Francisco Caja
A nadie deberían sorprender las recientes palabras de la Consejera de Educación del Gobierno catalán a propósito de la intención del ministro Wert de introducir la enseñanza de la Constitución en los programas escolares. "En Cataluña no tenemos por qué hablar de la Constitución", ha declarado la Consejera. La señora Rigau tiene buenas razones para tan patriótica declaración: Cataluña disfruta ya, no sólo de facto sino de iure, de la independencia escolar. La vigente Ley de Educación de Cataluña de 2009, no significó otra cosa que eso, la secesión escolar de Cataluña. Y hay que darle la razón a la señora consejera: ¿para qué enseñar la Constitución en Cataluña si ya no está allí vigente en una parte sustancial? ¿Para qué va a enseñarse algo que no tiene existencia? Porque, ¿qué fue de aquella sentencia de Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña? ¿No decía que la inmersión lingüística era inconstitucional? ¿Y las sentencias de Tribunal Supremo que obligaban al gobierno catalán a modificar ese sistema y sustituirlo por el de bilingüismo integral? Papel mojado. Una Constitución que no se aplica no tiene existencia: enseñarla en las actuales circunstancias sería enseñanza-ficción, o educación para la fantasía, si el lector me permite la ironía.
El control de la enseñanza ha sido desde siempre objetivo prioritario para los nacionalistas: tras treinta años en el poder han convertido las escuelas catalanas en correccionales lingüísticos y centros de adoctrinamiento, tarea principal en la "catalanización de Cataluña". Ya se sabe: si no se les exorciza desde la infancia para expulsar de sus cuerpos el demonio español, después cuando son mayores y camareros se ponen a hablar en castellano y cantar el ¡Viva España! Y así no hay quien pueda ser "independiente".
Pero, ¿qué había de esperar de los nacionalistas? Lo sorprendente sería que hubieran intentado otra cosa. En consecuencia, lo que resulta verdaderamente sorprendente es que lo hayan conseguido representando a una minoría. Respuesta: porque no han estado solos. Para decirlo brevemente: lo han conseguido porque los gobiernos españoles, los del PSOE y del PP, se lo han permitido justamente al malbaratar la Constitución. La prudencia política, la gobernabilidad de España, ha sido para ambos coser y cantar: se entregan unos pocos derechos fundamentales de los ciudadanos, la libertad de la lengua, la libertad de enseñanza, etcétera, fundamentos, Constitución mediante, fundamentos del orden constitucional… y no se independizan. Después de todo, un negocio barato.
Y uno se pregunta cómo Don Tancredo Wert o Don Tancredo Rajoy, que donde hay patrón no manda marinero, van a imponer la enseñanza de la Constitución en Cataluña, si lo de que se trata es simplemente, eso juraron al acceder a sus cargos, de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Porque si no se cumple, ¿de qué sirve enseñarla?
El Sr. Caja es presidente de Convivencia Cívica Catalana.
