Mas admite ahora que habrá que subir algún impuesto en el futuro

EL PAÍS - Barcelona

El candidato de Convergència i Unió (CiU) a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, admitió ayer que las promesas de bajada generalizada de impuestos que hace el Partido Popular, y en algunos momentos su propio partido, no podrán cumplirse en el futuro. Ante un nutrido grupo de empresarios reunidos en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Mas aseguró ayer que no se desdice de su promesa de bajar algunos de los impuestos que ha subido el actual Gobierno y eliminar la tasa sobre las sucesiones que grava las rentas más altas. Pero inmediatamente después añadió que en el futuro, una vez que la crisis actual haya pasado a la historia, "será inevitable subir algún impuesto".

Mas explicó que para poner en orden la economía catalana será necesario tomar medidas en tres direcciones: un mayor ahorro y austeridad en la Administración, fomento del crecimiento económico y apuesta por un pacto fiscal que otorgue a Cataluña un modelo similar al concierto económico. Con ello, en un foro generalmente afín al Partido Popular, Mas quiso desmarcarse de su rival Alicia Sánchez-Camacho. Esquerra Republicana, por cierto, pidió ayer a CiU que firme ante notario que no pactará con el PP mientras este mantenga tesis "xenófobas".

Por otra parte, Jordi Pujol Ferrussola, el hijo mayor del ex presidente de la Generalitat, se coló ayer en la precampaña electoral denunciando, mediante una carta a lavanguardia.es, que los Mossos d'Esquadra le multaron el pasado día 3 por llevar en la matrícula del coche un adhesivo con las siglas CAT. Los Mossos, de acuerdo con la ley, le multaron por "incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación".

Ciudadanos busca rebeldes con causa

“Nos rebelamos contra la mediocridad, contra la corrupción, contra las imposiciones, por una Cataluña libre, abierta y moderna, por una Cataluña de todos”
Por esta razón, el presidente de C’s ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se “rebelen en las urnas”: “Nos rebelamos los que defendemos la democracia, frente a los que la degradan, nos rebelamos los que cumplimos las leyes, frente a los que no cumplen las sentencias, los que nunca nos manifestamos contra el Estado de derecho, frente a los que sí, los que defendemos la convivencia y la pluralidad por encima de todo, frente a los que quieren levantar fronteras”.

Los catetos e iletrados que controlan el cotarro cultural subvencionado del Tripartit hostiles al premio Nobel: “Catalunya y Vargas Llosa” (Antoni Pui

Correo Ciudadano de Barcelona

El primer libro que leí de Vargas Llosa fue en catalán. Lletra de batalla per Tirant lo Blanc, una luminosa reivindicación de la novela medieval del valenciano Joanot Martorell, que ya Cervantes calificó de “mejor libro del mundo” y que el flamante premio Nobel conoció en sus años barceloneses (años que ayer recuperaba para los lectores de La Vanguardia Xavi Ayén, estupendo periodista cultural que estaba en Nueva York junto a Vargas Llosa precisamente el día en el que se concedió el Nobel).

El ensayo sobre Tirant lo Blanc de Vargas Llosa formaba parte, a manera de prólogo, de la edición castellana de esta novela medieval que realizó Alianza en 1969. Traducido por el añorado Ramon Barnils, el estudio fue publicado aquel mismo año en una colección de ensayos de Edicions 62. En tal colección, Vargas Llosa aparece rodeado de libros marxistas y estructuralistas, lo que ya entonces daba la medida de la singular personalidad del futuro premio Nobel. En efecto, en una Barcelona intelectualmente dominada por el pensamiento progresista de los Sartre, Engels, Marcuse o Lévi-Strauss, había que tener convencimientos literarios muy sólidos para enamorarse de un libro arcaico. Vargas Llosa quería rescatar a Tirant de “su injusta tumba del olvido” y sostenía: “Martorell es el primero de esa estirpe de suplantadores de Dios –Fielding, Balzac, Dickens, Flaubert, Tolstoi, Joyce, Faulkner– que pretenden crear en sus novelas una realidad total”.

Todos los ensayos literarios de Vargas Llosa insisten en esta metáfora del novelista como creador del mundo. Los grandes narradores son deicidas o suplantadores de Dios, porque actúan como el propio Dios en el Génesis y producen en el lector la impresión de que el mundo ha sido creado de nuevo. Joanot Martorell –sostenía Vargas– es el más remoto iniciador de esta estirpe: “Un novelista todopoderoso, desinteresado, omnisciente y ubicuo”.

Situar a Martorell en la restringida lista de los Flaubert, Tolstoi, Faulkner o Balzac debería haber contrapesado las reticencias que la figura del nuevo Nobel suscita en importantes sectores del catalanismo. Pero no me extrañaría que los más reticentes ignoraran incluso la existencia de tal ensayo. La Catalunya política e ideológica apenas lee. No es extraño que el discurso político sea ya tan visceral como el futbolístico. En este punto, la política catalana y la española no se diferencian. Será el sustrato franquista, o será el virus del totalitarismo, que rebrota entre nosotros aderezado con nuevos componentes. El hecho es que el pensamiento libre vuelve a parecer sospechoso. Se desprecia al escritor o intelectual que se atreve a pensar por su cuenta, especialmente si su libre albedrío cuestiona tópicos, falsedades o prejuicios sobre los que se construyen las identidades y las ideologías.

