La ciudadanía se puede definir como "El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público."

martes, 30 de noviembre de 2010

Independentistas


JORGE BAEZA BELTRÁN | Barcelona

Escuchándoles hablar, uno llegaba a pensar que eran mayoría. Hablando en nombre de Catalunya, daban por hecho que sus consultas alternativas eran la expresión de la ciudadanía. El hecho de que formaciones como Solidaritat Catalana per la Independència pusiesen la proclamación de independencia como inminente en la agenda daba la sensación de que esta estaba hecha. Y es que, como decimos en catalán, "han posat el carro devant dels bous". Y como creyeron que había mucho por repartir, aparecieron nuevos comensales para comerse la pieza. Por eso se puede decir que han sido víctimas de la ficción en la que han vivido.

Alguien puede decir que buena parte del voto de CiU es independentista, y es correcto. Pero teniendo en cuenta de dónde ha procedido el voto de CiU aparentemente, y que el discurso de Mas se ha centrado en su proyecto económico liberal, no parece que podamos afirmar que mucho votantes de CiU sean independentistas. Se ha vuelto a demostrar que no hay nada peor en política que vivir una ficción, y los asesores electorales de Esquerra Republicana deberían haber percibido que alejarse de la realidad social de Catalunya no era el camino hacia el crecimiento.

El independentismo en Catalunya ha sacado algo más del 11% del voto, ésa es su proclamación de independencia. Mucho ruido y pocos votos

miércoles, 24 de noviembre de 2010

PP y PSC tendrán que hablar castellano en el Parlament


Fuente: ABC
Albert Rivera afronta su segunda campaña con las facilidades que da tener representación parlamentaria y la confianza en que por lo menos repetirá resultado

Las encuestas dicen que podrían duplicar representación.
—El último periodo de sesiones ha sido muy bueno para nosotros. La coherencia del mensaje y el hecho de llegar a las elecciones como una voz más libre de ataduras nos da un crecimiento que incluso nos sorprende.
Se les recrimina ser un partido unidireccional, que habla solo de la lengua.
—Y a CiU habría que decirle que solo habla de la nación, ERC de la independencia e ICV de ecología. Cada partido tiene sus tics, pero hemos presentado un programa electoral completo. Aún así, no renegamos de ello, nos parece fundamental que en la próxima legislatura se mantenga el «efecto ciudadanos». Nuestra aspiración es que se entienda que en Cataluña hay bilingüísmo en la calle y en las instituciones, como reconoció el Papa. Estoy convencido de que acabaremos la legislatura con tres grupos utilizando el castellano en el Parlament, como mínimo simbólicamente. El PP se verá obligado si no quiere perder parte de su electorado, y también el PSC deberá replantearse sus políticas respecto a la lengua en la escuela, en las instituciones o las multas lingüísticas.
¿Sin ERC en la Generalitat, C's ha bría tenido el éxito que tiene?
—Si el PSC no hubiera hecho un pacto tripartito al servicio del independentismo quizá nosotros no habríamos nacido. Y si el PP no tuviera la tentación de mimetizar ese pacto con CiU, tampoco. Reconozco que Ciudadanos nace porque los partidos nacionales en Cataluña, por pactos en La Moncloa, necesitan gobernar con ERC o con CiU y eso hace que parte del electorado gire hacia nosotros.
¿Cómo valora la renuncia que hace ahora el PSC a las multas lingüísticas?
—Lo valoro como un tanto de C's, pero le doy la credibilidad que tiene. El 24 de julio Montilla aprobó una ley que incrementaba las multas en un millón de euros. Que tres meses después diga lo contrario me parece una falta de respeto al ciudadano. El PSC ha perdido toda credibilidad, nadie se ha creído tampoco la renuncia al tripartito.
¿Las últimas iniciativas del PP contra regulaciones lingüísticas impiden un pacto con CiU?
—Estoy convencido de que el pacto PP-CiU tras las elecciones está hecho. Y se alargará probablemente al Ayuntamiento de Barcelona si gana CiU y, sobre todo, viene marcado por La Moncloa. Desde Génova hay instrucciones de menos enfrentamiento, lo que pasa es que nuestra presencia ha hecho que el PP tenga que venir a cubrir este espacio.
¿Se puede repetir el caso Vidal-Quadras?
—Creo que Sánchez-Camacho es una persona de confianza de Rajoy y la pone porque sabe que va a ser leal. Vidal-Quadras representaba a los votantes del PP en Cataluña versus los intereses de Génova.
CiU también estará condicionada, en este caso por Laporta.
—CiU estará condicionada por ERC básicamente, porque buscará pactar con ellos los temas nacionalistas. Convergència intentará pactar con el PP sin hacerlo público, pactarán la investidura, los presupuestos. Y ahí es donde jugaremos un papel fundamental como garante para que los partidos nacionales entiendan que sus votantes no quieren ser moneda de cambio por la Moncloa. El entregar los votos de Cataluña a cambio de hacer presidente a González, Aznar o Zapatero se acabó con C's.
Se ha convertido en uno de los defensores de los toros en Cataluña ¿Qué vías legales quedan para dar marcha atrás en la prohibición?
—Si C's tiene grupo parlamentario propondrá modificar la ley. Hay moratoria hasta 2012, y hasta entonces hay oportunidad de presentar la modificación. No hay garantías de aprobarlo, pero esa ley se prohibió a tres meses de las elecciones y eso condicionó el voto en CiU y el PSC.
¿Por qué no ha sido posible el pacto con Rosa Díez?
—Porque UPyD no ha querido.

