La mayoría de los casos se resolverá por la vía administrativa porque la cantidad malversada no supone delito - Solo 24 firmas afrontarán un proceso penal
Un total de 5.870 empresas andaluzas participaron supuestamente en un fraude masivo de 23 millones de euros al dar un uso irregular a las ayudas de la Unión Europea (UE) para la creación de puestos de trabajo. La Fiscalía Superior y la Guardia Civil han destapado este fraude generalizado, aunque solo una empresa sevillana será denunciada por delito fiscal al defraudar supuestamente 163.000 euros. Del resto destacan 23 casos que serán denunciados por presunta falsedad documental o estafa, repartidos en todas las provincias andaluzas excepto Huelva.
La inmensa mayoría de empresas solo han incurrido en infracciones administrativas al tratarse de cantidades moderadas de dinero. Sin embargo, la investigación cae como una losa que puede dañar la continuidad de la política de ayudas al empleo de Bruselas, vital para una comunidad con una economía lastrada por 1,12 millones de parados, traducidos en una tasa de desempleo del 28,35%. Algunos empresarios ya han devuelto el dinero defraudado tras comprobar el alcance de las pesquisas de la Guardia Civil.
"La cifra de empresas es tremenda. Es cierto que son pequeñas infracciones pero denotan una costumbre totalmente generalizada", explicaron fuentes de la investigación. Las ayudas procedían del fondo social que la UE ofrece para la creación de puestos de trabajo. Bruselas aportaba el 80% del costo de convertir a un trabajador eventual en fijo y la Junta andaluza el 20% restante. La empresa se comprometía a mantener al trabajador cuatro años en nómina, pero en ocasiones los trabajadores fueron despedidos tras solo 15 días. La labor de los inspectores de Trabajo resultó a todas luces insuficiente.
A pesar de que en un principio trascendió que más de 1.500 empresas estaban implicadas en el fraude, finalmente, la cifra se ha cuadruplicado. Durante la investigación, la Guardia Civil identificó 6.350 expedientes fraudulentos tramitados por las 5.870 empresas, tras cruzar los datos de los trabajadores facilitados por las empresas con los de la Seguridad Social. La Fiscalía Superior ha enviado las pruebas del caso a la oficina antifraude de la UE (denominada OLAF), a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, a la Consejería de Empleo y a todas las fiscalías provinciales para que denuncien los casos, ya que no hay funcionarios ni aforados.
El caso se inició en Cádiz a partir de una investigación a la compañía multinacional de telemárketing Qualitel Teleservices, que recibió supuestamente 318.000 euros por contrataciones fraudulentas. La Guardia Civil se percató de que el fraude era generalizado y que trascendía a la empresa investigada, por lo que se dirigió a la Fiscalía Superior, que autorizó la continuidad de la investigación en otras provincias y en octubre pasado pidió una prórroga a la Fiscalía General del Estado, que esta concedió.
Ahora el uso de las ayudas de Bruselas destinadas a Andalucía está en entredicho y la OLAF investiga "estrechamente" con la Guardia Civil para depurar las responsabilidades por la falta de control. Estas parecen recaer sobre la Consejería de Empleo, ya que la Fiscalía Superior le ha enviado toda la información para que reclame la devolución del dinero. El ministerio público entiende que el Ministerio de Trabajo no es responsable del fraude, ya que podía haber enviado el caso a la Tesorería General de la Seguridad Social, pero no ha sido así. Las ayudas se tramitaron a través de las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Sin embargo, el consejero de Empleo, Manuel Recio, rechazó el pasado miércoles que los controles de los inspectores de Trabajo hayan fallado: "No es cierto en absoluto, hemos ejercido un control con 7.000 inspecciones desde 2007".
A pesar de que las cantidades defraudadas son menores en relación con otros escándalos, lo preocupante es que el fraude estaba muy extendido entre las empresas y esto puede repercutir en las futuras ayudas que conceda la UE a Andalucía.
Para la devolución de los 23 millones defraudados es previsible que la fiscalía del Tribunal de Cuentas se coordine con la Consejería de Empleo, pues la labor recaudatoria desde la Junta será más sencilla por la cercanía a las empresas. Tras la recaudación del dinero, la Unión Europea reclamará esos fondos concedidos para incentivar el empleo y cuyo fin es desconocido.
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