Para el sector nacionalista de la política y la cultura catalanas, las críticas del popperiano Vargas Llosa sobre el catalanismo han pesado mucho más que su fértil compromiso con uno de nuestros mejores clásicos. No importa que el gesto de leer, estudiar y defender el Tirant lo Blanc sea una muy valiosa manera de reconocer la cultura en lengua catalana y de proyectarla internacionalmente. No importa que el tirón publicitario del Nobel pueda también ahora ser útil al Tirant y, por extensión, a la cultura escrita en catalán, a la que no le sobran precisamente valedores internacionales. No importa. Muchos influyentes actores catalanes le dieron la espalda cuando, con razón o sin ella, Vargas Llosa dijo, ya residiendo en otras ciudades del mundo, que el nacionalismo catalán había acabado con la efervescencia, creatividad y libertad de la Barcelona de los años setenta. Vargas Llosa pasó entonces a ser considerado hostil. Craso error. Lo importante no es que Vargas Llosa comparta las emociones o razones del catalanismo, sino que defienda en todo el mundo que Tirant es tan importante para la historia de la novela como Guerra y paz.

Fue en Catalunya donde Mario Vargas Llosa encontró el apoyo de la prodigiosa agente Carmen Balcells y del editor Carlos Barral. Sin olvidar la amistad de los Ferrater, Tusquets, Azúa y compañía. Aquella Barcelona de los setenta (que también Umberto Eco consideraba meca de la creatividad) debería ser reivindicada por el catalanismo. Dos premios Nobel, dos, se gestaron en aquella Barcelona. Y desde Barcelona se expandió a todo el mundo una corriente triunfante: el llamado realismo mágico o boom latinoamericano. Defender la cultura en lengua catalana es objetivo esencial del catalanismo: nadie más que nosotros lo hará. Pero este objetivo debe ser compatible con la visión internacional de Barcelona, capital histórica de la edición en castellano. Tal capitalidad es hija del talento empresarial y de la creatividad de muchas generaciones. En este momento de crisis económica y de previsible cambio político, el merecidísimo triunfo de Vargas Llosa nos recuerda la necesidad de repensar la mejor manera de reimpulsar ambas tradiciones culturales.

El éxito de Vargas Llosa es personal: de su talento y su trabajo, de su imaginación y de su prodigiosa claridad expresiva. Pero, si alguna sociedad merece colgarse alguna medalla por este Nobel, es la barcelonesa y, por extensión, la catalana. El éxito de Vargas es también el éxito de la sociedad catalana. Debemos aplicarnos a la suma –y no a la resta

fuente: LA VANGUARDIA

Barreda sugiere que Zapatero no se vuelva a presentar

El presidente de Castilla-La Mancha cree que el partido debe "cambiar de rumbo"

EL PAÍS

No lo ha dicho expresamente, pero José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, insinuó que José Luis Rodríguez Zapatero no debería repetir como candidato para liderar una tercera legislatura. "En contra de la opinión de muchos dirigentes, los mandatos deben ser limitados a ocho años", aseguró anoche Barreda en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntado sobre si la continuidad del presidente al frente del Ejecutivo es una rémora.

Y decir lo que piensa es su forma de demostrar la lealtad. "Los pelotas que le dicen amén al jefe, lo único que hacen es estrellar al jefe, no son leales", sentenció el barón socialista, que, en su empeño de "decir la verdad", apostó por un "cambio de rumbo" para evitar la "catástrofe electoral" hacia la que se dirige el PSOE. "Hay que emitir señales inequívocamente claras de que se cambian algunas políticas y algunos planteamientos", aseguró el presidente castellanomanchego.

Y para ello, es necesario "estar cerca de las bases", que no necesariamente siguen los postulados de sus dirigentes, dijo Barreda. El presidente de Castilla-La Mancha suscribió las afirmaciones de Alfonso Guerra y aseguró que era verdad "que han perdido todos los que han apoyado a la perdedora", en alusión a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que perdió las primarias de Madrid frente a Tomás Gómez. "Yo estoy muy cerca de los militantes de Castilla-La Mancha, creo que estoy mucho más en sintonía con ellos que con algunos dirigentes de la calle de Ferraz", continuó.

Barreda deslizó una crítica a la falta de diálogo entre Zapatero y los presidentes regionales: "Sí, hablamos, pero seguramente menos de lo que debiéramos, y seguramente tenemos menos reuniones de coordinación de las que fueran aconsejables", afirmó.

Cataluña tiene un problema

José Antonio Zarzalejos - 31/07/2010

Si es cierto -que lo es- que “España tiene un problema” con Cataluña como escribió el padre de la Constitución, Miquel Roca, tras conocerse el fallo del TC sobre el Estatuto de 2006, también lo es que Cataluña, de puertas adentro, tiene otro no menor que consiste en el cuarteamiento del llamado catalanismo político y social. Una clase dirigente muy por debajo de los requerimientos del momento histórico que vive la Comunidad, está llevando la convivencia catalana a un enfrentamiento como nunca antes había sucedido. La proyección de una Cataluña homogénea y cohesionada ha saltado por los aires y el oasis catalán, tan publicitado, se ha convertido en un espacio político y social inusualmente convulso.

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña -asunto tratado hasta la saciedad en su significación cultural y político- incorpora connotaciones hostiles hacia la simbología de la llamada “fiesta nacional” (dígase lo que se diga, la medida de interdicción conlleva un ánimo político e ideológico indudable, por más que no excluya otro tipo de motivaciones no estrictamente políticas), pero supone también, y de manera grave, una profunda escisión en la sociedad catalana como lo demuestra el hecho de que el Parlamento autonómico se quebrase en dos facciones: contra la tauromaquia, 69 votos, a favor, 58 y 9 abstenciones. Estos guarismos parlamentarios demuestran que los diputados catalanes –de diferente extracción socio-cultural y económica, incluidos tanto en el PSC como en la propia CiU- no son ya capaces de integrar mayorías rotundas en temas de carácter transversal, que era lo que distinguía al catalanismo.

