrado secretario general de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, lo que le convirtió en el número dos del Gobierno catalán y hombre de confianza de Pujol.

Presentó la dimisión el 9 de marzo de 1990 tras conocerse que la fiscalía de Barcelona había abierto una investigación para determinar si existía incompatibilidad con el cargo que ocupaba en el Ejecutivo catalán y sus actividades en el mundo de los negocios, en concreto Tipel.

El caso fue archivado por la Audiencia de Barcelona el 5 de marzo de 1993. No encontró delito, pero advirtió a los cargos públicos que su dedicación debía ser exclusiva. Dos años más tarde, Prenafeta también fue citado a declarar como inculpado en el llamado caso Casinos, que investigó un supuesto desvío de 3.000 millones de pesetas de Casinos de Catalunya para financiar Convergència Democràtica. El caso fue archivado porque no existía la figura de delito de financiación ilegal de partidos políticos.

En 1995 Prenafeta declaró como inculpado en el caso Grand Tibidabo, que inculpaba a Javier de la Rosa de la pérdida de 10.000 millones de pesetas. El caso también fue archivado.

A su salida de la política, en 1990, fue nombrado presidente de la compañía Petrolis de Catalunya (Petrocat), promovida por la Generalitat. Y también asumió la presidencia de la empresa Túnel del Cadí. Prenafeta fue el principal promotor del diario El Observador, un intento fallido de Convergencia de tener un diario afín.

El País.com

lunes, 26 de octubre de 2009

Nazi-onalistas con Z

Radicales independentistas agreden a un dirigente local del PP catalán.

Un grupo de seis independentistas radicales propinaron patadas y puñetazos al presidente del PP catalán en la comarca barcelonesa del Berguedá, Joan Antón López, de 24 años, quien tras ser hospitalizado, presentó la correspondiente denuncia en la comisaría de los Mossos d´Esquadra. Los hechos ocurrieron el sábado por la noche, cuando la víctima tomaba una cerveza con un amigo en un bar de Berga. Ambos decidieron abandonar el local cuando vieron acercarse al grupo en actitud amenazadora. Según explicó López a ABC, uno de los radicales es miembro de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), partido de la izquierda independentista que en las últimas municipales logró dos concejales en Berga. Los agresores siguieron a López y, ya en la calle Mayor, le dieron una patada en la espalda y un puñetazo en la cara, mientras le proferían insultos del tipo «fascista» y «os vamos a matar». «Lo más indignante es que en tu propia ciudad te agredan por pensar de forma diferente», dijo López. El PPC calificó el ataque de «conducta batasuna».
M. J. CAÑIZARES | BARCELONA

domingo, 25 de octubre de 2009

Sistema electoral injusto

Cayo Lara y Rosa Díez se alían contra un "sistema electoral injusto"

Ambas formaciones coinciden en emprender acciones en Las Cortes

Izquierda Unida continúa su cruzada contra el "tsunami bipartidista", para lo que ha invitado a todas las fuerzas políticas del Parlamento a debatir sobre la reforma de la ley electoral y ha iniciado hoy las conversaciones con UPyD, con quien coincide en la necesidad de emprender acciones en Las Cortes y en la calle para poner fin a un sistema electoral "injusto".

El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha recibido en la sede de la formación a la diputada de UPyD, Rosa Díez, con quien ha analizado durante una hora qué pueden hacer conjuntamente para cambiar el sistema electoral no por un interés partidista, sino por la "calidad de la democracia".

Cayo Lara ha recordado que desde la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) han sido perjudicados por su sistema de reparto de escaños el CDS, el PCE, Izquierda Unida y ahora UPyD, un "castigo" que lleva a que el voto de un simpatizante de IU, por ejemplo, valga siete veces menos que el de alguien que en las urnas opta por el PSOE o el PP.

Tampoco es igual votar en un sitio u otro, y lo ha ilustrado con más ejemplos: un escaño "cuesta" unos 57.000 votos en Palencia y alrededor de 170.000 en Madrid.

Ha rechazado que una reforma de la LOREG dé más diputados a los grupos nacionalistas o regionalistas, sino que implicaría que los dos grandes partidos no "robarían" los escaños a los partidos nacionales pequeños.

Una reforma que, de haberse producido hace tiempo, podría haber implicado que España hoy se estructurase de otra forma, que la vertebración política y social fuese distinta, o que se practicasen políticas fiscales y sociales muy diferentes.

IU -que desde hace años mantiene su propia campaña y viene recogiendo firmas para promover la reforma de la LOREG, algo que ahora va a intensificar- ha enviado su invitación a todas las fuerzas parlamentarias, aunque de momento sólo han respondido UPyD, ERC, Nafarroa Bai y CiU, con quienes todavía no se ha fijado una fecha para reunirse.

Imprescindible y urgente

Rosa Díez, por su parte, ha manifestado que es "imprescindible y urgente" reformar un sistema electoral que si ya en los primeros años de democracia se desveló como injusto, hoy es "insoportable" para fuerzas políticas como UPyD o IU.

Y no sólo perjudica a los partidos pequeños que se presentan en todo el ámbito nacional, ha dicho, sino especialmente a los ciudadanos.

"Quien tiene la osadía de votar a un partido nacional que no sea el PP o el PSOE está discriminado, y eso es intolerable", ha remarcado.

Bajo esta coincidencia de criterios, Díez ha señalado que quiere explorar qué posibilidades hay de trabajar junto a IU u otras formaciones para sensibilizar a los ciudadanos e impulsar la reforma, con iniciativas en el ámbito parlamentario, político social, aunque por su parte, desde que es diputada de UPyD, ya ha defendido diversas iniciativas parlamentarias en este sentido.

Ambos han coincidido en que el informe que el Gobierno solicitó al Consejo de Estado sobre la reforma electoral les da la razón al afirmar que existen desajustes en el reparto de escaños, y que no hay ni proporcionalidad ni igualdad de oportunidades.

Por ello, han instado al Parlamento a que agilice los trabajos de la subcomisión que estudia esta reforma y al Gobierno a que se plantee hacer cambios, mientras que han invitado al resto de fuerzas políticas a promover un debate que llegue a toda la sociedad.

Públicos.es

viernes, 23 de octubre de 2009

Cine en catalan


A nadie debería importar que el 50% de películas fueran en catalán ya que nadie obliga a verlas. El problema es que después exigirían el 100% y además subvencionada su traducción y su ruinosa rentabilidad con dinero público que será detraído de fines necesarios y sociales, sin el más mínimo reparo.

En esta lucha no hay término medio, el único objetivo que debe buscarse con el nacionalismo es su desaparición total de la vida política aunque eso conlleve atreverse a defender el uso generalizado del idioma común; cosa difícil de conseguir después de que durante 30 años una clase política preocupada principalmente en sus intereses y corruptelas, ha dado lugar a una sociedad y una juventud cada día más idiotizada de tontos votantes útiles, incapaces de cualquier crítica especialmente en las comunidades con gobiernos nacionalistas.

Mientras que admitamos que el conocimiento de los idiomas regionales sea obligatorio y su conocimiento se considere un mérito (y automáticamente un demérito para quienes no los hablan), estamos aceptando la base del nacionalismo lingüístico. Mientras siga dando vergüenza usar el castellano en según qué momento y lugar, incluso a los no nacionalistas, no vamos a
cambiar casi nada.

Será imprescindible replantearse de nuevo muchas cosas si llegamos convencernos de que los que han programado la vida política, la conciencia social y hasta la educación en los últimos 30 años, no eran sesudos políticos cargados de agravios y de razón preocupados por el bien común, sino simples Millets.
Antonio

lunes, 19 de octubre de 2009

¿Cuantos Millet parasitan en Cataluña?

Los trabajadores de TVE denuncian que la dirección de Sant Cugat firma contratos millonarios con familiares.
Los trabajadores del Centro de TVE en Sant Cugat del Vallès exigen la dimisión de la directora Montserrat Abbad. Según denuncian, "desde el inicio de su gestión, en febrero de 2007, las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores, así como la propia producción del centro, han disminuido de manera alarmante, tanto en cantidad como en calidad".

Para el Comité de Empresa "una Dirección que muestra constantemente su incapacidad para resolver problemas y encontrar soluciones no es útil ni para los trabajadores ni para el servicio público que debe cumplir la empresa".