Las cuentas de la Generalitat

martes, 23 de noviembre de 2010

Todo atado y bien atado.

Esto No es adoctrinamiento. Desde Cataluña aseguran que no existe problemas de lenguas, y que son otros los obsesionados con la lengua, pero que no hay ningún problema

domingo, 21 de noviembre de 2010

El Homo Identitarius

Fuente: Una de cal... y la otra también

A los monos nos gustar andar en manadas. Por mucho que hayamos adquirido ciertas costumbres –cepillarnos los dientes, leer el periódico, componer sinfonías o elaborar teorías sobre el origen del universo- no podemos desprendernos del todo de la inmensa carga genética que hemos ido acumulando durante decenas de millones de años. Y ciertos monos más listos –o quizás tan sólo más oportunistas- han conseguido sacar provecho personal de esa tendencia, encapsulándola en conceptos más elegantes como fet diferencial, identidad y milongas afines.

Los políticos “identitarios” saben lo fácil que resulta manipularnos si previamente nos han convencido de que los que vivimos en el territorio que pretenden dominar “somos diferentes” y que, consecuentemente, “somos mejores” que los de otras partes. Tras eso, es relativamente fácil convencernos que les demos todo nuestro apoyo –y nuestra fe en su inefabilidad- para que ellos nos protejan de los otros, o sea, los distintos, los “no tan buenos como nosotros”.

Argumentar ese intento de silogismo es fácil. No importa la calidad de los argumentos. Se puede echar mano de hechos históricos reales o inventados, del factor Rh -¡qué cosa ésta, nuestros primos primates, los macacos rhesus!-, de la excelencia de nuestros “logros culturales y morales” respeto a la estupidez y la inmoralidad de los otros, de que somos herederos –genética y culturalmente- de los “padres de la patria”, aquellos titanes que fueron los primeros en darse cuenta de nuestra singularidad y de sacrificarse por ella… La lista de idioteces no tiene fin.

Una vez logrado el propósito y a solas, colocados los prohombres más auténticamente nuestros en los puestos claves de la tribu, la comida estará servida y se podrán dar el lujo de hincarnos el diente a sus anchas. No habrá nada que hacer. Les habremos dado todos los recursos –los legales, los políticos, los ideológicos- para que nuestro trabajo diario les engorde sus barrigas y les pague sus caprichos hedonistas. Y no podremos quejarnos y acusarles de corrupción, de traición o de lo que sea: no habrá lugar donde hacerlo, porque en todos los puestos claves de la tribu habrá alguien presto a estigmatizarnos con la peor de las condiciones: “¡Eres de los otros!”

Nótese que todos los delirios identitarios recientes están siempre asociados a territorios, no a comportamientos o a modos de pensar; de nada les sirve a los interesados definir una identidad si luego no pueden ponerla a trabajar a su favor y darles el poder local que ansían. Para sacar provecho del discurso, éste ha de tener consecuencias políticas, es decir, ha de estar contextualizado en un espacio físico, previamente delimitado por fronteras. Y es que, de nuevo, sacan partido de un comportamiento genéticamente condicionado: el derecho al territorio.

Sin embargo, hay algunas características de los primates superiores que nos hace mejores como humanos, por ejemplo, la curiosidad y la capacidad de reflexión.

Gracias a la primera, nos puede dar por indagar en bibliotecas y hemerotecas y sorprendernos de cuanta demagogia y falsedad hay en los discursos identitarios. En entregas posteriores intentaré contribuir algo en este sentido. La segunda nos previene contra todo lo que no encaje en el sentido común y nos plantea preguntas como: ¿quiénes son los auténticos nosotros?, ¿cómo puedo probar mi autenticidad?, ¿por qué mi territorio llega justo hasta donde me dicen y no unos kilómetros más o menos?, ¿qué me hace tan diferente de los otros?, ¿acaso no hay entre los nuestros mucha gente que comete justo los mismos pecados que me han dicho que son propios de los otros?... Y luego la última y definitiva pregunta: ¿No hay asuntos más importantes en mi vida, en las de los nuestros y en las de los otros, para seguir perdiendo el tiempo con estas tonterías identitarias?

Mi consejo es que aprovechemos, ahora que podemos participar en el juego democrático –porque todavía parece que lo respetan algo-, y vayamos a votar por el partido al que le preocupen los problemas reales de la gente como usted y como yo. Nos llevará unos minutos y nos ayudará a que esos otros, o sea, los identitarios, no tengan tanto margen de maniobra. Yo votaré por Ciutadans.

