La ciudadanía se puede definir como "El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público."

martes, 31 de agosto de 2010

Hemos creado un monstruo

Reggio’s

ahora mismo

La infausta y frívola campaña veraniega de anuncio y tanteo para proceder a la subida de impuestos nos hace reflexionar sobre muchos temas esenciales, amén de indignarnos. La primera reacción es exigir que ni se permita plantearla sin haber diseñado previamente una reducción estructural del gasto público a todos los niveles. Insistimos en lo estructural, pues nada tiene que ver con el torpísimo “recortazo” confusamente anunciado (hoy sí, mañana no, pasado sí pero menos, y los ojos en Blanco…). Advirtamos que reducir estructuralmente el sobregasto lleva a revisar estructuras. Sobre una fundamental queremos compartir reflexión.

Es evidencia admitida, en cada vez más cenáculos informados, que lo pergeñado como Estado de las Autonomías es ruinoso e impagable. Impagable sin ironías, en el sentido genuino y monetario. Económicamente, hemos creado un monstruo. Dejemos hoy los efectos socio-políticos, tal vez menos objetivables, aunque vinculados e importantísimos. Hablemos de euros y rompamos tabúes.

Comencemos revisando dos ideas adquiridas. La primera es que el actual estado de la Nación española es el apéndice natural inevitable de la Constitución. No es cierto, es sólo uno de los posibles. Evidencia crucial, pues significa que la situación es retomable, sobre todo si no hay presupuesto que lo aguante. La segunda es que España ha prosperado mucho durante el establecimiento de las autonomías. Sí, pero no. La progresiva instauración de la actual situación territorial ha tenido, simplificando, dos fases. La primera consistió en una descentralización de gestión de competencias razonables con una fuerte impronta cohesionadora del Gobierno central. Esa descentralización fue muy buena para España, ya que aumentó eficacia y acercamiento de la gestión. Pero la dinámica se desmadró, con errores colosales (¿transferir educación y sanidad? ¡Ni los suizos se han atrevido!) y el nacimiento de 17 taifas desiguales y del famoso “Estado Residual” inerme, chantajeado, sin poder ejecutivo ni cohesionador. La auténtica pregunta es: ¿Cuánto más y mejor hubiese crecido España en los últimos tres lustros sin el lastre de este particular sistema autonómico? Esta es la verdad por estudiar.

Para ello se impone enunciar, conceptualmente, qué disfunciones, cuando no disparates, ha introducido el actual Estado de las Autonomías, impidiendo una mayor prosperidad de los ciudadanos. Son de cuatro índoles. La primera aproximación es contable. Sorprende que el propio Gobierno de la Nación, en cumplimiento de su deber, no haya valorado la sobrecarga económica que supone la anárquica, redundante y elefantiásica explosión de organismos públicos a todos los niveles. Hay que acudir a estudios privados, como el de la Fundación UPyD, que detectan los grandes ahorros que se producirían, incluso sin reformar el sistema, con sólo generalizar el sistema regional más eficiente a los demás. Ahorros indispensables.

La segunda es más grave e irresponsable, y también empieza a ser estudiada por instituciones empresariales (pero no lo quiso hacer el Consejo Económico y Social): la ruptura del mercado único. Cualquier empresario sabe cómo se le han multiplicado los costes de transacción. El establecimiento de barreras interiores a la libre circulación (no siendo la menor la lingüística), la multiplicación de legislaciones diferentes y de trámites distintos a pocos kilómetros de distancia, la “patrimonialización” de las Cajas regionales… tantos ejemplos de un empobrecimiento anti-natura que nos terminará arruinando.