Según el comunicado de los trabajadores, "en una situación de fuerte contención económica en la empresa, esta Dirección ha hecho un derroche millonario en programas y contrataciones que han resultado ser un fracaso. Mientras se reduce el presupuesto para la producción propia, la Directora mantiene su coche oficial, un Mercedes con chófer, 24 horas a su servicio. Y sorprende que empeoren las condiciones laborales mientras se contrata a familiares y amigos con un salario similar al del Presidente del Gobierno español.

Las sospechas de despilfarro económico en TVE-Catalunya han llevado al Comité de Empresa a solicitar al Consejo de Administración una auditoría que permita aclarar cómo se ha gastado el dinero del presupuesto de los 50 años de TVE en Sant Cugat y que garantice la transparencia en el uso de dinero público".

Por otro lado, los trabajores afirman que la Dirección se ha mostrado del "todo incompetente" en las relaciones con los trabajadores y sus representantes. "Montserrat Abbad no fue capaz de gestionar una crisis que acabó en los paros del 14 de agosto. TVE dejó de emitir por primera vez 'l'Informatiu Vespre', informativo territorial que se emite a las 20:00 horas por La 2, debido a la falta de dos técnicos".

"El menosprecio a los trabajadores y sus representantes legales ha sido constante en su gestión, llegando a calificar públicamente al Comité de Empresa de terrorista", critican los trabajadores.

Esta mañana, los trabajadores del centro de Sant Cugat han querido celebrar los 50 años de TVE en Catalunya en una concentración en la que han soplado las velas de un pastel. "Nosotros también queremos celebrar el aniversario, ya que la Dirección lo ha hecho por su cuenta y de espaldas a los verdaderos protagonistas".
Formula Tv

¿Quien le puede hacer sobra al Presidente?

Solchaga critica a Zapatero: 'Yo me habría ido mucho antes que Solbes'.
Un peso pesado de la vieja guardia del PSOE ha lanzado una crítica abierta a José Luis Rodríguez Zapatero. El ex ministro de Economía Carlos Solchaga considera que el presidente del Gobierno vive en un "mundo presidencialista" en el que trata "como secretarios" a sus ministros. Por ello, reconoce que él se hubiera ido del Gobierno "mucho antes" de lo que lo hizo Pedro Solbes.

"El error de Zapatero es concentrar la actuación política en su persona, minusvalorando de manera implícita el papel del Gobierno y de la Administración", sostiene Solchaga en una entrevista concedida a la revista 'Vanity Fair'. "Zapatero vive en un mundo presidencialista donde el único relevante es él", añade.

El que fuera ministro de Industria, Economía y Hacienda durante los gobiernos de Felipe González recuerda que "el Gobierno es un órgano colegiado de toma de decisiones, no unipersonal y aconseja a Zapatero delegar responsabilidades para preservar su figura si quiere volver a ganar las elecciones.

En cuanto a la salida del Gobierno del anterior ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, Solchaga considera que el problema fue que "cuando había una confrontación sobre decisiones de política económica entre el presidente y el ministro de Hacienda, siempre prevalecían las de Zapatero". Para eso, a su juicio, el presidente lo que necesitaba era un ministro "de otro perfil" al de Solbes.

En este sentido, Solchaga lamenta que no se conozcan las "convicciones profundas" de la actual ministra de Economía, Elena Salgado. Con ello, puntualiza, no quiere decir que ésta no pueda ser una buena ministra de Economía.

Asimismo, recuerda que "una de las facetas más importantes que denotan la capacidad de un dirigente es tener mejores colaboradores que uno mismo", algo que, a su juicio, sucedió con Felipe González, quien los escogió "sin temor" a que le hicieran sombra.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado para el 2010, Solchaga afirma que "son los más difíciles de la democracia" como consecuencia de una recesión sin precedentes, por lo que están "destinados a no satisfacer a nadie".

Solchaga aconseja al Ejecutivo que se enfrente a los dilemas que, en su opinión, está eludiendo. Consciente de que se le acusará de querer abaratar el despido, propone evaluar la cobertura de la situación de desempleo que considera "muy generosa" por provocar que parte de la ciudadanía la tome "como un derecho, una beca y espere hasta agotarla antes de buscar otro trabajo".

El histórico dirigente socialista considera que el INEM "ha sido un desastre" porque sólo ha generado un 10% de los contratos y aboga por introducir a las agencias de empleo directo en la contratación. Por último, recuerda a Zapatero que los intereses de los sindicatos no siempre coinciden con los de los trabajadores, aunque "lo parecen".

Solchaga ve como causa de algunos de los actuales problemas las decisiones "que colean todavía" de la primera legislatura socialista y que hicieron perder la mayoría absoluta en un momento de bonanza. "Con esa mayoría ahora afrontaríamos la crisis con menores dificultades parlamentarias", se lamenta.

Entre estas decisiones, destaca la aprobación del Estatuto de Cataluña y el "malhadado" proceso de tregua con ETA. En este último, a su juicio, el jefe del Ejecutivo actuó con "inocencia e ingenuidad". "La forma en que trató ambos temas le impidió sacar una mayoría absoluta cuando todo iba a favor del Gobierno", asevera.

ElMundo

sábado, 17 de octubre de 2009

Una sola lengua común, grande y libre.

El Gobierno catalán bloquea la opción del castellano en los libros digitales escolares

Con naturalidad y sin filtros políticos, los libros digitales han devuelto a la escuela catalana -aunque sólo por unos días- la libertad lingüística que perdió hace décadas.
De un solo plumazo, mejor dicho de un solo «clik», los alumnos catalanes de los cerca de setenta centros que se han lanzado este curso a la aventura digital pueden leer, si lo desean, los textos en castellano, algo impensable desde que la Generalitat convirtió al catalán en la única lengua vehicular de la enseñanza. Al conectar con Digital Text, la empresa de contenidos con la que la Generalitat ha concertado este servicio «on line» de libros de texto, la pantalla inicial recibe al alumno en castellano, aunque le da la opción de cambiarse al catalán si lo desea. Así de fácil, apretando una tecla el alumno cambia del castellano al catalán o viceversa.
Presiones nacionalistas

Este hecho ha levantado como era de prever polvareda política y el gobierno catalán se ha puesto manos a la obra para deshacer el entuerto. CiU llamó la atención al consejero Ernest Maragall sobre este particular hace unos días en sesión parlamentaria y, según ha podido saber este diario, también le han llegado presiones de sus socios de tripartito (ERC). Los nacionalistas consideran que ese «descuido» pone en riesgo la inmersión lingüística y amenaza la hegemonía del catalán en las aulas.
Ante tales reacciones, la Generalitat catalana ha reclamado a Digital Text que elabore un sistema para que el propio profesor pueda bloquear la tecla del castellano. Según fuentes de la compañía, el dispositivo podría estar listo a finales de la próxima semana. El consejero socialista ha pedido también a la empresa de contenidos «on line» que la pantalla de acceso a los textos «aparezca por defecto en catalán».
El departamento de Educación ha recordado a los docentes que «el catalán es la lengua de uso en los centros educativos» y, según aseguran algunos, les ha hecho llegar la consigna explícita de que bloqueen la opción del castellano. Algunos centros de secundaria compraron los contenidos sólo en la lengua autonómica, aunque otros no le dieron importancia a la cuestión y colgaron la versión bilingüe.
Fuentes de la conselleria de Educación consultados por ABC negaron haber dado instrucciones explícitas a los profesores de que bloqueen la tecla lingüística y recordaron que «la decisión es siempre del docente y él debe tener claro que la lengua vehicular es el catalán». Las mismas fuentes reconocieron que al concertar la licencia con Digital Text «le dejamos también claro que los contenidos debían ser en catalán».
La empresa aseguró, por su parte, que «en el aula, el que seleccionará la lengua del libro será el profesor, siguiendo las indicaciones del departamento». «El profesorado nos comunica en qué lengua quiere que se imparta una materia y, aunque ellos sí que pueden acceder a las doble versión lingüística, los alumnos no lo podrán hacer», añadió. Directores de institutos como Josep Castilla del IES Lluís de Peguera de Manresa reconocen que «los profesores controlan siempre que los alumnos tengan abierto únicamente el acceso en catalán» en los libros digitales.
«En casa no los vigilamos»

No obstante, otros docentes consultados por este periódico admiten que «el control directo se pierde cuando los alumnos hacen los deberes en casa». Este hecho, ha provocado que algunos profesores expresen cierta inquietud a las direcciones.

viernes, 16 de octubre de 2009

Rivera advierte que la Generalitat no puede ser utilizada para conseguir la independencia de Cataluña.