La viva –incluso virulenta- polémica que ha seguido a la prohibición de las corridas de toros, afición ciertamente declinante allí, remite a un enfrentamiento subterráneo pero progresivamente visible en el que emergen catalanes con percepciones muy diferentes, alejadas algunas de la corrección política que tanto unifica el tono general de los pronunciamientos públicos en el Principado. Puede haber muchas razones para prohibir los toros, pero las hay más –y más contundentes- para prohibir el boxeo, si, como está ocurriendo con la clase política en España, se sucumbe al intervencionismo prohibicionista que atenta contra el principio de mínima intromisión de los poderes públicos en las actividades -sean cuales fueren- de los ciudadanos, en lo individual y en lo colectivo.

La tauromaquia, que con variantes, ha tenido históricamente una gran tradición en Cataluña aunque en progresivo abandono en las últimas décadas, no consiste sólo en la lidia sino en un universo de manifestaciones culturales, históricas y sentimentales que la acompañan. Hay una prosa taurina; una poesía de inspiración tauromáquica; una pintura imperecedera vinculada a una estética torista y torerista; un género periodístico específico protagonizado por grandes plumas y una economía en torno a la fiesta de los toros que no sólo propicia riqueza, trabajo y bienestar, sino que actúa también en la vertiente conservacionista de las especies y en la ecológica de las dehesas. En definitiva, la tauromaquia es espectáculo, es cultura, es tradición y es industria. Sea uno taurino o no lo sea -como es mi caso- simplificar como se ha hecho en Cataluña la fiesta taurina a una cuestión animalista, es un reduccionismo que no podía por menos enfrentar ácidamente a los catalanes entre sí y a una buena parte de sus elites culturales.

Pero la ruptura interna de la clase política catalana y con la ciudadanía no es cosa de ahora. Se vio ya cuando el Estatuto de 2006 fue refrendado por poco más de un tercio del censo electoral de Cataluña, contó con la negativa del PP y de ERC y sedujo lo justo a los nacionalistas de CiU. Luego, la desunión de las fuerzas políticas catalanistas en la defensa del texto autonómico –demostradamente inconstitucional en aspectos de gran importancia cualitativa- se acreditó con su incapacidad para sacar adelante una resolución conjunta en el debate sobre el estado de la Nación –ni siquiera la pactada por el PSOE y el PSE-, tras el magro logro de una declaración de mínimos en el Parlamento catalán que se limitaba a reiterarse en el preámbulo del Estatuto al que el TC, en lo referente al carácter nacional de Cataluña, ha privado de eficacia jurídico-interpretativa. La manifestación del 10-J, mal gestionada por los partidos, fue la expresión más extrema -fuese cual fuese el número de manifestantes- de la incapacidad de respuesta institucional y madura a un problema institucional de enorme envergadura. La Generalitat abdicó en la calle una respuesta que -por su trascendencia- debió tener una altura política y jurídica de la que, obviamente, careció. A tono, es cierto también, con la rasante del presidente del Gobierno y de su Gabinete.

El laberinto de desconcierto y enfrentamiento en el que se ha introducido la política catalana llega hasta el punto de la máxima discrepancia en el desarrollo estatutario. El Parlamento catalán -con el voto en contra de CiU y PP- ha aprobado la muy importante Ley de Veguerías que pretende una forma de sustitución de las provincias, al modo de tradición catalana. El texto, no sólo colisiona con la sentencia del TC, sino también con el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, organismo consultivo autonómico de ámbito estrictamente catalán. Hay territorios catalanes -no es cuestión de entrar en detalles- en radical desacuerdo con la distribución comarcal que delimita esa norma que, con otras, está en el alero de la inconstitucionalidad.

¿Qué decir de la cohesión del tripartito? La mezcolanza de un PSC con una ERC independentista y el izquierdismo radical de ICV ha sido una fórmula más que para gobernar, para evitar que CiU lo hiciera, y como en todo Ejecutivo reactivo, en su seno se ha dado -y se siguen dando- todo tipo de incoherencias, desajustes y diferencias sustanciales de criterio. Esta extraña alianza entre organizaciones tan disímiles ha tensionado -y no sabemos hasta donde- la relación federada del PSC con el PSOE cuyo secretario general, Rodríguez Zapatero, purga ahora sus muchas responsabilidades en una política gubernamental hacia Cataluña errática y frívola.

Por fin -aunque el listado de graves problemas catalanes, puramente internos podría continuar- Cataluña es el escenario de episodios presuntos y probadamente claros de corrupción que afectan a su clase dirigente: los casos Millet y el llamado Pretoria, sin olvidar otros menores que afectan al Ayuntamiento de Barcelona, no son temas pequeños en el rebrote de la corrupción política por el que atraviesa nuestra democracia. Cataluña no se libra, en consecuencia, de aquellas lacras que sus dirigentes fustigan con tanta energía verbal desde los púlpitos de las instituciones centrales, mientras lo hacen tan quedamente desde las locales.

Es cierto lo que decía Miquel Roca: España tiene un problema con Cataluña porque no hemos resuelto definitivamente -¿será resoluble alguna vez?- su inserción en el conjunto nacional; pero Miquel Roca debería convenir –y como es un observador perspicaz lo hará- que Cataluña tiene un problema en el tratamiento de su propia cohesión interna, en el manejo de su pluralidad y en la ruptura –con extremosidades decisoras y políticas divisivas- de ese catalanismo que habiendo tenido siempre significaciones distintas, ahora ha quebrado hacia dentro y hacia fuera provocando una sensación de desconcierto y de enfrentamiento en la Comunidad como no se recuerda en décadas. Y ese guirigay cuyos ecos llegan a Madrid es de la íntegra responsabilidad de sus dirigentes. La prohibición de los toros no es más que el síntoma de una deriva de un catalanismo otrora amplio, liberal y cohesivo con vocación de proyectarse en España como elogió (“hay que catalanizar España”) el eximio Miguel de Unamuno. ¿Escribiría hoy lo mismo?