La tercera puede pasar desapercibida, pero es clave: la imposibilidad de hecho para el Gobierno de la Nación de implementar políticas con la suficiente masa crítica y con el aprovechamiento máximo de las economías de escala en una Nación modesta a escala mundial. La imposibilidad de invertir sensatamente en capital humano (educación), en infraestructuras (trasvase Tajo Segura, almacén geológico profundo de residuos, programación global de la Sanidad…), en ordenación del territorio (costas) y mucho más, hace que la dinámica económica española sea radicalmente ineficiente e insolidaria, es decir mucho más costosa. Y, por último, aunque poco citada, la absoluta pérdida de proyecto común, de esfuerzo colectivo nacional, de visión de servicio a toda la Nación por parte de las autoridades regionales, cada vez más semejantes a cacicatos localistas, inoculando esa tribal cultura, poco a poco, a la ciudadanía. Aún difícil de calcular, esa actitud de emplear energías “contra” el de al lado o “contra” la fortaleza de la nación, se nos antoja como la más dañina para la economía. La importancia de los “animal spirits”….

En la encrucijada dramática que vive España, aunque sólo fuere la económica, creemos indispensable priorizar el análisis de esos temas, y la concienciación social, para reformar, regenerar y reestructurar el potencial de prosperidad futura de los españoles todos. De lo contrario, la agonía será dolorosa, y seguiremos perdiendo la confianza, interna y externa, que necesitamos para salvarnos. Pero, entre un Presidente que va repartiendo naciones de generación espontánea y un opositor mayor que promete a sus caciques no recuperar ninguna competencia ¿Quién combate al monstruo? ¿Quién se ocupa del bien común de los españoles?

Enrique Calvet. Economista.

lunes, 30 de agosto de 2010

Sellarès cobra 106.000 euros de la Generalitat


El ex Secretario de Comunicación percibe un sueldo 'vitalicio' al frente de su fundación.

E-noticiés
El ex secretario de comunicación del Govern, Miquel Sellarès, cobra un sueldo de alta dirección -más de 106.000 euros al año- como máximo responsable de la Fundación Centre de Documentació Política, según ha denunciado CiU en el debate de los Presupuestos de la Generalitat del 2010 en comisión.

La diputada Pilar Pifarré, en efecto, ha afirmado que "el Centro de Documentación Política se puso el año pasado en el Departamento de Presidencia y continúa este año. El año 2009 tenía treinta laborales fijos, y éste 2010 tiene veintinueve laborales fijos y una alta dirección que aparece, con unas retribuciones de 106.044 euros".

Fuentes oficiales del Gobierno han justificado que "se trata de un sueldo bruto equivalente al de un secretario general. El sueldo es lo mismo que el año pasado. La fundación es un medio propio, forma parte del sector público, es decir, está integrada dentro del presupuesto de la Generalitat y por lo tanto no recibe subvenciones".

El sueldo de Sellarès, a pesar de no ser un cargo oficial, supera el de secretario general de una consejería -el número dos de cada departamento- que está en 93.000. Los consejeros cobran 127.000 euros al año y los secretarios generales de la Presidencia (Isaías Táboas) o del Govern (Laia Bonet) 126.000.

La Fundación, tiene un presupuesto de casi 1,9 millones de euros, para hacer los resúmenes de prensa de la Generalitat. Los resúmenes no fueron adjudicados por concurso público, sino por convenio aunque, desde caso Millet, el Gobierno recela de los convenios. Además, en el 2004 la entidad ya recibió una subvención de 191.000 euros para el "proyecto de mejora de los servicios y productos de documentación mediante la renovación y ampliación de su hardware y software" aunque aquel año el propio Sellarès había sido nombrado Secretario de Comunicación del Gobierno.

El Centro de Documentación Política fue fundada de 1978 como entidad privada, pero Sellarès consiguió en 1999 que participara tanto la Generalitat de Catalunya, entonces en manos de CiU, como la Diputación de Barcelona, del PSC. El patronato, presidido por el mismo Sellarès, está formado también por Jordi Menéndez, Carles Mundó, Aurora Masip, Jaume Bosch, Jordi Fortuny y Carles Flamerich en representación del Gobierno. Màrius García y Carme Pérez en representación de la Diputación y Miquel Esquirol y Jordi Porta -presidente de Òmnium- de la propia entidad.