  • Albert Rivera ha recordado a Montilla que la Generalitat es una institución del Estado español y que como President no puede mirar hacia otro lado en la cuestión de las consultas populares.
  • Para el grupo parlamentario de Ciutadans Ausàs está invalidado para llevar la consejería de gobernación porque tiene un conflicto de intereses entre su obligación como conseller y los objetivos independentistas de su partido.
  • Albert Rivera ha pedido a Montilla que deje de hacer carreras hacia el independentismo con Carretero y Laporta.

La intervención del presidente del grupo parlamentario de Ciutadans (C’s) ha centrado el debate en el Parlament de Cataluña sobre la responsabilidad del gobierno en la oleada de consultas independentistas que se pretenden promover desde diversos ayuntamientos gobernados por independentistas.

Para Rivera, Ausàs está invalidado para dirigir una consejería como gobernación, puesto que el cargo enfrenta la responsabilidad de Ausàs como garante de la legalidad debiendo hacer cumplir las leyes a los ayuntamientos y su militancia en ERC, partido que tiene como principal objetivo político la independencia de Cataluña. Ausàs en el tema de los referéndums ya ha elegido su militancia por encima de su responsabilidad como consejero del gobierno, ha asegurado el presidente de C’s.

Albert Rivera ha recordado al President Montilla que "desde el gobierno no se pueden utilizar las instituciones para conseguir el independentismo. Parece que en Cataluña sólo se hace cumplir la ley cuando al gobierno le interesa” en clara alusión a las multas por rotulación.

UPyD pide que el castellano sea la lengua vehicular de la enseñanza.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha entregado hoy al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, una propuesta para la consecución de un pacto educativo en la que este partido reclama la necesidad de armonizar las legislaciones educativas autonómicas y que el castellano sea la lengua vehicular de la enseñanza en toda España.


En un comunicado, UPyD, que ya supera el 5% en intención de voto que le posicionaría como 3ª fuerza política, explica que el documento entregado a Gabilondo incluye las "bases necesarias" para tal pacto y que éste debe ser "por la excelencia".


La parlamentaria ha insistido en la reunión con el ministro en la necesidad de cambiar la Ley Orgánica de Educación (LOE) para dotar al profesor de autoridad pública.
En esta línea, ha reclamado que se convierta al profesor en la piedra angular de la transmisión de conocimientos y garantizar su movilidad, tanto geográficamente como dentro de la carrera profesional.


Otras de sus peticiones consisten en planificar evaluaciones externas, objetivas y públicas, similares en toda España, que sirvan de indicador del rendimiento escolar de los alumnos, y evitar el "oscurantismo informativo" de los centros.


Este partido, según la nota, defiende la necesidad de armonizar las legislaciones educativas autonómicas y, por tanto, los planes de enseñanza, y considerar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, algo que en la legislación actual "no está recogido".

La reunión forma parte de la ronda de contactos del ministro Gabilondo con las fuerzas parlamentarias con vistas a la consecución de un pacto político y social por la educación.


El PP presenta un recurso a la ley de educación catalana ante el Constitucional

El grupo parlamentario del PP en el Congreso ha registrado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley catalana de educación (LEC) porque, entre otras cuestiones, "limita" los derechos lingüísticos de los catalanes y no promueve un "modelo de sociedad abierta". Así lo ha explicado esta tarde, en rueda de prensa, el diputado del PP en el Parlament y portavoz de Educación, Rafael López, quien ha asegurado que la LEC carece de "cierta falta de adecuación al espíritu de la constitución".

El recurso del PP se basa principalmente en tres cuestiones: consideran que la LEC limita a los padres el derecho a escoger la lengua vehicular de enseñanza de sus hijos; establece un cuerpo y un currículum docente propio del sistema educativo catalán al margen del estatal; y limita la autonomía de los docentes.

En su intervención, el líder popular ha abogado por fomentar un "trilingüismo real" -siendo el catalán, el castellano y el inglés las lenguas principales de enseñanza-, en el que los padres tengan la "primera y última" palabra en la elección de la lengua docente.

En este sentido, ha alertado de que la LEC "blinda" el catalán como única lengua de enseñanza, ya que reduce de cinco a un año el período en que los padres pueden escoger -en la etapa de primera educación- la principal lengua que seguirán sus hijos en la escuela, lo que ha calificado de "segregación".

Asimismo, López ha denunciado que la LEC establece cinco cuerpos docentes propios en Cataluña, mientras que en el resto del Estado son nueve.

"La LEC cierra la educación catalana al resto de España, pone fronteras al movimiento de los docentes de otras comunidades a Cataluña", ha denunciado.

En este sentido, ha lamentado que la ley catalana de educación haya sido constituida como la de "un estado independiente, sin integrarse en el modelo español". López ha explicado que el recurso del PP contra la LEC se ha presentado el último día del plazo fijado porque estaban a la espera de una posible sentencia del TC sobre el Estatut, ya que la ley de educación se basa en algunos aspectos del texto autonómico.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, consideró ayer, por su parte, que, "mientras no se diga lo contrario", la LEC aprobada por el Parlamento catalán tiene "toda la legitimidad" y avanzó que se había activado un procedimiento de conciliación constitucional entre la ley orgánica y la ley catalana.

ElMundo.es

jueves, 15 de octubre de 2009

Nosotros no pediremos perdón por levantarse ante la intransigencias nacionalistas.


Joan Laporta: "No hay que pedir perdón por levantarse ante la intransigencia"


El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acompañó a la delegación de ERC, encabezada por su presidente, Joan Puigcercós, en la tradicional marcha de antorchas con las que el partido recuerda al ex presidente de la Generalitat Lluís Companys en el Castillo de Montjuïc, en Barcelona.

Laporta aseguró que son momentos de "plenitud nacional" y de "no pedir perdón por levantarse" ante aquellos que tratan cada día con "intransigencia" a Cataluña.

Dijo que a los políticos "se los intenta callar apelando al bien general". "También a mí se me ha intentado callar muchas veces", sostuvo, y afirmó que actos como éste haga comprender que "la renuncia no hará más fuertes y más libres" a los catalanistas.

En su parlamento, Puigcercós aseguró que la España "rampante" y que tenía que ser "referente de todo y una potencia emergente en Europa" está casi en situación de crisis económica y política, como cuando perdió las colonias a finales del siglo XIX.

"Ahora quedan otras colonias", dijo, y sostuvo que Cataluña es una "colonia política" y que ERC trabaja para que consiga su emancipación.

Europapress.es

miércoles, 14 de octubre de 2009

Para el PSE blindar el Concierto no supone "en absoluto" consolidar ningún privilegio para los vascos

Las reacciones de los partidos políticos no se han hecho esperar

El Congreso de los Diputados ha apoyado el "blindaje" del Concierto Económico vasco pese a que finalmente el PP no ha votado a favor.

El Congreso de los Diputados ha apoyado hoy el "blindaje" del Concierto Económico vasco después de que el PSOE haya respaldado la toma en consideración de esta medida, si bien el PP ha votado en contra.

Sin embargo, los representantes de la política vasca no han tardado en explicar cuáles son sus sensaciones tras saber que el "blindaje" sería apoyado por el Congreso de los Diputados pese a que el PP ha votado en contra.

El PNV pide a los grupos lealtad con la Cámara vasca al tramitar el blindaje.

El portavoz el PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha expresado hoy su satisfacción "parcial" porque el Congreso dé luz verde a la tramitación de la proposición de ley del Parlamento vasco sobre el blindaje del Concierto, pero ha pedido a los grupos que sean "leales" a la voluntad de la Cámara autonómica.

Erkoreka ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso al concluir el debate de la proposición de ley del Parlamento vasco, que ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos excepto de UPyD y del PP, que han votado en contra.

Bajo su punto de vista, el de hoy es un paso adelante, pero la satisfacción "no es plena, es parcial y limitada".

Ha argumentado esa sensación alegando, en primer lugar, que el Congreso no ha conseguido repetir el acuerdo mayoritario del Parlamento vasco y "algunos" (en referencia al PP) "han empezado a apearse ya del consenso.

Y en segundo lugar, porque la satisfacción no será plena para el PNV hasta que desde este puerto de "salida" se alcance el de "llegada", y entre ambos puertos quedan meses de tramitación en el Congreso y el Senado.

Para el PSE blindar el Concierto no supone "en absoluto" consolidar ningún privilegio para los vascos

El portavoz del PSE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, ha hecho hincapié en que la propuesta de "blindar" el Concierto no supone "en absoluto" consolidar ningún privilegio respecto al resto de los españoles, sino "equiparar" el tratamiento que tiene la normativa fiscal, ahora "como normas forales".

