La ciudadanía se puede definir como "El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público."

miércoles, 10 de febrero de 2010

Otro padre coraje en Valencia

Jorge Martín presenta un recurso contencioso administrativo para que su hija estudie en castellano

Belén Piedrafita LVL

Liria (Valencia).- Jorge Martín, padre de una niña de tres años y natural de Liria (Valencia), explicó a 'La Voz Libre' el pasado 9 de diciembre, que llevaba más de cinco meses luchando para que su hija pudiera estudiar en español. Dos meses después, este padre se ha encontrado con que la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes de la Generalitat Valenciana ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por él para que admitan a su hija en el centro concertado Francisco Llopis. Consideran que “en ningún momento se ha alegado vulneración del procedimiento establecido para la admisión de alumnos en la legislación vigente”.

“El Director General de Ordenación y Centros Docentes, Francisco Baila, ha decidido seguir desgarrando la poca ilusión, que no la esperanza, que me quedaba por el sistema educativo de esta comunidad y por encontrar profesionales responsables y serios que no traten mis derechos recogidos en la Constitución española como si fueran basura, al pisotearlos una y otra vez, negándome una educación cristiana y en español en España”, declaró Jorge Martín tras conocer la resolución.

”En estos nueve meses de cruzada me he dado cuenta de la mediocridad de la clase política que nos representa en una gran comunidad como es la valenciana”, añadió Jorge. El padre afirmó que iba a seguir adelante, por lo que ayer lunes 8 de febrero interpuso un recurso contencioso administrativo contra dicha resolución.

El caso de Jorge se remonta al periodo de preinscripción del pasado curso escolar. Una vez que a su hija de tres años se le denegó la plaza en los dos colegios concertados con línea de castellano existentes en la localidad y se le adjudicó uno público únicamente con enseñanza en valenciano, Jorge presentó una alegación en el centro escogido, y posteriormente otra ante la Dirección Territorial de Educación. Tras una reunión infructuosa con el inspector de educación de la zona, Jorge matriculó a su hija en el centro público que le habían adjudicado, bajo la promesa de que una vez que la directora territorial tomara su decisión, el expediente de su hija sería trasladado al centro concertado de su elección.

Semanas después y dado que Jorge no recibía respuesta alguna de la Dirección de Educación, interpuso un recurso de alzada e intentó localizar a la directora de educación, sin éxito. El pasado 8 de septiembre la niña tuvo que comenzar las clases en el colegio que le habían adjudicado y un día después Jorge recibió la respuesta de la directora de Educación, que afirmaba que dado que había matriculado a la niña en el centro público, ya no podía trasladarse al concertado (contradiciendo por lo tanto la afirmación del inspector).


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