El presidente es Miquel Sellarès, uno de los impulsores de la plataforma 'Carod, presidente', en las elecciones del 2003. Sellarès fue director general de Seguridad Ciudadana con CiU durante nueve meses -de hecho Macià Alavedra le presentó recientemente su libro de memorias en diciembre del año pasado- y posteriormente Secretario de Comunicación con el tripartito durante tres, cargo del que tuvo que dimitir por los informes sobre empresas periodísticas.

El actual presidente de Esquerra, a Joan Puigcercós, también lo elogiaba en una entrada en su blog el pasado 1 de noviembre ("Els pressagis de Miquel Sellarès") y recordaba que "fue expulsado de su antigua organización política (Convergència Democrática, de la que es fundador) y linchado públicamente para subir la voz contra la corrupción, contra el tráfico de influencias y el uso indebido de información privilegiada a la sombra del poder". "Miquel, gracias por tu ejemplo," acababa el artículo.

domingo, 29 de agosto de 2010

El arrepentido Portabales advierte que tiene documentación secreta sobre Garzón y el fiscal Zaragoza que puede hundirles

extraconfidencial.com

Él y Padin se acaban de quedar sin la protección económica y personal del ministerio de Interior que gozaban desde hace 20 años por la "Operación Necora"

El testigo protegido guarda en una caja fuerte agendas de anuario y cintas donde están recogidos muchos de los secretos inconfesables del todavía titular del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional y del hoy su Fiscal Jefe, antes fiscal Antidroga.
Se da la circunstancia que el juez del Supremo que ha encausado a Garzón, Luciano Varela, fue el amigo y colaborador del juez estrella durante la Operación Necora
Ricardo Portabales, cuyo testimonio de arrepentido fue vital para la denominada “Operación Nécora”, que provocó el primer derrumbe del narcotráfico gallego, advierte que si continua con la suspensión de toda medida protectora tanto de carácter económico como personal hacia él y su familia sacara a la luz una serie de agendas de anuario, documentación sobre reuniones y cintas de conversaciones grabadas sobre el juez Baltasar Garzón y el hoy Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
El 12 de junio de 1990 el juez del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y el entonces Fiscal Antidroga, Javier Zaragoza, asestaron el primer gran golpe contra las bandas del narcotráfico orensanas que operaban en las rías gallegas. Más de 350 policías desplazados desde Madrid apresaban de madrugada, en sus casas y en pijama, a los principales jefes del contrabando de tabaco, reconvertidos a narcotraficantes: Laureano Oubiña, Sito Miñanco y los integrantes del clan de los Charlines.
Ricardo Portabales, natural de Marín (Pontevedra), que hizo la mili como submarinista y quiso ser Policía antes de dedicarse a la contratación de barcos y al tráfico de estupefacientes, emigró tras el juicio de la Operación Nécora a Uruguay, donde intentó poner en marcha un negocio de compra venta de cuadros y antigüedades junto a su nueva compañera sentimental. Fracasó y enfermó.

Todo en una caja fuerte

Su compañero de arrepentimiento, Manuel Fernández Padín, permaneció en España. Tras varios años durmiendo en dependencias policiales, rehízo como pudo su vida, aunque se encuentra sometido a tratamiento de ansiolíticos
.
Ahora, los dos se han quedado sin ninguna protección, ni económica ni personal, por parte del Estado español.
Ricardo Portabales ya ha advertido a los altos mandos policiales y judiciales que si esta situación continua sacara a la luz el material que guarda en una caja fuerte, que contiene agendas donde están anotadas muchas reuniones y datos confidenciales, así como cintas “que pueden hacer mucho daño”. Dicen en su círculo más cercano que los dos “estamos quemados con el juez Garzón y con el ministerio de Interior porque les han defraudado y no han cumplido lo pactado”. Afirman que mientras su colaboración fue necesaria, Interior se ocupo de su protección y les proporcionó casa y dinero (unos 1.100 euros netos al mes). Todo ello a cargo de los fondos reservados. Hoy, ya no son nadie y les han retirado todo. En Interior se justifican y aseguran que las finanzas del Estado se han resentido y también los fondos reservados, que “se encuentran bajo mínimos”.
Su enfado les lleva a advertir que pueden hacer temblar los cimientos de la Audiencia Nacional y del ministerio del Interior con los documentos que Ricardo Portabales tiene guardados en una caja fuerte.