De esta manera, según ha explicado, la normativa foral pasa a tener "exactamente" el mismo tratamiento legal que cualquier otra ley de otra comunidad autónoma.

Tras acabar el debate y a la espera de la votación, Pastor ha hecho un llamamiento para que la toma en consideración del acuerdo tributario se adopte por unanimidad en el Congreso de los Diputados al igual que se hizo en la Cámara vasca.

Los tres diputados del PP vasco no participarán en la votación

Los tres diputados vascos del Partido Popular se han ausentado de la votación en discrepancia con la decisión del PP de "rechazar", según un comunicado emitido por el PP vasco, la toma en consideración de la propuesta del Parlamento vasco para equiparar las normas fiscales forales a las leyes.

En la nota, hecha pública cuando el Grupo Popular todavía no había confirmado en el Congreso si se abstendría o votaría "no", el PP del País Vasco ha recalcado que "no comparte" la "negativa" de su grupo en la Cámara Baja, aunque "respeta" su decisión.

Con la ausencia del hemiciclo de los diputados Alfonso Alonso, José Eugenio Azpiroz e Ignacio Astarloa, el PP vasco pretendía "reforzar el compromiso que siempre ha demostrado" con la foralidad vasca y con el Concierto Económico.

Para los 'populares' vascos, la decisión de sus compañeros nacionales de partido es el "resultado" del "empeño" del PNV en vincular la tramitación de esta iniciativa con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y la "la falta de voluntad del PSOE para separar ambas cuestiones".

"La única intención que ha tenido el PNV con su planteamiento ha sido la de imponer un chantaje al Gobierno de España, vinculando el apoyo a los presupuestos al respaldo del Grupo Socialista al mal llamado blindaje del Concierto vasco", ha añadido.

Según el PP vasco, la responsabilidad es del PNV por "plantear un chantaje" y de los socialistas "por admitirlo".

NaBai reclama la "reflexión" de la Cámara ante "contradicciones" como las del PP

La diputada de Nafarroa Bai en el Congreso de los Diputados, Uxue Barkos, se ha mostrado favorable a la admisión a trámite de la proposición de ley sobre el 'blindaje del concierto vasco' y ha censurado "las contradicciones de los discursos del PP en función de las Cámaras en las que aborda esta cuestión".

En este sentido, la diputada de NaBai ha reclamado la "reflexión" de la Cámara ante "contradicciones" como las que está incurriendo "el PP respecto a las peticiones cursadas desde sus propios compañeros del Parlamento Vasco para pedir el blindaje de las normas forales que regulan el Concierto Económico Vasco".

"No estamos abriendo un debate sobre nuestra estructura fiscal sino sobre la garantía jurídica y la posibilidad de rango legislativo para las normas fiscales forales. Por tanto, no se trata de un debate fiscal sino jurídico", ha concluido.

Etb.com

martes, 13 de octubre de 2009

Amiguetes del oasís nacional catalán favorecidos y agradecidos

Pujol y el tripartito favorecieron a Òmnium con ayudas a dedo.
Òmnium Cultural, una entidad dedicada a la promoción y normalización de la lengua catalana, la cultura y la identidad nacional de Cataluña, se hizo con una sede de lujo en la calle Diputació de Barcelona gracias a la generosidad de los gobiernos de CiU y el tripartito, que le concedieron ayudas para comprar la finca sin que lo solicitase, de forma directa, pues no hubo ni convocatoria ni publicidad, y sin exigirle garantía, según denuncia el diputado del grupo mixto y promotor de Impulso Ciudadano, José Domingo.

La rocambolesca historia de la compra de esta sede de 790 metros cuadrados en pleno corazón de la capital catalana arrancó de forma extraña en el último Consell Executiu celebrado por Pujol en diciembre del año 2003. El Govern convergente acordó en esa reunión entregar 601.000 euros a Òmnium Cultural a cargo de una caudalosa herencia, la de Carmen Pintó Valls, que había quedado sin herederos y, por tanto, había ido a parar a las arcas de la Generalitat.

Gracias a ese dinero, Òmnium se vio en disposición de dejar su vieja sede alquilada de la calle Montcada y de comprarse la nueva, de dos plantas, por 3,54 millones de euros, con una hipoteca que vence en 2034. Para materializar la adquisición, Òmnium creó una fundación, Fundació Privada Òmnium, de la mano de su abogado, Raimon Bergós, el mismo letrado que hasta hace unas semanas asesoraba al Palau de la Música.

"El proceso está lleno de irregularidades desde un primer momento", explica Domingo. «Para empezar, la subvención se dio a nombre de Òmnium, aunque quien compró la sede fue la Fundación", relata el diputado. "Además, el dinero se pagó sin que existiese solicitud por parte de Òmnium. Tampoco hubo concurso ni ningún otro procedimiento ni se le dio publicidad al acuerdo", añade.

La Generalitat se percató de las irregularidades también desde un primer momento. Tanto es así, que en el mismo mes de diciembre de 2003, la Dirección General de Patrimonio requirió a Òmnium para que solicitase la ayuda de forma oficial, pese a que ésta ya había sido concedida. La petición nunca llegó, al menos por escrito, según cuenta Domingo, que ha tenido acceso al expediente en las dependencias del Departament de Economia, donde se excusan con el argumento de que "la solicitud pudo ser oral".

Leonor Mayor | Barcelona

lunes, 12 de octubre de 2009

Un lengua, una nación.

La HIPOCRESÍA del Nacionalismo-Independentismo AL DESCUBIERTO

VIDEO

Recuerde, si tiene usted una lengua propia, -el idioma de la P no cuenta-, tiene usted todo el derecho del mundo a exigir su propio estado. Y, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy.

Haré lo que me pase por mis cojones, o plan B sobre el fallo del Estatut

El Gobierno opta por los hechos consumados para incumplir la sentencia del Estatut.

El Tribunal Constitucional (TC) ya puede decir misa que el Gobierno piensa seguir adelante con el desarrollo del Estatut de Cataluña. Aunque exteriormente el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sigue sosteniendo la tesis de que el Estatut es plenamente constitucional, la posibilidad de que el TC emita un fallo desfavorable está obligando al Gobierno a empezar avanzar en lo que puede definirse como un plan B, o plan Z en este caso particular, para soslayar la sentencia.
La estrategia ya se ha planteado en numerosas ocasiones desde Cataluña -el conseller Joan Saura (ICV) la ha defendido de manera vehemente y el PSC la asume con convicción-, y pasaría por forzar la maquinaria legal al máximo para obviar las líneas rojas que pueda plantear el máximo tribunal, planteando algo así como una política de hechos consumados. Citando fuentes de la Moncloa, Cataluña Ràdio señaló ayer que el Gobierno ha asumido esta estrategia, que incluiría nuevos desarrollos legislativos y la utilización a discreción del artículo 150.2 de la Constitución, que permite el traspaso a las comunidades autónomas de competencias exclusivas del Estado, el mismo supuesto que en su momento permitió a la Generalitat asumir la responsabilidad en materia de Tráfico.
El Plan B de desarrollo estatutario cobra especial importancia al constatarse que el TC sigue incapaz de cuajar una sentencia, y que el plazo de octubre que en su momento predijo la presidenta María Eugenia Casas se considera imposible de cumplir.
Bloqueo
Ayer ya se especulaba con que el fallo no llegará antes de fin de año, y que incluso podría dilatarse hasta el próximo verano, como ayer señalaba «El Periódico». Ante la situación de bloqueo o empate que se da en el seno del tribunal, la posición del magistrado Manuel Aragón -nombrado a propuesta del Gobierno-, contrario a dar patente constitucional a aspectos clave como el uso de los símbolos o del término nación, se adivina clave.
Ante este panorama, la estrategia que se defiende desde el tripartito es clara: si el fallo del TC es negativo, cuanto más tarde mejor. Entretanto «hay que hacer lo que sea», hacia adelante pues y sin mirar atrás. Insistía ayer el conseller Joan Saura a Ep de manera abierta y sin tapujos en la estrategia del «fait accompli»: «Si la sentencia tiene aspectos negativos, cuanto más tarde salga, mejor. Así podremos desplegar en ese periodo los contenidos del Estatut».
En la misma línea se posicionaba la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al asegurar que no le preocupa lo más mínimo el retraso del fallo del TC en tanto que el Estatut está vigente y se desarrolla con plena normalidad.
En un escenario en el que la sentencia del TC, o su ausencia, podría bien solaparse con las elecciones autonómicas -primavera de 2010-, los partidos catalanes comienzan a afinar estrategias. Así, si ERC hasta ahora no desdeñaba el recurso al 150.2, ayer, cuchillo en boca, se tiraba por la pendiente del enfrentamiento calificando esta posibilidad de «pornográfica». Para los republicanos, cualquier sentencia contraria al Estatut es ilegítima.
En el otro extremo, desde el PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho calificaba de «burla» tanto el retraso en el fallo como la posibilidad de desarrollar el texto al margen de lo que diga el TC. Desde CiU se acusó a los socialistas de querer demorar la sentencia para no asumir en elecciones el coste de un fallo negativo.
Á.G | BARCELONA

domingo, 11 de octubre de 2009

Las "misas" de una republicana en el Parlament


"El texto aprobado en referéndum tendría que ir a misa"

La portavoz de ERC en el Parlament, Anna Simó, afirma que el texto aprobado en referéndum tendría que "ir a misa" y que, en todo caso, los ciudadanos deberían que pronunciarse una vez se conozca el fallo del Tribunal.

