Feliz y prospero 2.010

Plataforma Cívica Ciudadanía quiere desear un próximo año 10, para todos los amigos y seguidores de este blog, y no renuncies a ser libre todos los día del año.

Los políticos, un problema

FACTUAL

El paro ha alcanzado este diciembre una de sus marcas históricas en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un 79% de los españoles lo sitúan como el principal problema que sufre el país, seguido del estado de la economía con un 47%. Aunque los políticos deberían ser en teoría los encargados de dar con la solución a la crisis, los ciudadanos los ven también como algo a resolver. Ocupan el tercer lugar de sus inquietudes, con un 13,6%, un porcentaje que no obstante se reduce en tres puntos al alcanzado hace un mes.

El pasado mes de octubre no sólo la clase política clasificaba como el tercer problema de España con un 16,6%. Le seguía la inmigración (13,7%) y la inseguridad ciudadana (11,4%) pero acto seguido se encontraba la corrupción y el fraude, con un 10,4%. Con las operaciones Pretoria, Gürtel y Millet recientes en la memoria, la percepción que los ciudadanos tenían de vivir en un país corrupto alcanzaba su máximo de la década.

Corrupción

Hay que remontarse a febrero de 1995 para encontrar la cifra más lozana, de un 33,5%. En marzo de 1996 la percepción de corrupción disminuyó hasta un 12,5%, en abril del 97 a un 6,2%. En los buenos tiempos este indicador no supera el 2%, pero en octubre de 2009 daba la sorpresa con un 5,2%: un mes después se doblaba.

Este 2009 acaba con la corrupción y el fraude en un 3,9% según el CIS. No obstante, la clase política no recupera el prestigio perdido y supera una vez más al terrorismo (12,9%), la inmigración (12,4%) y la inseguridad (11,8%) en la clasificación de inquietudes ciudadanas.

La encuesta, elaborada a partir de 2.489 entrevistas entre el 1 y el 8 de diciembre, también revela que la percepción sobre la situación económica pese a ser “mala” o “muy mala” con un 72,6%, es algo mejor que hace un mes. En noviembre, un 73,1% le daba esta calificación, ningún encuestado se atrevía a calificarla de “muy buena”, un 2,6% convenía que “buena” y un 23,8% la calificaba de regular.

Salgado responde

Aún así, la coyuntura económica sigue siendo con diferencia lo que más quita el sueño a los ciudadanos. Hasta el punto que la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha tenido que comentarlos este martes y ha asegurado que el paro registrado en diciembre, que se hará público el día 5 de enero, es “significativamente inferior” al mismo mes del año anterior, cuando fueron 136.694 los nuevos parados.

Salgado no ha mostrado sorpresa alguna por la angustia que el desempleo causa en la ciudadanía y ha expresado que el Gobierno comparte la preocupación. “Seguro que hay que hacer más cosas y en eso estamos”, agregó la ministra.

Tiempos peores

La preocupación por el paro no es la mayor de la historia, aunque sí de los últimos diez años. Durante la primera legislatura de José María Aznar, en julio de 1998, un 81% de los encuestados lo mencionaba como el peor de sus problemas.

En tiempos de Felipe González no había español que no lo creyese así a juzgar por los datos del CIS: en mayo de 1985 un 94,4% de los ciudadanos estaba convencido de que la mayor lacra era el desempleo, un porcentaje similar al de septiembre del 86 con un 94,1%, diciembre de 1986 (92%) y junio de 1988 (91%). Sólo el tiempo dirá si España vuelve a los indicadores de hace casi veinte años.

Cómo fomentar el división en Cataluña.

Alcaldes de todos los partidos se suman a la revuelta contra las veguerías

La Asociación Catalana de Municipios pide posponer el proyecto un año - Ediles del PSC cuestionan la viabilidad económica de las nuevas administraciones

EL PAÍS - Barcelona - 29/12/2009

La veda contra la división de Cataluña en veguerías se ha levantado oficialmente. El informe de la Diputación de Barcelona contrario a la nueva división territorial que impulsa el Departamento de Gobernación sin consenso del territorio, fue ayer el catalizador de numerosas voces críticas con el proyecto. Alcaldes de todos los partidos constataron que no hay consenso para llevar adelante la reforma, aseguraron que la división territorial no resolverá los problemas existentes y que en un momento de crisis como el actual no deben crearse nuevas administraciones.

El alud de críticas no obedece tanto a posicionamientos de partido como a las servidumbres que los alcaldes tienen con sus respectivos territorios. De esta manera, el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, que insiste en aprobar el proyecto de las veguerías a principios de 2010, tuvo que escuchar ayer duras críticas de alcaldes de su propio partido, Esquerra Republicana. Teresa Jordà, alcaldesa de Ripoll aseguró por ejemplo que el proyecto de Ausàs debería aguardar en un cajón hasta después de las elecciones "por responsabilidad". Y, mientras la dirección del Partit dels Socialistes impone sordina y se limita a decir que apoyará la decisión que tome el Gobierno acerca de las veguerías, algunos de sus alcaldes, como Manuel Bustos (Sabadell) insistieron en que "Ausàs deberá trabajar mucho para conseguir un consenso mínimo". Bustos, también presidente de la poderosa Federación de Municipios de Cataluña, insistió en que hay voluntad de acuerdo, pero pidió aclarar cómo se financiarán las veguerías y qué competencias tendrán exactamente.

Convergència i Unió, partidaria de las veguerías, se está frotando las manos ante los problemas del Gobierno para convencer de las bondades del proyecto a alcaldes socialistas, republicanos y ecosocialistas. El dirigente de Convergència Democràtica Lluís Maria Corominas lamentó ayer que el PSC y ERC se comuniquen sólo "a través de los diarios", y exigió "consenso" antes de llevar adelante la reforma.

El alcalde de Martorell, de CiU, y presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Salvador Esteve, pidió abordar la reforma tras las elecciones. "Ahora es un mal momento", constató.El presidente de la Generalitat, José Montilla, tendrá hoy la oportunidad de poner el termómetro a los sectores más críticos con la nueva ley de veguerías. Montilla se reunirá esta tarde con la denominada Comisión Municipalista, que engloba la Federación de Municipios y la Asociación Catalana de Municipios, la primera en la órbita del PSC y la segunda más próxima a Convergència i Unió. Aunque la reunión ya estaba prevista antes de que se abriera esta crisis y el motivo oficial del encuentro es que los alcaldes den su apoyo al Estatuto catalán, las veguerías ocuparán un punto preeminente en el orden del día. Fuentes de Presidencia insistieron ayer en hacer una llamada a la calma recordando que el anteproyecto de ley de veguerías todavía no está aprobado y que aún no hay fecha para que el Gobierno la rubrique. "Si la ley ha tardado 20 años en ver la luz, ahora no vendrá de tres semanas" insistieron fuentes del tripartito.

Montilla logró la semana pasada que el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, se abriera a retrasar la aprobación del proyecto a la vista de la oposición interna y externa que generaba el proyecto. La dirección del PSC, aliviada por el aplazamiento, evitó ayer pronunciarse sobre las críticas de los alcaldes y reiteró que el partido se limitará a dar su apoyo al proyecto una vez éste se haya aprobado. En idénticos términos se expresó el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, quien, sin embargo, recordó su compromiso con la nueva división territorial de Cataluña.

El secretario de política municipal de ICV, Màrius García, aseguró que el consenso necesario para llevar adelante la ley existe porque las veguerías están en el Estatuto. Sin embargo, pidió que el proyecto de ley aclare mejor las competencias.

La mayor parte de los conflictos abiertos responden a rivalidades históricas entre ciudades (Reus y Tarragona) o entre comarcas (Bages y Osona), pero los alcaldes que se oponen al proyecto de Ausàs prefieren apoyarse en argumentos económicos. El alcalde de Lleida, Àngel Ros, considera que el proyecto no es sostenible: "no tiene lógica que haya consejos comarcales, veguerías y diputaciones, tres administraciones territoriales de segundo grado". "Esto no tiene ningún sentido y es totalmente contradictorio con las leyes de modernización de la Administración", insiste.

Contra la imposición de la salud

FERNANDO SAVATER

«No me gustaría tener que salir a la calle todas las mañanas con los vecinos de mi inmueble, como en China, para realizar una higiénica tabla de gimnasia bajo la supervisión de un comisario médico...»

No sé si la prohibición de fumar en todos los lugares públicos que anuncia la ministra de Sanidad es tan «ineludible» como asegura el editorial en su apoyo de este mismo diario: pero estoy convencido de que supone un abuso autoritario. Y las expeditivas argumentaciones que justifican la medida me parecen como mínimo discutibles y en ciertos casos nada concluyentes. Intentaré razonar mi discrepancia.

