La ciudadanía se puede definir como "El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público."

martes, 13 de octubre de 2009

Amiguetes del oasís nacional catalán favorecidos y agradecidos

Pujol y el tripartito favorecieron a Òmnium con ayudas a dedo.
Òmnium Cultural, una entidad dedicada a la promoción y normalización de la lengua catalana, la cultura y la identidad nacional de Cataluña, se hizo con una sede de lujo en la calle Diputació de Barcelona gracias a la generosidad de los gobiernos de CiU y el tripartito, que le concedieron ayudas para comprar la finca sin que lo solicitase, de forma directa, pues no hubo ni convocatoria ni publicidad, y sin exigirle garantía, según denuncia el diputado del grupo mixto y promotor de Impulso Ciudadano, José Domingo.

La rocambolesca historia de la compra de esta sede de 790 metros cuadrados en pleno corazón de la capital catalana arrancó de forma extraña en el último Consell Executiu celebrado por Pujol en diciembre del año 2003. El Govern convergente acordó en esa reunión entregar 601.000 euros a Òmnium Cultural a cargo de una caudalosa herencia, la de Carmen Pintó Valls, que había quedado sin herederos y, por tanto, había ido a parar a las arcas de la Generalitat.

Gracias a ese dinero, Òmnium se vio en disposición de dejar su vieja sede alquilada de la calle Montcada y de comprarse la nueva, de dos plantas, por 3,54 millones de euros, con una hipoteca que vence en 2034. Para materializar la adquisición, Òmnium creó una fundación, Fundació Privada Òmnium, de la mano de su abogado, Raimon Bergós, el mismo letrado que hasta hace unas semanas asesoraba al Palau de la Música.

"El proceso está lleno de irregularidades desde un primer momento", explica Domingo. «Para empezar, la subvención se dio a nombre de Òmnium, aunque quien compró la sede fue la Fundación", relata el diputado. "Además, el dinero se pagó sin que existiese solicitud por parte de Òmnium. Tampoco hubo concurso ni ningún otro procedimiento ni se le dio publicidad al acuerdo", añade.

La Generalitat se percató de las irregularidades también desde un primer momento. Tanto es así, que en el mismo mes de diciembre de 2003, la Dirección General de Patrimonio requirió a Òmnium para que solicitase la ayuda de forma oficial, pese a que ésta ya había sido concedida. La petición nunca llegó, al menos por escrito, según cuenta Domingo, que ha tenido acceso al expediente en las dependencias del Departament de Economia, donde se excusan con el argumento de que "la solicitud pudo ser oral".

Leonor Mayor | Barcelona

lunes, 12 de octubre de 2009

Un lengua, una nación.

La HIPOCRESÍA del Nacionalismo-Independentismo AL DESCUBIERTO

VIDEO

Recuerde, si tiene usted una lengua propia, -el idioma de la P no cuenta-, tiene usted todo el derecho del mundo a exigir su propio estado. Y, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy.

Haré lo que me pase por mis cojones, o plan B sobre el fallo del Estatut

El Gobierno opta por los hechos consumados para incumplir la sentencia del Estatut.