Considera que el Estatut es una "vía muerta", debido a la demora del Tribunal Constitucional (TC) en emitir una sentencia sobre el texto, y tachó de "pornográfico" proponer vías legales alternativas para cumplir los objetivos estatutarios, como la apelación al artículo 150.2 de la Constitución, que permitiría al Estado transferir más competencias a Cataluña.

"No hacía falta redactar un Estatut para luego volver donde estábamos", señaló Simó en un acto de las juventudes de Esquerra (JERC) en Barcelona, y aseguró que para los republicanos no marca ninguna diferencia que la sentencia se haga pública "hoy o dentro de un año", ya que consideró que cualquier decisión contraria al texto aprobado en referéndum será ilegítima.

Afirmó que, a partir de ahora, ERC trabajará para que haya una mayoría social suficiente "que quiera superar los límites que representa el Estado de las autonomías", dado el "sufrimiento y cansancio" que ha supuesto para mucha gente el proceso estatutario.

"El Estatut fue el último intento de cambiar las reglas del juego entre el Estado y Cataluña, y por lo que se ve, ese pacto es excesivo para el hígado de aquellos que velan por la constitucionalidad española", señaló, y afirmó que el TC es un órgano "absolutamente politizado" e "incapaz" de emitir una sentencia.

Simó consideró que la demora del Constitucional es "la prueba del algodón" sobre el Estado autonómico, e hizo un llamamiento a "dar un paso adelante".

LN.es

viernes, 9 de octubre de 2009

Hace falta un nuevo partido político

No hay nada que hacer, el Gobierno de Zapatero va sin rumbo al desastre de la crisis económica y del paro, y la oposición de Rajoy no existe y están a palos entre ellos, con los pies sumergidos en el fango pintoresco de 'Gürtel' que, grande o pequeño, se ha convertido en el circo nacional por causa de la notoriedad de sus personajes y lo vistoso de sus andanzas. ¿Cuántas veces hemos visto en los telediarios a Paco Correa y a su mujer desfilando por las murallas del monasterio de El Escorial en aquella boda imperial de los Aznar? Cientos de veces, quizás miles.

Vivimos en el mayor de los desamparos políticos por causa del presidente Zapatero, que ha tocado techo y puesto al descubierto sus niveles de gran incapacidad política y de destrucción de todo lo que toca. Un presidente que, además, ha liquidado cualquier atisbo de experiencia e inteligencia en el PSOE y que cuenta como tridente de su ataque político con tres cómicos de la talla de Alonso, Blanco y Pajín. Y a causa de un líder de la oposición que se ha convertido en un espectro que ni sufre ni padece y al que se le sube a las barbas cualquier dirigente del PP, a sabiendas de que nunca recibirá el menor reproche del calzonazos más grande habido en la política española.

¿Alguien imagina que la rebelión a bordo del PP era imaginable en tiempo de Aznar? Ni por asomo. ¿Alguien imagina que en tiempos de González el Gobierno de la nación iba a estar plagado de inútiles? Pues tampoco, y que conste que no añoramos a ninguno de los dos. Pero ocurre que nunca este país, España, estuvo en manos de políticos tan mediocres e incompetentes como los que hoy lideran el Gobierno y el PP.

Y ¿Cómo ha sido todo esto posible? Porque la partitocracia, el gobierno de los partidos políticos que sufrimos los españoles desde el inicio de la "santa transición", ha agotado todos sus trucos e imposturas y al final ha quedado al desnudo y en manos de unos dirigentes incapaces y sin talento, y de unos gobernantes que no dan más de sí.

¿Qué se puede hacer? Pues nada o más bien poco. Quizás sería necesaria la aparición de un nuevo partido en el escenario nacional, pero esto tampoco es fácil porque las reglas del juego partitocrático, precisamente, impiden o niegan facilidades a cualquiera que se atreva a intentarlo. Ciudadanos en Cataluña fue una broma de mal gusto, visto su dramático final, y similar al personalismo de Rosa Díez, próximo a la extrema derecha mediática del PP, lo que anuncia más de lo mismo.

Pero el sitio está ahí, y hay varios millones de ciudadanos dispuestos a dar su voto si se encuentra con una verdadera, democrática y talentosa tercera vía política. Pero ¿dónde está? Deambula misteriosamente a la derecha de Zapatero y a la izquierda de un Rajoy que está preso de su extrema derecha. Un lugar este, el ultraconservador, por donde también podría saltar un día de éstos un partido al estilo de Le Pen, a nada que la dirección del PP ose poner firme a la revoltosa Aguirre, la eterna candidata a la refundación de la Alianza Popular.

No es fácil que aparezca una tercera vía en la política española. Pero no se debería descartar y alguien lo debería meditar, porque el vacío de poder, de criterio e inteligencia que crece sin parar en el centro sociológico español es cada vez más grande y nadie lo va a llenar.

Estrella Digital

Porqué le llaman amor, si en realidad es sexo.

El PNV exige al Gobierno 600 millones "para sentarse a hablar" de Presupuestos.
Ya conocemos el precio que pone el PNV a su voto en los Presupuestos Generales del Estado. Para empezar, los nacionalistas vascos exigen 600 millones sólo "para sentarse a hablar". Pretenden el "blindaje" del Concierto Económico del que disfruta esta comunidad autónoma.

El PNV mantiene que un posible voto favorable del PSOE el próximo martes en el Congreso a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento vasco para lograr el 'blindaje' del Concierto Económico vasco es sólo una "precondición" de los nacionalistas para "sentarse a hablar" con los socialistas acerca de su eventual apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010.


Fuentes del PNV aseguraron que el Gobierno aún tiene que dar respuesta a las otras dos condiciones previas que su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, puso sobre la mesa en su primera reunión presupuestaria con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el pasado 22 de septiembre. Ambas sumarían más de 600 millones de euros.

Así, el PNV exige la "transparencia y satisfacción" en políticas activas de empleo entre el Gobierno central y vasco, que éste valora en 300 millones de euros, 150 millones menos de lo calculado por el PNV. "Queremos conocer las tripas y los pormenores", incidió en su momento Erkoreka.

La otra, de mayor relevancia económica, es la devolución del IVA por los vehículos importados en determinados ejercicios tras la resolución de la junta arbitral del Concierto Económico --cifrado por el PNV en 456 millones de euros--. En este sentido, Erkoreka advirtió de que si el Gobierno quiere recurrir esta decisión, lo haga después de abonar las cantidades.

Reunión el próximo martes

De esta forma, si el PSOE, como se espera, decide finalmente apoyar la tramitación de la propuesta del Parlamento vasco, aún tendría que dar respuesta a las otras dos exigencias de los nacionalistas vascos para poder contar con su apoyo. "Esperemos que no quieran retrasar la negociación", se apunta desde el PNV, que recuerda que el margen se agotará el viernes 16 de octubre a las 14.00 horas, plazo límite para que los grupos registren su enmienda de devolución.

En la mañana del próximo martes, 13 de abril, Erkoreka mantendrá una reunión con Salgado para tratar la decisión del Gobierno sobre el 'blindaje', que se votará esa misma tarde, y sobre las otras dos condiciones.

Durante toda esta semana, los expertos juristas convocados por el PNV y el Ministerio de Economía y Hacienda han seguido intercambiando información para "desbrozar" lo que Salgado calificó de "notables problemas técnicos" para el 'blindaje', si bien en la tarde de este viernes aún no se había alcanzado ninguna conclusión.