Según datos aparecidos hace pocos días en prensa y radio, el consumo de tabaco ha crecido el último año un 7% en nuestro país, a pesar de las actuales medidas prohibicionistas. Supongamos que este ascenso sea real: se dirá -lo he oído decir- que ello demuestra el creciente nerviosismo causado por la crisis económica, para el cual algunos buscan paliativo en el hábito de fumar. Si es así, queda confirmada al menos una cosa: que además de tener consecuencias nocivas cuando se abusa de él, el tabaco tiene también algunos efectos beneficiosos. Quizá quien fuma siente que su vida no se consume de manera tan angustiosa: creo que hay un cuplé sobre esta cuestión. En cualquier caso, nadie fumaría si de ese gesto no se obtuviera nada positivo, sea placer, analgésico, inspiración creadora o pasatiempo social. Puede que tengan razón quienes sostienen que esos beneficios no compensan el daño que causa el tabaco, pero es injusto y sesgado no mencionarlos jamás como si no existieran. Es tan manipulador como sostener que los automóviles son unas máquinas que sirven para matarse los fines de semana, sin mencionar que también pueden llevarle a uno de vacaciones o de paseo.

En el caso del tabaco, como en el del alcohol o cualquier otra de las llamadas drogas, no hay que confundir el uso con el abuso. Probablemente quien sea incapaz de usar esas sustancias sin incurrir en desmesuras será prudente renunciando a ellas pero su ejemplo no tiene por qué ser decisivo para las personas más capaces de templanza. Ni todos los que paladean una copa de vino acaban con cirrosis ni todos los que disfrutamos con un buen cigarro puro terminamos con cáncer de pulmón. Y, en cualquier caso, se trata de un riesgo personal, como tantos que corremos en la vida: supongo que Edurne Pasaban está más segura en su casa que trepando por un ochomil pero ella prefiere jugársela y no seré yo quien se lo reproche. Dice el editorial de este periódico que «la salud general de la población constituye un bien superior al de la libertad de fumar» y, con perdón, me parece una solemne barbaridad. Primero, porque no hay tal cosa como una salud general (el último comité de salud pública del que he oído hablar se dedicaba a guillotinar gente): la salud es algo propio de cada cual y supongo que uno tendrá derecho a opinar sobre ella. Me parece bien que el Estado nos informe sobre los hábitos de vida más saludables estadísticamente hablando, pero no le reconozco derecho a imponerlos. Además, si en nombre de esa salud 'general' las autoridades tienen derecho a prohibir, también lo tendrán para determinar nuestra dieta, cuánto ejercicio debemos hacer o qué vitaminas debemos tomar en el desayuno. No me gustaría tener que salir a la calle todas las mañanas con los vecinos de mi inmueble, como en China, para realizar una higiénica tabla de gimnasia bajo la supervisión de un comisario médico.

Las enfermedades derivadas del abuso -no del uso- del tabaco puede que causen gastos sanitarios a la seguridad social, pero también los impuestos sobre el tabaco producen muchos beneficios al erario público. En último término, si el tabaco es considerado tan nocivo debería ser simple y llanamente prohibido. En una entrevista reciente, el doctor Miguel Barrueco, experto en antitabaquismo, considera que prohibir la venta de tabaco sería «esperpéntico»: pero el verdadero esperpento es autorizar que se venda un producto cuyo uso va a ser perseguido por todos los medios. Naturalmente, me parece justificado que se prohíba fumar en centros de trabajo y espacios públicos donde deben convivir obligadamente fumadores y no fumadores. Pero no lo veo igualmente razonable en locales abiertos al público pero privados, como bares o restaurantes: si en alguno de ellos está autorizado fumar y alguien se siente molesto por el humo, con no frecuentarlo asunto resuelto. Si uno va a un restaurante chino, ya sabe que no le servirán marmitako, por mucho derecho que tenga a comerlo: de igual modo, no veo por qué alguien va a sentirse ofendido porque se fume allí dónde ya le han advertido que está permitido hacerlo.

Personalmente, yo no incitaría a fumar a nadie, lo mismo que no le recomendaría dedicarse al alpinismo, comprarse un 4x4 o meterse cartujo. Pero tampoco me siento autorizado a prohibir esas opciones de vida ni quiero conceder ese privilegio al gobierno de turno. En cuanto a quienes ya fumamos, sin pretensiones suicidas ni deseos de molestar a nadie, sólo nos queda un remedio desesperado: proclamar que ese vicio forma parte indudable de nuestra identidad cultural. Si ese argumento sacrosanto no persuade a nuestras multiculturalistas autoridades, ya no nos salva de la clandestinidad ni la alianza de civilizaciones.

CHIVATOS EJEMPLARES

Tendemos, porque nos tranquiliza la conciencia, a echarle la culpa de todo a la clase política, a los empresarios, a los sindicatos, al clima, a la mala suerte y al lucero del alba. Cogido aparte, cada uno de nosotros resulta inocente como un cervatillo. Nadie es nunca responsable de nada. Asombra la facilidad con que el ser humano se justifica, absolviéndose a sí mismo de todo: las matanzas de armenios, los campos de exterminio nazis, la Lubianka y los gulags soviéticos, Paracuellos, los años del franquismo, el terrorismo de ETA, las fosas comunes de Camboya, los burdeles de prisioneras en Bosnia. Lo que se tercie. Luego resulta que nadie sabía nada, que los ciudadanos honrados miraban hacia otro sitio. Y todo acaban comiéndoselo los de siempre: el dictador, el psicópata, el miliciano incontrolado, el falangista rencoroso, el malvado Carabel que actuaba por su cuenta. Cuatro gatos, en suma. Los demás estaban todos al margen. Estábamos. Y cuando pasa la racha, todo cristo saca del bolsillo y exhibe en público el certificado de buena conducta correspondiente, y luego sale a la puerta de la oficina y de la tienda, muy serio, a guardar el correspondiente minuto de silencio. Parece mentira, decimos, mirándonos unos a otros con la limpia mirada de la solidaridad fraterna a toro pasado, que siempre sale barata. Qué malos eran.

Pensaba hoy en eso, recordando una historieta de hace cosa de un mes, que apareció fugazmente en la prensa y de la que nadie ha vuelto a ocuparse después: la del muchacho que asistía a una escuela de idiomas de Palma de Mallorca, y que tomando café con sus compañeros, fuera de clase, mostró su desacuerdo con la obligatoriedad de hablar catalán para trabajar en la sanidad balear. Al terminar el intercambio de opiniones, y tras dedicar al chico el inevitable epíteto multiuso de fascista, varios de sus compañeros fueron a denunciarlo a la profesora. Que era francesa, pero estaba aclimatada de maravilla; muy hecha, ya, al sitio donde se gana el jornal. Y ésta, claro, lo expulsó del centro. Con el respaldo de la dirección, por supuesto. «Se ha creado un mal ambiente en el grupo», fue el punto final. Y hasta luego, Lucas.

Ahora díganme que no es lo mismo. Que esos prometedores jóvenes que fueron a chivarse a la profesora eran, o son, diferentes a los que, con carnet de Falange Española Tradicionalista y de las JONS –obligatorio para todos, refresquen esa memoria histórica–, denunciaban hace setenta años al rojo de mierda que, contumaz, se mostraba en desacuerdo con la obligatoriedad de hablar español en vez de farfullar dialectos separatistas financiados por Moscú. Díganme también, de paso, si la mayor responsabilidad de que a ese chico lo expulsaran la tienen la profesora y la dirección del centro –esbirros, a fin de cuentas, de un sistema que les da de comer–, o la tienen los jóvenes compañeros que, a los veinte años, ya son capaces de actuar como ciudadanos ejemplares, dispuestos a limpiar la patria y el idioma de indeseables. Dirían algunos de ustedes, quizás, que no podemos elevar esto a otras categorías, comparando la actitud de esos muchachos con la de los ciudadanos alemanes que, en sus buenos tiempos del cuplé, denunciaban al vecino comunista o judío; o con la de los millones de delatores vocacionales o circunstanciales que, durante siglos, en España y fuera de ella, abastecieron las hogueras inquisitoriales, los paredones y cunetas de carretera, las cárceles y los innumerables caminos del exilio. Pero en mi opinión se trata del mismo reflejo infame: fundirse con el entorno que permite sobrevivir marcando el paso que toca. Eso, aplicando el beneficio de la duda. Porque hay otra lectura menos piadosa: ciertos gobiernos, determinadas convenciones sociales, tal o cual político o empresario, la profesora de la escuela de idiomas y los alumnos mismos, allí como en otros lugares, no son sino manifestaciones concretas, cristalizaciones perversas de lo que deseamos tener y lo que, en consecuencia, tenemos. Con nuestro voto y aplauso, y también con el silencio de los borregos, que no siempre es imbécil o cobarde, sino también cómplice. Ellos encarnan nuestros deseos. Nuestra turbia alma. Dicen lo que queremos escuchar y permiten hacer lo que anhelamos. Nos comen la oreja, y por eso están ahí. Por eso triunfan. Por eso duran tanto. Son nuestro infame retrato. Después, cuando la Historia pasa factura, tomamos distancia y negamos ser los que están en la foto, saludando alborozados puño alzado o brazo en alto, según la época, cantando a coro lo que toque. Llorando emocionados cuando pasa Fernando VII, llenándole a Franco la plaza de Oriente, pagándole el chiquito y la tapa a Iñaki de Juana Chaos, aplaudiendo al sinvergüenza del Cachuli en un plató de televisión, o lo que sea. Hay que ver, decimos, qué malos eran los malos, y qué tontos eran los tontos. Palabra oportuna, ésa: eran. Bálsamo de Fierabrás. Cómo nos gusta conjugar la cochina tercera persona del plural.

