Los contratistas con el sector público se encuentran en una encrucijada. En un momento en el que las licitaciones caen a ritmos del 30% (según los datos de Seopan del primer semestre), el sector se enfrenta a dos situaciones que pueden hacer que su situación empeore notablemente.
Por un lado, estas empresas tratan de contener el recortazo impuesto por el Gobierno en todas las infraestructuras, lo que ha generado un encendido debate político la última semana.
Por otro, ven co
mo una de las medidas de apoyo que les había prometido el Gobierno en la reforma de la Ley Concursal pueden quedar en agua de borrajas.
Y es que los contratistas públicos están sujetos a un trato legal diferente a los privados en caso de entrar en concurso. La normativa que los iba a equiparar se ha caído de los borradores de esta reforma, según ha podido constatar EXPANSIÓN. En un principio se preveía corregir el hecho de que los contratistas públicos en concurso no puedan seguir operando con la Administración, tal como consta hoy en la Ley de Contratos del Sector Público.
De este modo, la ayuda de la Administración, cuya morosidad es muchas veces causante de la quiebra, no llega cuando la empresa lo necesita. Aunque el Ministerio de Justicia –ver EXPANSIÓN del pasado 22 de febrero– aseguró que la reforma concursal evitaría la liquidación de estas empresas, los borradores hasta ahora presentados sólo incluyen una leve modificación a la Ley de Contratos del Sector Público. La misma que ya se incluía en el Decreto de Zurbano y que los expertos ven “claramente insuficiente”.
Demora
En cualquier caso, la presentación de la reforma sigue acumulando demoras. Fuentes consultadas explican que la postergación de la norma, que Justicia aseguró que estaría en Consejo de Ministros en junio, se debe a las críticas que cosecharon los borradores cuando se conoció su perfil bajo. Cuando los interlocutores empresariales supieron que no se cambia el actual modelo.
Dos de los puntos que informó este diario que quedaban fuera de la reforma, el fresh money (dinero que prestan los bancos al concursado) y el sobreendeudamiento de particulares, se están tratando de incorporar al borrador definitivo. En el Consejo de Ministros del próximo 20 de agosto la normativa tendrá otra oportunidad para ver la luz.
A la espera de que culmine la reforma, que el presidente del Gobierno dio como próxima en el Debate sobre el Estado de la Nación, abogados y expertos lamentan que no se auxilie a los contratistas, que viven sus momentos más bajos.
La pequeña mejora que se implantó en Zurbano modifica un artículo (el 49.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público. Con ella simplemente se matiza que sólo será causa de prohibición de contratar, además de la declaración de concurso, la solicitud de concurso voluntario, es decir, la formulada por el propio empresario.
Se impide así que, como consecuencia de la solicitud de un tercero, la empresa quede inhabilitada para contratar. Y, habiendo sido declarado en concurso, una vez aprobado el convenio quedará de nuevo habilitado para contratar.
Zurbano mantiene el diferente trato legal que reciben los contratistas con el sector público. Si entran en concurso, la Administración sólo vuelve a contratar con ellos si logran el convenio. Pero sólo las empresas muy sólidas consiguen el convenio y la prohibición de contratación acaba de hundir a muchas sociedades.
Así lo cree Antonio Fernández Rodríguez, socio responsable del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Garrigues: “Contratar con empresarios en concurso cuando ya haya convenio es jugar sobre seguro, y no prestar apoyo en los momentos delicados, en los que el deudor necesita la ayuda para poder construir un plan de viabilidad que le permita negociar un convenio”.
A Raquel Ballesteros, socia de Bird&Bird, esta protección le parece “descafeinada”. Detalla que el empresario en concurso se encontrará “aún más presionado para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, sin el cual ni siquiera podrá aspirar a un contrato con el sector público como eventual tabla de salvación”.
En esta línea, Miquel Ángel Alonso, de Roca Junyent, asegura que “el cambio queda corto, en particular en tanto que no arbitra ninguna solución para que el empresario pueda acudir al concurso sin que ello suponga renunciar a continuar su actividad”.
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