El PNV quiere el compromiso por escrito

En cualquier caso, Erkoreka ya no se conforma sólo con que el PSOE apoye las modificaciones legislativas de dos leyes orgánicas sobre el Tribunal Constitucional para que éste sea el único órgano competente para juzgar los recursos contra las normas tributarias de las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

También quiere un compromiso "por escrito" para garantizar que la tramitación de las reformas se complete en esta misma legislatura y suponga una solución "satisfactoria" para el País Vaco y el PNV, una exigencia sobre la que el Grupo Socialista en la Cámara Baja, dirigido por José Antonio Alonso, aún no se ha pronunciado.
LD

CiU pide ahora hacer consultas sin permiso del Gobierno


Los nacionalistas enmiendan la Ley de Referendos

C. BLANCHAR

Ahora sí a convocar consultas ciudadanas. Después de mostrar su cara más moderada en el debate de Política General de la semana pasada y de mantener una actitud errante sobre la consulta soberanista de Arenys de Munt, Convergència i Unió dio ayer un giro: el grupo parlamentario nacionalista propuso al tripartito incorporar a la Ley de Consultas —hoy en trámite— la figura de la "consulta ciudadana". La diferencia entre los referendos y las consultas ciudadanas es que éstas, amparándose en el artículo 122 del Estatuto, se podrían convocar sin la autorización del Gobierno español.

El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, y la diputada Dolors Batalla explicaron ayer que presentarán varias enmiendas al respecto, entre ellas la que sugerirá cambiar el nombre de la futura ley: de "Ley de consultas por vía de referéndum" a "Ley de referendos y de consultas ciudadanas". Pujol tachó el proyecto de ley de "muy poco ambicioso" y acusó a ERC, el partido al que pertenece el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, impulsor de la ley, de "fomentar las consultas en el territorio y, al mismo, tiempo renunciar a regularlas". El convergente aseguró que al hablar de consultas no lo hace "sólo de consultas soberanistas", que también, y puso como ejemplo que un ayuntamiento pregunte a sus vecinos si quieren un parque eólico en su pueblo. "No entendemos por qué tenemos que autolimitarnos, lo que queremos es que este tipo de consultas tengan una regulación clara para que cualquier entidad, pública o privada, las pueda convocar", añadió el diputado.

Tal como está redactada la ley en trámite "se pierde una oportunidad", apostilló Batalla: "Queremos hacer consultas ciudadanas sin tener que pedir permiso a Madrid y esto es posible". Aparte de eludir el permiso, las consultas ciudadanas tampoco utilizan el censo electoral, de modo que habría que elaborar listados a partir del veïnatge del código civil catalán y un "consejo de consultas" sustituiría la junta electoral.

jueves, 8 de octubre de 2009

El Gobierno duda de la constitucionalidad de la ley educativa catalana

Educación apela a un conflicto con la Ley Orgánica de Educación. La Generalitat sostiene que el Ejecutivo duda de su constitucionalidad.

El Gobierno duda de la consitucionalidad de la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Así lo aseguran desde la Generalitat, mientras el Ministerio de Educación mantiene que ha dado con aspectos en la norma catalana que podrían ser incompatibles con la Ley Orgánica de Educación. Así se lo trasladó el Ministerio de Política Territorial a la Generalitat a finales del pasado mes de septiembre, con el objeto de abrir un procedimiento de conciliación que permita solucionar las diferencias por las buenas.

El Ejecutivo ha hecho llegar a la Generalitat el informe realizado por el Ministerio de Educación, que traslada sus "dudas jurídicas" sobre dos aspectos génericos: "la interpretación curricular y los cuerpos docentes creados" creados por la LEC. Según la conselleria de Educación se trata de "dudas jurídicas sobre puntos que pueden vulnerar preceptos de la LOE"

La "interpretación curricular" se refiere al desarrollo de las materias de los planes de estudios, en especial al número de horas de las materias.

Educación, que no ha querido dar detalles sobre su informe "técnico jurídico" a este periódico, tampoco ha querido confimar a si la enseñanza catalana del castellano estará sobre la mesa de dudas constitucionales. Aunque en este punto cabe recordar las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cuando, recién aprobado el texto en la Comisión de Educación del Parlamento catalán, advirtió de que el Gobierno recurriría la ley si incumplía la enseñanza de tres horas de castellano a los niños de Primaria. Una vez aprobada la LEC, incumpliendo este punto, el Gobierno se limitó a decir que la estudiaría.

Por otro lado, la LEC reduce a cinco los 12 cuerpos docentes en los que la Ley Orgánica de Educación (LOE) divide al profesorado de la escuela pública. Además, cambia su denominación y los clasifica sólo por el título académico de los docentes. Por ejemplo, engloba en un mismo cuerpo docente a catedráticos de Secundaria, de escuelas de idiomas, de música y de artes plásticas, que son cuatro cuerpos separados en la LOE.

Este aspecto, precisamente, provocó que el sindicato ASPEPC-STS, de catedráticos y profesores de Secundaria, pidiera al Defensor del Pueblo su intervención. En su petición de recurso a le LEC, dicho sindicato explicaba las contradicciones con el artículo 149.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la regulación del funcionariado público, y con la Ley Orgánica de Educación (LOE) en varias de sus disposiciones adicionales.

La Generalitat abrió el pasado martes el procedimiento de conciliación entre administraciones, aunque no fue hasta una semana después cuando el consejero de Educación catalán, Ernest Maragall, dio a conocer públicamente las reservas del Gobierno central.

Tampoco hasta ayer, el Ministerio de Educación soltó prenda. Prefirió esperar, tal vez por cortesía institucional, a que fuera la Generalitat la que decidiera cuándo ponerse en evidencia.

Aunque el Ministerio de Educación sólo ha hablado de la apertura de un procedimiento de conciliación, lo que prevé la Ley del Tribunal Constitucional en su artículo 33 a la que apela Gabilondo es que se constituya la "Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma". En ella, se pondrían sobre la mesa las diferencias y se negociaría la manera de solucionarlas.

El ministro de Educación ha estado tres meses elogiando públicamente la LEC, por su carácter innovador en la gestión de los centros escolares y por la importancia que se da a la participación de los padres. Junto a sus elogios, también ha insistido en pedir respeto para el autogobierno de las autonomías y para las leyes aprobadas en los parlamentos autonómicos. Lo hizo en este periódico y lo hizo por última vez, el pasado 30 de septiembre en el Congreso, cuando también anunció que había concluido su informe sobre la LEC.

En paralelo a esta cuestión, Ángel Gabilondo ha emprendido las negociaciones de su Pacto por la Educación, en el que, en una primera fase de las conversaciones, ha encontrado sintonía con todos los partidos, incluidos PP, CiU y ERC, con la que se reunió ayer.

Precisamente, ERC ha pedido abiertamente a Educación que derogue el Real Decreto que establece la enseñanza de tres horas de castellano en la Enseñanza Primaria de las comunidades bilingües. "Ni su cumple ni se va a cumplir porque le LEC ya blinda nuestra política lingüística", le advirtió a Gabilondo el diputado de Esquerra Joan Tardà en la sesión parlamentaria del pasado 30 de septiembre.

Y Gabilondo propuso llevar la cuestión lingüística a su Pacto por la Educación.


miércoles, 7 de octubre de 2009

El 61% desaprueba la gestión de Zapatero

ENCUESTA DE METROSCOPIA PARA EL PAÍS.

El 81% de los ciudadanos creen que Zapatero improvisa.- La mayoría de votantes del PSOE considera que la subida de impuestos afecta a rentas bajas y medias.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene un problema de credibilidad: al 37% de los españoles no le inspira ninguna confianza y al 35%, poca. El 61% desaprueba sus medidas para hacer frente a la crisis, el 76% considera que llegan demasiado tarde y el 81% opina que el presidente está improvisando, según una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS.

El sondeo, el primero realizado tras la aprobación del proyecto de Presupuestos para 2010 y la concreción de la subida de impuestos, muestra un rechazo mayoritario al aumento de la presión fiscal y un deterioro de la imagen del jefe del Ejecutivo.

El pasado julio, el 69% de los ciudadanos ya opinaba que Zapatero improvisaba ante la crisis, pero ahora ese porcentaje ha ascendido al 81% (el 67% de los votantes socialistas comparten esa impresión). Es decir, que ha aumentado de forma significativa tras el anuncio de subidas de impuestos y a pesar de la extensión de las ayudas de 420 euros a parados. Sólo un 13% estima que Zapatero tiene un plan claro y sabe lo que quiere.