Alejandro Rosales

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Vota a Zapatero

Economía de la secesión: el caso de Cataluña

Por Mikel Buesa, martes, 05 de enero de 2010

La aparición de nuevos Estados independientes ha suscitado, durante la última década, el interés de los economistas, dando lugar a importantes aportaciones en dos terrenos netamente diferenciados entre sí.
El primero, que se deriva de la observación de los procesos de descolonización que tuvieron lugar durante la segunda mitad del siglo XX, alude al tamaño de las naciones y, más concretamente, a las posibilidades que se abren para las más pequeñas dentro de una economía globalizada en la que las barreras al comercio se hacen cada vez más pequeñas, multiplicándose así las posibilidades de acceso a los mercados internacionales. Unas posibilidades que, como han mostrado Alberto Asesina y Enrico Spolaore, se concretan en el aprovechamiento de las ventajas de la especialización bajo unas condiciones en las que la obtención de unos costes reducidos a través de una gran escala de producción no se subordina a la dimensión del mercado interno. Y, así, el tamaño de la nación deja de influir sobre la oportunidad de alcanzar unos buenos resultados económicos. En otras palabras, la globalización abre la viabilidad económica de la emergencia de nuevas naciones de extensión limitada.
Y el segundo es el que se refiere a los casos de secesión en los que la constitución de los nuevos Estados es el resultado de la desmembración de las viejas naciones, lo que conlleva la aparición de barreras comerciales donde antes no existían, dando lugar al que llamamos efecto frontera. Este concepto —que fue acuñado por los profesores McCallum y Helliwell en Canadá, a raíz de sus estudios sobre las consecuencias económicas de una eventual independencia de Quebec— se refiere a los costes que, para comerciar, se derivan de la existencia de fronteras y que se manifiestan en el hecho de que el intercambio de mercancías y servicios es mucho más fácil en el interior de cada país que con el exterior, aun cuando no existan aranceles. Este efecto frontera refleja así la idiosincrasia común de las regiones interiores de cada nación, a la vez que su diferenciación con respecto a los demás países, lo que hace que la intensidad de los intercambios internos sea muy superior a la de los exteriores. Su papel es, por tanto, el mismo que ejercen los aranceles, de manera que actúa como un poderoso mecanismo de protección.

Pues bien, este mecanismo de protección, según han mostrado los acontecimientos, puede reducirse drásticamente e incluso llegar a desaparecer cuando la secesión irrumpe como un fenómeno políticamente traumático que destruye la base común de algunos países. Concretamente, los estudios que se realizaron acerca de las viejas repúblicas soviéticas, de Yugoslavia o de Checoslovaquia, a raíz de su escisión, señalan que el efecto frontera registró una caída de entre tres y cinco veces, dando lugar así a una fuerte disminución de los intercambios y, por ende, del Producto Interior Bruto. Dicho en otros términos, los procesos de secesión dieron lugar a la aparición de fronteras económicas donde anteriormente no existían, erigiéndose así las mismas barreras que anteriormente sólo operaban con respecto a los mercados exteriores.

La secesión de Cataluña.

En Cataluña la idea de la secesión, aunque cultivada durante mucho tiempo por el nacionalismo, no ha tenido una plasmación real en la política práctica hasta muy recientemente cuando, con ocasión del proceso de aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía en 2006, los partidos nacionalistas dieron un giro a sus reclamaciones de autogobierno para exigir la independencia. Fruto de ello han sido los refrendos informales convocados, por el momento, en 167 municipios catalanes para solicitar un pronunciamiento directo acerca de ese asunto —con resultados ciertamente mediocres, a pesar de su manipulación al haberse admitido el voto de los menores de edad y de los extranjeros residentes, pues ni siquiera una cuarta parte de los ciudadanos se ha manifestado favorable a la independencia—.

Pero, más allá del planteamiento político secesionista, nos interesa destacar aquí que también ha habido, en este asunto, una argumentación económica cuyo mejor exponente se encuentra en el reputado académico Xavier Sala i Martín. En ella se acude básicamente al argumento referido al tamaño de las naciones, rechazándose la importancia del efecto frontera y, por tanto, de las relaciones comerciales preferentes dentro del ámbito nacional español. Sala i Martín, primero en una conferencia que pronunció en Omnium Cultural en 1998, y más tarde en otra organizada en 2001 por la Fundació Catalunya Oberta, lo expresó muy claramente: «la evolución de la economía mundial hace que el beneficio de formar parte de un Estado como el español se esté desvaneciendo rápidamente … ya que, en un mundo sin proteccionismo económico, los mercados y la dependencia política son dos cosas totalmente independientes». Sin embargo, es justamente la cuestión del efecto frontera la que más interesa, pues al menos en el corto y el medio plazo, como más adelante se verá, sus consecuencias, en el caso de secesión, pueden llegar a ser devastadoras. Sala i Martín lo admite de manera implícita cuando señala que «si la Unión Europea garantizara que una Cataluña independiente no tendría ningún problema para seguir siendo miembro de la Unión, el proceso de independencia sería más sencillo y, sobre todo, más deseable». Y también lo han visto así los promotores de los refrendos independentistas cuando, al pedir el pronunciamiento de los electores, se alude al marco europeo y se pregunta: «¿Quiere que la nación catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?».