El Tribunal Constitucional (TC) ya puede decir misa que el Gobierno piensa seguir adelante con el desarrollo del Estatut de Cataluña. Aunque exteriormente el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sigue sosteniendo la tesis de que el Estatut es plenamente constitucional, la posibilidad de que el TC emita un fallo desfavorable está obligando al Gobierno a empezar avanzar en lo que puede definirse como un plan B, o plan Z en este caso particular, para soslayar la sentencia.
La estrategia ya se ha planteado en numerosas ocasiones desde Cataluña -el conseller Joan Saura (ICV) la ha defendido de manera vehemente y el PSC la asume con convicción-, y pasaría por forzar la maquinaria legal al máximo para obviar las líneas rojas que pueda plantear el máximo tribunal, planteando algo así como una política de hechos consumados. Citando fuentes de la Moncloa, Cataluña Ràdio señaló ayer que el Gobierno ha asumido esta estrategia, que incluiría nuevos desarrollos legislativos y la utilización a discreción del artículo 150.2 de la Constitución, que permite el traspaso a las comunidades autónomas de competencias exclusivas del Estado, el mismo supuesto que en su momento permitió a la Generalitat asumir la responsabilidad en materia de Tráfico.
El Plan B de desarrollo estatutario cobra especial importancia al constatarse que el TC sigue incapaz de cuajar una sentencia, y que el plazo de octubre que en su momento predijo la presidenta María Eugenia Casas se considera imposible de cumplir.
Bloqueo
Ayer ya se especulaba con que el fallo no llegará antes de fin de año, y que incluso podría dilatarse hasta el próximo verano, como ayer señalaba «El Periódico». Ante la situación de bloqueo o empate que se da en el seno del tribunal, la posición del magistrado Manuel Aragón -nombrado a propuesta del Gobierno-, contrario a dar patente constitucional a aspectos clave como el uso de los símbolos o del término nación, se adivina clave.
Ante este panorama, la estrategia que se defiende desde el tripartito es clara: si el fallo del TC es negativo, cuanto más tarde mejor. Entretanto «hay que hacer lo que sea», hacia adelante pues y sin mirar atrás. Insistía ayer el conseller Joan Saura a Ep de manera abierta y sin tapujos en la estrategia del «fait accompli»: «Si la sentencia tiene aspectos negativos, cuanto más tarde salga, mejor. Así podremos desplegar en ese periodo los contenidos del Estatut».
En la misma línea se posicionaba la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al asegurar que no le preocupa lo más mínimo el retraso del fallo del TC en tanto que el Estatut está vigente y se desarrolla con plena normalidad.
En un escenario en el que la sentencia del TC, o su ausencia, podría bien solaparse con las elecciones autonómicas -primavera de 2010-, los partidos catalanes comienzan a afinar estrategias. Así, si ERC hasta ahora no desdeñaba el recurso al 150.2, ayer, cuchillo en boca, se tiraba por la pendiente del enfrentamiento calificando esta posibilidad de «pornográfica». Para los republicanos, cualquier sentencia contraria al Estatut es ilegítima.
En el otro extremo, desde el PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho calificaba de «burla» tanto el retraso en el fallo como la posibilidad de desarrollar el texto al margen de lo que diga el TC. Desde CiU se acusó a los socialistas de querer demorar la sentencia para no asumir en elecciones el coste de un fallo negativo.
Á.G | BARCELONA

domingo, 11 de octubre de 2009

Las "misas" de una republicana en el Parlament


"El texto aprobado en referéndum tendría que ir a misa"

La portavoz de ERC en el Parlament, Anna Simó, afirma que el texto aprobado en referéndum tendría que "ir a misa" y que, en todo caso, los ciudadanos deberían que pronunciarse una vez se conozca el fallo del Tribunal.

Considera que el Estatut es una "vía muerta", debido a la demora del Tribunal Constitucional (TC) en emitir una sentencia sobre el texto, y tachó de "pornográfico" proponer vías legales alternativas para cumplir los objetivos estatutarios, como la apelación al artículo 150.2 de la Constitución, que permitiría al Estado transferir más competencias a Cataluña.

"No hacía falta redactar un Estatut para luego volver donde estábamos", señaló Simó en un acto de las juventudes de Esquerra (JERC) en Barcelona, y aseguró que para los republicanos no marca ninguna diferencia que la sentencia se haga pública "hoy o dentro de un año", ya que consideró que cualquier decisión contraria al texto aprobado en referéndum será ilegítima.

Afirmó que, a partir de ahora, ERC trabajará para que haya una mayoría social suficiente "que quiera superar los límites que representa el Estado de las autonomías", dado el "sufrimiento y cansancio" que ha supuesto para mucha gente el proceso estatutario.

"El Estatut fue el último intento de cambiar las reglas del juego entre el Estado y Cataluña, y por lo que se ve, ese pacto es excesivo para el hígado de aquellos que velan por la constitucionalidad española", señaló, y afirmó que el TC es un órgano "absolutamente politizado" e "incapaz" de emitir una sentencia.