Coincidencias judiciales

Se da la circunstancia que el juez que colaboro mano a mano con Garzón en la Operación Nécora fue Luciano Varela, entonces titular en los Juzgados de Pontevedra y que ahora, desde su puesto de magistrado en el Tribunal Supremo, ha encausado a Garzón por una presunta prevaricación con motivo de la investigación sobre los crímenes del franquismo. Precisamente, la Operación Nécora contra Ricardo Portabales la inició Luciano Varela en Galicia y la culminó Garzón en la Audiencia Nacional.

El magistrado Varela, cofundador de Jueces para la Democracia, es un gran amigo de Juan Alberto Belloch, el que fuera súper ministro de Justicia e Interior durante la última etapa de Felipe González y enemigo declarado de Baltasar Garzón. Quizás sea por esto, el empeño demostrado por Luciano Varela, que elaboró con Belloch la Ley del Jurado, por sentar en el banquillo al juez estrella, al que ahora Ricardo Portabales pone de nuevo en entredicho. Todo indica que un nuevo calvario se abre para Garzón.

Juan Luis Galiacho


La momia del general Prim reaparece en Reus

El País. FERRAN BALSELLS - Tarragona
No será un homenaje cualquiera: el cuerpo embalsamado del general Prim, hijo ilustre de Reus y uno de los personajes más influyentes en la historia contemporánea española, se exhibirá temporalmente ante los ciudadanos en un reconocimiento de regusto entre faraónico y maoísta-leninista.

El Ayuntamiento quiere aprovechar el proceso de restauración del mausoleo del general, tarea que incluye la revisión del estado de la momia, para que los ciudadanos acudan a mostrarle sus respetos. "Como tenemos que acceder al cuerpo, nuestra intención es exponerlo por un breve periodo de tiempo y todavía por determinar", señala la concejal de Cultura, Empar Pont, cargada de cautela para no herir sensibilidades.

"No será un circo, sino un reconocimiento respetuoso. Tampoco queremos molestar a los familiares directos del homenajeado", razona la concejal de Cultura de Reus. La familia de los Prim, que ya anda por los biznietos del general, todavía no ha sido consultada sobre el asunto. "No esperamos que presenten quejas porque se trata de un reconocimiento", confía Pont.

El Consistorio prevé exponer la momia en el mismo mausoleo del cementerio de Reus en el que yacen estos restos desde 1971. El rescate temporal del cuerpo embalsamado de Prim se concretará gracias a los trabajos de restauración del sepulcro, que empezarán este septiembre con un coste de 37.000 euros y seguirán una técnica similar a la utilizada recientemente por la Generalitat para analizar la momia de Pere El Gran.

En la tarea participarán los técnicos del Centre de Restauració de Béns Immobles de Sant Cugat del Vallès, los mismos que ya estudiaron los restos del monarca de la Corona de Aragón. Su tarea consistirá, primero, en diagnosticar el estado de conservación del mausoleo y del féretro para detectar y reparar posibles daños en el recinto.

Después, se procederá a abrir el sepulcro para extraer muestras de los tejidos de la momia, analizar su estado de conservación y rehabilitarla en caso que sea necesario. Concluida esta fase, el Consistorio espera exponer la momia al público, probablemente alrededor de noviembre.

La figura de Joan Prim recibirá así un reconocimiento póstumo de su ciudad natal después de que el jefe de Estado muriera a balazos a finales de 1870 en Madrid. El asesinato estremeció a Reus desde la distancia

sábado, 28 de agosto de 2010

Murcia, que grande eres


El hijo de Jordi Pujol, portavoz de CiU en Cataluña, utiliza a la Región de forma peyorativa para criticar el centralismo español.

