Fueron muchos los que pronosticaron que los ardores guerreros desatados tras la sentencia del TC se terminarían disolviendo como un azucarillo con el paso de las semanas. La tan manida unidad catalanista vuelve a naufragar, evidenciando que las estrategias preelectorales de los partidos tienen prioridad sobre la presunta eficacia de un utópico frente común. Porque una vez más, los políticos han demostrado su incapacidad para levantar la mirada de sus propios ombligos, para echar un vistazo al mundo que se extiende más allá de las puertas de sus sedes. Así, la reedición de la jaula de grillos catalanista ha significado un jarro de agua fría para los soberanistas convencidos, mientras el resto de la población ha respirado aliviada al certificar el fracaso de este amago de levantamiento.
La resaca de la manifestación vino marcada por una previsible guerra de cifras, después de que Òmnium Cultural (premiada esta misma semana con 170.000 euros de la Generalitat) afirmase que habían sido un millón y medio los asistentes a la marcha. Esta desmesura vino respaldada por una Guàrdia Urbana sumisa a quienes les dan de comer, recordando aquellas manifestaciones madrileñas en las que la Policía Municipal (sometida al PP) y la Policía Nacional (dependiente del PSOE) polemizaban sobre los datos de asistencia con una desproporción de uno a veinte. A pesar de que la empresa especializada Lynce, contratada por la agencia Efe, señaló que sólo 56.000 personas habían secundado la convocatoria, todo apunta a que el dato más fidedigno ha sido el ofrecido por el poco sospechoso diario La Vanguardia y el servicio estadístico de la UAB, con una horquilla de 300.000 a 350.000 participantes. En cualquier caso, la capacidad de convocatoria del catalanismo político fue abrumadora, y resultaría irresponsable minimizar la importancia de lo acontecido en las calles de Barcelona por culpa de un simple baile de cifras, por muy escandaloso que éste sea.
Aunque suene a chiste, algunos sectores independentistas parecieron ponerse muy nerviosos con la excepcional trayectoria de la Roja en Sudáfrica, temiendo que los éxitos de la selección enfervorizaran un sentimiento españolista que aguara la demostración de fuerza catalana. Recordemos la bravuconada planteada a Ballesteros por sus aliados republicanos en el Consistorio, exigiéndole que se decantara por España o por Catalunya a raíz de la posible instalación de una pantalla gigante para ver la final del Mundial. Parece increíble que a estas alturas haya quien se crea legitimado para expedir carnets del buen patriota, y más aún que los socialistas sucumbieran al órdago alegando presuntos motivos de austeridad, un mes después de haberse gastado 300.000 euros en una obra de teatro reservada para unos pocos cientos de privilegiados. Y eso por no hablar del escándalo de Xanascat, tras conocerse que los mulás de ERC prohibieron que la victoria de España sobre Holanda fuese vista en los campamentos juveniles organizados por la Generalitat, amenazando a los monitores con sanciones laborales si encendían el televisor.
En cualquier caso, más allá de las cifras de asistencia a la manifestación, lo verdaderamente crucial fue la toma de posición de una amplia mayoría del arco parlamentario catalán en defensa de la plena soberanía del pueblo de Catalunya. Teniendo en cuenta que el actual marco constitucional impide la compartimentación de la soberanía española, resulta evidente que la marcha significó un repudio explícito a la Constitución del 78 en uno de sus aspectos fundamentales. Aunque se trata de una postura perfectamente defendible, todos habríamos agradecido que los partidos convocantes se hubieran definido a este respecto unos años atrás, evitando que miles de catalanes se sintieran agredidos por España al observar a sus sobreactuados políticos echándose las manos a la cabeza por una sentencia más que previsible.
El Estatut pretendió quebrar la estructura política española por la puerta de atrás, metiendo con calzador un modelo que excedía el esquema constitucional. El propio Pasqual Maragall reconoció el error de no haber planteado una modificación de la Carta Magna antes de proponer un Estatut que difícilmente cuadraría con las previsiones del 78. Quizás haya llegado la hora de plantear abiertamente una reforma sustancial de la Constitución que permita un encaje satisfactorio de las comunidades con un fuerte sentimiento nacional, superando el ‘café para todos’ que desbarató los sueños de un modelo federal y asimétrico.
El fracaso del plan Ibarretxe y del nuevo Estatut constituye la demostración palpable de la solidez de una estructura impermeable a las triquiñuelas partidistas. Si no se coge el toro por los cuernos, proponiendo una actualización constitucional que dote de estabilidad al modelo español, la amenaza de una desintegración estará cada día más cerca.
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