a transparencia es el nuevo mensaje que a diario bombardea a las comunidades autónomas. Desde el rescate griego, los mercados de capitales han puesto el listón demasiado alto para los ejecutivos regionales, hasta el punto de forzar a Cataluña y Valencia a lanzar bonos patrióticos para particulares.
En este escenario, el rigor en las cuentas, los ajustes de los gastos y la información precisa son los mandamientos que deberán cumplir a rajatabla si quieren llevar a buen puerto sus necesidades de financiación.
Entre emisión de deuda nueva, refinanciación de vencimientos y créditos, las comunidades tiene previsto solicitar en torno a 25.000 millones al mercado, según datos recogidos en sus presupuestos generales.
En 2010, ya han requerido 27.226 millones de deuda, y otros 5.000 millones para refinanciar vencimientos. Los nuevos requerimientos de Economía a la hora de autorizar los programas de emisión de bonos de cada comunidad puede poner en apuros más de una.
El endeudamiento de las comunidades deberá ajustarse a los compromisos de reducción déficit, de tal modo que no podrá sobrepasar el 1,3% del PIB. Además, el Ministerio evaluará trimestralmente el estado de las arcas regionales. Aquellas que no alcancen los hitos fijados verán cortada de raíz su posibilidad de endeudamiento.
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera la unanimidad de las comunidades aceptó este riguroso sistema de control. Los consejeros de Hacienda son conscientes de que si se toleran comportamientos fiscales díscolos –como ocurría hasta ahora–, el mercado tratará con la misma vara de medir a todas.
Eso sí, algunas advirtieron de los riesgos de esta medida. Cerrar por completo la financiación externa a una comunidad puede poner sobre la cuerdas todos los pagos con proveedores, paralizar inversiones y, en última instancia, los gastos corrientes.
Por eso, algunos consejeros han sugerido introducir otros criterios que discriminen mejor entre comunidades. Por ejemplo, las ratios de deuda por habitante y la de deuda por PIB.
La agencia Moody’s dudaba en su último informe de la capacidad del Gobierno para imponer austeridad en las comunidades. De la misma forma, Fitch otorga a las regiones españolas la peor perspectiva dentro de la zona del euro. El 60% de ellas está en negativo, frente a un 20% de media en la UE.
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