La página web oficial de CiU puso ayer en un sitio destacado las despectivas alusiones de Oriol hacia Murcia

La Verdad.es
Oriol Pujol: «Montilla quiere convertirnos en una gran Murcia»
El hijo del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol sembró ayer la polémica al manifestar que José Montilla pretende convertir Cataluña «en una gran Murcia». Oriol Pujol, que es portavoz de Convergencia i Unió (CiU) en el Parlamento catalán, arremetió contra el modelo federalista del Partido Socialista de Cataluña (PSC) en unas declaraciones realizadas en el programa 'Els Matins' de la televisión autonómica TV3. «La propuesta de Montilla es construir un Estado fuerte en torno a una capital fuerte: Madrid. Esto sólo nos deja la opción de subirnos al carro de la españolidad. Montilla nos quiere convertir en una gran Murcia», apuntó el político nacionalista catalán. La página web de CiU mantuvo ayer destacadas las polémicas declaraciones de su portavoz alusivas a Murcia.
Oriol Pujol, adscrito al sector soberanista de Convergencia Democrática y con grandes ambiciones políticas, abundó en estas manifestaciones para criticar que el modelo que defienden el PSOE y el Partido Popular «es el de una España a la francesa, con una capital muy fuerte». Añadió que el presidente Montilla está solo con su propuesta federalista porque no cuenta ni con el apoyo de su propio partido.
No es la primera vez que el hijo del anterior presidente de Cataluña utiliza con el mismo sentido peyorativo a la Región de Murcia para resaltar las reivindicaciones catalanistas. Precisamente en marzo de 2008 manifestó, a raíz de la toma de posesión de José Montilla, que el dirigente socialista convertiría «Cataluña en una gran Murcia, lejos de ser una nación seremos una gran Diputación con poco orgullo de país». Eso sí, «con todo el respeto por los murcianos», dijo Oriol Pujol. Estas palabras fueron recogidas por ABC a propósito de la radicalización del nacionalismo catalán. Esa época coincidió con otras declaraciones de Marta Ferrusola, esposa de Pujol, expresando su malestar por el hecho de que el presidente de la Generalidad de Cataluña fuera andaluz.
Ferrusola mostró su aversión hacia la inmigración al explicar, con cierto orgullo, cómo sus hijos, entre ellos Oriol Pujol, se habían quedado sin jugar en el parque en numerosas ocasiones porque el resto de niños no hablaba catalán, sino castellano.
El portavoz de CiU también manifestó ayer a TV3 que los socialistas catalanes no se habían plantado ante el Gobierno de Rodríguez Zapatero para reclamarle todas las inversiones en infraestructuras que estaban previstas para Cataluña antes del recorte presupuestario.
Señaló que el primer anuncio de recortes de inversiones y la rectificación posterior para suavizarlo es fruto de «un sainete».


jueves, 26 de agosto de 2010

Mañana puedes ser tu.


Esta mañana me asaltaron unos chicos que con hucha en mano, me pedían mi colaboración con AEDOPAT, Asociación de Enfermos y Donantes de Organos para transplantes. Además de las monedas suelta que llevaba en cima, esta entrada quiere ser otra forma de colaborar con esta noble causa.

Francisco G.P.

sábado, 21 de agosto de 2010

Padres de las lenguas.

Me comentaba el editor y director de un diario local, " hay quien tiene el carnet de periodista y se jubilará si saber hacer periodismo". Esto puede ser una opinión compartida y transferible a cualquier otra profesión. Y esto viene a cuento, por el artículo de la escritora Najat El Hachmi en su columna de El Periódico, "Hijos de las lenguas", y no es que este mal narrado ni tan siquiera pueda un aprendiz de nada como yo, cuestionar más allá de la intencionalidad de esta escritora que ganó el premio de las letras catalanas "Ramón Llull".

Esta escritora tiene todo el derecho del mundo a tener su propia opinión, hasta ahí pondríamos llegar, pero mi opi
nión es tan legítima como la suya. Y es que puedo discrepar de sus planteamientos, opiniones y declaraciones. Pensar que el Estatut de Cataluña se pasa por el aro, cuanto menos es actuar de forma manipuladora. En todo caso pasa por un Tribunal que determina la constitucionalidad de las leyes. Sobre todo para ser consecuentes.

