Fuente: La Vanguardia
Catedrático de Derecho.
La corrupción apenas ha sido tema de debate electoral. Tiene su lógica: tal debate, y su reflejo en los medios, es el que generan los partidos, en especial los partidos importantes que, por la cuenta que les trae, huyen del tema corrupción como gatos escaldados.
Pero ya sabemos que si se echa a alguien por la puerta entra después por la ventana. Ahí está el sondeo sobre la percepción de la corrupción pública en Catalunya que ayer se dio a conocer: el 85% afirma que la corrupción de las administraciones está muy o notablemente extendida. Y otro dato, aún más alarmante: un 42,9% de los encuestados considera que las personas se dedican a la política sólo para obtener poder e influencia y otro 21,7% simplemente para enriquecerse: ambas cifras suman un 64,6%. La asociación entre política y corrupción está instalada en la sociedad.
Pero el tema ha dado estos días para más. En el diario El País de anteayer, Joan Llinares hacía unas amplias y jugosas declaraciones sobre el caso Palau de la Música. El señor Llinares fue designado director general del Palau pocos días después de comenzar a descubrirse el pastel. En una inolvidable entrevista de hace un año por televisión dio claras muestras de una gran solvencia profesional y de ser un tipo decente: paso a paso, imperturbable, ha ido averiguando la magnitud del desfalco.
En las declaraciones a El País habla de las presiones internas que ha sufrido: “Los que han frenado el proceso (de investigación) llevaban años dentro y dominaban los circuitos informales de comunicación de la casa. Conocían todo y a todos. Trabajaron arduamente para generar desconfianza hacia mí, contaminaron el ambiente, rezumaron hipocresía y, en ocasiones, nos sumieron en crisis internas absurdas. Creo que estaban haciendo tiempo para reorganizarse evitando que nada se consolidara para mantener la estructura diseñada por Millet”.
Habla también Llinares de las amenazas de que ha sido objeto, de la imposibilidad para aclarar la gestión anterior a 1998 y “las ingentes cantidades de dinero que salieron en efectivo de las cuentas no contabilizadas”, así como también de la gestión anterior a 1998. Se declara impresionado por la doble vara de medir según se tratara del posible tráfico de influencias que afectaba a cargos del PSC o a la percepción de transferencias económicas irregulares a cargos y empresas que afectaban a Convergència. En este último caso, dice Llinares, “la reacción ha sido más propia de quien fomenta una sociedad tribal frente a una sociedad moderna basada en instituciones que funcionan. No estaban pensando en el interés del Orfeó ni del Palau, sino en el suyo propio”.
Al final se refiere al asunto como “la truculenta historia de los casos Millet y Palau como tapaderas de sucios negocios”. Este hombre cesa a finales de mes. Al parecer, los otros siguen dentro.
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