Los Presupuestos castigan a los autónomos en fiscalidad y pensiones

03.10.2010 M.Valverde.

El Gobierno endurecerá el año que viene algunas de las condiciones que disfrutan en la Seguridad Social varios colectivos de autónomos. El objetivo no es sólo recaudar más, sino también avanzar en la equiparación entre la aportación a la Seguridad Social durante la vida laboral y la cuantía de la pensión que se recibe cuando uno se jubila.

Así, a partir del año que viene, los empresarios que estén en el régimen de autónomos y tengan más de 50 trabajadores pasarán a pagar, como mínimo, desde 840 euros a un poco más de 1.000 euros mensuales a la Seguridad Social.

La cuantía definitiva que estas personas deberán abonar el próximo año equivaldrá a la base mínima del Grupo 1 de Cotización. Es decir, licenciados y personal de alta dirección. Está pendiente de la subida del Salario Mínimo Interprofesional para el próximo año, pero a día de hoy la citada base de la Seguridad Social es de 1.030 euros.

La medida se dirige a estos empresarios y, también, a los directivos de este tipo de compañías que están en la Seguridad Social como autónomos y que, con frecuencia, cotizan por la base mínima en este régimen del sistema. Se da la circunstancia de que estas personas con ingresos más elevados, o mucho más elevados, cotizan menos que sus asalariados al Régimen General de la Seguridad Social.

“No nos parece razonable que ocurra esto”, dijo ayer el secretario de Estado, Octavio Granado, cuando explicó la medida.

Las empresas con más de cincuenta trabajadores son 35.605. De ellas, 19.218 tienen entre 51 y 100 empleados; 13.864, entre 101 y 500 trabajadores y, a partir de ahí, 2.523.

Periodo de cálculo
Pero ésta no es la única medida que aprobará el Gobierno para ajustar algunas cuentas con los autónomos en las cotizaciones sociales. A partir del 1 de abril de 2011, el Gobierno adelanta desde los 50 a los 45 años la edad límite que tendrá el trabajador autónomo para elegir la base de cotización a la Seguridad Social en los últimos años de su carrera.

Con ello, el sistema trata de reducir el fenómeno conocido entre los técnicos como la compra de pensiones entre los autónomos. Es decir, cuando muchas de estas personas, para cobrar una pensión más elevada, deciden cotizar por bases más altas durante los últimos quince años de su vida laboral.

Sebastián Reina, secretario general de UPTA, una de las organizaciones de autónomos más representativas, explicó ayer que, con ello, el Gobierno adelanta en este colectivo laboral lo que va a ocurrir en el Régimen General tras el Pacto de Toledo; la ampliación de 15 a 20 años del periodo de cotización obligado para calcular la cuantía de la pensión.

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Zapatero se hunde con el PSOE, según una encuesta de 'El País'

El 75% rechaza la gestión de Zapatero y el 84% dice que no confía en él

Madrid.- La huelga general del pasado miércoles ha dañado al PSOE, según una encuesta que hoy domigo publica el diario 'El País'. Los efectos de la protesta de los sindicatos contra la reforma laboral han llevado a los socialistas a uno de sus peores resultados electorales. Su desventaja respecto al PP en estimación de voto es de 14,5 puntos porcentuales, según la encuesta de Metroscopia. El sondeo fue realizado el pasado jueves, justo al día siguiente de la huelga, hecho que los responsables del sondeo consideran determinante. Y es esta perspectiva la que explica que el PSOE se encuentre en este momento con un 28,5% en estimación de voto, tras una caída de 4,5 puntos porcentuales en un mes.

Los socialistas parecían haber tocado fondo en junio, cuando se anunció la congelación de las pensiones y la reducción del sueldo de los funcionarios, pero la caída se mantiene. En las elecciones generales de 2000, el PSOE se quedó en el 34,2% de los votos; eso provocó la victoria por mayoría absoluta de José María Aznar y la dimisión del entonces líder socialista, Joaquín Almunia. Ahora, el PSOE está casi seis puntos por debajo de los niveles de aquella crisis, que llevó a nombrar una gestora para dirigir el partido y a un congreso en el que dieron un paso al frente cuatro candidatos (Zapatero, José Bono, Rosa Díez y Matilde Fernández).

Desde las elecciones generales de 2008, el PSOE ha perdido 15 puntos porcentuales en estimación de voto. La encuesta atribuye el hundimiento al abandono de los votantes socialistas, debido al desgarro que les ha supuesto la huelga general. Acostumbrados a ir a un lado de la pancarta, ahora las bases del PSOE se han visto enfrente de la protesta y parecen manifestar su disgusto con el sentido de su voto.

La encuesta muestra que la fidelidad de voto socialista ha caído al 45%, 5,5 puntos porcentuales menos en un solo un mes, lo que indica que los votantes no siguen a pies juntillas a Zapatero en su argumento sobre la necesidad de realizar recortes sociales contra la crisis.

Enfrente, a Mariano Rajoy le es muy rentable su estrategia de ponerse de perfil ante la huelga, de no arriesgar, de esperar a que Zapatero se cueza en su propia salsa y recoger entonces los frutos. Ha visto la protesta como un asunto que le es ajeno, y ni siquiera se ha conocido cuál era su propuesta de reforma laboral. Pero él sale beneficiado claramente del hundimiento del PSOE.