En lo que puedo estar de acuerdo con la Sra. Najat es que quien se establece aquí de forma permanente pueda tener garantizadas las mismas oportunidades, no tiene otro remedio que adquirir las dos leng
uas, y añadiría, y la libertad de elección con la que quiere ser integrado y que la pluralidad de Cataluña no puede quedar en priorizar una sobre otra, la que sea. Recordar que el castellano es la lengua común de todos los españoles y todos tenemos el derecho a conocer.

Está claro que eso no es una prioridad de mucha de la inmigración reciente, -como bien apunta la Sra. Najat-, e incluso agregaría, de la mayoría de ciudadanos de Cataluña. Aunque ahora muchos entendemos que como no ha sido una prioridad para todos, como se pudo sacar adelante una ley así en Cataluña, se puso toda la maquinaria desde las entidades e instituciones que trabajan directamente con la inmigración en reuniones organizadas por la Secretaria d'Immigració previas a la redacción de la ley, ¿porqué?


Por eso no puedo entender que una persona que denuncia la manipulación política que se tiende a hacer con la inmigración, trate de desorientar a los lectores con el cuento de ha quien quieres más, a papá o a mamá, o, catalá o castellá.






Cómo el Ayuntamiento de Barcelona veta a la Selección Española

La selección Española les puede chirriar excesivamente “facha”, animar a la selección Española de futbol les colma de complejos que la mayoría no tenemos.


Homenaje a Riera

La sombra de ETA

¿Qué es lo que querían celebrar? ¿Su puesta en libertad? ¿Por qué? ¿Acaso están orgullosos de lo que hizo y consideran una hazaña meritoria colaborar con ETA para matar?

Ha tenido que ser la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien intervenga y pida la prohibición de la marcha en honor de la colaborada de ETA en Cataluña, Laura Riera, que saldrá de prisión el 21 de agosto después de pasar 9 años en la cárcel por colaborar con ETA. El Ayuntamiento y el consejero del Interior del Gobierno catalán, Joan Saura, nada habían hecho por prohibir la marcha con antorchas que tenían previsto llevar a cabo en medio de las fiestas de Gracia tanto la Asamblea de Joves de Gràcia como la Comisión de Fiestas Populares anunciadas en sus respectivas páginas web.

¿Qué es lo que querían celebrar? ¿Su puesta en libertad? ¿Por qué? ¿Acaso están orgullosos de lo que hizo y consideran una hazaña meritoria colaborar con ETA para matar? ¿O es que quizás su ideología independentista les lleve a rechazar el universo moral de los tribunales que la condenaron y quieran resarcirla y apoyarla con su presencia para insistir en los métodos que la condenaron? ¿Qué es lo que pretenden ofrecerle con el homenaje? ¿Acaso no ven nuestras autoridades municipales y autonómicas que ni uno de los que la agasajarán habrán sentido el dolor de sus víctimas? ¿Tan débil es la raya entre el bien y el mal para el Consistorio barcelonés o para el responsable de Interior, Joan Saura, cuando se trata de prohibir manifestaciones o manifestantes con estética e ideologías nacionalistas de "casa nostra"?

Es un síntoma inquietante que el presidente del grupo parlamentario autonómico de ICV-EUiA Jaume Bosch se haya situado en la equidistancia entre los manifestantes pro etarras y los grupos políticos que denunciaron la marcha de apoyo a la colaboradora de ETA cuando, refiriéndose a las denuncias de Populares y Ciudadanos hizo un llamamiento para "no caer en provocaciones ni de un lado ni del otro", tanto por parte de los que organizan actos de este tipo, como por parte de los que los critican con mala fe en busca de réditos electorales. Esa miserable deducción nos debería hacer reflexionar. Parece que, para algunos nacionalistas, ciertas formas de lucha cercanas a sus propios fines ideológicos, aunque no compartan sus métodos literalmente, atemperan la gravedad de sus actos hasta confundirlos con los métodos políticos. Así, en 2007, según reveló El Mundo, un documento interno emitido por el Departamento de Justicia de la Generalidad calificaba de "presos políticos" a Laura Riera y a su pareja, Diego Sánchez Burria, también condenado por colaborar con ETA.