Arturo Pérez-Reverte

El avispero de las veguerías

El mapa genera conflictos en Tarragona, Cataluña central y Penedès

El mapa de las veguerías ha destapado la caja de los truenos de los conflictos territoriales, algunos históricos y otros de nueva creación. Éstas son algunas de las rencillas existentes.

- Tarragona y Reus, otra vez. Las veguerías han reabierto en Tarragona una disputa siempre latente: el embrollado encaje de los motores de la provincia, Tarragona y Reus, en un único ámbito administrativo. La nueva ley abre la puerta a la capitalidad compartida y podría suprimir la centralidad que la Administración ha conferido a Tarragona desde el imperio Romano, como gusta recordar a los tarraconenses hasta en Los Pastorets del domingo en el teatro Metropol. "Sospechamos que alguien pretende hacer inventos extraños", dice el alcalde, Josep Félix Ballesteros (PSC).

Reus celebró la semana pasada un acto solemne en el teatro Fortuny bajo el lema Todos somos capital. El alcalde, Miquel Pérez, del PSC, afirma: "Queremos asumir la parte de capitalidad que corresponde a nuestra ciudad". Tarragona entiende que la veguería debería consolidar su centralidad en el territorio, rango que le ha discutido la ciudad vecina. El colofón consiste en rebautizar el nombre de la veguería. "La denominación Camp de Tarragona no refleja la realidad", argumenta Ballesteros. "Debe llamarse veguería de Tarragona, con la capitalidad en Tarragona. Sin estas condiciones no podremos apoyar la ley". La hoja de ruta trazada por parte de Reus es un calco en negativo de la de Tarragona. "La veguería deberá reconocer el protagonismo de Reus con la cocapitalidad", dice Pérez. Mañana, el grupo Mou-te per Tarragona, integrado por 300 entidades, ha convocado una concentración en defensa de la capitalidad de la ciudad.

- La aspiración del Penedés La Plataforma por una Veguería Propia se creó hace ya cinco años en el Penedès para lograr un área que incluyera las comarcas del Alt y Baix Penedès y Garraf, así como aquellos municipios de Anoia que lo solicitaran. La plataforma, transversal e integrada, sobre todo, por personas ajenas a los partidos, ha planteado numerosas acciones, presentando mociones en los consistorios y recogiendo firmas. Su reivindicación la apoyan por razones históricas (el Penedès ya fue veguería en su día) y porque el territorio tendría una mayor descentralización, abriendo incluso la circunscripción electoral propia. En el ámbito local, CiU y ERC se adhirieron rápidamente a la propuesta. Pero el discurso de la dirección de los dos partidos ha sido muy ambiguo, hasta ahora. La plataforma ha tenido un primer éxito: el Parlament acaba de aprobar que al Penedès se le trate como un ámbito funcional, con su propia realidad, dentro del futuro Plan General Territorial de Cataluña. Para muchos, es la antesala de la veguería, no prevista. Como partidos, CiU, ERC y PP respaldan la iniciativa. Otra cosa es lo que ERC haga dentro del Gobierno. El PSC y ICV son más reacios.

- Manresa contra Vic. El nuevo mapa de veguerías encorsetó a Osona a regañadientes en la Cataluña central. La batalla por la capitalidad, Manresa contra Vic, estaba servida y ninguna de las dos quiere perder. Osona ha ido ganando peso y confianza a lo largo de estos años y hoy da por hecho que se optará por la solución salomónica de la cocapitalidad. La desaparición de las capitales en el último borrador del anteproyecto de ley así se ha entendido en Vic, mientras que Manresa parece haberlo encajado más como un espaldarazo. No es sólo ése el único conflicto: el mapa sitúa a Osona junto a territorios tradicionalmente tan poco próximos como Anoia, Bages, Berguedà y Solsonès y, en cambio, la aleja del Ripollès, con el que mantiene lazos funcionales, económicos, sociales, culturales e históricos. Por ello, se crearon plataformas en sendos territorios que reivindicaban una octava veguería, la del Alt Ter, que abría las puertas a la vecina comarca de la Garrotxa y al área del Lluçanès. A lo largo de los años la propuesta, que contó con apoyo político en el territorio, ha ido perdiendo fuelle.

El País

Dos genios catalanes: Macià y Montilla

PUNTO DE FUGA

OJEANDO las crónicas parlamentarias de Pla comprende uno lo atinado de esas muy sentidas palabras que acaba de dedicarle José Montilla a su igual, el coronel Francesc Macià. Y es que, según acaba de confesar don José, el tripartito «se siente continuador de la obra de Macià». Ante nosotros, pues, los auténticos, genuinos herederos de un lunático que, primero, trató de invadir Cataluña al mando de un ejército de opereta; después, proclamó el «Estat Català» por su cuenta y riesgo en un brote de pura demencia; y luego acabaría presidiendo el primer alarde fascista habido en España (aquel marcial desfile de los camisas verdes en Montjuic). En fin, todo un paradigma de sentido de la responsabilidad, respeto por los compromisos, afán de concordia, inteligencia política y equilibrio emocional, como es sabido.

Se entienden esos dislates contemporáneos leyendo al joven Pla, decía, porque, tan pronto como en 1931, el de Palafrugell ya descubrió la clave de bóveda que desde entonces rige la cosa pública en este rincón del Mediterráneo. «Nuestra política va entrando en el terreno de la magia pura, así el más insignificante de los adjetivos usados para referirse a los hombres es genial», observaba entonces el maestro. Y, acto seguido, pasaba a referir el almuerzo entre un Mister Baldwin, Primer Ministro de Inglaterra por más señas, y cierta «gran personalidad» de la política catalana, de la que no ofrecería más pistas; aunque, por el contenido de lo que pronto se ha de revelar, igual podría haberse apellidado Macià o Companys que Montilla o Carod.

El resultado de aquél encuentro no pudo ser más descorazonador para nuestro gran hombre doméstico, adelanta Pla. Al punto de que el prócer le haría saber que Mister Baldwin parecía un simple, poco menos que un tonto de baba. Así, el mister se empecinó en amargarle la comida al otro, llevando el diálogo hacia cuestiones baladís, prosaicas vulgaridades impropias de caballeros de tan alta condición. Que si refiérame usted cuál es el estado del utillaje de los puertos en Cataluña. Que si explíqueme qué planes tienen pensados ustedes para mejorar los sistemas de transporte. Que si hábleme del estado general de la red de carreteras. Que si tendría algún inconveniente en exponerme cuál es el grado de racionalidad y de coherencia de esos elementos tomados en su conjunto...

No había forma de que el inglés saliera de tamañas nimiedades. Se comprende que, una vez concluido el encuentro, nuestro nacionalista respondiera sobre la impresión que le había causado aquel mister Baldwin tal que así: «¿Qué quiere que le diga? No me ha parecido genial en ningún momento...». Sirva ese aciago recuerdo para imaginar cuán orgulloso se sentiría hoy Macià, contemplando las genialidades del tripartito. Quizá hasta lloraría de emoción viendo a la Cataluña de los barracones escolares y las colas de medio año en la Seguridad Social, montar, alegre, referendos de chiste y asonadas de colegio. Oh, el genio inmortal del país.

Cleptocracia

José García Domínguez

El derecho a la rapiña del erario con total, absoluta, definitiva impunidad. El retorno urgente al orden medieval a través de la privatización parcelada del Estado. La cleptocracia promovida a suprema seña de identidad colectiva. Catalunya.

En Mi siglo, soberbio libro de memorias del poeta polaco Aleksander Wat, sostiene el autor que muchas miserias de nuestra civilización son el resultado de no leer en voz alta. A su juicio, una porción notable de la literatura occidental no habría visto nunca la luz si sus artífices hubiesen accedido a recitar las obras antes de editarlas. Simplemente, les hubiera dado vergüenza oír sus propias necedades, concluye Wat con clarividente lucidez. Un hábito higiénico, ése que ahí sugiere, que, una vez convertido el Boletín Oficial del Estado en el principal canal de difusión de la literatura fantástica, convendría extender también a las cámaras legislativas, barrunta uno.