No arriesga y mantiene el 43% en estimación de voto. No es su mejor resultado de la serie histórica de sondeos, pues tuvo mejores datos aún en febrero, marzo y julio, pero el batacazo socialista le concede diferencias que se traducirían en una clara mayoría absoluta.

Rajoy no mejora su imagen, que sigue siendo mala. Pero encabeza un partido con un suelo estable y un electorado movilizado y cuya fidelidad sigue superando el 80%. Y con eso le vale de sobra, aunque él no haga nada.

La imagen de Zapatero sigue deteriorándose por momentos: un 75% desaprueba su gestión como presidente del Gobierno, 10 puntos más que hace un mes, y un 84% dice no confiar en él. El presidente ha vuelto del veraneo con el convencimiento de que su misión política para lo que queda de legislatura es culminar las reformas que le exigen la Unión Europea y los mercados, y se ha lanzado a ello. El "me cueste lo que me cueste" que pronunció en el Congreso para respaldar los recortes se traduce en un acelerado desgaste. La sensación de final de ciclo político sigue calando: el 72% cree que el PP ganará las elecciones.

Cebarse con los más débiles

Los sindicatos y la huelga general del 29-S

JAVIER VALENZUELA

Cuando el dedo señala la luna, el tonto se fija en el dedo, dice el proverbio chino. En el 29-S intereses poderosos, tanto que marcan la agenda, han hecho que cuando el dedo de los sindicatos señalaba la luna del abaratamiento del despido, el retraso de la edad de jubilación y el giro derechista del Gobierno de Zapatero, el debate se centrara en estas organizaciones y no en el injusto reparto de los costes de la crisis.

¿Necesitan reformas los sindicatos? Sí, pero no más que los partidos, la justicia, el sistema fiscal, el sistema electoral, el Parlamento, la CEOE, las empresas y, last but not least, el mismísimo modelo productivo español. Por cierto, les recuerdo que ahí sigue, al frente de la patronal, el señor Díaz Ferrán, todo un ejemplo de emprendedor exitoso y referente moral.
Los culpables de la crisis
Tal y cómo se han planteado las cosas en los últimos días parece que son los sindicatos los culpables de la crisis, el paro, la precariedad laboral, los sueldos miserables y hasta la inseguridad ciudadana.
Fuego a discreción
Es que están anticuados, es que los liberados no dan palo al agua, es que están subvencionados (la CEOE, el PP y el PSOE, por cierto también lo están), es que sólo defienden a los suyos, es que los piquetes… Eso es, compañeros, fuego a discreción contra los sindicatos bajo el liderazgo de esa gran campeona de la justicia social que es Esperanza Aguirre.
No tienen que ver
Porque ni el capitalismo financiero especulativo, ni los sueños faraónicos de las grandes empresas y entidades financieras, ni la codicia de los directivos y brokers, ni la ceguera de las agencias de calificación, ni el mirar para otro lado de los organismos financieros internacionales, ni la cobardía de los gobiernos (incluidos los socialdemócratas), nada de esto tiene que ver con el hecho de que Fulano esté en paro, Mengano vaya a estarlo en breve y el joven Zutano tenga un contrario basura y un sueldo de 800 euros.

¡Manda huevos!
No señor, los culpables son aquellos que se oponían a los empleos precarios y los sueldos miserables, aquellos que proponían una economía más productiva y menos especulativa, aquellos que sostenían la necesidad de una reforma fiscal que gravara más las rentas del capital y las grandes fortunas. ¡Manda huevos!, que diría el inefable Trillo.
Goleada neoliberal
Estamos otra confirmación de la victoria ideológica por goleada de la derecha neoliberal. Pero, señor Valenzuela, se me dirá, si todo esto que usted cita contra los sindicatos también lo dice alguna gente que se proclama de izquierdas. Sí, ya lo sé, compañeros, y precisamente eso es lo que confirma el triunfo absoluto del pensamiento neoliberal, el haber logrado penetrar en las cabezas de tantísima buena gente, el que esa gente ya no sea consciente de que existe una cosa llamada correlación de fuerzas, los poderosos y los débiles, el que haya olvidado en qué lado están ellos.
Otros instrumentos distintos a la huelga
Insisto, es posible que los sindicatos necesiten reformas y es casi seguro que deben plantearse un uso mayor de otros instrumentos de lucha distintos a la huelga. Ésta sólo debería ser el recurso final de una amplia etapa de protestas expresadas de muchas otras maneras: manifestaciones, sentadas, huelgas de hambre, caceroladas, boicots, acciones mediáticas, movilización en Internet, etc.

Empecemos por otro lado
Pero en todo caso, en mi modestísima opinión, no es esa reforma lo más urgente en la España del siglo XXI. Ni de lejos. Puestos a hacer reformas, deberíamos empezar por muchas de nuestras grandes empresas, bancos y fortunas (para que abandonaran la mentalidad del corto plazo, el pelotazo y el dinero fácil), seguir por el sistema fiscal (para que los asalariados no pagáramos porcentajes de nuestros modestos ingresos tres, cuatro, cinco, diez veces superiores a los porcentajes de los ingresos millonarios), continuar con una justicia lenta, ineficaz y al servicio siempre de los que pueden pagarse costosos abogados, y terminar con un sistema político heredado de la transición –bipartidismo, dominio de los aparatos, sistema electoral inicuo, Estado de las autonomías indefinido, Senado inútil…- que hace aguas por todos lados.
Entonces, si les parece, podríamos hablar de las reformas que necesitan los más débiles.