Simó consideró que la demora del Constitucional es "la prueba del algodón" sobre el Estado autonómico, e hizo un llamamiento a "dar un paso adelante".

LN.es

viernes, 9 de octubre de 2009

Hace falta un nuevo partido político

No hay nada que hacer, el Gobierno de Zapatero va sin rumbo al desastre de la crisis económica y del paro, y la oposición de Rajoy no existe y están a palos entre ellos, con los pies sumergidos en el fango pintoresco de 'Gürtel' que, grande o pequeño, se ha convertido en el circo nacional por causa de la notoriedad de sus personajes y lo vistoso de sus andanzas. ¿Cuántas veces hemos visto en los telediarios a Paco Correa y a su mujer desfilando por las murallas del monasterio de El Escorial en aquella boda imperial de los Aznar? Cientos de veces, quizás miles.

Vivimos en el mayor de los desamparos políticos por causa del presidente Zapatero, que ha tocado techo y puesto al descubierto sus niveles de gran incapacidad política y de destrucción de todo lo que toca. Un presidente que, además, ha liquidado cualquier atisbo de experiencia e inteligencia en el PSOE y que cuenta como tridente de su ataque político con tres cómicos de la talla de Alonso, Blanco y Pajín. Y a causa de un líder de la oposición que se ha convertido en un espectro que ni sufre ni padece y al que se le sube a las barbas cualquier dirigente del PP, a sabiendas de que nunca recibirá el menor reproche del calzonazos más grande habido en la política española.

¿Alguien imagina que la rebelión a bordo del PP era imaginable en tiempo de Aznar? Ni por asomo. ¿Alguien imagina que en tiempos de González el Gobierno de la nación iba a estar plagado de inútiles? Pues tampoco, y que conste que no añoramos a ninguno de los dos. Pero ocurre que nunca este país, España, estuvo en manos de políticos tan mediocres e incompetentes como los que hoy lideran el Gobierno y el PP.

Y ¿Cómo ha sido todo esto posible? Porque la partitocracia, el gobierno de los partidos políticos que sufrimos los españoles desde el inicio de la "santa transición", ha agotado todos sus trucos e imposturas y al final ha quedado al desnudo y en manos de unos dirigentes incapaces y sin talento, y de unos gobernantes que no dan más de sí.

¿Qué se puede hacer? Pues nada o más bien poco. Quizás sería necesaria la aparición de un nuevo partido en el escenario nacional, pero esto tampoco es fácil porque las reglas del juego partitocrático, precisamente, impiden o niegan facilidades a cualquiera que se atreva a intentarlo. Ciudadanos en Cataluña fue una broma de mal gusto, visto su dramático final, y similar al personalismo de Rosa Díez, próximo a la extrema derecha mediática del PP, lo que anuncia más de lo mismo.

Pero el sitio está ahí, y hay varios millones de ciudadanos dispuestos a dar su voto si se encuentra con una verdadera, democrática y talentosa tercera vía política. Pero ¿dónde está? Deambula misteriosamente a la derecha de Zapatero y a la izquierda de un Rajoy que está preso de su extrema derecha. Un lugar este, el ultraconservador, por donde también podría saltar un día de éstos un partido al estilo de Le Pen, a nada que la dirección del PP ose poner firme a la revoltosa Aguirre, la eterna candidata a la refundación de la Alianza Popular.

No es fácil que aparezca una tercera vía en la política española. Pero no se debería descartar y alguien lo debería meditar, porque el vacío de poder, de criterio e inteligencia que crece sin parar en el centro sociológico español es cada vez más grande y nadie lo va a llenar.

Estrella Digital

Porqué le llaman amor, si en realidad es sexo.

El PNV exige al Gobierno 600 millones "para sentarse a hablar" de Presupuestos.
Ya conocemos el precio que pone el PNV a su voto en los Presupuestos Generales del Estado. Para empezar, los nacionalistas vascos exigen 600 millones sólo "para sentarse a hablar". Pretenden el "blindaje" del Concierto Económico del que disfruta esta comunidad autónoma.