Hay una amplia coincidencia en la sociedad (76%) acerca de que las propuestas del Ejecutivo contra la crisis están llegando demasiado tarde. Una crítica que también comparte ampliamente (67%) el electorado socialista. Tan sólo el 11% cree que las medidas llegan en el momento justo.

En términos globales, el 60% de los encuestados desaprueba las políticas gubernamentales para combatir la crisis, mientras el 32% está de acuerdo. En este caso, la mayoría del electorado socialista (61%) respalda al Ejecutivo.

De todas las medidas, la que más inquieta al Gabinete por sus repercusiones y por el uso político que hace de ella el PP es la subida de impuestos. El 63% considera que no está justificada, frente al 32% que sostiene lo contrario. La mayoría de votantes socialistas (55%) apoya esta decisión del Gobierno, si bien la cifra de los que no la ven justificada alcanza el 40%.

Otro problema para el Ejecutivo es que, por el momento, no sólo no ha calado la idea de que esa subida de impuestos la pagarán los más ricos, sino que un porcentaje abrumador, el 85% cree que afectará más a las rentas medias y bajas. Sólo el 10% cree que la subida afectará a las rentas altas, a "los poderosos" de los que habló Zapatero. A diferencia de lo que trata de transmitir el Gobierno, en el electorado socialista, es mayoritaria (38%) la impresión de que impactará más a las rentas medias y a las bajas (37%) mientras que sólo el 17% defiende que afectará sobre todo alas rentas más altas.

Todas esas opiniones conducen a un descenso de la valoración general de la gestión de Zapatero y arrastra la imagen de la responsable de economía, la vicepresidenta Elena Salgado. Sólo aprueba la gestión del presidente el 32% de los españoles mientras que la desaprueba el 61%. Ese juicio negativo ha aumentado fuertemente desde julio, cuando la diferencia entre los que desaprobaban y aprobaban su actuación era de 13 puntos porcentuales. En el caso de la ministra de Economía, un 30% apoya su gestión mientras que el 45% la rechaza.

En coincidencia con la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la mayoría considera que a España le costará más salir de la crisis que a otros Estados de la Unión Europea. Ha pasado del 74%, en julio, al 81%, ahora, el porcentaje de españoles que ven mala y muy mala la situación económica, y llega al 85% el de quienes están convencidos de que aún falta tiempo para que empiece a mejorar definitivamente la situación económica española.

ElPaís.com

martes, 6 de octubre de 2009

El timo de los Gobiernos Regionales, la proximidad al ciudadano.

Menos informes y más Dependencia.

Acció Social encarga informes pero paga con retraso para aplicar la ley.

La consejera de Acción Social de la Generalitat, Carme Capdevila, se ha visto recientemente envuelta en la polémica de los informes -pagó 30.000 euros por la elaboración de un estudio sobre cómo comportarse ante la crisis-, mientras aumentan las críticas por su gestión de la Ley de Dependencia. Las críticas se dirigen especialmente al retraso en los pagos por la consejería para aplicar esta ley.

Capdevila encargó el informe a la empresa A Portada Comunicació en octubre de 2007, y entre las conclusiones del mismo se dice: "Ante una crisis, se debe mantener la calma; recoger la máxima información sobre los hechos; estar disponible, conocer los mecanismos del manual y aplicarlos; intentar comunic
r una solución, una respuesta: no transferir la responsabilidad que sea propia...".

Los recursos para la aplicación de la Ley de Dependencia deben ser aportados por la administración central y por la Generalitat, pero los retrasos de la consejería de Acción Social, responsable de este asunto, en los pagos correspondientes están creando dificultades para la aplicación de la normativa.

Esta situación ha originado críticas de entidades cívicas, partidos políticos y sindicatos, que también han denunciado la situación laboral en que se encuentran los trabajadores del sector a consecuencia de esta falta de financiación.

E-Notícies

¿Marina o Montserrat?

Una consejera catalana encargó un informe para saber si los niños la conocen.

El tripartito parece tener serios complejos con su imagen. Primero fue el presidente José Montilla, quien encargó un informe sobre el grado de afinidad de los articulistas catalanes. Después fueron el ex consejero de Gobernación, Joan Puigcercós (ERC), quien pagó un estudio para mejorar su proyección pública, y la consejera de Acción Social, Carme Capdevila (ERC), quien necesitada de consejos para convertirse en una líder, también recurrió a un trabajo externo.
Ahora se ha sabido que la consejera socialista de Salud, Marina Geli, también indagó sobre su imagen, aunque en este caso mediante concurso público -el trabajo costó más de 12.000 euros y no se pudo encargar a dedo- para saber la opinión que los niños tienen de ella.
El informe, al que ha tenido acceso ABC y que fue adjudicado en diciembre de 2008 Opinometre, S. L., se titula «Estudio cualitativo de percepción, actitudes y expectativas en relación a la atención sanitaria entre la población pediátrica catalana». Entre las conclusiones figura el «desconocimiento generalizado» que los menores de entre 7 y 9 años tienen de la consejera Geli «a excepción de quien la ha visto en persona y las apariciones en el programa «»Polonia»», un famoso espacio de humor de la televisión autonómica en el que se hacen imitaciones de los políticos. Los responsables del informe aluden a que los menores encuestados hacían muecas para imitar a la responsable de salud.
¿Marina o Montserrat?
La popularidad de Marina Geli también es escasa entre los 10 y los 12 años, donde «el reconocimiento de la imagen de la consejera» presenta «más ambigüedad y falta de concreción al examinar la imagen -los encuestadores mostraban una foto a los pequeños-. En general, no la conocen o les suena de la televisión, sin identificar su nombre ni cargo». «Yo creo que se llama Montserrat» o «Me suena la cara» son algunas de las respuestas dadas. Lógicamente, los autores del estudio aconsejan a Geli mejorar su imagen entre los niños.
Fuentes del departamento de Salud de la Generalitat explicaron que la pregunta sobre el grado de conocimiento de los menores sobre Geli se incluyó en el informe a sugerencia de la empresa que realizaba el sondeo.
La diputada del PP en el Parlamento catalán, Belén Pajares, calificó de «escándalo» el informe e instó a la consejera a preocuparse más de la atención sanitaria de los niños y menos de su imagen. Por su parte, el presidente Montilla calificó de «subjetivo» el criterio de inutilidad utilizado por los auditores de los informes encargados en 2007, el 16% de los cuales presentan irregularidades.
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA

lunes, 5 de octubre de 2009

Asociaciones valencianistas se manifiestan contra el "imperialismo catalanista" en Nueva York

Valencia Freedom y GAV protestan en la delegación del Gobierno catalán y frente al edificio de la ONU.

Nueva York.- Miembros de la asociación Valencia Freedom y del Grupo de Acción Valencianista se manifestaron en Nueva York el pasado jueves 23 de septiembre contra del “imperialismo catalán”. A pocos metros del edificio de las Naciones Unidas y junto a numerosas entidades internacionales, esgrimieron la bandera valenciana y una pancarta en la que se podía leer en inglés “Stop catalan imperialism”.

Fuentes de Valencia Freedom informan de que cuando desplegaron la pancarta “el respaldo y el apoyo recibido, tanto de la organización como de los medios de comunicación, fue sorprendente”. “Lo que pensamos que iba a pasar inadvertido acabó siendo una lluvia fotográfica”. Finalmente, tras pasar tres controles de seguridad, los miembros de Valencia Freedom pudieron posicionarse a pocos metros del edificio de la ONU. Pocos minutos después, y tras ser invitados a desistir de la protesta por varios policías, los miembros de las asociaciones valencianistas abandonaron el acto. “Fuimos aplaudidos por parte de la delegación francesa”, aseguran.

Asimismo, acudieron a la delegación del Gobierno catalán en Nueva York para entregar un comunicado al delegado Andrew Davis en el que se denunciaba la política de la Generalitat con las comunidades limítrofes.

“La Generalitat catalana, desoyendo lo acordado por la ONU el 4 de julio de 1976, donde resolvía que 'todo pueblo tiene el derecho de hablar su propia lengua, de preservar y desarrollar su propia cultura, contribuyendo así a enriquecer la cultura de la humanidad', continúa subvencionando entidades radicales que niegan, al igual que la propia Generalitat, la existencia de la lengua valenciana, las señas de identidad propias de los valencianos, manipulando en ansias de expandirse como estado propio la denominación, bandera, historia, cultura y tradiciones valencianas”.

"En pleno siglo XXI algunos catalanes parecen añorar el afán expansionista de la Alemania del 39, algo intolerable, más propio de ideologías fascistas, lejos de la imagen de la Cataluña moderna y tolerante que se quiere dar", añaden.