Es evidente que los nacionalistas catalanes, como anteriormente hicieron los vascos con ocasión de la discusión del Plan Ibarretxe, tal como he mostrado en mi libro sobre la Economía de la Secesión, fían la viabilidad de su proyecto independentista a la estabilidad que, para las relaciones económicas y comerciales, proporcionaría la permanencia de las regiones segregadas de España dentro de la Unión Europea, pues en tal caso no existiría, con la secesión, ningún cambio institucional que pudiera afectarlas. Pero este supuesto es muy poco realista debido a que la UE está integrada por los Estados que, en el curso de su formación, se han ido adhiriendo a ella y que, previamente, han sido aceptados unánimemente por todos sus miembros. Además, sus tratados constitutivos no contemplan la posibilidad de que cualquiera de los territorios que forman parte de los Estados miembros pueda separase de ellos, con lo que el Estado que surgiera de una operación de este tipo quedaría apartado de la UE, tal como ocurrió en el caso de Argelia cuando, en 1962, accedió a su independencia.

Por consiguiente, si Cataluña o cualquier otra región europea se constituyera en un Estado independiente y quisiera formar parte de la UE, entonces tendría que negociar su adhesión y cumplir los requisitos que la Unión exige a sus miembros. Y lo mismo puede señalarse con respecto a la Unión Monetaria Europea, donde la integración es aún más exigente. Ello significa que ese nuevo Estado tendría que asumir un largo proceso de negociación que, en ningún caso, podría durar menos de cinco años y que, muy probablemente, siempre que hubiera la requerida voluntad política en todas las partes, sería superior a una década.

En estas condiciones, la parición de fronteras sería inevitable y, con ellas, surgirían las trabas al comercio de bienes y servicios, a la movilidad de los capitales y también a la de las personas, con los costes que todo ello conlleva para la economía. De tales costes, sin duda, los más relevantes son los referidos a las transacciones comerciales, por lo que a continuación me referiré a ellos.

El coste de las fronteras para Cataluña.

Cataluña es una región estrechamente vinculada al mercado nacional español y al mercado común europeo. Así, en 2008, según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), sus exportaciones —que sumaron un total de 150.050 millones de euros, lo que equivale al 69,2 por 100 del PIB regional— se orientaron en un 56,4 por 100 hacia las demás regiones españolas, en un 23,9 por 100 a los otros países de la Unión Europea y en sólo un 19,7 por 100 al resto de los mercados mundiales. En cuanto a las importaciones catalanas —cuyo valor fue de 143.346 millones de euros (66,1 por 100 del PIB)— se puede señalar que su procedencia fue en un 43,9 por 100 del resto de España, en otro 31,5 por 100 de los países comunitarios y en un 24,6 por 100 del resto del mundo. Estas cifras señalan que Cataluña obtiene actualmente un superávit comercial equivalente al 3,1 por 100 del PIB. Sin embargo, no debe obviarse que esta cómoda posición comercial es el resultado de un importante superávit en las relaciones con el resto de España —que equivale al 10,0 por 100 del PIB y de sendos déficits en los intercambios con los países de la UE y del resto del mundo —que se cifran, respectivamente en el –4,3 y –2,6 por 100 del PIB—.

En esta situación, la aparición de fronteras entre Cataluña y las demás regiones españolas, así como con los países comunitarios, fruto de su secesión, tendrá que tener, necesariamente, alguna repercusión sobre sus intercambios comerciales. En efecto, la constitución de una frontera implica, por una parte, la aplicación de los aranceles protectores del mercado interior europeo —en nuestro caso, la Tarifa Exterior Común que, dada la estructura del comercio exterior de Cataluña, supone una carga del 5,7 por 100 sobre los precios de sus exportaciones y, supuesto un tratamiento reciproco, del 4,9 por 100 para sus importaciones—. Por otra, existen costes de transacción derivados de la tramitación aduanera de las operaciones comerciales, la inspección de las mercancías, la obtención de licencias, el riesgo del tipo de cambio —dado que Cataluña, al quedar fuera del área del euro, seguramente adoptaría una divisa propia— y otros elementos; unos costes que, siguiendo las evaluaciones de la OCDE para los países desarrollados, se pueden estimar en una carga equivalente sobre los precios del 13 por 100. Y a ello se le añadiría un descenso importante de la intensidad de los intercambios con España al caer el efecto frontera al que antes he aludido. Esto último es difícil de valorar, pero si se tiene en cuenta la experiencia internacional ya referida, podría aceptarse la hipótesis de que, como mínimo, ese efecto se reduciría a la mitad, con lo que la intensidad de tales transacciones pasaría de 22 a 11 veces, lo que resulta equivalente al efecto de un arancel adicional del 26 por 100.