El PNV mantiene que un posible voto favorable del PSOE el próximo martes en el Congreso a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento vasco para lograr el 'blindaje' del Concierto Económico vasco es sólo una "precondición" de los nacionalistas para "sentarse a hablar" con los socialistas acerca de su eventual apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010.


Fuentes del PNV aseguraron que el Gobierno aún tiene que dar respuesta a las otras dos condiciones previas que su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, puso sobre la mesa en su primera reunión presupuestaria con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el pasado 22 de septiembre. Ambas sumarían más de 600 millones de euros.

Así, el PNV exige la "transparencia y satisfacción" en políticas activas de empleo entre el Gobierno central y vasco, que éste valora en 300 millones de euros, 150 millones menos de lo calculado por el PNV. "Queremos conocer las tripas y los pormenores", incidió en su momento Erkoreka.

La otra, de mayor relevancia económica, es la devolución del IVA por los vehículos importados en determinados ejercicios tras la resolución de la junta arbitral del Concierto Económico --cifrado por el PNV en 456 millones de euros--. En este sentido, Erkoreka advirtió de que si el Gobierno quiere recurrir esta decisión, lo haga después de abonar las cantidades.

Reunión el próximo martes

De esta forma, si el PSOE, como se espera, decide finalmente apoyar la tramitación de la propuesta del Parlamento vasco, aún tendría que dar respuesta a las otras dos exigencias de los nacionalistas vascos para poder contar con su apoyo. "Esperemos que no quieran retrasar la negociación", se apunta desde el PNV, que recuerda que el margen se agotará el viernes 16 de octubre a las 14.00 horas, plazo límite para que los grupos registren su enmienda de devolución.

En la mañana del próximo martes, 13 de abril, Erkoreka mantendrá una reunión con Salgado para tratar la decisión del Gobierno sobre el 'blindaje', que se votará esa misma tarde, y sobre las otras dos condiciones.

Durante toda esta semana, los expertos juristas convocados por el PNV y el Ministerio de Economía y Hacienda han seguido intercambiando información para "desbrozar" lo que Salgado calificó de "notables problemas técnicos" para el 'blindaje', si bien en la tarde de este viernes aún no se había alcanzado ninguna conclusión.

El PNV quiere el compromiso por escrito

En cualquier caso, Erkoreka ya no se conforma sólo con que el PSOE apoye las modificaciones legislativas de dos leyes orgánicas sobre el Tribunal Constitucional para que éste sea el único órgano competente para juzgar los recursos contra las normas tributarias de las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

También quiere un compromiso "por escrito" para garantizar que la tramitación de las reformas se complete en esta misma legislatura y suponga una solución "satisfactoria" para el País Vaco y el PNV, una exigencia sobre la que el Grupo Socialista en la Cámara Baja, dirigido por José Antonio Alonso, aún no se ha pronunciado.
LD

CiU pide ahora hacer consultas sin permiso del Gobierno


Los nacionalistas enmiendan la Ley de Referendos

C. BLANCHAR

Ahora sí a convocar consultas ciudadanas. Después de mostrar su cara más moderada en el debate de Política General de la semana pasada y de mantener una actitud errante sobre la consulta soberanista de Arenys de Munt, Convergència i Unió dio ayer un giro: el grupo parlamentario nacionalista propuso al tripartito incorporar a la Ley de Consultas —hoy en trámite— la figura de la "consulta ciudadana". La diferencia entre los referendos y las consultas ciudadanas es que éstas, amparándose en el artículo 122 del Estatuto, se podrían convocar sin la autorización del Gobierno español.

El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, y la diputada Dolors Batalla explicaron ayer que presentarán varias enmiendas al respecto, entre ellas la que sugerirá cambiar el nombre de la futura ley: de "Ley de consultas por vía de referéndum" a "Ley de referendos y de consultas ciudadanas". Pujol tachó el proyecto de ley de "muy poco ambicioso" y acusó a ERC, el partido al que pertenece el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, impulsor de la ley, de "fomentar las consultas en el territorio y, al mismo, tiempo renunciar a regularlas". El convergente aseguró que al hablar de consultas no lo hace "sólo de consultas soberanistas", que también, y puso como ejemplo que un ayuntamiento pregunte a sus vecinos si quieren un parque eólico en su pueblo. "No entendemos por qué tenemos que autolimitarnos, lo que queremos es que este tipo de consultas tengan una regulación clara para que cualquier entidad, pública o privada, las pueda convocar", añadió el diputado.