Así, por mucho cemento armado que blinde el rostro de, pongamos por caso Joan Saura, quizá padeciera un acceso de aluminosis facial tras declamar en público ciertas gansadas. Por ejemplo, ese artículo del Estatut que ampara el derecho inalienable de los catalanes –y las catalanas– "a gozar de los recursos del paisaje en condiciones de igualdad". Proclama que quizá resulte una solemne idiotez, aunque no una solemne idiotez gratuita. Al contrario, el precio visado y tasado de esa gran conquista revolucionaria asciende a justo 43.000 euros más IVA. Que tal ha sido la suma abonada por la consejería de Saura a un equipo de expertos en vistas, entornos y panorámicas con tal de estudiar las "percepciones y vivencias" de los catalanes –y las catalanas– en relación al paisaje doméstico.

Fruto de esa exhaustiva pericia, el Joan ha acusado recibo de que al pueblo soberano le placen más los bosques con ríos, arbolitos y pajaritos que los tendidos de alta tensión y las obras del alcantarillado, según acredita el dossier oficial. Una información que, sin duda, podría poseer un valor estratégico incalculable con tal de optimizar la eficacia operativa de la policía autonómica, la competencia que corresponde a Saura en el Gobierno de la Generalidad. En fin, a setecientos mil euros sube la última partida presupuestaria asignada a tales menesteres, acaba de anunciar, indiferente, el diario principal de la provincia, parte indisociable él mismo de idéntico paisaje moral. El derecho a la rapiña del erario con total, absoluta, definitiva impunidad. El retorno urgente al orden medieval a través de la privatización parcelada del Estado. La cleptocracia promovida a suprema seña de identidad colectiva. Catalunya.

José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

'Limitar los mandatos es indispensable para erradicar la corrupción política'

Nota de prensa. C´s, partido de la ciudadanía.
La ley electoral de Cataluña debe limitar la acumulación de poder.

El portavoz de Ciutadans (C's), Jordi Cañas, ha defendido, en rueda de prensa, la necesidad de limitar los mandatos en la futura ley electoral en Cataluña, que tiene su próxima ponencia mañana, como una de las medidas para erradicar la acumulación de poder y la corrupción política “que afecta a la mayoría de los partidos del ámbito catalán y español y que hoy siguen sin tener ningún tipo de responsabilidad política”.

Por esta razón, Cañas ha declarado: “Desde C's manifestamos que hay un gran pacto de silencio de CIU y PSC, que ha evitado abrir comisiones de investigación en el Parlament para investigar los casos de corrupción política, como el caso Pretoria, que afectan directamente a la ciudadanía porque son un robo del dinero público”.

En concreto, Cañas se ha referido a la situación en Santa Coloma, población en la que C's presentó ayer la campaña “Cataluña somos todos” y que ayer fue noticia por la entrega de llaves de los nuevos pisos a los vecinos que perdieron sus viviendas por una explosión de gas: “Para C’s es inaceptable que la nueva alcaldesa de Santa Coloma, que sustituye a un político supuestamente corrupto, se permitiera el lujo de alardear de la entrega de unos pisos, que llegaban tarde porque su predecesor había sacado algún tipo de beneficio con ellos”.

“Ayer estuvimos en Santa Coloma y los vecinos nos transmitieron su indignación por la falta de responsabilidad del PSC para investigar a fondo qué ha sucedido con el dinero de los contribuyentes en su municipio”, añadió Cañas.

En este contexto, Cañas ha lamentado: “Mientras los ciudadanos nos preguntamos por qué la corrupción afecta sistemáticamente a todos los partidos de poder y por qué los medios de comunicación ya no mencionan estos casos; los políticos distraen a la opinión pública con referéndums ilegales independentistas, con más prohibiciones como la ILP de los toros”.

En referencia al código ético que presentará hoy el PP, Cañas ha declarado: “El PP, igual que el PSC o CiU tienen un grave problema de credibilidad, que les pasará factura en las urnas, porque por más medidas de cara a la galería, por más cortinas de humo que quieran imponer, la ciudadanía gravemente afectada por la crisis sabrá señalar a los culpables, llegado el momento”.

Cañas ha manifestado que la prueba misma de estas afirmaciones se encuentra plasmada hoy en las encuestas que han publicado ABC y El Periódico, de las que, además, ha concluido: “El modelo de socialismo de propaganda que han seguido Zapatero y Montilla se hunde, y ambos sufrirán el castigo de los votantes. Desde C's seguiremos forzando al Govern para que trabaje activamente en la resolución de los problemas reales”.

El Defensor del Paciente califica de farsa las listas de espera

salud mallorcadiario.com

PALMA.- El Defensor del Paciente hace un detallado análisis de los problemas que aquejan a la sanidad balear y asegura que las listas de espera facilitadas por el conseller de Salut, Vicenç Thomàs, son “una farsa”, por la falta de transparencia, al mismo tiempo que denuncia la confusión creada por el decreto de catalán.

Los datos de espera que maneja el conseller son para la asociación “una farsa, básicamente por la falta de transparencia en el cómputo, cuando un paciente ha de ser incluido en ellas. En Baleares, tranquilamente puede transcurrir un año, desde que el paciente acude a la primera consulta, hasta que es operado. El tiempo puede dilatarse, meses y meses, entre cita con el especialista, prescripción de pruebas diagnósticas, obtención de resultados y programación de la intervención”.

El baile de cifras de las listas de espera, según El Defensor del Paciente, ha originado “un devenir a la gresca entre el partido gobernante y la oposición, sobre si los datos son reales o están maquillados. La oposición ha venido acusando al conseller, de haber ocultado desde hace dos años la información relativa a las listas de espera en consultas externas y para pruebas diagnósticas. Pero es que el Govern, de igual forma, les inculpó que durante su mandato eran ellos los que no dieron información fidedigna”.

En este sentido, recuerda la asociación, “Thomàs se puso en liza, negando el oscurantismo del que se le tachaba e informó de 26.194 pacientes en espera de visita con el especialista y otros 16.877 para pruebas diagnósticas. Así, la espera media para consulta de especialista en los hospitales de Baleares es de 31,8 días y para prueba diagnóstica 30,6 días. Como contrarréplica la oposición no ha dado verisimilitud a los valores, argumentando que se han acicalado”.

LISTAS POLITIZADAS

“¿Quién dice la verdad? ¿Cuánto hay de real en los dígitos?”, se pregunta la asociación. “La conclusión a este enredo se resume en que las listas de espera en Baleares están politizadas. Ahora, la duda recae sobre el tejado de la Conselleria de Salut”.

El Defensor del Paciente hace referencia al hecho de que los peores datos de lista de espera obran en poder de Ibiza, y concretamente en Can Misses, “donde el tiempo de demora para el especialista a veces puede duplicar o triplicar el de Son Dureta. Entre cita y visita puede haber un retraso de 46 días, cuando en el hospital de Palma la media se reduce a 18 días. Aunque hay consultas, como en cardiología y neumología, que en Can Misses, se pueden alargar hasta los 8 meses, por la falta de especialistas esencialmente”.

La asociación recuerda lo sucedido en cirugía vascular de Son Dureta, con la consiguiente subida de las listas de espera, la problemática que supone el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ib-Salut, en el que se impone la jubilación forzosa a los 65 años, de manera incomprensible, “ya que impide poder trabajar hasta los 70 a todos esos facultativos que gozan de buena condición física, máxime cuando la falta de especialistas es ostensible”.

Can Misses, una vez más es el hospital que más sufre esta precariedad, dado que “su Servicio de Cardiología se encuentra en situación límite, con sólo dos cardiólogos para dar cobertura a una población de 125.000 habitantes, a lo que hay que añadir que en Formentera tampoco existen especialistas de esta patología”.

Por eso, “ante la falta de cardiólogos se ha tenido que recurrir a especialistas de Medicina Interna para atender las primeras visitas, y para más inri, probablemente, dentro de poco, Can Misses podría quedarse con un único oncólogo. Todo ello, ha desencadenado que la Junta de Personal del Area de Salud de Ibiza y Formentera se encuentre en estado de rebeldía y desmotivación, por la falta de comunicación con la gerencia, que hace oídos sordos a la falta de contrataciones de médicos”.

Igualmente, relata que Atención Primaria “se encuentra sobrecargada de pacientes y hoy por hoy, no es posible garantizar una cita en 24 horas. Los médicos de familia cuentan con una media de 1.700 tarjetas sanitarias, atendiendo en ocasiones, 50 pacientes diariamente, en zonas de Mallorca como Felanitx y Sineu”.

EL DECRETO DE CATALÁN

El Defensor del Paciente alude también a la “confusión, a la que están sometidos tanto los profesionales sanitarios como los ciudadanos en general ante la aplicación del decreto que sistematiza la imposición del catalán en la sanidad pública como requisito, y no como un mérito que es lo que pretenden los sindicatos médicos y de enfermería”.

“Es intolerable, que a raíz de esto, el personal sanitario que trabaja en el Ib-Salut pueda perder su trabajo en un plazo de dos años, y, por consiguiente, otros profesionales abandonen o no quieran ir a desempeñar sus funciones a Baleares. Es una incongruencia total, dar mayor relevancia a cuestiones lingüísticas e intereses políticos que a lo que realmente importa”, señalan.

Otro tema en el disparadero, “son las dudas sobre la continuidad de las obras del Hospital de Son Espases, después de que en junio, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares negase la legalidad de las licencias de las obras, del que pretende ser el buque insignia de la sanidad balear, por la nulidad inicial decretada sobre la reforma del plan urbanístico de Palma”.

En este sentido, la asociación recuerda que Thomàs “no contempla la paralización de las obras, escudándose en los servicios jurídicos del Govern que presentaron un recurso de súplica ante el Tribunal, de modo que según sus cálculos el hospital estará finalizado en octubre de 2010”.

Consunta popular no vinculante en Reus.

Plataforma Cívica Ciudadanía esta buscando apoyos,- morales y humanos-, para sacar adelante una consulta popular no vinculante en Reus, el motivo de la consulta es para preguntar a la ciudadanía si quiere decidir por los problemas reales que tiene nuestra democracia, y no es otra, que la "partidocracia" actual.

Para conseguir una verdadera democracia deberíamos estar votando cada día, pero como eso si es una utopia, hay que desmontar que los políticos actuales vivan toda la vida del servicio al ciudadano. Y de modo no vinculante se planteara a los ciudadanos de Reus,

¿Quiere que los políticos vivan toda la vida de la política? O ¿quiere que solo puedan participar dos legislaturas, máximo 8 años?.

Es una forma de protesta también por las "otras" consultas que se han llevado a cabo en otros Ayuntamientos, y que de una forma clara, han venido a decir lo que ya conocemos, el nacionalismo extremo en Cataluña existe, y es un 23%, también es un dato preocupante que cualquier extremo en la vida política crezca, solo hay que mirar en la historia, porque lo que se refiere a los ciudadanos, cada vez estamos más alejados de los que deberían corregir y prevenir los problemas que más nos afectan a todos, y menos en debates que no conducen a ninguna parte.

El señor Montilla y su vecina, la señora García

Cartas al Director

Señor Montilla, tiene una conversación pendiente con la señora García. ¿No recuerda quién es?

La señora García era su vecina Juana, Juana García. Aquella vecina del 4º 1ª del bloque de viviendas del barrio de San Ildefonso de Cornellá, barriada de la periferia de Barcelona al que usted llegó desde Iznájar.

Cuando tenga a bien mantener una conversación con ella, dígale que ella ha dejado de tener libertad individual y que usted habla por ella y que, además, ahora todo lo que ella diga o haga será para romper su relación con España. Dígale que dejará de ser española.

Dígale que la catalanidad impuesta por usted y los de su calaña es democrática. Dígale que si no acepta la normalización pancatalanista vestida de nacionalsocialismo no podrá ser considerada ciudadana de una parte de España que se llama Cataluña. Dígale que algunos pretenden identificar ese trocito de España con un país independiente amparándose en mentiras, falacias, engaños y saqueos.

Dígale que esas cuatro patas sustentan una construcción nacional con grandes ansias de centrifugar y depurar a los que no están por la labor de colaborar en sus ansias imperialistas, desarrollando un Estatuto plagado de inconstitucionalidad.

Dígale a su vecina Juana que cuando vote no busque la papeleta del PSOE, porque el PSOE no se presenta en Cataluña y que Felipe González ya no es el candidato.

Turruchel Alcantud

Cornellá (Barcelona)

La independencia de Cataluña

16 Diciembre 2009 · 7 comentarios

Acaba de celebrarse un referéndum informal —por no calificarlo de ilegal— en 166 municipios acerca de la independencia de Cataluña, con una muy mediocre participación y un resultado evidentemente adulterado por la admisión al voto de los menores de edad y los inmigrantes extranjeros. Ello hace que ni siquiera la cuarta parte de la población censada en esos municipios —seleccionados por los organizadores de la consulta por ser los más nacionalistas de la región— se haya manifestado favorablemente a esa independencia. La valoración política que ello merece es que el nacionalismo ha fracasado en su intento de generar un problema institucional, pues no ha logrado el resultado abrumador que esperaba. No obstante, de ello no se infiere que las fuerzas independentistas no vayan a persistir en sus acciones propagandísticas destinadas a desestabilizar la democracia en España y, por esa vía, abrir la oportunidad de ejercer la secesión.

En estas circunstancias, tal vez merezca la pena adentrarse en la economía de la secesión catalana para efectuar una estimación de los efectos que una eventual independencia de Cataluña con respecto a España podría producir para dicha región. La economía de la secesión ya la he estudiado para el caso del País Vasco, por lo que me ceñiré ahora a las pautas metodológicas que se establecieron en ese trabajo. Y, de entre todos los temas posibles, he escogido para este texto el de los efectos de la independencia sobre el comercio exterior catalán.

Uno de los aspectos en los que los nacionalistas insisten cuando plantean sus proyectos secesionistas es el de la estabilidad institucional de las relaciones económicas, como si la cuestión de la independencia fuera sólo un asunto político carente de conexión con la economía. Ello se traduce en la idea de permanencia dentro de la Unión Europea, de manera que, en lo que atañe a las relaciones comerciales, no habría ningún cambio institucional con la secesión. Más en concreto, en el referéndum recién celebrado la pregunta planteada contiene esa premisa sin ningún eufemismo, tal como se desprende de su texto: «¿Quiere que la nación catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?».

Sin embrago, esa estabilidad institucional no es obvia debido a que:

• En primer lugar, la Unión Europea la forman Estados de manera que las regiones que forman parte de éstos se integran en el espacio europeo a través de ellos.
• Los tratados constitutivos de la Unión Europea no han previsto en ningún caso la posibilidad de la secesión de algún territorio, por lo que, de producirse ésta, la región que formara un nuevo Estado quedaría fuera de la Unión. El precedente establecido por Argelia —que formaba parte de Francia como un Departamento más cuando, en 1962, accedió a la independencia— lo señala con total nitidez; y así lo han declarado expresamente en el Parlamento Europeo tanto la Comisión como su Presidente.
• En consecuencia, la secesión de un territorio y la formación de un nuevo Estado implicaría para éste, si quisiera formar parte de la Unión Europea, la necesidad de proceder a la negociación de su adhesión. Tal negociación, en el caso más favorable —es decir, en el caso de que no hubiera ningún veto por parte de los Estados miembros de la Unión— requeriría un plazo no inferior a cinco años. Si además se planteara la entrada en la Unión Monetaria Europea —cuyos requisitos en cuanto a la estabilidad monetaria, el equilibrio de las cuentas públicas, la ausencia de devaluaciones y el mantenimiento de bajas tasas de inflación, establecidos en el Tratado de Maastricht, son muy estrictos— ese plazo podría fácilmente duplicarse.

En resumen, al menos durante una década el Estado independiente de Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea. Y, en tal circunstancia, quedaría establecida una frontera económica, además de política, entre esa región y España, así como con respecto a los demás países de la Unión Europea. Y las fronteras económicas implican costes para las transacciones comerciales. Unos costes que afectan a la competitividad de las exportaciones y, por tanto, al nivel de éstas, lo que, a su vez se refleja en el Producto Interior Bruto (PIB).

Veamos esos costes no sin antes aclarar algunas de las cifras fundamentales de la economía catalana y sus relaciones comerciales exteriores:

• El PIB de Cataluña en 2008, según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), fue de 216.923 millones de €.
• Cataluña exportó al resto de España 84.682 millones de € e importó 62.908 millones de € —cifras éstas que no proporciona el IDESCAT y que he estimado a partir de la Tabla input output de Cataluña correspondiente a 2001, proyectando las cifras hasta 2008 con la restricción de que el saldo correspondiente fuera el mismo que figura en la Contabilidad Regional publicada por dicho organismo—. El saldo es, por tanto, positivo e igual a 21.774 millones de €.
• Las exportaciones catalanas al resto del mundo fueron de 65.368 millones de € —de los que 35.911 correspondieron a los países de la Unión Europea— y las importaciones de 80.438 millones de € —correspondiendo 45.168 a la UE—, con lo que el saldo de estas operaciones fue negativo por un valor de –15.070 millones de €.
• Por consiguiente, el saldo comercial externo de la economía catalana —es decir, la suma de los saldos con el resto de España y con el resto del mundo— fue positivo por un valor de 6.704 millones de €.

Pues bien, a partir de estas cifras se puede hacer un ejercicio de simulación acerca de lo que ocurriría en Cataluña si, como fruto de la independencia, aparece una frontera económica con España y la Unión Europea. Los supuestos de los que parte ese ejercicio son los siguientes:

• La frontera económica se traduce en la aplicación a las exportaciones catalanas a España y los demás países de la Unión de un arancel equivalente a la actual protección media de la economía española con respecto a las importaciones procedentes del territorio exterior a la UE. Esa protección fue, en 2008, del 1,07 %.
• Asimismo, la frontera implica la aparición de unos costes de transacción derivados de los trámites aduaneros, inspección de mercancías, tramitación de licencias, riesgo del tipo de cambio —dado que Cataluña estaría fuera del área del euro y su moneda dejaría de ser la divisa europea— y otros elementos habituales en las operaciones exteriores, equivalentes al 13 % ad valorem, cifra ésta que ha sido estimada por la OCDE para los países desarrollados.
• La elasticidad–precio —es decir, la relación entre la variación de las cantidades comerciadas y la variación en los precios de las mercancías y servicios— de las exportaciones e importaciones catalanas es la misma que el Banco de España ha estimado para las españolas. O sea, –1,3 en el caso de la exportación y –0,6 en el de la importación.
• El efecto frontera —concepto éste que alude a la intensidad de las relaciones comerciales de una región con todas las demás de España por comparación con cualquier otro país del mundo en condiciones de equivalencia de tamaño de las respectivas economías y distancia en kilómetros— se reduciría a la mitad, tal y como ocurrió en los casos de las viejas repúblicas soviéticas cuando se disolvió la URSS o en las repúblicas balcánicas cuando se deshizo Yugoslavia tras la muerte del mariscal Tito. Es decir, si actualmente Cataluña comercia con las demás regiones de España con una intensidad que es 22 veces mayor que con cualquier otro país del mundo a igualdad de tamaño y distancia, esa intensidad pasaría a ser de sólo 11 veces. Ello es equivalente a una reducción de la protección de esas relaciones internas a España con respecto a las exteriores desde el 53 % ad valorem hasta el 27 %. O lo que es lo mismo, la reducción del efecto frontera sería equivalente a la imposición de un arancel entre la Cataluña independiente y España del 26 % ad valorem.
• Finalmente, como es habitual se parte del supuesto de reciprocidad, de manera que el Gobierno de Cataluña respondería a la aparición de la frontera económica imponiendo a las importaciones procedentes de España y los países de la UE un arancel igual al vigente en estas naciones.

Pues bien, con estos supuestos y haciendo las operaciones pertinentes cuyo detalle le ahorro al lector, se llega a los siguientes resultados en la simulación:

• Las exportaciones de Cataluña hacia España, como derivación de la reducción del efecto frontera, la protección arancelaria y los costes de transacción, experimentarán un aumento de precios del 40,07 %. Y, como consecuencia de tal aumento de precios su volumen acabará reduciéndose en 44.112 millones de €, trasladándose esta caída a la producción, de manera que el PIB se minorará en un 20,3 %.
• Las exportaciones catalanas hacia los demás países de la Unión Europea, en virtud del arancel y los costes de transacción, se encarecerán en un 14,07 %, con lo que también acabarán reduciéndose hasta una cifra de 6.568 millones de €. La traslación de este efecto negativo al PIB será equivalente al 3,1 % de su nivel actual.
• Por tanto, el PIB de Cataluña experimentará con la independencia una caída de 50.580 millones de € o, lo que es lo mismo, del 23,4 %. En términos por habitante, la Cataluña independiente registrará una reducción desde los 29.457 € per capita actuales a sólo 22.575 €. O sea, de ser una región más rica que la media española —que es de 24.020 € por habitante— pasará a ser una nación más pobre que esa media. O también se puede decir que los catalanes, salvo que una buena parte de ellos abandonen su nación, se empobrecerán hasta llegar a un nivel equivalente al que actualmente gozan los ciudadanos de Ceuta.
• Si aplicamos los supuestos antes señalados a las importaciones de Cataluña se llega al resultado de una reducción de las procedentes de España de 15.124 millones de €; y de las originarias de los otros países de la UE, de 3.183 millones de €. O sea, esas importaciones se verán disminuidas en una cifra equivalente al 8,8 % del PIB actual de la región.
• Y trasladadas todas esta cifras al cálculo de los saldos exteriores, se llega a este resultado: por una parte, el saldo con España pasará a ser deficitario por un valor de –7.124 millones de € —recuérdese que actualmente hay un superávit tres veces superior a esa cifra—; y, por otra, el saldo negativo con el resto del mundo aumentará su tamaño hasta alcanzar una cifra de –18.455 millones de €. En conjunto, el déficit exterior de la Cataluña independiente alcanzará los –25.669 millones de €, una cifra ésta que será equivalente al 15,4 % del PIB de la nación catalana.

En otras palabras, la Cataluña independiente será la nación más deficitaria del mundo. Claro que, para llegar a ese déficit tendrá que encontrar a algún país que se lo financie, lo que, dado lo abultado de la cifra, seguramente será imposible. Y entonces, una crisis aún más profunda que la que las cifras anteriores describen se cernirá sobre la economía catalana empobreciendo aún más a sus habitantes. Serán éstos los que, en esa situación, descubrirán que el negocio que les propusieron los nacionalistas con su referéndum no era el de la felicidad sin límite, sino el de una espiral de pobreza, y que, por tanto, no merecía la pena.

Este es el mensaje que, desde la economía de la secesión, puede transmitirse a los ciudadanos de Cataluña. Sin embargo, soy consciente de que un mensaje así nadie quiere recibirlo y que, como señaló Gabriel García Márquez en un pasaje de sus memorias alusivo al declive de Aracataca, «o nadie lo creía o nadie se atrevió a pensar en sus estragos». Fue el mismo García Márquez el que describió esos estragos señalando que la decadencia se llevó todo: «El dinero, las brisas de diciembre, el cuchillo del pan, el tiempo de las tres de la tarde, el aroma de los jazmines, el amor. Sólo quedaron los almendros polvorientos, las calles reverberantes, las casas de madera y techos de cinc oxidado con sus gentes taciturnas, devastadas por los recuerdos».

Mikel Buesa

Vivís de mi dinero

Oscar Molina.Clases Medias.

Paso fuera de mi casa y lejos de mi familia una media mensual de 360 horas (15 días completos), contribuyo al fisco con un 40% de mi salario; entre impuestos directos, indirectos, tasas obligatorias y demás gravámenes, trabajo más de la mitad del año para el Estado. Pago un colegio a mis hijos, mientras financio un sistema de educación pública; me dejo un turrón en una póliza de sanidad privada, pero abono religiosamente mi correspondiente diezmo para que muchos puedan tener cuidados médicos. De lo segundo no me quejo (a pesar de que nadie me lo reconozca) y de lo primero no me quejaría si no fuese porque la educación pública consiste en meter a los niños en fábricas de ignorantes donde sólo se hace hincapié en su adoctrinamiento en un conjunto de paridas sin sentido.

Muchos están peor que yo. Se levantan a las 6 de la mañana, vuelven a casa cuando sus hijos se van a la cama, conviven con la cotidiana amenaza de perder su trabajo y hacen encaje de bolillos para que el fruto de su sacrificio vital les permita llegar a fin de mes.

Y otros, de número creciente, están aún peor. Han perdido su trabajo y conservan escasas esperanzas de conseguir otro.

Todos, de alguna manera, ponemos un montón de dinero para que vosotros, que sois muchos, os alimentéis de nuestra pasta.

Porque vosotros, incompetentes ejecutivos de la nada, mediocres gobernantes de nuestro Estado central, vivís de nuestro dinero. Sois parte un elefantiásico entramado de Ministros, Secretarios de Estado, Directores Generales, y parásitos varios que contáis con un ejército de asesores, viajáis en coche oficial y reserváis Clase Preferente en vuestros viajes privados, con mi dinero. A cambio, resultáis totalmente incapaces de resolver nuestros problemas, no garantizáis nuestra seguridad ni dentro ni fuera de España, no nos protegéis del desempleo, ni prestáis servicio alguno. Sólo se os ocurren normas para coartar nuestra libertad, para vigilarnos, atemorizarnos y decidir qué es bueno para nosotros. Tomáis posesión de nuestra vida pública, privada y de nuestro dinero para complicarnos la vida, y parís normativas orientadas a seguir siendo necesarios, a no permitirnos deshaceros de vosotros.

Por si fuese poco, inventáis problemas inexistentes, enfrentáis a la sociedad reabriendo debates cerrados, legisláis para cuatro, y tenéis la jeta de pagar un sueldo a majaderas de manual sin el menor sentido el ridículo que nos hablan de “acontecimientos planetarios”. Todo con mi dinero.