Con estas previsiones, se puede conjeturar que las exportaciones catalanas al resto de España experimentarán un aumento de precios del 44,7 por 100; y las que se orientaran a los países comunitarios, del 18,7 por 100. En el caso de las importaciones, esos incrementos serán del 43,9 y el 17,9 por 100, respectivamente. Pues bien, si se tiene en cuenta la sensibilidad de la demanda a los precios, los cálculos correspondientes —sobre cuyo detalle me he extendido en otro lugar-- conducen a estimar que la reducción de las exportaciones de Cataluña hacia España alcanzará una cifra de 49.209 millones de euros; y hacia los demás países de la Unión Europea, de otros 8.730 millones. Ello hace un total equivalente al 26,7 por 100 del PIB actual de la región, con lo que el efecto de la secesión a medio plazo será una importante caída del producto real y, por tanto, un empobrecimiento de su población. De esta manera, el PIB per capita de los catalanes pasará, con la independencia, de los actuales 29.457 euros anuales a 21.592, una cantidad ésta inferior a la media española —que es de 24.020 €—. Cataluña dejará de ser, entonces, una de las regiones punteras de España para pasar a ser un país independiente cuya renta por habitante será similar a la de Grecia, Eslovenia o Chipre.

Y si se trasladan estas estimaciones al cálculo de los saldos exteriores, se llega a la conclusión de que el déficit comercial de Cataluña con los países de la UE y con el resto del mundo ya no podrá compensarse con un superávit con respecto a España. En efecto, con la independencia todos los saldos se volverán negativos: –10.864 millones de € con España, –13.136 millones de € con los demás países de la Unión Europea y los actuales –5.813 millones de € con el resto del mundo. En total un déficit en el comercio de bienes y servicios de –29.813 millones de € que equivaldrán al 18,8 por 100 del PIB de Cataluña, una vez descontada la caída de la producción antes mencionada. En definitiva, Cataluña puede pasar a ser la nación independiente más deficitaria del mundo, siempre que encuentre algún país o países que asuman el riesgo de financiar una cifra semejante, literalmente insostenible, pues, si no es así, entonces la crisis de la economía catalana será aún más profunda que la ya descrita y los habitantes de Cataluña se empobrecerán aún más de lo que se ha señalado.

El Estado catalán.

La independencia nacional implica la necesidad de constituir un Estado y desarrollar las competencias que le son propias, tanto las clásicas —administración de justicia, defensa, obras públicas y relaciones internacionales— como las vinculadas a la preservación de bienestar —educación, seguridad social, asistencia a los desfavorecidos y prestaciones de desempleo—, así como las relacionadas con la intervención en ciertos ámbitos de la economía sujetos a fallos del mercado. Para el nacionalismo catalán la creación de un Estado propio se vincula a la cuestión de la balanza fiscal, de manera que el déficit que ésta presenta con respecto al resto de España —que, en palabras de Sala i Martín, se califica de «exagerado»— se verá automáticamente corregido y los catalanes podrán disponer para sí mismos de los correspondientes recursos. Sala i Martín lo señala con nitidez: «Cataluña podría dedicar entre el 8 y el 10 por 100 de su PIB, que ahora paga en concepto de déficit fiscal, a hacer infraestructuras y al gasto social para los catalanes», y ello tendría como consecuencia que «nuestros empresarios verían que sus beneficios serían muy superiores, … nuestros trabajadores verían que sus salarios serían de los más altos de Europa … (y) nuestros consumidores verían que su poder adquisitivo podría haber sido un 70 por 100 más elevado que el actual».

Esta visión idílica —que tiene un fondo de razón, pues es cierto que el déficit fiscal existe y que su cuantía, según sea la metodología empleada para su cálculo, se desenvuelve entre el 6,5 y el 8,7 por 100 del PIB regional, de acuerdo con las estimaciones publicadas oficialmente por el Gobierno español debe ser sometida al escrutinio de la aritmética de los números. Partiendo de esas estimaciones —que se refieren al año 2005— se puede establecer que, en el caso más favorable, los recursos que los catalanes ponen para financiar las funciones del Estado se elevan a 46.323 millones de €. De ellos, 32.483 corresponden a las cotizaciones sociales y el resto —13.840 millones— a impuestos estatales que no revierten en Cataluña. Lógicamente, para establecer el balance de los recursos financieros que el Gobierno de Cataluña tendría a su disposición en el caso de la independencia, a las cifras anteriores habría que sumar los 21.517 millones de € que actualmente constituyen la financiación autonómica. En total, por tanto el nuevo Estado catalán podría disponer, según este balance, de 67.480 millones de euros.

Veamos ahora los gastos. Por una parte, las prestaciones sociales, principalmente las pensiones y los subsidios de enfermedad y maternidad, suman 30.257 millones de €. El ejercicio de las actuales competencias autonómicas absorbe otros 21.517 millones. Y la asunción de nuevas competencias estatales —como el sistema judicial, la defensa, la construcción de infraestructuras, las relaciones internacionales y la intervención económica—, estimadas con criterios conservadores y pensando en un Estado más bien modesto en sus pretensiones, podría llegar a los 6.315 millones de €. En total, todo ello suma 58.089 millones de € que, confrontados con los recursos valorados en el párrafo anterior, arrojan un cómodo superávit de 9.391 millones de €.