Tal como está redactada la ley en trámite "se pierde una oportunidad", apostilló Batalla: "Queremos hacer consultas ciudadanas sin tener que pedir permiso a Madrid y esto es posible". Aparte de eludir el permiso, las consultas ciudadanas tampoco utilizan el censo electoral, de modo que habría que elaborar listados a partir del veïnatge del código civil catalán y un "consejo de consultas" sustituiría la junta electoral.

jueves, 8 de octubre de 2009

El Gobierno duda de la constitucionalidad de la ley educativa catalana

Educación apela a un conflicto con la Ley Orgánica de Educación. La Generalitat sostiene que el Ejecutivo duda de su constitucionalidad.

El Gobierno duda de la consitucionalidad de la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Así lo aseguran desde la Generalitat, mientras el Ministerio de Educación mantiene que ha dado con aspectos en la norma catalana que podrían ser incompatibles con la Ley Orgánica de Educación. Así se lo trasladó el Ministerio de Política Territorial a la Generalitat a finales del pasado mes de septiembre, con el objeto de abrir un procedimiento de conciliación que permita solucionar las diferencias por las buenas.

El Ejecutivo ha hecho llegar a la Generalitat el informe realizado por el Ministerio de Educación, que traslada sus "dudas jurídicas" sobre dos aspectos génericos: "la interpretación curricular y los cuerpos docentes creados" creados por la LEC. Según la conselleria de Educación se trata de "dudas jurídicas sobre puntos que pueden vulnerar preceptos de la LOE"

La "interpretación curricular" se refiere al desarrollo de las materias de los planes de estudios, en especial al número de horas de las materias.

Educación, que no ha querido dar detalles sobre su informe "técnico jurídico" a este periódico, tampoco ha querido confimar a si la enseñanza catalana del castellano estará sobre la mesa de dudas constitucionales. Aunque en este punto cabe recordar las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cuando, recién aprobado el texto en la Comisión de Educación del Parlamento catalán, advirtió de que el Gobierno recurriría la ley si incumplía la enseñanza de tres horas de castellano a los niños de Primaria. Una vez aprobada la LEC, incumpliendo este punto, el Gobierno se limitó a decir que la estudiaría.

Por otro lado, la LEC reduce a cinco los 12 cuerpos docentes en los que la Ley Orgánica de Educación (LOE) divide al profesorado de la escuela pública. Además, cambia su denominación y los clasifica sólo por el título académico de los docentes. Por ejemplo, engloba en un mismo cuerpo docente a catedráticos de Secundaria, de escuelas de idiomas, de música y de artes plásticas, que son cuatro cuerpos separados en la LOE.

Este aspecto, precisamente, provocó que el sindicato ASPEPC-STS, de catedráticos y profesores de Secundaria, pidiera al Defensor del Pueblo su intervención. En su petición de recurso a le LEC, dicho sindicato explicaba las contradicciones con el artículo 149.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la regulación del funcionariado público, y con la Ley Orgánica de Educación (LOE) en varias de sus disposiciones adicionales.

La Generalitat abrió el pasado martes el procedimiento de conciliación entre administraciones, aunque no fue hasta una semana después cuando el consejero de Educación catalán, Ernest Maragall, dio a conocer públicamente las reservas del Gobierno central.

Tampoco hasta ayer, el Ministerio de Educación soltó prenda. Prefirió esperar, tal vez por cortesía institucional, a que fuera la Generalitat la que decidiera cuándo ponerse en evidencia.

Aunque el Ministerio de Educación sólo ha hablado de la apertura de un procedimiento de conciliación, lo que prevé la Ley del Tribunal Constitucional en su artículo 33 a la que apela Gabilondo es que se constituya la "Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma". En ella, se pondrían sobre la mesa las diferencias y se negociaría la manera de solucionarlas.