PS. ¿Quiere saber cómo interpreta la prensa derechista el 29-S? Empiece por el blog de José María Izquierdo. Señala el periodista que el prejuicio ideológico y la falta de imaginación han llevado a varios diarios a titular igual: "Fracaso general". Es evidente que la jornada de ayer les sobró, ya tenían los titulares hechos (¿desde el siglo XIX?).

Siga con la publicidad de la página 17 de El Mundo. Todo un editorial. Con fotos de Esperanza Aguirre y Pedro J. (la Sarah Palin y el Glenn Beck carpetovetónicos) se anuncia un programa de Veo-7 de esta guisa: "Después de la huelga, ESPERANZA". Queda claro, ¿no?

Javier Valenzuela es periodista, escritor, uno de los responsables de la sección de Opinión de El País y tertuliano de CNN+ y TVE

Blog de Javier Valenzuela

Ciutadans, partidario de una candidatura conjunta

UPyD quiere "defender el Estado" desde el Parlament

CLARA BLANCHAR El País

Lo reconoció la propia diputada Rosa Díez. El de la Mercè no es el mejor día para celebrar mítines en Barcelona. La ciudad está tomada por la fiesta y los políticos locales o la disfrutan, o se lanzan reproches por el pregón de la víspera o bien se marchan a otro lado donde sea laborable para inaugurar algo. Con el centro atiborrado, Unión Progreso y Democracia (UPyD) se tuvo que conformar con la avenida de Josep Tarradellas para celebrar su primer mitin de precampaña ante un centenar de personas que tras los discursos tomaron la palabra para debatir con sus líderes.

Flanqueada por el filósofo y fundador del partido, Fernando Savater, y el ex diputado de Ciutadans, Antonio Robles, Díez presentó UPyD como "un partido político nacional que defiende el Estado y sus valores comunes". "Competimos con el Partido Popular y el Partido Socialista, partidos nacionales que han dejado de serlo porque han perdido el sentido de Estado", aseguró para concluir: "lo que necesita Cataluña es un partido nacional que lo defienda".

La líder de la formación y ex parlamentaria socialista y Antonio Robles presentaron UPyD como un partido que quiere "escuchar y recuperar a los ciudadanos para la política y la democracia". Robles recordó que Díez "es la líder más valorada de España" y esgrimió argumentos antinacionalistas: "El catalanismo se ha de racionalizar. El nacionalismo está en manos de una oligarquía reaccionaria".

Savater añadió: "el futuro de Cataluña es la España plural"; criticó a los políticos "que actúan en pro de la mejora personal y de sus partidos" y apostó por UPyD como alternativa para la gente a quien los políticos "han humillado como si fuera tonta y no viera las contradicciones de sus actos".

UPyD celebrará primarias el 2 de octubre. El partido no prevé, asegura uno de sus líderes catalanes, concurrir junto a Ciutadans a las elecciones al Parlament, como sí les gustaría a ellos. Así lo ha expresado su presidente y candidato, Albert Rivera. Ayer mismo, luciendo una camiseta de Ciutadans, un simpatizante se acercó a Rosa Díez para pedírselo.

Cataluña justifica su liderazgo en deuda pública: "No es por derroche, sino por necesidad"

Antonio Fernández.18/09/2010

En los últimos años, Cataluña ha multiplicado por 2,5 su endeudamiento. Cuando el Tripartito llegó al poder, en el año 2003, la deuda era de casi 11.000 millones de euros; en la actualidad alcanza los 28.769 millones de euros, un 14,72% de su producto interior bruto (PIB). Esto representa el 27,6% del total de la deuda acumulada por las comunidades autónomas. En números absolutos, es la CCAA más endeudada, pero en números relativos (porcentaje sobre el PIB) es superada por la Comunidad Valenciana, que llega al 16%. Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia son las otras comunidades que superan con creces la media nacional, que se sitúa en el 9,8%.

La curva de endeudamiento en Cataluña -y generalmente en todas las comunidades- ha sido especialmente ascendente en los dos últimos años. “No es de extrañar, porque desde hace cinco años la población catalana ha crecido en más de millón y medio de personas. Y necesitamos cubrir el Estado del bienestar”, señalan a El Confidencial fuentes de la consejería de Economía que dirige el socialista Antoni Castells. Estas fuentes señalan que sólo en Sanidad hay un millón más de usuarios para atender que hace cinco años. Por otra parte, en Educación no ha habido tantos estudiantes desde el boom de los años 90. Estos servicios corren a cargo de las comunidades autónomas. Y esta situación se produce paralelamente a una brutal caída de ingresos por la crisis. Sólo por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales el descenso supera los 2.000 millones. De ahí que las comunidades necesiten endeudarse para poder seguir prestando servicios”.

Desde la Generalitat se afirma que si Cataluña es la comunidad con un mayor endeudamiento es también porque es la que mayor peso tiene. Y el volumen de los traspasos de competencias finalizados hace necesario un desembolso mucho mayor de la Administración autonómica. “Aquí, quien presta los servicios y quien mantiene el Estado del Bienestar son las comunidades. Y quien recauda es el Estado. Por eso, si las comunidades nos endeudamos no es por derroche, sino por necesidad. No podemos dejar desatendidos sectores como Sanidad y Educación, que se llevan el grueso del gasto público”.

A comienzos de año, el propio Castells encabezó un road show por Europa -en realidad, él sólo asistió a la presentación en París, aunque luego el personal del Departamento llevó la oferta a otras ciudades, como Londres, Zurich o Francfort- que fue un éxito, ya que el Gobierno catalán logró colocar bonos por 1.300 y 800 millones de euros. “Luego, en abril, se hizo lo mismo en Japón, pero ya no se llegó a realizar la emisión porque los mercados estaban cerrados. No para nosotros, sino incluso para el Gobierno español”, añaden fuentes de Economía. El estallido de la crisis griega y los malos augurios sobre la economía española dieron al traste con sus aspiraciones. Estas mismas fuentes recuerdan que, recientemente, Madrid no pudo colocar sus bonos en los mercados, lo mismo que Valencia, y sólo ahora se comienzan a ver atisbos de apertura, ya que el Tesoro acaba de colocar deuda a 30 años.

