El Gobierno duda de la consitucionalidad de la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Así lo aseguran desde la Generalitat, mientras el Ministerio de Educación mantiene que ha dado con aspectos en la norma catalana que podrían ser incompatibles con la Ley Orgánica de Educación. Así se lo trasladó el Ministerio de Política Territorial a la Generalitat a finales del pasado mes de septiembre, con el objeto de abrir un procedimiento de conciliación que permita solucionar las diferencias por las buenas.
El Ejecutivo ha hecho llegar a la Generalitat el informe realizado por el Ministerio de Educación, que traslada sus "dudas jurídicas" sobre dos aspectos génericos: "la interpretación curricular y los cuerpos docentes creados" creados por la LEC. Según la conselleria de Educación se trata de "dudas jurídicas sobre puntos que pueden vulnerar preceptos de la LOE"
La "interpretación curricular" se refiere al desarrollo de las materias de los planes de estudios, en especial al número de horas de las materias.
Educación, que no ha querido dar detalles sobre su informe "técnico jurídico" a este periódico, tampoco ha querido confimar a si la enseñanza catalana del castellano estará sobre la mesa de dudas constitucionales. Aunque en este punto cabe recordar las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cuando, recién aprobado el texto en la Comisión de Educación del Parlamento catalán, advirtió de que el Gobierno recurriría la ley si incumplía la enseñanza de tres horas de castellano a los niños de Primaria. Una vez aprobada la LEC, incumpliendo este punto, el Gobierno se limitó a decir que la estudiaría.
Por otro lado, la LEC reduce a cinco los 12 cuerpos docentes en los que la Ley Orgánica de Educación (LOE) divide al profesorado de la escuela pública. Además, cambia su denominación y los clasifica sólo por el título académico de los docentes. Por ejemplo, engloba en un mismo cuerpo docente a catedráticos de Secundaria, de escuelas de idiomas, de música y de artes plásticas, que son cuatro cuerpos separados en la LOE.
Este aspecto, precisamente, provocó que el sindicato ASPEPC-STS, de catedráticos y profesores de Secundaria, pidiera al Defensor del Pueblo su intervención. En su petición de recurso a le LEC, dicho sindicato explicaba las contradicciones con el artículo 149.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la regulación del funcionariado público, y con la Ley Orgánica de Educación (LOE) en varias de sus disposiciones adicionales.
La Generalitat abrió el pasado martes el procedimiento de conciliación entre administraciones, aunque no fue hasta una semana después cuando el consejero de Educación catalán, Ernest Maragall, dio a conocer públicamente las reservas del Gobierno central.
Tampoco hasta ayer, el Ministerio de Educación soltó prenda. Prefirió esperar, tal vez por cortesía institucional, a que fuera la Generalitat la que decidiera cuándo ponerse en evidencia.
Aunque el Ministerio de Educación sólo ha hablado de la apertura de un procedimiento de conciliación, lo que prevé la Ley del Tribunal Constitucional en su artículo 33 a la que apela Gabilondo es que se constituya la "Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma". En ella, se pondrían sobre la mesa las diferencias y se negociaría la manera de solucionarlas.
El ministro de Educación ha estado tres meses elogiando públicamente la LEC, por su carácter innovador en la gestión de los centros escolares y por la importancia que se da a la participación de los padres. Junto a sus elogios, también ha insistido en pedir respeto para el autogobierno de las autonomías y para las leyes aprobadas en los parlamentos autonómicos. Lo hizo en este periódico y lo hizo por última vez, el pasado 30 de septiembre en el Congreso, cuando también anunció que había concluido su informe sobre la LEC.
En paralelo a esta cuestión, Ángel Gabilondo ha emprendido las negociaciones de su Pacto por la Educación, en el que, en una primera fase de las conversaciones, ha encontrado sintonía con todos los partidos, incluidos PP, CiU y ERC, con la que se reunió ayer.
Precisamente, ERC ha pedido abiertamente a Educación que derogue el Real Decreto que establece la enseñanza de tres horas de castellano en la Enseñanza Primaria de las comunidades bilingües. "Ni su cumple ni se va a cumplir porque le LEC ya blinda nuestra política lingüística", le advirtió a Gabilondo el diputado de Esquerra Joan Tardà en la sesión parlamentaria del pasado 30 de septiembre.
Y Gabilondo propuso llevar la cuestión lingüística a su Pacto por la Educación.
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