Sin embargo, esta cuenta —que cuadra muy bien con la proyección idílica realizada por Sala i Martín— es poco realista, pues si bien los gastos —que, por lo general, son muy poco flexibles a la baja— se pueden tomar como razonables, no ocurre lo mismo con respecto a los ingresos. Ello es así porque la recaudación fiscal es muy sensible a la coyuntura económica, de manera que, cuando ésta se tuerce para dar lugar a una caída de la actividad, entonces la obtención de recursos a través de los impuestos y las cotizaciones sociales se reduce. A partir de una función que liga el nivel del PIB de Cataluña con la recaudación fiscal en su territorio, se puede concluir que, en el caso de que se cumplieran las previsiones de pérdida de actividad que se han expuesto en el epígrafe anterior —es decir, una caída del 26,7 por 100 en el PIB—, la percepción de impuestos bajará hasta una cifra de 24.391 millones de €. Y, por otra parte, si se tiene en cuenta que el desplome de la actividad económica se ha de traducir en la pérdida de un poco más de un millón de empleos —1.022.900 para ser más precisos, según el resultado de una función que relaciona el número de puestos de trabajo con el PIB—, cabe esperar que la recaudación por cotizaciones sociales se quede en tan sólo 25.462 millones de €.

Todo ello significa que, una vez desencadenada la crisis económica a la que conduce la aparición de fronteras, los ingresos del Estado catalán acabarán siendo de 49.853 millones de euros, un 26,5 por 100 menos que en el escenario base de estas estimaciones —que, no se olvide, se ha construido a partir de los datos de 2005—. Esos ingresos habría que confrontarlos con un gasto igual al de dicho escenario —dada su inflexibilidad a la baja—, aumentado con las prestaciones por desempleo que cobrarán los trabajadores despedidos; unas prestaciones cuya cuantía se puede valorar en 9.256 millones de €, totalizándose así un gasto de 67.345 millones. Ello significa que el prometido superávit fiscal del nuevo Estado independiente de Cataluña acabará tornándose en un déficit de 17.492 millones, lo que supondrá el 11,0 por 100 del PIB. La sostenibilidad de este déficit, lo mismo que la del derivado de las cuentas exteriores antes expuesto, es muy dudosa, por lo que el Estado catalán tendría que emprender una dura política de ajuste que, en ausencia de elementos compensadores procedentes del resto de España, inevitablemente tendrá que plasmarse en una reducción del empleo en las Administraciones Públicas, los subsidios al sector privado y las prestaciones sociales —principalmente, las pensiones—.

Conclusión.

Nosaltres Sols!, tal era el lema de uno de los principales grupos catalanistas que, liderados por Daniel Cardona i Civil, aspiraban a la independencia de Cataluña allá por la década de 1930. Nosotros solos es todavía uno de los tópicos políticos que se sostienen desde el nacionalismo más radical en la Cataluña actual, desde ese nacionalismo que ha acabado convocando el referéndum de independencia en más de un centenar y medio de municipios catalanes. Ha llegado, por tanto, el momento de establecer cuáles podrían ser las implicaciones de tal soledad para la economía catalana y, por derivación, para el bienestar de los catalanes. En las páginas precedentes he presentado algunas estimaciones preliminares que no dejan lugar a dudas: la independencia de Cataluña, de manera inevitable, conducirá a una grave crisis económica en ese territorio que reducirá el nivel de vida de sus habitantes y obligará a que, por el efecto de un déficit insostenible, empeoren los servicios públicos y las prestaciones sociales que oferten sus Administraciones.

Nada de esto es, sin embargo, novedoso. Y, aunque no hubiese sido cuantificado, sí fue percibido por algunas de las más preclaras inteligencias que Cataluña ha dado a España. El profesor de investigación del CSIC Antonio Cerdá, hoy Consejero en el Gobierno de Murcia, recordó hace unos años, en un artículo publicado por ABC en 2005, que Joseph Pla, poco tiempo antes de su muerte, dirigió una carta al Presidente Tarradellas para pedirle que no se fiara de los políticos nacionalistas. «Apenas sirven para nada», advirtió Pla para, a continuación, añadir que «el catalanismo no debía prescindir de España porque los catalanes fabrican muchos calzoncillos, pero no tienen tantos culos». Pla «no andaba mal encaminado», concluye Cerdá. En efecto, los resultados que, desde el análisis económico de la secesión, he presentado en estas páginas así lo corroboran. Pero más hubiese valido que los sucesores de Tarradellas en el gobierno de Cataluña no nos hubiesen dado ocasión para comprobarlo.

domingo, 14 de noviembre de 2010

El conseller Maragall, 'pillado' in fraganti mientras conducía


Con móvil al volante.