Dos préstamos providenciales

Desde la Generalitat se señala que “después del plan de control de gasto, se redujo el déficit previsto para final de año”. El propio Castells rebajó las previsiones de financiación de 9.000 a poco más de 7.000 millones. Y ello después de aplicar las directivas del Gobierno central sobre el gasto en funcionariado y empresas públicas, que supusieron un ahorro de 1.670 millones. Aún así, en junio la agencia de calificación Standard & Poor's rebajó la calificación de Cataluña de AA- a A+. Y el Gobierno no tuvo más remedio que aplazar dos semanas los pagos a los hospitales concertados. Paralelamente, la Generalitat consiguió el 31 de julio un crédito sindicado de 1.000 millones de euros liderado por La Caixa y en el que participaron la casi totalidad de las entidades bancarias españolas. Las condiciones, según fuentes del ejecutivo catalán, fueron buenas: amortización a 4 años y un interés del euríbor más el 3%. A mediados de agosto, los bancos le concedieron otro crédito de 1.000 millones de euros más, con lo que las necesidades de financiación se sitúan, en este momento, en unos 3.500 millones de euros.

¿Cómo podrá la Generalitat financiar su gasto hasta final de año? Pues, sencillamente, “del mismo modo que hasta ahora: habrá que recurrir a créditos o colocando deuda en los mercados. Afortunadamente, parece que sale el sol en este campo y no descartamos poder realizar alguna emisión antes de fin de año”, señalan las fuentes consultadas.

El tripartito premia con una subvención de 625.000 euros a la Academia del Cine Catalán de Joel Joan

La entidad privada mostró su apoyo a la Ley del Cine, que obliga a proyectar el 50% de las películas en catalán, durante su proceso de tramitación.

Lavozdebarcelona.com

El Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña ha aprobado este martes conceder una subvención de 625.000 euros a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Catalanas, más conocida como Academia del Cine Catalán, ‘para llevar a cabo su plan de actuación durante el período 2010-2012′.

La ayuda se tramitará a través del Instituto Catalán de Industrias Culturales (ICIC), que fue denunciado por la Sindicatura de Cuentas por sus irregularidades y sus graves ‘anomalías contables’.

Una entidad creada para ‘intervenir en la política de subvenciones’

Así, a pocas semanas de finalizar la legislatura, el tripartito ha decidido que la entidad privada cuente con el respaldo financiero suficiente para continuar con su actividad, entre la que destaca, según especifica en sus principios fundacionales y en su plan de actuación, ‘intervenir en la política de subvenciones’.

Joel Joan posa con una estatuilla de los Premios Gaudí (foto: elsingulardigital.cat).

La Academia del Cine Catalán fue una de las organizaciones que mostró su apoyo público a la Ley del Cine, que multará con hasta 75.000 euros a los exhibidores que no proyecten, al menos, el 50% de las películas en catalán.

El presidente y cofundador de la Academia, Joel Joan, es un conocido actor y activista independentista, colaborador de entidades generosamente subvencionadas por la Generalidad, entre cuyos momentos estelares destaca sus declaraciones en el Fossar de les Moreres en 2007 cuando, parafraseando a Xirinacs, se refirió a ETA como “mis amigos”.

El declive del poder sindical: el 29-S

Los sindicatos, a la desesperada, se han visto obligados a convocar una huelga general, sin analizar su anterior alianza con el Gobierno. Pero los ciudadanos les ven responsables de la política llevada a cabo.

ÁLVARO SOTO CARMONA. El País

En el campo político la transición a la democracia en España siguió el método reformista, lo que tuvo unas indudables consecuencias en la legislación básica del Estado y en los comportamientos de los actores políticos. Sin embargo, en el campo sindical, las dudas en la definición de un proyecto de transición (inviabilidad de la reforma impulsada por Rodolfo Martín Villa) condujeron a un desmantelamiento ordenado y sin depuraciones de los sindicatos franquistas y a una reforma (Enrique de la Mata Gorostizaga) que, debido a la creciente presión de los sindicatos ilegales, se convirtió en una auténtica ruptura.

Los sindicatos opositores a la dictadura fueron actores activos del proceso de transición, impulsando la democratización del país con un amplio repertorio de acciones colectivas. A diferencia del papel jugado durante ciertos momentos de la Segunda República, cuando apostaron por un proyecto revolucionario, durante la Transición apoyaron decididamente el proyecto democrático.

Como consecuencia de ello, y a diferencia de lo sucedido en otros procesos políticos similares (Chile, Bolivia...), a lo largo de la Transición los sindicatos más representativos fueron obteniendo fuertes cuotas de poder. Ese poder implicó ciertos sacrificios de los trabajadores, tales como las políticas de concertación social que facilitaron la flexibilización del mercado de trabajo, compensadas con una legislación sindical favorable a las principales organizaciones, básicamente la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

El poder de los sindicatos tras la II Guerra Mundial estuvo determinado por una serie de indicadores, referidos tanto a características internas (tasas de afiliación), como a otras de distinta naturaleza (la legislación sindical, el grado de representatividad, el nivel de institucionalización o la capacidad de movilización). A ello se añadía la existencia o no de aliados políticos.

