Todos a la cárcel

Dánel Arzamendi Balerdi - 01/11/2009

Como si viviéramos un nauseabundo déjà vu que nos devolviera a principios de los noventa, la actualidad vuelve a obligar a la ciudadanía de este país a asumir con resignación que la frontera periodística entre la información política y la de sucesos resulte cada vez más nebulosa. Hace años que las cristalinas aguas del oasis político catalán quedaron estancadas, y el creciente hedor de su podredumbre sólo resulta soportable para algunos beduinos que ya han perdido la sensibilidad, dada su incapacidad para sobrevivir de otra manera. Los lugares en los que se decide nuestro futuro comienzan a parecer una pintura flamenca repleta de políticos corruptos, empresarios de turbia trayectoria, sindicalistas bien cebados, arribistas de buena familia y soplagaitas con carnet de afiliado, todos ellos rapiñando por hacerse con un buen trozo de la fortuna acumulada tras desangrar a la gente corriente. Nadie duda de la buena voluntad de muchos servidores públicos, pero la cantidad y la posición de los sinvergüenzas que últimamente abarrotan las páginas de nuestros periódicos hace necesaria una urgente revisión médica para todo aquél al que ahora mismo no le hierva la sangre.

Porque los acontecimientos destapados durante las últimas semanas han conseguido demostrar el carácter transversal del desmadre económico protagonizado por nuestra clase política. Los chanchullos del PP parecen no tener fin, ERC se ha visto implicado hasta las cejas en el escándalo de los informes-basura de la Generalitat, el PSC ha temblado al ver durmiendo en el cuartelillo a un miembro de su ejecutiva federal y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, CiU ha intentado disimular infructuosamente su vinculación con el caso Millet, mientras dos de sus dirigentes históricos eran detenidos por meter la mano en la caja…

Sin embargo, lo grave no es el mero aluvión de procesos por corrupción, que incluso podría ser considerado una buena noticia, pues certificaría el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Lo verdaderamente indignante es la desfachatez que destilan las declaraciones de algunas personalidades vinculadas a CiU, cuyo contenido sería más propio de individuos como Luis Roldán, Jesús Gil y Gil o el Dioni. Me refiero, por ejemplo, a la amenaza del presidente de la fundación Trias Fargas, Agustí Colomines, de «tirar de la manta y abrir una crisis» ante la petición de más información por parte de los tribunales que investigan el sainete chorizomusical del Palau. No se queda atrás la intervención de Jordi Pujol en el programa Àgora de TV3, en la que alertaba sobre «el peligro de remover la cuestión de la financiación de los partidos: es una cuestión delicada que puede acabar salpicando a todos los partidos, y si entramos aquí saldremos muy perjudicados». Dichas afirmaciones suponen un reconocimiento tácito del ex president sobre presuntas irregularidades económicas, al menos en su partido, cuya ocultación le convertiría, como mínimo, en cómplice. Resulta lógico, teniendo en cuenta que su antiguo secretario de Presidencia, Lluis Prenafeta, y un miembro fijo de sus gobiernos, Macià Alavedra, han disfrutado esta misma semana de las comodidades del Hotel Rejas. Por su parte, diversos bufones convergentes disfrazados de periodistas han intentado desviar la atención del caso de las donaciones hacia cuestiones anecdóticas, evitando así la pregunta fundamental: si la codicia económica de Félix Millet era tan desbordante como para llevarle a comprometer su propia libertad, ¿cómo es posible que regalara cientos de miles de euros a la fundación de CiU a cambio de nada? Mientras tanto, se hace público que el Parlament conocía desde hace años la imaginativa contabilidad de la Fundació Palau y las irregularidades urbanísticas de la operación Pretoria… y no movió un dedo. ¿Hoy por ti, mañana por mí? Son las ventajas de tener una prensa privada bien domesticada, y un férreo control sobre los medios de comunicación públicos.

Menos mal que de todo puede sacarse algo positivo, aunque sea una sonrisa. Acabamos de saber que la SGAE premió a Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma y presunto corrupto, por ser «el político más comprometido en la lucha contra la piratería». Paradojas de la vida. Después de la Cruz de Sant Jordi de Millet, vamos a tener que asegurar la cartera cada vez que se nos acerque un personaje distinguido. ¡Qué corto se quedó Berlanga!