Una de las medidas estrella de la Ley de Economía Sostenible que ha diseñado el Gobierno de Zapatero para sacar a España de la profunda recesión que padece es la de "mayor transparencia" en los sueldos de los ejecutivos de esas compañías. Se señala textualmente en el documento presentado por el Ministerio de Economía y Hacienda que "las sociedades cotizadas están obligadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y votarlo como punto separado del orden del día en junta general". Se añade que "el Banco de España exigirá y supervisará a cada entidad de crédito normas de gobierno que incluyan políticas y prácticas de remuneración que promuevan una gestión del riesgo responsable. Esta norma responde a la propuesta del G-20". En otro punto se remarca: "Las entidades financieras publicarán información sobre sus políticas de retribución". ¿No hará falta también una Ley de la Política Sostenible?
Los políticos, especialmente los nostálgicos de la banca y empresa pública, que tanto dinero costó y ha costado a los contribuyentes -el último caso en España, por ejemplo, es el de Caja Castilla-La Mancha-, no han tenido problema en acusar a los altos ejecutivos y sus galácticos salarios de ser los grandes responsables de la mayor crisis financiera que ha padecido el mundo desde la Gran Depresión de los años treinta. Quizás se olvidan de que políticas como la del ex presidente demócrata norteamericano Bill Clinton, que en la década de los noventa proclamó que todo americano, pobre o rico, trabajador o en paro, tenía derecho a una vivienda, fueron las que generaron la burbuja de las hipotecas subprime, las hipotecas basura y la crisis del crédito que ha puesto en recesión a todo el mundo.
Es positivo que los accionistas de una empresa tengan el derecho a saber lo que ganan las personas que gestionan su inversión. Es positivo que en función de la rentabilidad obtenida aprueben o no que esa persona siga al frente o no de la compañía. Pero eso también es aplicable a la función pública y quizás con más motivo.
El accionista de un Estado es el contribuyente, el ciudadano que con sus impuestos permite que la maquinaria del Gobierno funcione. Paga sus impuestos y su rentabilidad son los servicios que recibe a cambio, desde educación, sanidad, infraestructuras, bienestar social, etc. El dinero no es de los políticos, es de los ciudadanos y tan exigible es que un gestor de una empresa privada gestione bien nuestro patrimonio como que un político haga exactamente igual y sea igual de pulcro y cuidadoso con el dinero de todos.
Y aquí es donde nos encontramos la doble moral. Cada vez que a un político se le pregunta por su sueldo se enfada o, al menos, cambia el gesto, se muestra contrariado y contesta con balbuceos.
Sabemos que un diputado español tiene un sueldo bruto mensual de 3.126,52 euros. Es una información pública que se encuentra en la página web del Congreso, en el apartado de diputados, régimen económico y ayudas a los señores diputados.
Y aquí ya aparece el primer ejercicio de falta de transparencia. Se especifica que es una asignación mensual, pero no se dice en ningún momento la del monto bruto anual. ¿Serán 12 pagas? ¿14? ¿15? Pues póngase a averiguarlo, porque no se dice.
Luego, comienzan a completarse el sueldo. Al presidente del Congreso, José Bono, que dejó la política cuando era ministro de Defensa y más revuelto se encontraba el asunto de El Pocero de Seseña, con enfrentamiento por las licencias entre el Ayuntamiento de la localidad y la Junta de Castilla-La Mancha y problemas con la financiación con Caja Castilla-La Mancha, hay que comenzar a sumarle "complementos mensuales por razón del cargo": 3.605,38 euros por ser miembro de la Mesa del Congreso; 3.915,16 como gastos de representación, y otros 3.210,08 euros como gastos de libre disposición. En total, 10.730,62 euros mensuales, de los cuales, el 66%, dos tercios del total, son al margen del sueldo y sin justificar. Precisamente esos gastos sin justificar fueron los que antes del verano pasado crearon un gran escándalo en el Parlamento británico, porque sus señorías dedicaban ese dinero a todo, desde comprarle el pienso al perro hasta arreglar su jardín, menos a sus funciones como diputados. Por supuesto a esos pagos habría que sumarles otros como coche, chófer, escoltas, residencia, viajes, etcétera. que a cualquier ejecutivo de una empresa privada le computa, de cara a Hacienda, como parte de su sueldo.
De arriba hacia abajo
Pero no solamente Bono tiene extras. Los vicepresidentes, desde el primero al cuarto -Teresa Cunillera i Mestres (socialista), Ana María Pastor Julián (popular), Jorge Fernández-Díaz (popular) y Jordi Jané i Guash (CiU) tienen los siguientes complementos: 1.374,53 euros por miembros de la mesa; 1.148,68 euros por gastos de representación y 803,52 euros por gastos de libre disposición. En total, cada uno de ellos ingresa todos los meses 6.453,25 euros.
