La investigación
del caso Pretoria ha generado, de momento, 10.643 folios de sumario judicial. Y, aunque ha recabado abundantes pruebas sobre la existencia de una red de corrupción urbanística capitaneada por el ex diputado del PSC Luis García Sáez, Luigi, y los antiguos hombres fuertes de Jordi Pujol en la Generalitat Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, aún deja más dudas sobre las actividades del grupo en buena parte de los ayuntamientos del cinturón rojo de Barcelona controlados por el PSC.
La investigación ha recabado abundantes pruebas sobre operaciones irregulares dirigidas por los cabecillas de la trama en el área de Santa Coloma de Gramanet, el ayuntamiento controlado hasta el estallido del caso Pretoria por el socialista Bartomeu Muñoz, y su área de influencia, como Badalona o Llavaneras.
Pero también se han recogido abundantes indicios sobre relaciones sospechosas de los imputados en ayuntamientos de localidades controladas por el PSC como Gavá, Cornellá –el municipio del que el presidente de la Generalitat, José Montilla, fue alcalde hasta 2004– y Viladecans, en la comarca del Bajo Llobregat; San Adrián de Besós, en el Barcelonés Norte; Mataró, en el Maresme, o Sardañola/Cerdanyola y Moncada y Reixach, en el Vallés Occidental.
El alcalde de esta última localidad, César Arrizabalaga, del PSC, dimitió el pasado martes. Y, aunque aseguró que abandonaba el cargo por razones personales, su dimisión coincidió con el levantamiento del secreto del sumario de Pretoria, en el que consta que Luigi parecía tener potestad para nombrar al gerente del municipio.
En el caso de Cornellá, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino documentación relativa al pago de comisiones del 3% a Luigi en la gestión de una operación en terrenos públicos. Los casos de Gavá y Viladecans están vinculados a la constructora Proinosa de Josep Singla, uno de los empresarios acusados de pagar comisiones a la red a cambio de recalificaciones –el otro es el presidente de Espais, Lluís Casamitjana–.
Regalos
La UCO se incautó de diversos correos electrónicos entre Singla y el alcalde socialista de Gavá, Joaquín Balsera. Sobre Viladecans, la documentación se refiere al envío al alcalde socialista, Carles Ruiz, de una litografía y una caja de vino 200 Monges. Regalos similares, por cierto, a los que Singla ordenó a enviar a la vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, esposa del presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué. También figura en la lista el alcalde socialista de San Adrián, Jesús María Canga.
La investigación ha confirmado el cobro de comisiones por Luigi, Prenafeta y Alavedra por valor de más de 10 millones de euros en diferentes operaciones urbanísticas. Pero sólo ha estrechado el cerco sobre los responsables municipales del área de influencia de Muñoz.
No consta que la investigación haya avanzado en el resto de municipios salpicados por la trama, lo que ha llamado la atención de algunas de las defensas. Algunos de los letrados de la defensa se preguntan si el primer instructor de la causa, el juez Baltasar Garzón, en la actualidad suspendido a causa de su imputación por prevaricación en tres procedimientos, incorporó todas las escuchas a la causa y por qué ha avanzado tan poco la investigación en los municipios del cinturón rojo socialista.
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