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Menos informes y más Dependencia.

Acció Social encarga informes pero paga con retraso para aplicar la ley.

La consejera de Acción Social de la Generalitat, Carme Capdevila, se ha visto recientemente envuelta en la polémica de los informes -pagó 30.000 euros por la elaboración de un estudio sobre cómo comportarse ante la crisis-, mientras aumentan las críticas por su gestión de la Ley de Dependencia. Las críticas se dirigen especialmente al retraso en los pagos por la consejería para aplicar esta ley.

Capdevila encargó el informe a la empresa A Portada Comunicació en octubre de 2007, y entre las conclusiones del mismo se dice: "Ante una crisis, se debe mantener la calma; recoger la máxima información sobre los hechos; estar disponible, conocer los mecanismos del manual y aplicarlos; intentar comunicr una solución, una respuesta: no transferir la responsabilidad que sea propia...".

Los recursos para la aplicación de la Ley de Dependencia deben ser aportados por la administración central y por la Generalitat, pero los retrasos de la consejería de Acción Social, responsable de este asunto, en los pagos correspondientes están creando dificultades para la aplicación de la normativa.

Esta situación ha originado críticas de entidades cívicas, partidos políticos y sindicatos, que también han denunciado la situación laboral en que se encuentran los trabajadores del sector a consecuencia de esta falta de financiación.

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