Vosotros, prebostes de alguno de los diecisiete gloriosos mini-estados autonómicos, también vivís de mi pasta. Unos subidos a cuentos imposibles como la fábula de Aitor, otros mitificando a unos segadores de hace cuatrocientos años. Los demás, a rueda de éstos, os habéis montado un chiringuito de consejerías, direcciones, subdirecciones, patronatos, embajadas y demás máquinas de gastar. Con mi dinero, claro está. Usáis la pasta que yo gano trabajando para fomentar la insolidaridad y sembrar el odio a España; reclamáis la parte que vuestros inverosímiles derechos históricos os adjudican para poder aumentar la pléyade de vuestros deudos, para comprar votos con empleos a dedo. Vivís en la reivindicación permanente que haga andar a una bicicleta que se caería si parara. Vosotros, garrapatas, no resistiríais el mínimo ejercicio de competencia para la obtención de un puesto de trabajo en el ámbito privado, vuestro único mérito es haber medrado en la estructura de un partido político. Y ahora, vivís de mi dinero.

¿Y qué decir de vosotros? Sabandijas de los sindicatos de clase. Liberados del trabajo, la responsabilidad y el cumplimiento del deber. ¿Cuántos sois? Sólo en Madrid, 3200; sólo en Madrid vuestro chollo nos sale a los contribuyentes por 77 millones de euros. ¿Para qué? Para que tengáis el uniforme, el mono o la bata sin estrenar. Para que viváis de una novela en la que sois los únicos personajes, porque no representáis a nadie, sin acudir a vuestro puesto de trabajo. No tenéis afiliados, no defendéis nada, firmáis condiciones laborales de miedo para vuestros presuntos representados, cobráis un canon por los ERE´s, o lo que es lo mismo, sangráis al currito en concepto de “asesoramiento” cuando le ponen en la calle; os dedicáis a hacer política, calláis cuando miles de currantes pierden su empleo por no molestar a otros chupones de vuestra cuerda, y ejercéis la protesta asimétrica según quien gobierne. No valéis para nada, no arregláis nada, no solucionáis nada, no defendéis a nadie, algunos habéis conseguido llevar tan lejos vuestros tejemanejes que acabáis de directivos en vuestras empresas…y vivís de mi pasta.

Y no me olvido de vosotros. Engreídos “creadores”, apoteósicos mediocres del arte presunto, vividores del mérito subvencionado y subvencionable. Vosotros también vivís de mi pasta. Os señaláis la ceja para apoyar sin disimulo a quien os ha puesto en casa, alimentáis vuestra vida regalada de mis impuestos, y además me insultáis. Si no voto al partido que os gusta, podéis llamarme “hijo de puta”; si no comulgo con el Gobierno que os pone el pesebre pedís que se me encierre en un cinturón sanitario; si voto a quien no os mola, me llamáis asesino…todo eso después de que este hijo de puta, asesino y carne de sanidad progre os haya dado de comer con su dinero, a cambio de que produzcáis bodrios infumables que tratan de ganar una guerra 70 años después o que sólo sirven para que alguno pueda liberarse de sus complejos, algunos sexuales.

Habéis conseguido que todo hijo de vecino sea considerado delincuente preventivo y tenga que pagaros cada vez que se compra un teléfono móvil, una impresora, un ordenador…Habéis forzado la máquina de quien tanto os debe como para permitiros reclamar el tributo a quien se bautiza, hace la comunión, se casa o baila en la plaza del pueblo; cualquier día nos sangraréis en nuestro entierro. Vosotros, bucaneros de la creación de medio pelo, no venderíais ni uno sólo de vuestros estofados en el mercado privado, no conseguiríais financiación ni para la décima parte de vuestras piltrafas. La inmensa mayoría de los que vivís de mi contribución y de sirlarme, no seríais capaces de engañar a un inversor para que sufragase las medianías que nos colocáis. Vivís del cuento, y encima os ponéis chulos mientras me metéis la mano en la cartera. Firmáis manifiestos para los que no tenéis la menor legitimidad ni altura moral, y os auto designáis como el “mundo de la cultura”; entregáis rosas por la Paz a los asesinos, os vestís de palestinos entre playa y casino, y no tenéis una puñetera palabra para los que cayeron muertos de un tiro en la nuca, sin poder oler esas rosas que entregabais, mientras pagaban vuestros saraos y se retrataban cada vez que compraban un CD.

Todos vivís de mi pasta y sois muchos, cada vez más. Y nosotros cada vez menos.

Coalición Pro Acceso Porque tenemos derecho a saber

Los 9 principios

Uno. El derecho a la información es un derecho de todas y todos.

El acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

Dos. El derecho de acceso se aplica a todas las entidades públicas.

El derecho se aplica a todas las entidades públicas, incluso a todos los poderes del Estado (poder judicial y el poder legislativo incluidos) así como todas aquellas entidades privadas y personas naturales que ejercen autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operan con fondos públicos.

Tres. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.

Sencillo: Los solicitantes deben tener el derecho de realizar las solicitudes de forma escrita u oral, en los idiomas oficiales de su autonomía, y el único requisito debe ser proporcionar un nombre, una dirección postal o de correo electrónico, y la descripción de la información buscada, sin que se les exija justificar el motivo de su solicitud.

Rápido: La información debe ser entregada inmediatamente o dentro un plazo de 15 días hábiles. Sólo en casos excepcionales, cuando la solicitud sea complicada y siempre con notificación al solicitante, la entidad pública podrá ampliar este plazo otros 15 días hábiles. El plazo sólo podrá ampliarse una vez.

Gratuito: El acceso a la información debe ser gratuito. Los solicitantes tendrán el derecho de consultar documentos que contengan la información buscada y/o a recibir información por correo electrónico de forma gratuita. Sólo se podrá cobrar una tasa al solicitante si se solicita copias de documentos. La tasa no podrá exceder el coste real en el que incurra la autoridad pública, que deberá ser, en todo caso, razonable y no exceder el coste real en el que incurra la autoridad pública. De la misma manera, cuando se trate de información que se entregue en otros formatos (como CDs, cintas de audio y/o video, etc.) se podrá cobrar únicamente el coste del soporte.

Cuatro. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.

Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes de información. Asimismo cada entidad pública y privada obligada por la ley de acceso a la información tendrá que designar uno o más funcionarios como Responsables de Información. El Responsable de Información recibirá y gestionará las solicitudes, ayudará a los solicitantes en sus búsquedas de información, y promoverá el conocimiento del derecho de acceso a la información dentro de su institución.

Cinco. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.

Toda información en poder de las administraciones, de todos los poderes del Estado y de todas aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas debe ser pública. La denegación de acceso a cualquier tipo de información debe ser excepcional y solamente podrá fundamentarse en aquellas razones que específicamente se incluyan en la ley de acceso a la información, como pueden ser la seguridad nacional, protección de datos personales, la protección de secretos comerciales, o la prevención o investigación de delitos. Las excepciones tienen que ser en conformidad con las previstas por la Convención sobre acceso a documentos públicos del Consejo de Europa y sujetos a una prueba del daño al interés o derecho protegido así como una prueba de interés pública en conocer la información.

Seis. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.

Las denegaciones de acceso a la información deben estar justificadas y tener un carácter limitado. La ley debe establecer el principio de acceso parcial: Cuando un documento contenga información solicitada junto con otra información que caiga bajo uno de los límites establecidos por la ley, la entidad tendrá que separar la información reservada de la que pueda entregarle al solicitante, pero no podrá negar el acceso a toda la información.

Siete. Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.

Éstas podrán ser impugnadas mediante el régimen de recursos administrativos previstos en la Ley y, en su caso, en vía contencioso-administrativa, a través del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ocho. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud.

Todos las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público un registro de todos los documentos que poseen y deben asegurar el acceso fácil y gratuito a la información sobre sus funciones, responsabilidades, gastos, y aquella información trascendente que les corresponda, sin necesidad de que esta información les sea solicitada. Dicha información debe ser actual, clara, y estar escrita en lenguaje sencillo.

Nueve. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

Al igual que en la mayoría de los países que tienen una ley específica de acceso a la información deberá crearse una agencia o comisionado específico e independiente para revisar las denegaciones o no contestaciones a las solicitudes de acceso a la información. Asimismo este órgano se encargará de promover el conocimiento de este derecho entre los ciudadanos así como de impulsar su desarrollo en nuestra sociedad.

APOYA LOS PRINCIPIOS QUE PROMUEVE LA COALICIÓN PRO ACCESO !

El contenido del Estatut, o España como colonia

La inmensa mayoría de los españoles, catalanes o no, informados o no, desconocen el contenido del Estatut. Unos están a favor porque creen que les favorece y otros en contra justo por lo contrario, pero ni los unos ni los otros conocen bien cómo ni por qué. Por ello trataré de exponer sucintamente en qué consiste el Estatut en algunos temas clave.

Dos reflexiones previas: los miembros del Constitucional, que conociendo perfectamente su inconstitucionalidad, han dejado pudrirse más de tres años este desafío total a la nación, tendrán sin duda un veredicto muy duro por parte de la Historia. Y el gran responsable, José Luís Rodríguez Zapatero, si lo peor se confirma, quedará a un nivel similar a los hijos de Witiza y al obispo Oppas, cuya traición a su Patria la aciaga mañana del viernes 31 de julio del 711, a orillas del río Guadalete, llevaría a ocho siglos de terrible y cruel opresión, donde la cultura más floreciente de occidente sería aniquilada.

Además, increíblemente, el Estatut fue sometido a “referéndum” sólo de los “beneficiarios”, el 15 % de la población; pero al 85% al que perjudica nadie le preguntó nada. Y sobre todo, y a pesar de la masiva campaña a favor, se puso de manifiesto la indudable grandeza del pueblo catalán: dos de cada tres catalanes no lo apoyarían.

Identidad

Sus redactores definen Cataluña como nación. Esta afirmación es el soporte filosófico esencial de la propuesta de Estatuto, sin ésta idea el conjunto del texto carece de sentido. Simultáneamente niegan a España esta condición, una aberración histórica, que hoy se enseña en todas las escuelas catalanas. España una de las naciones más viejas del mundo no es una nación, porque así lo han decidido cuatro nacionalistas enloquecidos apoyados por Zapatero, para quien España “es un concepto discutido y discutible”.

Sin embargo, Cataluña jamás ha sido una nación. No existía en la Hispania romana, ni en la España visigoda. En el 801 el imperio carolingio funda la Marca Hispánica una serie de condados donde destacaría el de Barcelona, aunque durante 200 años los reyes francos mantendrían su autoridad feudal. A partir del siglo XI la autonomía es total, pero sin llegar a constituir un reino. En 1137, y a través de un matrimonio, el Condado de Barcelona pasó a formar parte del reino de Aragón. El hijo Alfonso II recibió las dos herencias, y ambas mantendrían una gran autonomía que permitiría una política fuertemente expansionista. En 1479 Castilla contaba con 5 millones de habitantes y Aragón-Cataluña con uno, 6 millones con los que se haría un Imperio. La lengua, el catalán, tampoco es un idioma, sino un dialecto del provenzal. Esto son los hechos históricos y no los delirios y mentiras nacionalistas.

Competencias

El tema central es la diferencia abisal entre texto y realidad. El texto es inaceptable, su aplicación real una felonía. Se recoge el derecho inalienable a la autodeterminación y a las relaciones con territorios con “vínculos históricos”, su significado real: la anexión de Aragón, Valencia y Baleares, la exigencia inmediata después del Estatut. La Generalitat es Estado y en consecuencia las relaciones con España se rigen por el principio de bilateralidad, pero su aplicación real convierte a España en una colonia. Así, el Estatut establece el derecho inalienable de la Generalitat a participar en todas las instituciones del Estado, Banco de España, CNMV, Tribunal de Cuentas, RTVE, etc, mientras que España no tiene derecho alguno a participar en las instituciones catalanas.

Se tiene “derecho a la opción lingüística”. En realidad la Generalitat proscribe y persigue el español con todos los medios a su alcance; se puede rotular, enseñar o hablar en el recreo, en inglés, en francés o en italiano, pero no en español. Se instaura un sistema judicial propio con todos sus órganos y donde el Tribunal Supremo de Cataluña es la última instancia, y se ignoran en la práctica la Constitución, los tribunales de Justicia de España y el Supremo. Toman el control de la Enseñanza y las titulaciones. También de las Cajas de Ahorro, cuyos beneficios “deben atender a las necesidades económicas catalanas con prioridad absoluta”, aunque dos tercios de los mismos no se obtengan allí. Como “nación soberana”, pasan a controlar la gestión de las infraestructuras, puertos, aeropuertos, espacio aéreo y telecomunicaciones, y también se hacen cargo del control de entrada y estancia de extranjeros.

Financiación

La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos en Cataluña. Es decir, como Estado soberano que se autoproclama, la Agencia Tributaria de Cataluña se encarga de la gestión, recaudación, e inspección de los impuestos propios, o lo que es lo mismo, de los generados en Cataluña por catalanes y no catalanes, y de los generados fuera de Cataluña por empresas y productos catalanes. Esto significa que los IVAs de las ventas de productos y servicios catalanes fuera de Cataluña o el Impuesto de Sociedades de empresas catalanas por sus beneficios en el resto del país, los recauda, gestiona e inspecciona la Agencia Tributaria Catalana.

En teoría, parte de los rendimientos de estos impuestos se traspasará al Estado, pero sólo si “no altera en ningún caso la posición de Cataluña en el ordenamiento de las rentas per cápita entre CCAA” (Art. 206), es decir, que si por la incompetencia, el despilfarro probados de la Generalitat, Cataluña perdiera renta relativa -en 2008 crecieron 0,5 puntos por debajo de la media y 0,6 menos en lo que va de 2009, y es líder nacional en crecimiento del desempleo- en primer lugar no devuelven un céntimo, y después, si eso no bastara, “la Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad” para que no la pierdan. Además, cualquier medida del Estado o de la UE que perjudique a Cataluña, deberá ser compensada.

En resumen, el Estatut pone fin a la existencia de España como nación y nos convierte en una colonia donde colocar sus productos y servicios, y algo peor que una colonia: nos obliga a subvencionar el mantenimiento de su nivel de renta relativa.

Balanzas fiscales, comerciales y de ahorro-inversión

“España nos roba” afirman nacionalistas y separatistas, pero veamos quien “roba” a quién. Para ello, obviamente, hay que considerar la totalidad de flujos económicos: los fiscales, comerciales y de ahorro-inversión, son los más importantes.

Balanzas fiscales: Otra cesión disparatada de Zapatero al nacionalismo, porque las CCAA ni pagan impuestos ni reciben servicios, sólo los ciudadanos, y en todo país decente los ricos pagan más que los pobres. Botín, para resaltar el absurdo, exigiría públicamente su balaza fiscal. Según el BBVA, en el periodo 2001- 2005, cada catalán aportó 1.481 euros más de lo que recibió a la caja común, menos de la mitad que lo aportado por los madrileños, 3.247 euros. En cifras absolutas, en 2005 Cataluña habría aportado 12.269 millones más de lo que recibió, aunque de ésta cifra habría que deducir como mínimo su parte en el pago de los intereses de la deuda pública y aportación a la UE, el 18 %- su parte en el PIB- de 40.000 millones, o 7.200 millones a día de hoy.

Balanzas comerciales: Sólo en la de bienes, Cataluña obtuvo en 2005 un “superávit” con el resto de CCAA de unos 30.000 millones, más del doble del “déficit” fiscal, y añadiendo los servicios, fundamentalmente financieros y energéticos, el “superávit” es más del triple. Cataluña vende en el resto de España los dos tercios de lo que produce.

Balanzas de ahorro- inversión: Gracias a su red de Cajas, un 70 % de las inversiones en Cataluña se financian con ahorro captado en otras regiones.

El “España nos roba” no sólo es una memez, es un insulto inaceptable, pero mucho más inaceptables son todavía las campañas institucionales de la Generalitat a favor del boicot a los productos no catalanes, instando a comprar “productos de proximidad”.

Y una opinión autorizada del Sr. Bono en los pasillos del Congreso. “Esto es una locura. Ahora resulta que los socialistas se han hecho nacionalistas. Los nacionalistas, separatistas. Y los separatistas se han ido al monte. Esto tiene muy mala pinta”, y tan mala D. José y tan mala, pero su señoría votó por ello.
Roberto Centeno

Denuncia que suspenden a su hija por responder los exámenes en castellano

Natalia es una estudiante de sobresalientes. En este punto, y sólo en este punto, están de acuerdo los implicados en la última polémica por el uso de las lenguas cooficiales del Estado. Esta vez es en Valencia, donde Natalia, valenciana de 10 años, recibió el primer suspenso de su vida. Se lo puso la profesora de 'Conocimiento del Medio'. El motivo: "Has hecho el examen en castellano. Si escribes bien las respuestas es porque has entendido bien la pregunta en valenciano".

Juan Vicente Santacreu, su padre, aún no da crédito a lo sucedido: "Las respuestas eran perfectas, como siempre. Mi hija cursa quinto de Primaria y tiene un nivel de inglés semejante al de segundo de Bachillerato; escribe en el ordenador sin mirar el teclado y tiene amplios conocimientos de informática. Es una niña muy motivada y no es justo que la suspendan por contestar una prueba en castellano", sentencia.

"'Conocimiento del Medio' es la única asignatura que se imparte y se evalúa por escrito en valenciano en su curso. La niña debe responder en la lengua en la que se le explican los conocimientos, máxime cuando no tiene ningún problema para ello, pues saca notas altas en Lengua Valenciana", explica José Pascual Miramón, el director del Colegio Público Profesor Sánchez Guarner.

"Mi hija tiene el derecho constitucional a responder en castellano. Y punto. Si no es así, he pedido que me lo confirmen por escrito, algo a lo que no han accedido ni el director del colegio ni el inspector de Educación, quien me ha dicho que está hasta la narices del tema y que lo que yo busco es crear una brecha en el sistema educativo valenciano", responde el padre.

El Mundo.es