Durante el franquismo, en un marco condicionado por la ausencia de libertad sindical y la represión contra los sindicatos opositores, el poder de los sindicatos oficiales estuvo sometido a las decisiones del Estado, formando parte del mismo y dependiendo de él. En cambio, en el sistema democrático los sindicatos, aunque formalmente independientes, han mantenido relaciones con el poder, especialmente con los partidos de la izquierda, los cuales al llegar al Gobierno les han hecho concesiones económicas y políticas. A cambio, los sindicatos han minimizado los costes de los conflictos y han controlado la negociación colectiva, garantizando así el funcionamiento ordenado del sistema económico.

Al finalizar la Transición (1982) los principales sindicatos españoles tenían una alta representatividad, lo que implicaba el cuasi monopolio en la negociación de las condiciones de trabajo, habían conseguido una legislación favorable a la institucionalización, tenían una amplia capacidad de movilización y aliados políticos. Todo ello compensaba sobradamente las bajas tasas de afiliación. El análisis conjunto de estos elementos ponía de manifiesto la existencia de un fuerte poder sindical en España.

Respecto a los aliados políticos, la subordinación partidista de UGT con respecto al PSOE se seguía manteniendo, pese a que cada vez eran más visibles los desencuentros. CC OO estuvo claramente subordinada a las políticas del PCE durante la Transición, pero logró salvarse de la intensa crisis que tuvieron los comunistas a comienzo de la década de los ochenta, manteniéndose como segunda fuerza sindical desde las elecciones de 1982, para posteriormente recuperar el liderazgo.

Desde la llegada de Felipe González al Gobierno se fue produciendo un sensible cambio en el modelo, debido a tres motivos. Primero, el creciente malestar en el seno de UGT por las políticas económicas de Miguel Boyer y Carlos Solchaga. Segundo, el distanciamiento de Nicolás Redondo y Felipe González, uno por pensar que el partido "iba a moverle la silla", y el otro al perder cierta sensibilidad social. Tercero, el hecho de que UGT viera con preocupación las críticas a su labor en los centros de trabajo y el crecimiento de CC OO que comenzaba a monopolizar la dirección de los principales conflictos laborales y de las protestas contra los recortes sociales (huelga general de 1985 contra la reforma del sistema de pensiones).

Estos motivos condujeron a la dirección de UGT a cambiar su anterior discurso respecto a la necesidad del aliado político (modelo socialdemócrata), por otro favorable a la autonomía sindical. Tras la importante victoria sindical en la huelga general del 14-D de 1988, el nuevo modelo se impuso, a la vez que se reforzó el poder de los sindicatos al obligar al Gobierno a cambiar su política económica. Las medidas hasta el momento desarrolladas por Carlos Solchaga finalizaron y junto a los crecientes problemas del PSOE, comenzaron a tomarse otras sin un claro patrón definido, lo cual fue contestado por los sindicatos con dos huelgas generales (mayo de 1992 y enero de 1994) con resultados limitados.

Por su parte, UGT procedió al relevo del histórico dirigente Nicolás Redondo, por Cándido Méndez; mientras que CC OO se encontraba muy cómoda con la dirección renovada de Antonio Gutiérrez.

La época del Partido Popular fue tranquila y beneficiosa para los sindicatos durante la primera legislatura, pero una vez que se produjo el relevo en la Secretaría General de CC OO (José María Fidalgo sustituyó a Antonio Gutiérrez) y la elección de José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE la situación evolucionó. Se planteó de nuevo una revisión del papel de los aliados políticos dentro del sindicato socialista, dando lugar a un creciente entendimiento entre Méndez y Zapatero; mientras, la pasividad de Fidalgo favorecía una mayor hostilidad hacia el Gobierno de Aznar que se concretó en la huelga general de 2002.

La alianza Méndez-Zapatero volvía a situar al partido y al sindicato en un mismo frente, con el consiguiente abandono de la "autonomía sindical", y a la vez que se trataba de aislar al Partido Popular (Pacto de Tinell de 2003) se buscaban los aliados políticos en la izquierda y no en el centro, como habían hecho González y Aznar. La victoria electoral de los socialistas en el 2004 condujo a una política de izquierda, posible gracias a la buena situación económica que vivía el país y a una prolongada "luna de miel" entre el Gobierno y UGT, a la que se sumó una cada vez menos identificable CC OO.

Y en esto llegó la crisis económica, que dificultaba la política hasta ese momento llevada a cabo y que obligó al Gobierno, aunque demasiado tarde, a modificar la parte sustancial y definitoria de su discurso y su política, ante las presiones de los socios de la Unión Europea y de Estados Unidos. Zapatero cambió y Méndez se quedó solo acompañado por Ignacio Fernández Toxo, nuevo secretario general de CC OO, que se encuentra aún en el laberinto.

A la desesperada, los sindicatos ante una situación económica muy compleja, con intenso crecimiento del desempleo, recortes salariales, reforma laboral restrictiva y próxima reforma del sistema de pensiones, se vieron en la obligación de decir algo sin analizar su anterior alianza con el Gobierno y las consecuencias negativas del abandono del principio de "autonomía sindical". La única salida era convocar una huelga general, pese a que la gran mayoría de los ciudadanos no parecen dispuestos a secundarla, entre otros motivos, porque ven a los sindicatos como responsables de la política llevada a cabo por el Gobierno.

Persistir en el error de la huelga general hace un flaco favor a los sindicatos, que con esta decisión abren una vía de agua en el poder obtenido desde la Transición de incalculables consecuencias. Parece evidente la apertura de un periodo de declive donde no solo seguirá siendo negativa la baja afiliación, a lo que se debe añadir la creciente incapacidad para movilizar a los ciudadanos, fruto de la falta de credibilidad del mensaje.

Álvaro Soto Carmona es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid.