Aprovechando la ley “Sinde”

GRUPO DELITOS TELEMÁTICOS. GUARDIA CIVIL

Fecha: 18-03-2011

Estamos seguros que si pidiéramos, a todos aquellos usuarios que se descargan contenidos en las redes P2P, que nos mandasen un correo electrónico, el resultado sería una auténtica denegación de servicio. Se colapsaría nuestro servidor de correo. No nos engañemos, es una práctica social muy extendida.

Y para combatirla, nuestro gobierno ha adoptado medidas. La archiconocida ley “Sinde”, en honor a nuestra ministra. Mucho se ha escrito, pero por mucho que se escriba, si hiciéramos un examen de cuáles son las medidas reales que establece la ley, la mayoría suspenderíamos. Se oye que van a cerrar las páginas web, que se van a bloquear el acceso a las webs que estén en el extranjero, que van a cortar el acceso a Internet de los usuarios que se descarguen contenidos, como en Francia y otros países europeos, que te pueden meter en la cárcel,… En fin, mucho barullo y confusión. Y ya se sabe, a rio revuelto ganancia de pescadores. Y los pescadores son los de siempre, ¡los estafadores de la red!

No nos extrañe que aprovechando esa confusión, recibamos un mensaje de correo electrónico, suplantando la identidad de alguna entidad de gestión de derechos audiovisuales, diciéndonos que desde nuestra IP se ha detectado la descarga masiva de obras sujetas a derechos de propiedad intelectual, y se nos da la opción de realizar un pago simbólico de 100 € para “blanquear” las descargas realizadas hasta la fecha y así evitar la acción de los tribunales de justicia que nos pueden hacer no sé cuántas cosas, ¡hasta mandarnos al infierno! El pago lo debemos hacer a través de PayPal u otro semejante.

Por estadística, de los envíos masivos que manden, en más de un 60% de los destinatarios habrán acertado. ¡Somos piratas!

La IP… ¿Qué es eso? Algo me suena de que es lo que identifica mi ordenador. Pueden poner la que quieran que seguro que nos la creemos.

Las amenazas de que me pueden multar un juez e incluso condenarme a penas de cárcel, ni lo planteamos. Como no tenemos claro eso de la ley “Sinde”, nos lo creemos.

Y el mensaje viene de SGAE, AGEDI, EGEDA, FAP,.. ¡Hombre, alguna nos suenan! Pero todas, todas, no. Además, ya sabemos lo fácil que es falsear el remitente de un mensaje.

Es decir, que recibo un mensaje, por ejemplo de contenciosos@sgae.es, diciendo que mi IP 83.26.129.245 ha sido identificada como punto de descarga de películas, música,… y que o pago 100€ o me llevan a juicio. Y seguramente diremos ¡Qué ca…!¡Ya me han “pillao”! ¿Pago o no pago?

Esto ya ha empezado en algún país vecino nuestro. Ya sabéis, lo de las modas y los de las barbas del vecino. Avisados estamos. Y el que lo detecte, que nos lo cuente en GDT. Entre todos haremos una red más segura.

La Generalitat pagó 15 millones en subvenciones a Eliseu Climent

La Vanguardia

La Guardia Civil informa de las ayudas al juez del caso Pretoria.

La Generalitat de Catalunya otorgó subvenciones por más de 15 millones de euros entre 2002 y2009 a fundaciones vinculadas a Eliseu Climent, un veterano activista cultural defensor de la alianza entre los Països Catalans, según consta en un informe de la Guardia Civil

en el marco de las investigaciones del caso Pretoria. En el mismo análisis se incluye que las cuatro diputaciones catalanas le concedieron también más de dos millones de euros.

Estas cifras contrastan, por ser mucho más cuantiosas, que las otorgadas por otras administraciones, como el Gobierno del Estado (50.800 euros) o la Generalitat de Valencia (20.421).

¿Porqué estos datos se incluyen en la operación Pretoria, que es la persecución de un supuesto fraude en las operaciones urbanísticas en Catalunya? Pues porque el juez Garzón recibió esta documentación de dos testigos relacionados con este caso, ambos trabajadores del ayuntamiento de Santa Coloma, Albert Gadea y Pascual Vela (este último imputado en el caso Pretoria) que se habían opuesto a la firma de unos convenios del ayuntamiento con una de las fundaciones de Climent. Entre la documentación estaba una carta enviada por Eliseu Climent el 27 de enero del 2008 a la entonces concejal (y hoy alcaldesa) de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, en la que le recuerda que habían asistido a una reunión en la sede del PSC con José Zaragoza (secretario de organización) para firmar cuatro convenios de colaboración con varias fundaciones por 10.000 euros cada uno.

A partir de esta noticia, la Guardia Civil llevó a cabo un análisis que determinó que Eliseu Climent y su esposa, Rosa Raga, están vinculados a 17 sociedades y fundaciones. Entre ellas están Acció Cultural del País Valencià, Fundació Ausiàs March, Institut Internacional d'Estudis Borgians o Edicions del País Valencià.

Tras cotejar los datos de los diversos boletines oficiales, la Guardia Civil señala que 10 de entidades han recibido entre el 2002 y 2009 subvenciones, contratos públicos y ayudas de diversas administraciones, siendo la más generosa la Generalitat de Catalunya, con 15.084.347 euros. Además, la Guardia Civil ha estudiado las declaraciones de Hacienda de siete de estas fundaciones del 2002 al 2008, donde figuran 2.680.230 euros otorgados por las cuatro diputaciones catalanas, en especial la de Barcelona, con 878.591 euros.

En sus conclusiones, el documento destaca el patrimonio inmobiliario que estaría gestionando el matrimonio (19 inmuebles) y los más de tres millones de euros facturados por las empresas de Climent a las fundaciones.

Ciutadans por la convivencia, Artur Mas por la independencia (10/03/2011)

El fiscal implica a 5.870 empresas en el fraude masivo de ayudas de la UE

ELPAIS.com

La mayoría de los casos se resolverá por la vía administrativa porque la cantidad malversada no supone delito - Solo 24 firmas afrontarán un proceso penal

Un total de 5.870 empresas andaluzas participaron supuestamente en un fraude masivo de 23 millones de euros al dar un uso irregular a las ayudas de la Unión Europea (UE) para la creación de puestos de trabajo. La Fiscalía Superior y la Guardia Civil han destapado este fraude generalizado, aunque solo una empresa sevillana será denunciada por delito fiscal al defraudar supuestamente 163.000 euros. Del resto destacan 23 casos que serán denunciados por presunta falsedad documental o estafa, repartidos en todas las provincias andaluzas excepto Huelva.

La inmensa mayoría de empresas solo han incurrido en infracciones administrativas al tratarse de cantidades moderadas de dinero. Sin embargo, la investigación cae como una losa que puede dañar la continuidad de la política de ayudas al empleo de Bruselas, vital para una comunidad con una economía lastrada por 1,12 millones de parados, traducidos en una tasa de desempleo del 28,35%. Algunos empresarios ya han devuelto el dinero defraudado tras comprobar el alcance de las pesquisas de la Guardia Civil.

"La cifra de empresas es tremenda. Es cierto que son pequeñas infracciones pero denotan una costumbre totalmente generalizada", explicaron fuentes de la investigación. Las ayudas procedían del fondo social que la UE ofrece para la creación de puestos de trabajo. Bruselas aportaba el 80% del costo de convertir a un trabajador eventual en fijo y la Junta andaluza el 20% restante. La empresa se comprometía a mantener al trabajador cuatro años en nómina, pero en ocasiones los trabajadores fueron despedidos tras solo 15 días. La labor de los inspectores de Trabajo resultó a todas luces insuficiente.

A pesar de que en un principio trascendió que más de 1.500 empresas estaban implicadas en el fraude, finalmente, la cifra se ha cuadruplicado. Durante la investigación, la Guardia Civil identificó 6.350 expedientes fraudulentos tramitados por las 5.870 empresas, tras cruzar los datos de los trabajadores facilitados por las empresas con los de la Seguridad Social. La Fiscalía Superior ha enviado las pruebas del caso a la oficina antifraude de la UE (denominada OLAF), a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, a la Consejería de Empleo y a todas las fiscalías provinciales para que denuncien los casos, ya que no hay funcionarios ni aforados.

El caso se inició en Cádiz a partir de una investigación a la compañía multinacional de telemárketing Qualitel Teleservices, que recibió supuestamente 318.000 euros por contrataciones fraudulentas. La Guardia Civil se percató de que el fraude era generalizado y que trascendía a la empresa investigada, por lo que se dirigió a la Fiscalía Superior, que autorizó la continuidad de la investigación en otras provincias y en octubre pasado pidió una prórroga a la Fiscalía General del Estado, que esta concedió.

Ahora el uso de las ayudas de Bruselas destinadas a Andalucía está en entredicho y la OLAF investiga "estrechamente" con la Guardia Civil para depurar las responsabilidades por la falta de control. Estas parecen recaer sobre la Consejería de Empleo, ya que la Fiscalía Superior le ha enviado toda la información para que reclame la devolución del dinero. El ministerio público entiende que el Ministerio de Trabajo no es responsable del fraude, ya que podía haber enviado el caso a la Tesorería General de la Seguridad Social, pero no ha sido así. Las ayudas se tramitaron a través de las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Sin embargo, el consejero de Empleo, Manuel Recio, rechazó el pasado miércoles que los controles de los inspectores de Trabajo hayan fallado: "No es cierto en absoluto, hemos ejercido un control con 7.000 inspecciones desde 2007".

A pesar de que las cantidades defraudadas son menores en relación con otros escándalos, lo preocupante es que el fraude estaba muy extendido entre las empresas y esto puede repercutir en las futuras ayudas que conceda la UE a Andalucía.

Para la devolución de los 23 millones defraudados es previsible que la fiscalía del Tribunal de Cuentas se coordine con la Consejería de Empleo, pues la labor recaudatoria desde la Junta será más sencilla por la cercanía a las empresas. Tras la recaudación del dinero, la Unión Europea reclamará esos fondos concedidos para incentivar el empleo y cuyo fin es desconocido.

PSOE, prohibido votarnos

PSM: Prohibido Votarnos por arias87

La Generalitat fue el tercer anunciante catalán en 2010

Expasión Barcelona Marc Menchén

El Govern, con 7,93 millones de euros, se situó entre las cinco instituciones que más invirtió en 2010 en medios de comunicación catalanes, tan sólo superada por Telefónica y El Corte Inglés.

La Generalitat se coló el año pasado entre los principales anunciantes en medios de comunicación catalanes y soportes publicitarios ubicados en la comunidad autónoma. En concreto, el Ejecutivo que entonces presidía José Montilla invirtió 7,93 millones de euros en publicidad, un 18% menos respecto a 2009. El descenso viene motivado por la reducción de un 40,6% de los fondos destinados a publicidad en televisión, que ascendieron a 3,21 millones en 2010, frente a los 5,41 millones del ejercicio anterior.

La inversión total de la Generalitat,segúnlosdatosdeInfoadex, se elevó a 10,51 millones de euros. Este estudio revela que el Ejecutivo catalán tan sólo fue superado como anunciante en Catalunya por Telefónica, que invirtió 13,56 millones de euros, y El Corte Inglés, que gastó 8,71 millones en inserciones publicitarias.

Prácticamente la mitad de la inversión publicitaria del grupo de telecomunicaciones que preside César Alierta se canalizó hacia los canales de televisión, mientras que la otra parte se destinó a soportes publicitarios en espacios urbanos. El grupo de distribución que encabeza Isidoro Álvarez, por su parte, encabezó el ránking de anunciantes en prensa escrita y radio.

Cae la inversión
Los anunciantes invirtieron 342,8 millones de euros en Catalunya durante 2010, un 4,9% menos que el año anterior. Esta cifra contrasta con el ligero repunte del mercado en el conjunto de España, que creció un 1,4%, hasta 12.883 millones. El estudio de Infoadex para Catalunya tan sólo contempla la inversión en medios convencionales, que movieron 5.123,5 millones en España.

El descenso fue más agudo en los canales de televisión autonómicos y locales -la inversión cayó un 14%, hasta 107,23 millones- y los medios de prensa escrita, con una caída del 9% (133 millones). Estos descensos contrastan con la recuperación de la publicidad en las radios -que creció un 24%-y los suplementos dominicales -con un alza del 51,9%, hasta 4,78 millones-.

El 41,5% de la inversión recibida por los medios de comunicación catalanes procedió de las compañías cuya sede se encuentra en la propia comunidad autónoma. Estas corporaciones invirtieron 1.124,78 millones de euros durante 2010 en toda España. Al margen de las multinacionales con filiales en Catalunya, los principales anunciantes catalanes fueron Seat, Puig, Planeta, Gas Natural y La Caixa.

Según Infoadex, el número de anunciantes catalanes se redujo un 21% respecto a 2009, hasta 5.665 entidades. Esta cifra es superior a la registrada por Madrid, donde se encuentra la sede de 5.117 anunciantes.

Los sectores que más recursos destinan a la publicidad en Catalunya son los mismos que dominan el ránking a nivel estatal. Los grupos de distribución y alimentación lideraron la inversión en la comunidad autónoma con 36,74 millones de euros. Las empresas automovilísticas, con 33 millones, coparon la segunda posición.

Gasto medio por empresa
El gasto medio en publicidad de las empresas ascendió a 198.549 euros en Catalunya, una cifra que se encuentra muy por encima del resto de comunidades autónomas, donde la inversión anual por anunciante no supera los 80.000 euros. La excepción es Madrid, donde el gasto por empresa se elevó a 542.426 euros. Fuentes de Infoadex atribuyen esta diferencia al hecho de que la mayoría de medios de comunicación y anunciantes tienen su sede en Madrid.

La gasolina sube en España con más rapidez que en el resto de Europa

Expasión J. J. Marcos / Y. González

Los incrementos en el último mes multiplican por cuatro los registrado en la UE. Los expertos achacan el mayor impacto a los elevados márgenes de la actividad del refino.

La reacción del Gobierno español a la subida de petróleo ha sido mucho más intensa que en la práctica totalidad de sus socios europeos. Su plan de medidas energéticas, que recuerda al aprobado por el Ejecutivo de Franco de 1973, ha ido acompañado por augurios funestos por parte de diversos cargos públicos. A fin de cuentas, la subida de las gasolinas azota a España de forma más intensa que en otros países.

Si se comparan los resultados del último Boletín Petrolero de la Unión Europea con el del pasado 24 de enero –cuando arreciaba la revuelta árabe– se observa que las oscilaciones de los combustibles son especialmente virulentas en España. Mientras en la UE se ha producido un encarecimiento del 0,26% —y en la eurozona un anecdótico 0,02%— la subida en España es de un 1,06%.

Esto es, el aumento es a un ritmo cuatro veces superior. De hecho, España es el cuarto país de la UE y el segundo de la eurozona en este incremento, con 0,013 euros más por cada litro consumido. Entre los países de la moneda única sólo Irlanda, con una economía bajo tutela exterior y un severo plan de incremento fiscal, supera a España.

En el caso del diésel, el incremento en España es superior, del 3,07%, frente al del 1,9% de la Europa de los 27 y el 2,2% de la eurozona. De cada litro de gasolina que se adquiere en España a 1,284 euros, superior a los precios registrados en 2008 con un Brent un 40% más caro que en la actualidad. Hay 0,63 céntimos de euros que están destinados a impuestos.

Sin tener en cuenta estas tasas, que no se han modificado en el último mes, el aumento de los precios en España ha sido del 2,08%. La cifra más alta de la eurozona, si se excluye de nuevo a Irlanda. En toda la UE sólo Suecia registra también aumentos que superen el 2%. De hecho, hasta siete países han registrado caídas en los precios de sus gasolinas en el mismo periodo.

Para el analista Juan Ramón Fernández Arribas, miembro del Consejo Editorial de EXPANSIÓN, las medidas presentadas ayer son “cosméticas” y no ayudarán reducir la factura eléctrica. Y señaló que hay dos cuestiones que hacen que España sea mucho más sensible que otros países a las fluctuaciones del crudo.

En primer lugar, los importantes “márgenes de refino” de los que disponen empresas como Repsol, muy superiores a los de sus competidores en Europa. En este mismo sentido, Mariano Marzo, catedrático de Energía de la Universidad de Barcelona confirma que “lo más determinante en el precio final de las gasolinas es el proceso de refino. Además, por supuesto, de los impuestos a los hidrocarburos”.

El segundo factor a tener en cuenta es la “periodificación” de los precios, señala Arribas. Esto es, el petróleo que se está extrayendo ahora, con un recargo en precios, tardará mucho en llegar a sus destinos. Sin embargo, el precio de las gasolinas empieza a subir de forma casi automática —extremo que no ocurre en sentido contrario, cuando se alivian las tensiones internacionales—.

Para el experto, la Comisión Nacional de Competencia y la de Energía deberían vigilar estos movimientos. “El jueves, el Barril de Brent bajó casi nueve dólares, que es mucho, y las gasolinas no se dispararon”, como en la víspera, añade.

Arabia Saudí responde: producirá 700.000 barriles más al día
Arabia Saudí ha decidido incrementar su producción de petróleo en más de 700.000 barriles diarios, hasta superar los nueve millones, para compensar el bajón registrado en Libia a causa de las protestas que vive el país magrebí, según informaron ayer responsables de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Las autoridades saudíes han estado durante las últimas horas en contacto con refinerías europeas para establecer la cantidad y la calidad del petróleo necesario para suplir la caída de la oferta libia, que algunos medios estiman en 1,2 millones de barriles diarios.

Según fuentes del sector, Arabia Saudí cuenta con una capacidad excedentaria para aumentar su producción diaria en 4 millones de barriles, si bien la calidad de su crudo es inferior a la del libio.

De esta forma, el país tiende la mano a Europa, atormentada por un posible recorte del suministro pero, sobre todo, por el efecto que podría suponer esto en su factura eléctrica.

El precio del barril de Brent de referencia en Europa para entrega en abril cotizaba al inicio de la sesión de ayer a 112,94 dólares el barril, 1,53 más que en el cierre de la sesión anterior. Durante la jornada, registró leves descensos hasta rondar los 111,9 dólares. Cerró en 112,40 dólares por barril, una cifra que todavía está lejos de los máximos que marcó en 2008, cuando rondó los 150 dólares.

Reacciones
Instalados en el barril a 100 $
El banco nipón Nomura calcula que el precio del barril rondará los 95 dólares este año y podrá situarse en el entorno de los 110 dólares en 2012. Esos precios aumentarían si cierran a la vez las explotaciones de Argelia y Libia. Barclays Capital espera que el precio medio cierre en los 91 dólares con bastantes periodos por encima de los 100 dólares.

El impacto sobre la inflación
La entidad suiza UBS indica que alzas en el precio del barril de 10 dólares durante varios meses podría restar 0,3 puntos al crecimiento muncial La inflación también se vería afectada: Un barril a 110 dólares la elevaría en 0,2 puntos en la eurozona, un efecto que no desaparecería hatsa 10 meses después del shock petrolífero.

Hacia dónde se dirige el crudo
Desde Capital Bolsa, Juan Carlos Castillo, opina que el precio del crudo es un serio problema al rebasar los 120 dólares Si la crisis árabe se resuelve, bajará, aunque se quedará cerca de los 100. Al margen, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda que podría situarlo por encima de los 200 en pocos años, informa A. Ormaetxea.

El Gobierno baja la velocidad máxima en autovía y autopista a 110 km/hora

EUROPA PRESS

El límite de velocidad en autovía y autopista se reducirá de 120 kilómetros por hora a 110 kilómetros por hora a partir del próximo 7 de marzo, con el objetivo de reducir el gasto de gasolina y gasóleo, según ha informado el vicepresidente primero del Gobieno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros.

La Generalitat sigue sin acatar las sentencias de los Tribunales

E. armora / barcelona.

Otra sentencia del Supremo trata de evitar la discriminación del castellano; la Generalitat no acata ninguna

Segundo varapalo judicial contra la Generalitat de Cataluña en menos de una semana. Apenas tres días después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara paralizar la ley de Consultas catalana, otro tribunal, el Supremo (TS), ha dictaminado que saber catalán no es un mérito «determinante» a la hora de acceder a una plaza de fiscal sustituto, tal como pretendía la Generalitat.

El gobierno catalán encaja este nuevo golpe aún noqueado por la fuerte sacudida de las tres sentencias emitidas en diciembre por este mismo tribunal, que, en base al fallo del TC sobre el Estatuto, descabezan el actual modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana y obligan al Gobierno autonómico a devolver al castellano su condición de lengua vehicular en las aulas. Pese a la lluvia incesante de fallos —algunos, como estos últimos, irreplicables—, la Generalitat sigue sin reaccionar y mantiene una actitud desafiante de desacato, de la que incluso hace alarde, vitoreada por el grueso de las fuerzas políticas (excepto PP y C's).

En su último desplante a la Generalitat, el Supremo ha dejado claro que se opone a que el conocimiento del catalán sea prioritario respecto al expediente académico cuando compiten dos candidatos con la misma puntuación. Dicho de otro modo, rechaza que el conocimiento de la lengua autonómica sea determinante para el desempate. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TS avala la legalidad del Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, que establece que el conocimiento del Derecho propio de una comunidad y el de la lengua cooficial se valorará hasta un máximo de 1 punto en la provisión de las plazas y que, en caso de igualdad de puntuación, tendrán preferencia los aspirantes que posean «mejor expediente académico», informa Ep. En el recurso interpuesto en mayo de 2008, el gobierno catalán reclamaba la nulidad de estos artículos al entender que vulneraban el Estatuto de Autonomía catalán de 2006 y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La Generalitat propuso que el Derecho propio de la comunidad se valorara como un «mérito preferente», mientras que el de la lengua fuera «determinante». Asimismo, demandó que en caso de que los solicitantes posean la misma puntuación primara el conocimiento de la lengua.

La resolución del alto tribunal afirma que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala con carácter determinante el conocimiento del idioma cooficial para los fiscales de carrera que ya han acreditado tener los conocimientos en una oposición.

Prima el expediente Por contra, confirma que el conocimiento del derecho autonómico y el de la lengua propia de una comunidad no «pueden prevalecer» sobre la formación jurídica de los fiscales sustitutos. Enfatiza también que el Estatuto tampoco se ha visto vulnerado porque éste sólo establece que los fiscales tengan un conocimiento suficiente para relacionarse con los ciudadanos.

Escuelas trilingües

La formación de nuestros hijos debería ser mejor calidad, sin discriminación identitaria. Porque de su educación me ocupo yo, y de que no se discrimine a los niños por la lengua que utilizan, también.

La foto que Rubalcaba no quiere ver

R. Vilas

Ni Gobierno ni PSOE han dicho una palabra sobre la manifestación del sábado en Madrid. Tampoco los periodistas de otros medios les han preguntado.

Decenas de miles de personas acudieron a la llamada de las víctimas del terrorismo el día 5 a las 5 en el centro de Madrid. Una manifestación multitudinaria que ha sido ignorada por el Gobierno y el PSOE, con la colaboración de la mayoría de medios de comunicación.

48 horas después todavía no han dicho ni una palabra. El vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba ofreció una rueda de prensa en Canarias en la que valoró positivamente el anuncio de la nueva marca electoral de Batasuna-ETA. Un hecho que, además, llena aún más de sentido la manifestación de Voces contra el Terrorismo, ya que se advertía precisamente de que ETA podría regresar a las instituciones.

De poco ha servido, el mutismo ha sido total. Bien es cierto que ningún periodista ha tenido a bien preguntar por esta cuestión. Cómo si cada sábado se concentraran decenas de miles de personas en Madrid. En línea con el boicot informativo que, salvo honrosas excepciones, ha sufrido la convocatoria, antes y después de producirse.

Lo mismo en la comparecencia del secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, de cada lunes. El socialista se mostró encantado con el anuncio de Batasuna-ETA, pero entre las más de diez preguntas que le hicieron los periodistas tampoco se mencionó la manifestación del sábado.

Si el intento previo de silenciar el acto fue escandaloso, lo es más tratar de ocultarlo después del éxito rotundo de asistencia. La fotografía tomada por el fotógrafo de Libertad Digital, Fernando Díaz Villanueva, no deja lugar a dudas ni a interpretaciones.

Más fotos de la manifestación aquí

Las CCAA y los ayuntamientos se olvidan de la austeridad: hay más empresas públicas

04.02.2011 M. G. Mayo | Gráfico: C. Galera

El sector público empresarial parece ajeno a la crisis. Mientras gran parte de la Administración está sometida a una estricta dieta, desde que comenzó la recesión los entes públicos no han parado de crecer en las comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos.

Los últimos datos disponibles son contundentes: muestran un incremento desde las 2.108 a las 2.386 entidades del 1 de enero de 2008 al 1 de julio de 2010 sólo en el ámbito regional. Y únicamente teniendo en cuenta las empresas con participación mayoritaria de las comunidades. Eso sí, estas cifras “no recogen los efectos de las medidas de racionalización del sector público autonómico que los diversos gobiernos regionales han adoptado en el transcurso del segundo semestre del año”, asevera el Ministerio de Economía en una nota de prensa.

En la Administración central, el inventario general de entes es más modesto y contabiliza (a 1 de enero del año pasado) 474 con participación mayoritaria del Estado, frente a los alcanzaban los 477 de 2007. Aunque hay más: 127 consorcios, 586 empresas con participación minoritaria y 47 fundaciones con participación minoritaria. Esta estadística no recoge la supresión de 29 entidades más que en primavera aprobó el Gobierno.

Pero la multiplicación de este tipo de entes, una vía de engorde del sector público con ciertas ventajas para los gestores, no sólo se ha producido por el camino autonómico. De hecho, los expertos consultados aseguran que el mayor peso ha llegado de la mano de los ayuntamientos y diputaciones. “El problema es que hay una maraña de datos considerable y es casi imposible saber el número de entes que hay de este tipo”, indica Julio Gómez-Pomar, director del Centro de PwC&IE del Sector Público.

Incalculables
Según los cálculos de Manuel Arenilla, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, podrían llegar a las 8.000 las empresas locales y a 18.000 las entidades territoriales. Fuentes de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), hablan de una cifra bastante menor, cerca de 10.000 en total.

¿Y a qué se debe el éxito de las empresas públicas? Estos entes suponen una herramienta de gestión que aporta mayor independencia administrativa que otros organismos públicos: en la contratación de personal (que no tiene que llegar por oposición), la fijación de salarios (de hecho muchas de ellas no se vieron afectadas por el recorte del 5% de media de sueldo) y para realizar contratos. “Hay menos control administrativo y político”, indica Arenilla. “Permiten más flexibilidad en la gestión”, explica Gómez-Pomar.

Además, su déficit no se contabiliza en el de la administración, si no que va directamente a deuda, por lo que también se utiliza como una fórmula de evitar sustos en las cuentas públicas.

Manuel Arenilla destaca que la plantilla de estos organismos se ha incrementado en más de 50.000 empleados entre 2005 y 2010, y 33.000 personas no pertenecen a los cuerpos de seguridad (que es uno de los argumentos que utilizan los dirigentes). Aunque la Encuesta de Población Activa, por su parte, recoge un incremento en ese periodo en las "empresas e instituciones públicas" de unos 7.000 trabajadores, hasta un total de 152.100 personas.

También Arenilla pone de relieve la, según él, cuestionable finalidad de algunas de ellas: “Hay muchas que tienen sentido, pero otras menos, se pueden encontrar empresas de alfombras y de producción audiovisual”.

El portavoz de Fedeca subraya, además, dos aspectos: por un lado, la contratación. “No siempre se hace por oposición ni por méritos, muchas veces son a dedo”. Por otro, las posibles inherencias: “Muchas operan en sectores que no son estrictamente de interés público’”. Y añade: “Las que más han aumentado en los últimos años son las fundaciones y sociedades mercantiles, las menos sujetas al control público”.

No obstante, este tipo de entes también tienen puntos a su favor: a través de ellas “se han ido introduciendo mecanismos de competencia en su gestión que promueven el desarrollo de servicios”, indica un informe de José Manuel Prado Lorenzo, catedrático de Universidad, Martín Jiménez, catedrático de Escuela Universitaria e Isabel María García Sánchez, profesora de la Universidad de Salamanca.

El endeudamiento y la población pesan
Este documento, titulado El proceso de corporatización en España: evolución y factores explicativos, también analiza qué factores inciden más a la hora de crear estas empresas en las regiones. Y concluye: “Su causa parece estar más vinculada, al menos a nivel autonómico, por el intento de los dirigentes políticos de eludir las limitaciones al endeudamiento de las administraciones públicas establecidas por la Unión Europea, buscando la obtención de beneficios políticos oportunistas”.

Así, destaca, como especialmente relevantes “la ideología política progresista, el endeudamiento, la población y la forma en que el gobierno ejerce sus funciones, si bien el efecto no es coincidente en los distintos ámbitos de la administración pública”.

¿Bula?
El atractivo de esta fórmula es evidente, pero ¿por qué esto se mantiene así? ¿Acaso tiene una bula? Pues su pervivencia, según indica Arenilla, se explica justamente en su singularidad y complejidad administrativa. “Cada decisión pasa por el presidente, el patronato y, si tiene participación privada, por sus gestores. Cada cambio supone meses de trabajo y de sucesión de filtros. Al haber tantas, de hecho, no hay cálculos de todas, es muy complicado. La decisión que toma un ministro no tiene una aplicación inminente en ellas, como en otras partes de la Administración”. Por tanto, la propuesta que Mariano Rajoy efectuó hace unos días para acabar con 4.000 entes, parece ciertamente inviable, al menos con las condiciones actuales.

¿Soluciones? Las hay, señalan los expertos, pero no son sencillas: “Se debería hacer un plan conjunto viendo cuáles son necesarias y entonces crearlas, no hacer programas de eliminación de un número, como se ha efectuado hasta ahora”, explica Arenillas. “También se deberían evitar las duplicidades entre los distintos niveles”, añade Gómez-Pomar. ¿Será éste el próximo reto de la Administración?