El ministro de Educación ha estado tres meses elogiando públicamente la LEC, por su carácter innovador en la gestión de los centros escolares y por la importancia que se da a la participación de los padres. Junto a sus elogios, también ha insistido en pedir respeto para el autogobierno de las autonomías y para las leyes aprobadas en los parlamentos autonómicos. Lo hizo en este periódico y lo hizo por última vez, el pasado 30 de septiembre en el Congreso, cuando también anunció que había concluido su informe sobre la LEC.

En paralelo a esta cuestión, Ángel Gabilondo ha emprendido las negociaciones de su Pacto por la Educación, en el que, en una primera fase de las conversaciones, ha encontrado sintonía con todos los partidos, incluidos PP, CiU y ERC, con la que se reunió ayer.

Precisamente, ERC ha pedido abiertamente a Educación que derogue el Real Decreto que establece la enseñanza de tres horas de castellano en la Enseñanza Primaria de las comunidades bilingües. "Ni su cumple ni se va a cumplir porque le LEC ya blinda nuestra política lingüística", le advirtió a Gabilondo el diputado de Esquerra Joan Tardà en la sesión parlamentaria del pasado 30 de septiembre.

Y Gabilondo propuso llevar la cuestión lingüística a su Pacto por la Educación.


miércoles, 7 de octubre de 2009

El 61% desaprueba la gestión de Zapatero

ENCUESTA DE METROSCOPIA PARA EL PAÍS.

El 81% de los ciudadanos creen que Zapatero improvisa.- La mayoría de votantes del PSOE considera que la subida de impuestos afecta a rentas bajas y medias.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene un problema de credibilidad: al 37% de los españoles no le inspira ninguna confianza y al 35%, poca. El 61% desaprueba sus medidas para hacer frente a la crisis, el 76% considera que llegan demasiado tarde y el 81% opina que el presidente está improvisando, según una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS.

El sondeo, el primero realizado tras la aprobación del proyecto de Presupuestos para 2010 y la concreción de la subida de impuestos, muestra un rechazo mayoritario al aumento de la presión fiscal y un deterioro de la imagen del jefe del Ejecutivo.

El pasado julio, el 69% de los ciudadanos ya opinaba que Zapatero improvisaba ante la crisis, pero ahora ese porcentaje ha ascendido al 81% (el 67% de los votantes socialistas comparten esa impresión). Es decir, que ha aumentado de forma significativa tras el anuncio de subidas de impuestos y a pesar de la extensión de las ayudas de 420 euros a parados. Sólo un 13% estima que Zapatero tiene un plan claro y sabe lo que quiere.

Hay una amplia coincidencia en la sociedad (76%) acerca de que las propuestas del Ejecutivo contra la crisis están llegando demasiado tarde. Una crítica que también comparte ampliamente (67%) el electorado socialista. Tan sólo el 11% cree que las medidas llegan en el momento justo.

En términos globales, el 60% de los encuestados desaprueba las políticas gubernamentales para combatir la crisis, mientras el 32% está de acuerdo. En este caso, la mayoría del electorado socialista (61%) respalda al Ejecutivo.

De todas las medidas, la que más inquieta al Gabinete por sus repercusiones y por el uso político que hace de ella el PP es la subida de impuestos. El 63% considera que no está justificada, frente al 32% que sostiene lo contrario. La mayoría de votantes socialistas (55%) apoya esta decisión del Gobierno, si bien la cifra de los que no la ven justificada alcanza el 40%.

Otro problema para el Ejecutivo es que, por el momento, no sólo no ha calado la idea de que esa subida de impuestos la pagarán los más ricos, sino que un porcentaje abrumador, el 85% cree que afectará más a las rentas medias y bajas. Sólo el 10% cree que la subida afectará a las rentas altas, a "los poderosos" de los que habló Zapatero. A diferencia de lo que trata de transmitir el Gobierno, en el electorado socialista, es mayoritaria (38%) la impresión de que impactará más a las rentas medias y a las bajas (37%) mientras que sólo el 17% defiende que afectará sobre todo alas rentas más altas.