E-Noticies
El conseller de Educació, Enrest Maragall, ha sido 'pillado' in fraganti hablando por el teléfono movil mientras conducía. La foto, a la que ha tenido acceso e-notícies, se ha tomado en la calle Urgell, a la altura del mercado de Sant Antoni, sobre las 14.40h. Las fuentes que han sido presenciado la infracción han explicado que el conseller "ha pasado mucho tiempo hablando y ha arrancado el vehículo hablando por el móvil".

Según la ley de seguridad vial, hablar por teléfono móvil o manipular el navegador mientras se conduce supone la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir y 200 euros de multa.

El artículo 65 tipifica como "infracción grave conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación" y "utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la obligatoria atención permanente en la conducción". A este tipo de infracción grave le corresponde "una sanción de multa de 200 euros y la detracción de tres puntos".

domingo, 7 de noviembre de 2010

'Ayuda' del tripartito al diario en catalán 'El Punt'

Gobernación contrata 600.000 euros en subscripciones


El Efecto Ciutadans


C´s. sala de prensa.
Si se cumplen todos los sondeos, Ciutadans duplicará como mínimo sus resultados. Eso significa que, sin mayorías absolutas en la cámara, nuestro discurso y nuestros escaños pueden ser decisivos.

Esta semana se han cumplido 4 años desde que Ciutadans entró en el Parlamento catalán, el 1 de noviembre de 2006, consiguiendo 3 escaños.
Pero, el efecto de nuestra entrada en el Parlament y el trabajo coherente y firme que hemos realizado parece que se visibiliza ahora, 4 años después, y seguramente, con mayor claridad la próxima legislatura.
La irrupción de una fuerza política no nacionalista, de progreso y que defiende la regeneración de la política, especialmente en Cataluña, ha conseguido cambiar más cosas a nivel cualitativo que cuantitativo. Nuestros tres votos en la cámara no han sido decisivos prácticamente en ninguna ley, puesto que el tripartito alcanzó la mayoría absoluta, pero, ha sido determinante para empezar a poner en evidencia la obsoleta y monolítica clase política catalana.
El que Ciutadans haya utilizado con normalidad las dos lenguas oficiales desde el primer discurso de investidura de Montilla, hasta la última sesión de control, ha supuesto una auténtica revolución en un parlamento en que todos los grupos, incluido el PPC, sólo hablan en catalán desde la tribuna. Ciutadans ha conseguido, no sin murmullos y la incomodidad todavía de algunos diputados nacionalistas- hacer normal en las instituciones lo que es normal en la calle, el bilingüismo.
La presencia de Ciutadans estos cuatro años ha supuesto así mismo una enmienda a la totalidad de la forma de entender la relación entre ciudadanos y representantes políticos. La apertura de una ponencia para elaborar una ley electoral catalana, o la solicitud de la creación de las dos comisiones de investigación que han tenido lugar en el periodo final de la legislatura sobre el incendio de Horta de St Joan o el caso Palau surgen a demanda y a propuesta inicial de C´s. Estoy convencido de que sin nuestra insistencia sobre la necesidad de tener una ley electoral-aunque la ponencia fracasó por el inmovilismo de los partidos tradicionales- con listas abiertas, limitación de mandatos, primarias obligatorias para los partidos y reducción de gastos electorales ni siquiera se hubiera hablado del asunto, y sin nuestra firme oposición a los casos de corrupción del mal llamado oasis catalán, aquí se hubiera vuelto a tapar el caso Palau como ya se tapó el 3 %, o Banca Catalana.
También, se ha notado en la cámara que había un partido que tenía un discurso nítido, claro y sin dobleces en defensa de la Constitución y de un modelo de estado autonómico cohesionado, entendiendo Cataluña como comunidad autónoma, no como país, ni nación, ni futuro estado independiente. Y tanto desde la tribuna del Parlament como desde la calle, en manifestaciones, hemos mostrado nuestro rechazo a la insumisión de Montilla y su gobierno a acatar las sentencias judiciales que defienden el bilingüismo en las escuelas, y en especial, la del TC, que a día de hoy sigue sin cumplirse, sin las modificaciones de aquellas leyes parcialmente inconstitucionales después de la resolución del alto tribunal.
Pero, es en esta campaña electoral y especialmente a partir del 28-N, cuando el efecto Ciutadans se desplegará definitivamente. Ya estamos viendo al PSC, aunque sea por miedo a perder votos, que reniega de la asimilación que ha hecho del discurso nacionalista en los últimos 7 años. El mismo Montilla, que incrementaba las multas lingüísticas hasta un millón de euros hace tres meses, ahora quiere fingir que las cuestiona; el mismo presidente que ha dado alas al independentismo, ahora se aleja de él para pedir el voto; el mismo dirigente que nos ha llamado retrógrados a los que defendemos el bilingüismo, y el mismo que no ha dicho ni una sílaba en castellano en toda la legislatura, ahora pide debates en castellano y se va al Llobregat a hacer mitings con Felipe González en su lengua materna, la misma que excluye de las aulas catalanas-menos la de sus hijos en el colegio alemán, claro-. Y Sánchez Camacho, la misma que el año pasado se negó a firmar el manifiesto por la lengua común, alegando que en Cataluña no había problemas con los derechos lingüísticos, ahora asume y repite sistemáticamente en campaña el discurso de Ciutadans. Eso significa que el efecto Ciutadans está influyendo en los dos partidos nacionales, que ven como el abandono y la traición a sus votantes, unos para gobernar con ERC y otros para apoyar a CIU, a cambio de apoyos en Moncloa, tiene un coste electoral.
Ya estamos consiguiendo parte de nuestro éxito: que nuestra presencia y crecimiento haga que el PSC y el PPC tengan que ir detrás de nuestras ideas y modelo de sociedad abierta y plural, y eso es bueno para Ciutadans y sus votantes, pero sobre todo es bueno para la libertad y la convivencia en Cataluña y para el conjunto de España.
Albert Rivera,
Presidente de Ciutadans (C’s)