Este tipo de lenguaje y este relativismo moral en función de los fines compartidos desvelan la miserable pasividad del Ayuntamiento de Barcelona y de las autoridades del orden público del Gobierno de la Generalitat. Aunque en esta ocasión, el fiscal haya puesto las cosas en su sitio.

¿Se le ocurriría a Jaume Bosch hablar de equidistancia ante el secuestro, violación, tortura y crimen de las tres adolescentes del aquel horrendo crimen de 1992 conocido bajo el nombre de crimen de Alcácer? ¿Se atrevería este sujeto político a hablar de equidistancia para criticar a los grupos políticos que se opusieran a un reconocimiento público de los posibles asesinos?

Piensen por qué en este caso se atreve éste, o se inhiben otros.

Antonio Robles, LD

jueves, 19 de agosto de 2010

La Defensora del Pueblo carga contra los opositores de los derechos lingüísticos


Vuelve a reiterar que es inconstitucional que el catalán sea 'preferente' sobre el castellano

Madrid.- La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha afirmado que las críticas recibidas por recurrir la ley catalana de Acogida de Inmigrantes ante el Tribunal Constitucional (TC) son "salidas de tono que, por respeto a los ciudadanos, no deberían producirse y menos en personas con responsabilidad política".

Cava de Llano ha criticado que "a veces algunas personas pierden magníficas oportunidades para contar hasta cien antes de soltar lo primero que les viene a la boca".

La defensora ha reiterado su postura hacia el recurso de inconstitucionalidad, y ha defendido que "plantea una cuestión de régimen de cooficialidad lingüística, y no una crítica total frente a la ley", que fija el catalán como primera lengua de acogida en Catalunya.

"El artículo 9 de la ley catalana establece un sistema de preferencia lingüística absoluta del catalán sobre el castellano, hecho que no cuadra con las previsiones de la Constitución ni con la interpretación que el TC ha hecho con el Estatut", ha subrayado.

Asimismo, ha añadido que "el hecho de que el catalán sea la lengua de integración y la exigencia de su conocimiento no responde a la lógica de la primera acogida y priva a los ciudadanos extranjeros de capacidad para decidir sobre una cuestión con gran trascendencia para el adecuado desarrollo de su proyecto migratorio".

Cava de Llanos ha señalado que "el catalán es un patrimonio común del que debemos enorgullecernos, pero eso no nos puede llevar a imponer una lengua en detrimento de la otra que es tan cooficial como aquella y que además es común para toda España".

La defensora ha explicado también que "el precepto recurrido va mucho más allá de las atribuciones de la autonomía en lo tocante a la primera acogida del inmigrante, e incluso al fomento y protección de la lengua catalana". Ha concluido que "hay que promover la integración de los inmigrantes, pero hay que ellos elijan en que lengua quieren hacerlo".

Según prevé la ley de Acogida, los inmigrantes obtendrán una certificación oficial tras cursar un itinerario formativo, que acreditará la integración para los trámites de arraigo social, renovación de las autorizaciones de residencia temporal, de acceso a la nacionalidad por residencia, así como al mercado de trabajo.

"Si no calificamos a las personas no saldremos de la crisis", explicó en su momento el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, y explicó que la formación incluye 135 horas de catalán, 20 horas sobre conocimiento de la sociedad y el marco jurídico, y diez sobre inserción laboral. Los extranjeros accederán a los cursos tras una entrevista personal con un agente de acogida que dominará su idioma.

La ley -aprobada el 28 de abril con el apoyo todos los grupos parlamentarios excepto el Grupo Mixto y el Popular- se propone crear así un servicio de primera acogida a través de los entes locales que sea universal y homogéneo, y que mejore la autonomía de todos los inmigrantes empadronados en Catalunya o que procedan del reagrupamiento familiar.