Todas esas opiniones conducen a un descenso de la valoración general de la gestión de Zapatero y arrastra la imagen de la responsable de economía, la vicepresidenta Elena Salgado. Sólo aprueba la gestión del presidente el 32% de los españoles mientras que la desaprueba el 61%. Ese juicio negativo ha aumentado fuertemente desde julio, cuando la diferencia entre los que desaprobaban y aprobaban su actuación era de 13 puntos porcentuales. En el caso de la ministra de Economía, un 30% apoya su gestión mientras que el 45% la rechaza.

En coincidencia con la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la mayoría considera que a España le costará más salir de la crisis que a otros Estados de la Unión Europea. Ha pasado del 74%, en julio, al 81%, ahora, el porcentaje de españoles que ven mala y muy mala la situación económica, y llega al 85% el de quienes están convencidos de que aún falta tiempo para que empiece a mejorar definitivamente la situación económica española.

ElPaís.com

martes, 6 de octubre de 2009

El timo de los Gobiernos Regionales, la proximidad al ciudadano.

Menos informes y más Dependencia.

Acció Social encarga informes pero paga con retraso para aplicar la ley.

La consejera de Acción Social de la Generalitat, Carme Capdevila, se ha visto recientemente envuelta en la polémica de los informes -pagó 30.000 euros por la elaboración de un estudio sobre cómo comportarse ante la crisis-, mientras aumentan las críticas por su gestión de la Ley de Dependencia. Las críticas se dirigen especialmente al retraso en los pagos por la consejería para aplicar esta ley.

Capdevila encargó el informe a la empresa A Portada Comunicació en octubre de 2007, y entre las conclusiones del mismo se dice: "Ante una crisis, se debe mantener la calma; recoger la máxima información sobre los hechos; estar disponible, conocer los mecanismos del manual y aplicarlos; intentar comunic
r una solución, una respuesta: no transferir la responsabilidad que sea propia...".

Los recursos para la aplicación de la Ley de Dependencia deben ser aportados por la administración central y por la Generalitat, pero los retrasos de la consejería de Acción Social, responsable de este asunto, en los pagos correspondientes están creando dificultades para la aplicación de la normativa.

Esta situación ha originado críticas de entidades cívicas, partidos políticos y sindicatos, que también han denunciado la situación laboral en que se encuentran los trabajadores del sector a consecuencia de esta falta de financiación.

E-Notícies

¿Marina o Montserrat?

Una consejera catalana encargó un informe para saber si los niños la conocen.

El tripartito parece tener serios complejos con su imagen. Primero fue el presidente José Montilla, quien encargó un informe sobre el grado de afinidad de los articulistas catalanes. Después fueron el ex consejero de Gobernación, Joan Puigcercós (ERC), quien pagó un estudio para mejorar su proyección pública, y la consejera de Acción Social, Carme Capdevila (ERC), quien necesitada de consejos para convertirse en una líder, también recurrió a un trabajo externo.
Ahora se ha sabido que la consejera socialista de Salud, Marina Geli, también indagó sobre su imagen, aunque en este caso mediante concurso público -el trabajo costó más de 12.000 euros y no se pudo encargar a dedo- para saber la opinión que los niños tienen de ella.
El informe, al que ha tenido acceso ABC y que fue adjudicado en diciembre de 2008 Opinometre, S. L., se titula «Estudio cualitativo de percepción, actitudes y expectativas en relación a la atención sanitaria entre la población pediátrica catalana». Entre las conclusiones figura el «desconocimiento generalizado» que los menores de entre 7 y 9 años tienen de la consejera Geli «a excepción de quien la ha visto en persona y las apariciones en el programa «»Polonia»», un famoso espacio de humor de la televisión autonómica en el que se hacen imitaciones de los políticos. Los responsables del informe aluden a que los menores encuestados hacían muecas para imitar a la responsable de salud.
¿Marina o Montserrat?
La popularidad de Marina Geli también es escasa entre los 10 y los 12 años, donde «el reconocimiento de la imagen de la consejera» presenta «más ambigüedad y falta de concreción al examinar la imagen -los encuestadores mostraban una foto a los pequeños-. En general, no la conocen o les suena de la televisión, sin identificar su nombre ni cargo». «Yo creo que se llama Montserrat» o «Me suena la cara» son algunas de las respuestas dadas. Lógicamente, los autores del estudio aconsejan a Geli mejorar su imagen entre los niños.
Fuentes del departamento de Salud de la Generalitat explicaron que la pregunta sobre el grado de conocimiento de los menores sobre Geli se incluyó en el informe a sugerencia de la empresa que realizaba el sondeo.
La diputada del PP en el Parlamento catalán, Belén Pajares, calificó de «escándalo» el informe e instó a la consejera a preocuparse más de la atención sanitaria de los niños y menos de su imagen. Por su parte, el presidente Montilla calificó de «subjetivo» el criterio de inutilidad utilizado por los auditores de los informes encargados en 2007, el 16% de los cuales presentan irregularidades.
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA

lunes, 5 de octubre de 2009

Asociaciones valencianistas se manifiestan contra el "imperialismo catalanista" en Nueva York

Valencia Freedom y GAV protestan en la delegación del Gobierno catalán y frente al edificio de la ONU.

Nueva York.- Miembros de la asociación Valencia Freedom y del Grupo de Acción Valencianista se manifestaron en Nueva York el pasado jueves 23 de septiembre contra del “imperialismo catalán”. A pocos metros del edificio de las Naciones Unidas y junto a numerosas entidades internacionales, esgrimieron la bandera valenciana y una pancarta en la que se podía leer en inglés “Stop catalan imperialism”.

Fuentes de Valencia Freedom informan de que cuando desplegaron la pancarta “el respaldo y el apoyo recibido, tanto de la organización como de los medios de comunicación, fue sorprendente”. “Lo que pensamos que iba a pasar inadvertido acabó siendo una lluvia fotográfica”. Finalmente, tras pasar tres controles de seguridad, los miembros de Valencia Freedom pudieron posicionarse a pocos metros del edificio de la ONU. Pocos minutos después, y tras ser invitados a desistir de la protesta por varios policías, los miembros de las asociaciones valencianistas abandonaron el acto. “Fuimos aplaudidos por parte de la delegación francesa”, aseguran.

Asimismo, acudieron a la delegación del Gobierno catalán en Nueva York para entregar un comunicado al delegado Andrew Davis en el que se denunciaba la política de la Generalitat con las comunidades limítrofes.

“La Generalitat catalana, desoyendo lo acordado por la ONU el 4 de julio de 1976, donde resolvía que 'todo pueblo tiene el derecho de hablar su propia lengua, de preservar y desarrollar su propia cultura, contribuyendo así a enriquecer la cultura de la humanidad', continúa subvencionando entidades radicales que niegan, al igual que la propia Generalitat, la existencia de la lengua valenciana, las señas de identidad propias de los valencianos, manipulando en ansias de expandirse como estado propio la denominación, bandera, historia, cultura y tradiciones valencianas”.

"En pleno siglo XXI algunos catalanes parecen añorar el afán expansionista de la Alemania del 39, algo intolerable, más propio de ideologías fascistas, lejos de la imagen de la Cataluña moderna y tolerante que se quiere dar", añaden.

Los miembros de estas asociaciones señalan que en un principio fueron atendidos con un “bon dia” pero posteriormente la lengua utilizada fue el español, “la única que valencianos y catalanes compartimos”, precisan. Asimismo, manifestaron que los trabajadores se mostraron educados y correctos y que se comprometieron a hacer llegar a Andrew Davis el comunicado oficial de Valencia Freedom y de GAV.

"Al valencianismo social, cultural y político no se le puede poner mordazas. Seguiremos con nuestras campañas hasta que desfallezcamos. Nuestra voz se seguirá escuchando por medio mundo, hasta que alguien pida algún día perdón por el daño que está causando el pancatalanismo a los pueblos limítrofes de la comunidad autónoma catalana".

LVL