Los miembros de estas asociaciones señalan que en un principio fueron atendidos con un “bon dia” pero posteriormente la lengua utilizada fue el español, “la única que valencianos y catalanes compartimos”, precisan. Asimismo, manifestaron que los trabajadores se mostraron educados y correctos y que se comprometieron a hacer llegar a Andrew Davis el comunicado oficial de Valencia Freedom y de GAV.

"Al valencianismo social, cultural y político no se le puede poner mordazas. Seguiremos con nuestras campañas hasta que desfallezcamos. Nuestra voz se seguirá escuchando por medio mundo, hasta que alguien pida algún día perdón por el daño que está causando el pancatalanismo a los pueblos limítrofes de la comunidad autónoma catalana".

LVL

Culo, Caca, Pis y otras forma de protesta.

Autopista AP-7 (Tarragona-Valencia)

¿Como se adoctrina en Cataluña?.


Primera lección del curso escolar:'Cataluña es un país mediterráneo'.

140.000 escolares han comenzado el curso con la siguiente lección: "Cataluña es un país mediterráneo situado al nordeste de la península ibérica". Es uno de los datos que aparecen en la "agenda escolar europea" que les han regalado el primer día de clase. La ha realizado la Diputación de Barcelona y se ha repartido en centros scolares "sostenibles" de Cataluña, Huesca, Mallorca y la provincia italiana de Chieti. En ella aparece una descripción de todas estas regiones que ofrecen una curiosa lección de geografía.

España no se cita por ningún lado y de Cataluña se llega a decir que es un país que a "lo largo de la historia ha mantenido relaciones con pueblos del Mediterráneo y el resto de Europa". Otro dato curioso aparece en la relación de días festivos. Mientras en Mallorca el 12 de octubre es Fiesta Nacional, en Cataluña sólo es "El Pilar" porque su único día nacional es el 11 de septiembre.

En Mallorca se ha repartido en 45 colegios e institutos que desarrollan programas de sostenibilidad como CP Joan Capó, CP Blanquerna, CP Mestre Colom, IES Joan Alcover o IES Santanyí.

La iniciativa ha surgido de la delegación de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona que preside Joan Antoni Barón, alcalde de Mataró por el PSC. Es una agenda que pretende fomentar los valores de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente mediante escritos, actividades, dibujos, etc. Ha costado alrededor de 280.000 euros y está financiada por los organismos que se han apuntado al proyecto: la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad de Cataluña, la Diputación de Barcelona, Cooperación Local del Consell de Mallorca, la Conselleria de Comercio e Industria del Govern balear, la Diputación de Huesca y la Diputación de la Provincia de Chieti, en Italia. Según su introducción obedece al impulso de las Agendas 21 locales, es decir, iniciativas municipales por la sostenibilidad, que firmaron los países europeos en la Carta de Aalborg (Dinamarca).

Manuel Aguilera | Palma

Múgica es de cristal



En un libro de recuerdos Joaquín Calvo Sotelo se saltó todos los relacionados con el 23F. Simplemente se comió la intentona golpista. Saltó de un capítulo titulado «antes del 23-F» a otro titulado «después del 23 F». Así que el presidente cuya elección había sido interrumpida por la entrada de Tejero y sus guardias civiles en el Parlamento no dedicó una sola palabra a la trama desestabilizadora en un libro de memorias.
Un comentarista calificó esta autocensura de Calvo Sotelo como una prueba de su proverbial sentido del humor. En realidad era la demostración patética de su impotencia para contar la verdad, «su» verdad, y, de paso, para reconocer la imposibilidad de hacer la historia de ciertos hechos recientes.
Ahora, tan tardíamente, casi treinta años después, Jordi Pujol levanta una punta del tapete en la parte correspondiente a aquel episodio, humillante para todos los españoles y revelador de las debilidades de nuestro proceso democrático.
A estas alturas el ex presidente de la Generalidad catalana nos revela que Enrique Múgica estaba en la cocina de los hechos hasta el punto de que le invitó a él a participar en la operación. Al margen de algunos episodios de Múgica en su viaje a Cataluña, las alusiones de Jordi Pujol a su entrevista con éste son, hasta la fecha, el testimonio más comprometedor para el Partido Socialista en relación con el montaje de la intentona del 23-F. Las palabras de Pujol aluden indirectamente a Felipe González y directamente a quien fue el emisario y es hoy Defensor del Pueblo.
Pujol es absolutamente consciente de que sus memorias ponen frente a la pared a un político que se ha distinguido siempre por su beligerancia contra los nacionalismos y que, en estos momentos, tiene un cargo de cristal. Sólo la respuesta podría impedir su ruptura.

domingo, 4 de octubre de 2009

Un implicado del Palau hizo un informe sobre "buenas prácticas"

Cultura pagó al abogado Raimon Bergós casi 12.000 euros.

El diputado del Grupo Mixto José Domingo ha revelado que el Departamento de Cultura encargó al abogado Raimon Bergós i Civit, uno de los implicados en el caso del Palau de la Música, un "estudio de las buenas prácticas en todos los sectores".

Domingo ha expuesto los hechos durante la comparecencia del consejero de Economía, Antoni Castells, en el Parlament para explicar la auditoría elaborada por la Generalitat tras la polémica de los informes. Castells cumplía así una petición del Parlament de junio del año pasado.

La consejería pagó, en concreto, 11.600 euros, por debajo del límite legal de los 12.000. Cultura se ahorraba de esta manera tener que convocar un concurso público, pero no queda muy bien que una administración encargue un informe sobre "buenas prácticas", lo haga por debajo de esta cifra y el autor sea, además, un abogado que ha sido destituido para urdir un presunto fraude a Hacienda.

El mismo José Domingo ha recordado que Raimon Bergós acaba de ser destituido "por idear un engaño a la Inspección de Hacienda para eludir el pago de impuestos entre 2004 y 2005.

E-Noticies

¿Pesimista o realista?

Los concursos de acreedores crecen un 161% hasta septiembre.


Las declaraciones de concursos de acreedores aumentaron un 161% durante los nueve primeros meses del año, sumando un total de 4.299 frente a las 1.644 insolvencias registradas en el mismo periodo de 2008, y suponen ya un 50% más del total de concursos publicados el año pasado, según el baremo concursal elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC) a partir de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
"Este ritmo de crecimiento nos situará, a finales de 2009, en el entorno de los 6.000 concursos" frente al total de 2.875 registrados en todo 2008, explicó el socio responsable del área de reestructuraciones de PwC, Enrique Bujidos.
Los sectores de la construcción e inmobiliario continuaron siendo los grandes protagonistas de 2009 con unos fuertes incrementos en el uso de este tipo de procedimientos que representan el 34% del total de concursos.
Entre enero y septiembre de este año, el número de concursos pertenecientes a compañías inmobiliarias aumentó un 253% -de 193 a 492- respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en el sector de la construcción el incremento fue del 177% -de 355 a 986-.
Uno de cada cinco concursos, de personas físicas
También otros sectores crecieron por encima de la media, como fue el caso de los concursos de personas físicas, que pasaron a suponer un 20% del total de concursos, llegando a la cifra de 848 en estos primeros nueve meses. Además, se apreció la caída del consumo sobre el sector industrial, ya que las compañías de automoción y de distribución vivieron 641 casos en 2008 y sólo en los nueve primeros meses crecieron hasta 1.060 procedimientos.
Por comunidades autónomas, Cataluña volvió a ser la región con mayor número de concursos en lo que va de año, con un total 1.026 y aglutinó el 24% de los publicados en España, un 56% más de los publicados en todo 2008. La Comunidad de Madrid fue la segunda en el ranking concursal, con 601 insolvencias, un 14% más; seguida de la Comunidad Valenciana, con 591, un 14% más; Andalucía, con 456 concursos, un 11% más; el País Vasco, con 241, un 6% más; Galicia, con 220, un 5% más, y Castilla León, con un total de 205, un 5% más que en los nueve primeros meses de 2008.
Tamaño
Respecto al tamaño medio de los activos, las empresas concursadas son más pequeñas y aumentó el número de compañías concursadas con un activo inferior a 2 millones de euros, así como el número de compañías con menos de 50 empleados, que pasan de suponer el 71% del total de los concursos al 81%.
Aún así, el total de empleados de las compañías concursadas en 2009 suman ya más de 80. 000 -un incremento del 23% respecto al 2008-, lo que provocó un aumento de los trabajadores afectados por despidos o paros temporales debido a situaciones de insolvencia empresarial.
ABC Economía.