LAVOZLIBRE

Medio centenar de ayuntamientos de Cataluña se declaran independientes de España


Entre ellos, todos los de la comarca gerundense del Pla de l'Estany

Ya son 59 las poblaciones catalanas cuyos plenos municipales han aprobado en las últimas semanas mociones por las que se han declarado ‘moralmente excluidos del ámbito de la Constitución española‘ como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Desde que el pasado 5 de julio el Puerto de la Selva aprobó una moción en ese sentido con el apoyo del PSC, seis capitales de comarca (Bañolas, Ripoll, Solsona, Mollerusa, Vic y Villafranca del Penedés) junto a otros 53 ayuntamientos han ratificado textos similares.

Según la Comissió 100 anys d’estelada, el resto de poblaciones son Arenys de Munt, Argentona, Avinyó, Begas, Brull, Calders, Capellades, Castellar del Vallés, Garriga, Llissá de Munt, Manlleu, Molins de Rey, Montesquiu, Roda de Ter, Sallent, San Antonio Vilamajor, San Pedro de Torelló, San Pedro de Vilamajor, San Quintín de Mediona, San Quirze de Besora, Santpedor, Subirats, Tagamanent, Taradell, Torelló, Vacarisas, y Viladrau (en Barcelona); Amer, Anglés, Camós, Castellón de Ampurias, Cornellá del Terri, Crespiá, Esponellá, Fontcuberta, Lladó, Llambillas, Palafrugell, Palol de Rebardit, Pardinas, Porqueras, Puerto de la Selva, San Gregorio, San Miguel de Campmajor, Seriñá, Vidreras, Vilablareix, Vilademuls, y Vilaminiscle (en Gerona); Albagés, Albí y Tarrés (en Lérida); y Pla de Santa María (en Tarragona).

De hecho, esta semana, la comarca del Pla de l’Estany (de algo menos de 30.000 habitantes), en Gerona, se ha convertido en la primera en la que todos sus ayuntamientos (11) se han declarado ‘moralmente excluidos’ de la Constitución y rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional. En algunos casos, incluso instan al Parlamento autonómico de Cataluña a ‘iniciar un proceso democrático para que Cataluña alcance su independencia nacional’.
lavozdebarcelona.com

martes, 17 de agosto de 2010

Huguet (ERC) tacha de "falangista" al Defensor del Pueblo por recurrir la Ley de acogida

El conseller de Innovación, Universidad y Empresa de la Generalitat, Josep Huguet (ERC), ha cargado este martes contra el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y le ha tachado de "falangista" hasta en tres ocasiones por querer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de Acogida de inmigrantes aprobada por el Parlament en abril.

Qué.es

El conseller de Innovación, Universidad y Empresa de la Generalitat, Josep Huguet (ERC), ha cargado este martes contra el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y le ha tachado de "falangista" hasta en tres ocasiones por querer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de Acogida de inmigrantes aprobada por el Parlament en abril.

El diputado en el Parlament del Grupo Mixto e impulsor de la iniciativa como presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha explicado a Europa Press que la nueva Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, recurrió la ley el 13 de agosto ante el TC, aunque el diputado trasladó el texto a la institución en mayo, cuando ocupaba el cargo Enrique Múgica.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la 42 Universidad Catalana d'Estiu que se celebra en Prada de Conflent (Francia), Huguet ha esgrimido que la decisión de Múgica es una muestra más de que la etapa de negociar con el Estado ha finalizado porque "no hay margen de maniobra y es necesario plantear el Estado catalán".

El dirigente republicano ha admitido que desconoce los detalles del recurso contra la ley, pero se ha mostrado convencido de que la decisión del Defensor del Pueblo guarda relación con que el catalán sea la lengua que los inmigrantes deben aprender en el proceso de integración.

"En el momento en que el Constitucional dice que el catalán no puede ser lengua preferente, a este falangista le ha faltado tiempo para recurrir la Ley de acogida", ha añadido, y ha reivindicado que esta norma es fruto del esfuerzo del Govern para hacer una ley de cohesión social para que la inmigración se integre en catalán.

Visiblemente enojado, Huguet ha acusado al Defensor del Pueblo de "querer, desde su pensamiento falangista, romper la cohesión social en Catalunya".