Y sigue el escalafón. Los secretarios, que hay cuatro, Jaime Javier Barrero López (socialista), José Ramón Beloki Guerra (PNV), Ignacio Gil Lázaro (popular) y Celia Villalobos Talero (popular) añaden a su salario base de 3.126,52 euros, 1.073,28 euros por miembro de la Mesa, 930,07 euros por representación y 769,72 de libre disposición.
También tienen complementos todos los portavoces de los grupos parlamentarios, como José Antonio Alonso (socialista), Josep Antonio Duran i Lleida (CiU), Iñaki Erkoreka (PNV), Gaspar Llamazares (IU-ICV), Soraya Sáenz de Santamaría (popular) y Casimiro Salvador (mixto). Aquí su sueldo base de 3.126,52 euros se complementa con 1.978,62 euros por gastos de representación y otros 1.052,63 euros de libre disposición. Sus adjuntos también tienen una recompensa mensual de 1.582,91 euros y de 736,05 euros por los mismos conceptos.
Pero hay más. Los presidentes de Comisión, como Alfonso Guerra, que es responsable de la Constitucional, cobra, además de su sueldo, 1.590,34 euros por ese cometido. Los vicepresidentes de esas comisiones, 1.162,75 euros; los secretarios, 775,17 euros más; los portavoces, 1.162,75 euros; y los adjuntos a los portavoces, 775,17 euros.
Pero aquí no se acaba el sueldo de un diputado. Según el Congreso, "además de las percepciones individuales correspondientes a la asignación constitucional, los diputados tienen derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. Entre los conceptos incluidos en dicho precepto está, por ejemplo, el que sus señorías reciben por presentarse a una circunscripción distinta a la de Madrid, que asciende a una cantidad de 1.823,86 euros".
Teléfono y transporte
Es decir, que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, a la que ÉPOCA descubrió en un empadronamiento irregular en Beneixida (Valencia), que luego ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, cobra 1.823,86 euros más simplemente por haberse presentado a diputada fuera de Madrid. Los que salen elegidos por Madrid, como Zapatero, reciben 870,56 euros. En ambos casos exentos de impuestos.
Los señores y señoras diputadas también tienen derecho a viajar gratis en los medios de transporte públicos. Si utilizan su coche particular se les abonan 0,25 euros por kilómetro. Además, a los que no disponen de vehículo oficial, se les facilita una tarjeta para utilizar el servicio de taxi en Madrid con un límite de 250 euros.
Las misiones oficiales de los diputados también tienen recompensa económica. 150 euros diarios por desplazamientos al extranjero y 120 euros en el territorio nacional, al margen de que los gastos de viajes corran a cargo del Congreso.
La excusa para que los diputados puedan disponer de un móvil de última generación a costa también del presupuesto del Congreso es que "las convocatorias a las sesiones de las Cámaras se efectúan por correo electrónico y mensajes SMS".
Pero no sólo son compensaciones económicas. Como el trabajo del diputado es arduo y agotador, la Cámara Baja también paga a "personal de confianza". En concreto el gabinete de la Presidencia cuenta con 10 miembros; los vicepresidentes y secretarios, con dos ayudantes cada uno de ellos. El presidente de comisión, con uno. A todo esto hay que sumar el gasto que suponen otros 194 asistentes para el resto de los diputados. De esto, claro, nada de transparencia, ni de cuánto cuesta a los bolsillos de los españoles.
Pero aquí no acaba la cosa. El Congreso, además, subvenciona al PSOE por sus 169 diputados con 965.584,89 euros; al PP, por sus 153 diputados, con 882.697,3; a CiU, con 141.844,05 euros por 10 diputados; al PNV, con 121.121 euros por sus seis diputados. El Grupo Mixto, con siete diputados, se lleva a fondo perdido 126.301,77 euros, mientras el grupo de ERC-IPCV logra 115.940 euros por cinco diputados.
Como se ve, es prácticamente imposible averiguar cuánto gana un diputado nacional. Ellos dirán que es poco por la labor que hacen, aunque en España haya cerca de cuatro millones de parados y muchas familias con dificultades para llegar a final de mes. Quizás, en temas de transparencia de sueldo, antes de exigírselo a ejecutivos de empresas privadas que todos los años se juegan el puesto con los resultados que consiguen, habría que comenzar dando ejemplo. Y la pregunta con la que comenzaba este reportaje sigue igual: ¿cuánto cobra un político? ¿Por qué les molesta tanto que se sepa? ¿Por qué los políticos no están obligados a poner a disposición de los ciudadanos un informe sobre remuneraciones y votarlo como punto separado del orden del día en las elecciones generales? Eso sí será política sostenible.
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