martes, 2 de noviembre de 2010

La Fiscalía pide imputar al tesorero de CDC por las comisiones de Ferrovial

Daniel Osàcar
Osàcar, a la izquierda, acompañado de Jordi Turull y Oriol Pujol.| Q. García

Osàcar, a la izquierda, acompañado de Jordi Turull y Oriol Pujol.| Q. García

  • Considera que hay 'evidencias documentales' de cobros de la constructora

La Fiscalía ha pedido al juez que abra una investigación aparte sobre el supuesto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música por la adjudicación de obra pública, y que cite a declarar como imputado al administrador general del partido, Daniel Osàcar.

Según han informado fuentes judiciales, en un escrito que ha presentado ante el juez del "caso Palau", Juli Solaz, el ministerio público también solicita la imputación del ex líder del Partit per la Independència (PI) y actual secretario de Inmigración de CDC Àngel Colom, por los 75.000 euros que Fèlix Millet le donó para financiar las deudas de su partido.

Estas nuevas imputaciones son algunas de las diligencias que ha planteado la Fiscalía al juez a raíz del informe de la Agencia Tributaria que confirmó que Fèlix Millet actuó como intermediario en el pago de supuestas comisiones de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas de envergadura por parte de los gobiernos presididos por Jordi Pujol.

En este informe, ratificado ante el propio juez por los peritos de Hacienda, se subraya que la constructora habría pagado comisiones del 4% por la adjudicación de grandes obras públicas, de los que un 2,5% habrían ido a parar al partido, que se habría embolsado así 5,8 millones, y un 1,5% se lo habrían quedado los ex responsables del Palau de la Música.

Concretamente, las obras que según la acusación pública pudieron generar comisiones ilícitas fueron un pabellón en Sant Cugat (Barcelona), un encargo de la entidad Regs de Catalunya S.A. y las emblemáticas Ciutat de la Justícia y línea 9 de metro.

Evidencias de pago en efectivo

En su escrito, la Fiscalía subraya que existen "evidencias documentales" sobre este supuesto pago de comisiones, que se hicieron efectivas a través de entregas en metálico o en cheque, servicios prestados por empresas que han trabajado para campañas electorales de CDC y donaciones a la Fundación Trias Fargas (actual Catdem), vinculada a la formación nacionalista.

Por ese motivo, pide interrogar a Daniel Osàcar, administrador de la Fundación Catdem que apareció vinculado al supuesto pago de comisiones desde el Palau de la Música cuando se hallaron notas de los ex responsables de la institución que aludían a pagos efectuados a un tal "Daniel".

En una acalorada intervención en el Parlament durante la comisión de investigación sobre el 'caso Palau, Osàcar negó ser este "Daniel" y aseguró que el único dinero que ingresó del Palau de la Música fue el procedente de los convenios "legales" firmados entre la Fundación Catdem y el Palau -que CDC ya ha empezado a devolver-.

En la pieza separada sobre el pago de comisiones, el ministerio público pretende incluir todas las operaciones relativas al desvío de fondos del Palau de la Música a terceros entre los años 2002 y 2008.

Por ese motivo, el fiscal solicita también la declaración del ex líder del Partit per la Independència, Àngel Colom, actualmente secretario de Inmigración de CDC, por haber cobrado del Palau de la Música 75.000 euros en nombre de la fundación privada Espai Catalunya para enjugar las deudas que arrastraba su partido tras su disolución, enmascarándolo en un convenio de pedagogía.

El ministerio público, como ya hiciera el pasado mes de septiembre, ha vuelto a pedir en su nuevo escrito la declaración de Fèlix Millet y Jordi Montull en relación con el presunto pago de comisiones a CDC.

La intención de la Fiscalía al volver a interrogar a los saqueadores confesos del Palau es que respondan sobre las nuevas pruebas del caso, ya que en su primera declaración ni siquiera se conocía el resultado de las auditorías, que elevan a 35 millones un desvío de fondos que Millet y Montull limitaban a 3,3 en su confesión entregada al juzgado.